Sin perjuicio de que, a mi entender, la mayoría que constituye JUNTS PER CATALUNYA y ERC, ha decidido autoaplicarse un 155, y en consecuencia, dejar a la ciudadanía sin uno de los máximos órganos de soberanía, quiero poner de relieve que las causas que han servido para justificar tan grave situación las considero absolutamente desproporcionadas e ilegales.
 
Pues bien, la decisión del cierre del hemiciclo catalán se debió a que, tras comunicar el Tribunal Supremo la suspensión del ejercicio del cargo de diputados a los procesados en prisión por el 10-O, no existió acuerdo en cómo afrontar esta decisión entre JuntsPerCat y ERC, unos se decantaban por sustituir a los diputados encarcelados, y otros mostraban su disconformidad. 
 
Destacar que el Tribunal Supremo basa su decisión de suspensión en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
 
Es obvio que la mayoría de diputados procesados, están en prisión (salvo los huidos), y que el procesamiento lo ha sido, entre otros delitos, por el de rebelión. Lo cual ha servido al Tribunal Supremo para atribuirles la condición de banda o individuos rebeldes para poder así aplicarles los efectos prevenidos en el artículos 384 bis de la Ley Procesal Penal.
 
Para comprender este precepto, tenemos que acudir al artículo 55 de la CE, que establece: 
“1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
 
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.”
 
 Y esta Ley fue la Ley Antiterrorista 1/1984,  cuyo art. 8 el Tribunal Constitucional,  no sólo declaró conforme a la Carta Magna, sino que declaró que en el mismo se equipara la integración en una organización rebelde a la integración en una banda armada, refiriéndose a la utilización de «armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios de cualquier clase». Por ello a tales rebeldes, en cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 de la Constitución, les resulta legítimamente aplicable la suspensión de derechos a la que habilita el precepto constitucional.
 
Por tanto, cuando la Constitución y la Ley Antiterrorista hablan de “rebeldes” se refieren a  autores de las diversas modalidades del delito de rebelión: los que han procedido con armas de guerra o con explosivos.
 
Siendo el art. 384 bis de la Lecrim, introducido por la Ley 4/1988 de 25 de mayo de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en aplicación de la Ley Antiterrorista), y refiriéndose ésta a los que se han rebelado con armas de guerra o explosivos, sólo a estos privados de libertad se les podrá aplicar la suspensión automática prevista en el artículo 384 bis LECr. 
 
Como en el caso de los presos políticos catalanes, obviamente, no se alzaron con armas ni explosivos, la suspensión de funciones o cargos públicos acordada por el Juez Llarena, no es ajustada a derecho.
 
Aquí existe una grave anomalía jurídica y política, que los políticos deben solucionar ya, para, de una parte, tengamos un Parlamento activo y normalizado en Cataluña, de otra, se dialogue sobre el modelo de Estado que se requiere, y por último y lo más importante, se garantice de una vez la independencia de las decisiones judiciales.
 
Fdo: 
CELIA CANOVAS-Abogada y Senadora
CARLOS ARMADA-Perito Criminologo 

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