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La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha acelerado los trámites para determinar la responsabilidad contable por los desajustes causados por la celebración de la consulta independentista catalana celebrada el día 9 de noviembre de 2014. Ya se han dictado las resoluciones correspondientes para fijar si Artur Mas y otros dirigentes deberán pagar los costes de la votación, que superaron los cinco millones de euros.


Artur Mas, al igual que otros dirigentes, no llegó a ser condenado por un delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, si que es cierto que la decisión de los miembros del Tribunal de Cuentas sirve para indicar que hubo una importante cantidad de dinero público que se utilizó indebidamente. 

La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, es clara. El artículo 15 de esa norma indica que el enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Además, establece que a jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o efectos públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.

Las personas contra las que se dirige el procedimiento de determinación de la responsabilidad contable deberán aportar una cantidad en concepto de fianza. En el caso en el que no procedan de esa forma, se podrá acordar el embargo preventivo de bienes y derechos, conforme al artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Desde la Generalitat han criticado el procedimiento del Tribunal de Cuentas. Jordi Turull ha afirmado que los cinco millones que el Tribunal de Cuentas podría exigir a Artur Mas se cuentan "a menos de un euro por catalán". De esa manera, se puede ver cuál es la percepción que los dirigentes catalanes que defienden la secesión sobre el dinero público, que no parecen valorar demasiado más allá de las apreciaciones que realizan con las cuentas cuando les conviene.

Cualquier persona diría que fastidia más el procedimiento del Tribunal de Cuentas que los procesos penales que se desarrollaron y que terminaron con sentencias condenatorias. No es extraño, pues ahora se puede hacer algo contundente afectando al bolsillo de aquellos a los que no les importa malgastar el dinero ajeno.

 

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