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Desde un inicio siempre hemos planteado en Podemos 15M QUE ESTE ES UN PROBLEMA DE DERECHOS CIVILES Y NO DE INDEPENDENTISMO, hemos declarado que no queremos que Catalunya rompa con España, y también que ponemos en duda las intenciones reales de los promotores del proceso, pero que no obstante y con todo ello, es innegociable el derecho de autodeterminación del pueblo catalán por innumerables motivos, históricos, de sentido común, legales, diplomáticos, de relaciones internacionales, etc…y que por lo tanto todo lo que nos cuentan está siendo derivado de un conflicto de intereses en el que no se está contando a la sociedad la realidad, ni se le está explicando de forma sencilla los motivos a la población, se están limitando a someter este proceso a una cascada de enfrentamientos que frustran a la sociedad y divide al pueblo, todo ello debido, muy probablemente, a intereses de personas poderosas y a intereses de grandes capitales, o personas muy influyentes en ellos.

En primer lugar, debemos manifestar que el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental y universal de todos los pueblos, vigente en el derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 1 y 55) del 1945, y expresamente proclamado en el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre del 1966 y vigentes desde el año 1976. Es decir, la Carta de las Naciones Unidas, atribuye el derecho a decidir a los pueblos, y no a los Estados.

Desde 1900 han existido 14 casos de autodeterminación en Europa y  la creación de cada nuevo Estado ha sido diferente en cada caso, en la mayoría de ellos a través de una declaración unilateral de independencia, pero SIEMPRE la última legitimación del proceso ha sido decidida por la decisión mayoritaria de un pueblo, expresada libre y democráticamente por vía del referendo. Aquí se nos plantea un dilema, ¿Por qué el Estado Español no quiere permitir que el pueblo catalán vote libremente?, es un dilema muy interesante ya que el propio estado español le indica y explica a todo el que quiere oírle, que no lo quieren permitir porque es un grupo minoritario de la población el que pretende la autodeterminación, entonces, ¿si es un pequeño grupo de la población porque no permitirles votar?, ejercerían su derecho democrático al voto, perderían la votación, que se realizaría con todas las garantías, y se terminaría el problema…de la propia incongruencia del argumento con la actuación se desprende que están mintiendo, se puede adivinar que podría existir una voluntad democrática popular de al menos realizar un referendo, ya veríamos con que resultado

Nos vende el gobierno del régimen del 78 que la legalidad vigente no lo permite, que no se puede votar en un referendo catalán porque es ilegal y porque tienen que votar todos los Españoles. Esto lo explicaremos en dos partes. Primero debería de saber la población que la cuestión crucial de la legitimidad jurídica de una declaración unilateral de independencia en contradicción con la legalidad vigente ya quedo resuelta por una Resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre el caso de Kosovo. Se estableció que el acto de proclamación de un pueblo, (en ese caso Kosovo), como Estado independiente, no operaba como institución de autogobierno de la administración preexistente sino totalmente al contrario, se situaba al margen y fuera del alcance de la misma, y exclusivamente en virtud de las facultades que le otorgaba la representación democrática de la voluntad popular. Es decir, no existiendo ninguna norma, (porque no existe), en el orden jurídico internacional que prohíba una declaración de independencia, dicha declaración no es contraria al orden jurídico internacional, sobre todo una vez se constata la imposibilidad de un proceso negociador. Segundo y respecto de que son todos los españoles quienes deben de votar sobre la supuesta independencia de Catalunya….no es verdad, hay dos argumentos, uno legal y otro de sentido común. 

 

a)    El legal. Volviendo al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, en un dictamen del 2004 sobre el muro en los territorios palestinos ocupados, dicho tribunal se pronunció a favor de la autodeterminación como un derecho universal que debe ser respetado por todos los Estados. Ese mismo Tribunal en su resolución del 22 de julio del 2010, en respuesta a un requerimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre si la declaración unilateral de independencia del territorio de Kosovo era o no conforme al derecho internacional, declaró que no existe en el derecho internacional ninguna ley que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia, por este hecho éstas deben ser consideradas conformes al orden jurídico internacional.

