Un contribuyente solicitó que la Dirección General de Tributos señalara expresamente si es posible aplicar como pérdida patrimonial el pago de una multa impuesta por una infracción administrativa. Finalmente, se ha emitido una consulta vinculante que prohíbe calificar, a efectos tributarios, una multa como cantidad que puede restarse en el cálculo de la base imponible general del IRPF.

 

El cómputo de las ganancias y pérdidas patrimoniales en la integración y compensación de rentas, conforme a los artículos 47 y siguientes de la Ley del IRPF, sirve para lograr que la base imponible general sea menor. La base imponible sirve, según la Ley General Tributaria, para determinar el valor económico del hecho imponible a través de la aplicación de la tarifa o del tipo de gravamen correspondiente, en relación con el artículo 49 de esa norma, que indica que “La obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo”.

Es cierto que las multas genera una alteración en la composición del patrimonio que produce una variación en su valor que no puede calificarse como rendimiento. Sin embargo, la ilicitud del hecho que origina la obligación de pagar por la sanción impide que se pueda computar una pérdida patrimonial.

El criterio de la Dirección General de Tributos es lógico si se tiene presente el ordenamiento jurídico fiscal. Por poner un ejemplo, se puede ver la regulación del Impuesto sobre Sociedades, que impone la realización de ajustes extracontables por no estar permitida la inclusión del pago de multas como gastos para determinar la base imponible con la que debe iniciarse el cómputo de la cuota a pagar por las personas jurídicas a Hacienda.

Siempre será muy difícil que la Administración Tributaria pueda permitir que lo que se paga por una multa se termine recuperando parcialmente por la aplicación de pérdidas patrimoniales. Esencialmente, la razón se encuentra en las finalidades recaudatorias de los tributos, a los que hay que añadir, como fuentes de ingreso, las sanciones pecuniarias.

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