b)   El de sentido común. En este argumento, aunque aludimos al sentido común, y a la lógica, no deja de ser un argumento basado en la legalidad, evidentemente y como no podía ser de otra forma. Veamos, la soberanía popular reside en la totalidad de los ciudadanos del Estado español, según esto el derecho a decidir sobre la separación de Catalunya del resto del Estado no correspondería entonces al pueblo catalán por separado, porque según dice el gobierno español el pueblo catalán no es un sujeto político soberano. Por lo tanto debemos decir que se trata de una lógica elemental, que además argumentaría lo que jurídicamente se denomina, una petición de principio. Es evidente que si el pueblo catalán fuera ya un sujeto de soberanía, lo seria porque en ese caso ya sería independiente, por lo que al no serlo deberá de ser el pueblo quien lo decida. Dicho de otra forma más sencilla, el gobierno dice que si son un pueblo soberano pueden votar ellos solos, lo cual es una tontería porque si fuesen soberanos ya no habría que votar sobre la independencia, porque ya serian independientes

 

Indudablemente el marco constitucional español no permite la autodeterminación de Catalunya; nos encontramos, entonces, frente a una posible contradicción entre dos legitimidades: la de la legalidad constitucional vigente y la de la voluntad democráticamente manifestada de una comunidad nacional. En una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es la voluntad de los ciudadanos la que crea y modifica la legalidad constitucional vigente….(Tribunal de la Haya)

 

Pero además de los supuestos explicados podríamos poner ejemplos como el Brexit, ya que no solo podemos razonar que si España quisiese separarse de la UE votaria solo el estado español, sino porque ya ocurrió con el Brexit. Este ejemplo que no se refiere a la legalidad de un derecho de autodeterminación, mas que demostrada, si podemos encuadrarlo en un caso de raciocinio , lógica y sentido común. Resulta que según el artículo 50 de la reglamentación que rige la UE, se establece el mecanismo para la salida de un país de la susodicha UE, que especifica que "todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión"…..primer apunte, con sus normas constitucionales, con las propias y no con la de la UE.

Para poder hacer efectiva esta decisión, el artículo especifica que "el Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo", para que los términos de la salida del Reino Unido de la UE sean aprobados por cada uno de los 27 parlamentos de los países miembros. Bruselas, (en el ejemplo Catalan seria Madrid), no quiere negociar los términos del divorcio y los nuevos acuerdos comerciales al mismo tiempo. Es decir, primero se pacta la ruptura y después los acuerdos, cuestión distinta a lo que quieren los británicos. Es importante saber que ningún país de la Unión Europea se mostró públicamente favorable al Brexit, a pesar de lo cual los británicos lo llevaron a cabo, por lo cual en la equivalencia, es normal que ninguna otra autonomía se mostrase de acuerdo con el pueblo catalán, incluso ningún estado europeo, favorables siempre al inmovilismo salvo cuando el movimiento lo decidan ellos. Y a pesar de que técnicamente, el referendo no es vinculante para el gobierno británico los analistas coinciden en que ir contra la voluntad popular sería un suicidio político, por lo cual es entendible que la Generalidad no quiera, o no pueda ir contra la voluntad popular, que no tiene que ser de ¾ partes, o mayorías abrumantes como nos quieren hacer ver desde el gobierno español, algo tan trascendental como el Brexit se decidió por un escaso margen, con 17.410.742 votos a favor y 16.577.342 en contra

Además, como decíamos al inicio, en Europa desde 1900 se han producido 14 casos de secesión, concretamente han sido: Noruega de Suecia (1905), Finlandia de Rusia (1917), Irlanda del Reino Unido (1922), Islandia de Dinamarca (1944), Lituania, Estonia y Letonia de la URSS (1990-1991), Eslovenia, Croacia y Bosnia de Yugoslavia (1991), Eslovaquia de Checoslovaquia (1992), Montenegro de la Unión de Serbia y Montenegro (2006) y Kosovo de Serbia (2008). Ademas existen casos tan conocidos de práctica de referendo como el de Escocia en el reino Unido, o el de Quebec en Canadá, por lo tanto no se puede hablar de la voluntad de un referendo para conocer la voluntad de un pueblo como una locura de unos pocos, independientemente que estemos de acuerdo o no con las formas, los métodos, etc, y sobre todo cuando en buena parte la autodeterminación depende de la lucha por la legitimidad. En el caso de Catalunya nuestro concepto es que el pueblo Catalán, al menos la parte del pueblo que quiere ese referendo, está ganando la batalla por la legitimidad en un proceso sin violencia y manteniendo un perfil claramente negociador, perfil que teatralizo el presidente de la Generalidad, Puigdemont, al declarar que cumplía la voluntad del pueblo en su decisión de independencia pero que lo dejaba en suspenso hasta que se pudiese llegar a un acuerdo negociado con el gobierno de España, (si recordamos exactamente lo mismo que hizo el pueblo esloveno). Ese comportamiento contrasta con la actitud del gobierno español, que basa sus acciones en la coacción y la represión, si el Estado bloquea la posibilidad de la expresión popular mediante el referendo, habrá que buscar otras vías, de ahí la importancia de negociar y de alcanzar una forma de realizar una consulta pactada y con garantías, como se hizo en Escocia o Quebec, y por ello pensamos que el referendo es la vía principal, de no conseguirlo, de existir un bloqueo total por parte del estado Español, podría forzarse “un referendo” totalmente legal y contra el que el estado español no podría hacer absolutamente nada, ya que se enmarcaría dentro del marco constitucional preestablecido y que el estado coloca como escudo de su inmovilismo, y esa salida totalmente legal sería convocar unas elecciones autonómicas con el programa básico el tema de la autodeterminación, dejando muy claro en el programa electoral, y en las manifestaciones, que de votar por la opción XXX supondría estar aprobando de facto una petición del pueblo de autodeterminación de Catalunya, con lo que de ganar el parlamento catalán entrante estaría acreditado ante todos los estados europeos que no tendrían mas remedio que reconocerlo como estado independiente

 

Es cierto que se podría forzar la marcha por parte del gobierno catalán y realizar una independencia a la Eslovena, y aunque nosotros creemos que no sería lo más correcto, podríamos considerarlo licito. Daniel Turp, profesor de la Universidad de Montreal, argumentaba que el Derecho Internacional Público, (destacando la Convención de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales relativos a los derechos humanos, ratificados por España), confiere a todos los pueblos el derecho a disponer de sí mismos, sin depender de una autorización de un estado preexistente, ni pudiendo ser aplicable el argumento de la integridad territorial del estado, pues éste sólo opera como protección ante injerencias externas, no sobre el propio territorio nacional. Este es el criterio establecido por el Tribunal Supremo del Canadá sobre la validez del referendo secesionista de la provincia del Québec de 1995. En su dictamen de 1998 reconoce que una mayoría clara, expresada a partir de una pregunta clara, otorgaría legitimación democrática a una iniciativa secesionista y obligaría al Gobierno del Canadá a negociar las condiciones de la separación. Según un informe de la Corte Suprema de Canadá, se establecieron dos principios sobre el derecho a la autodeterminación en el caso de Quebec, dos principios que Turp consideró que deberían ser de aplicación a toda sociedad considerada democrática: la obligación de negociar las modificaciones constitucionales necesarias para la realización del derecho de autodeterminación y el derecho de secesión, el este caso de Quebec, pero aplicable a cualquier democracia. Así pues, Turp no duda en calificar de inconstitucional una constitución que declara en España una unidad “indisoluble“, pues eso es contrario a las normas internacionales anteriormente mencionadas.

 

Es decir, ateniéndonos a lo que realmente nos importa en Podemos 15M, que son los derechos civiles, los derechos del pueblo, tenemos una Carta de las Naciones Unidas de 1945, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre del 1966 y vigente desde el año 1976, que reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. Tenemos un Tribunal de la Haya que dice que no existe ninguna norma en el orden jurídico internacional que prohíba una declaración de independencia. Tenemos otro dictamen del Tribunal de la Haya del 2004 que se pronunció a favor de la autodeterminación como un derecho universal que debe ser respetado por todos los Estados y el mismo tribunal internacional explicando que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es la voluntad de los ciudadanos la que crea y modifica la legalidad constitucional vigente. Ademas existe un legitimidad de poder votar, adquirida por una población civil pacífica ante un estado opresor que ha utilizado la violencia, y finalmente decir que los pactos internacionales hablan siempre de la autodeterminación de los pueblos, y no de los estados, no cabe ninguna duda de que Catalunya es un pueblo, el pueblo catalán, y no un estado, por lo que en ningún caso puede hablar el gobierno español de la necesidad de un sujeto político soberano, porque no es necesario, ya que independientemente de la incongruencia ya explicada, los pactos internacionales no hablan de estados, ni de sujetos políticos soberanos, HABLAN DE PUEBLOS, por lo que cualquier pueblo, el Catalán, el Vasco, el Gallego, el Asturiano, o el Andaluz….el que sea, podrá ostentar ese derecho siempre que cumpla los preceptos establecidos, lengua propia, cultura propia, historia propia, etc….cuestiones que el pueblo catalán cumple…..por lo tanto no estamos ante una defensa del independentismo, no al menos por nuesta parte, estamos ante la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos de una parte del territorio español, que por otro lado, una vez realizada su votación podrían seguir formando parte del estado español, solo habría que encajar el modelo, previsiblemente dentro de una España confederal….nosotros apostamos por una España con un modelo de estado basado en la Republica y un modelo territorial basado en una federación, o confederación, según se pactase entre territorios

 

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