Desde hace 40 años se vienen celebrando en España elecciones europeas, españolas, autonómicas y locales sin apenas incidencias reseñables. Las interferencias detectadas en la campaña del Brexit en el Reino Unido, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Francia y Holanda, y los casos de manipulación informativa que se produjeron con motivo de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre en Cataluña, han hecho saltar las alarmas y creado cierta psicosis sobre la fiabilidad de los comicios autonómicos que tendrán lugar en Cataluña el próximo 21 de diciembre (21-D). No está muy claro si ese temor se circunscriba a hipotéticas interferencias rusas durante la campaña electoral o se extiende incluso a la fiabilidad de los mismos resultados.

Hace unos días, Sáenz de Santamaría aseguraba en la Comisión sobre gastos reservados del Congreso que se habían adoptado las medidas pertinentes para asegurar la fiabilidad y limpieza del proceso electoral. El 18 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno compareció en el Senado a petición propia para reiterar el compromiso de la UE con la ciberseguridad en los procesos políticos y expuso las medidas que el Gobierno ha adoptado para reforzar diversos aspectos del proceso electoral, tales como la recogida de datos, el recuento de papeletas y la publicación de datos provisionales, a fin de evitar intromisiones indeseables y asegurar la fiabilidad de la información trasladada a los medios de comunicación. De todo lo dicho se deduce que el Gobierno ha adoptado las medidas apropiadas para asegurar la limpieza del proceso electoral.

Hay un aspecto, sin embargo, del proceso electoral más difícil de controlar. Me refiero a las medidas que se van a adoptar para asegurar la neutralidad de las mesas constituidas y la limpieza del recuento en localidades pequeñas donde no todos los partidos políticos tendrán interventores para seguir las incidencias de la jornada electoral y supervisar el recuento de las papeletas. En este sentido, Sáenz de Santamaría se limitó a avanzar que habrá "una patrulla por colegio". La pregunta que me hago es si esta medida será suficiente para garantizar la limpieza del proceso electoral el 21-D, máxime habida cuenta de la falta de neutralidad y profesionalidad de que hicieron gala los Mozos de Escuadra el pasado 1-O, por no hablar del incumplimiento flagrante de la de la orden judicial que exigía a la policía autonómica de Cataluña sellar los centros electorales para impedir la consulta, hechos ambos gravísimos por los que sus mandos están siendo investigados.

 Hasta hace unos meses, la duda que acabo de plantear habría sido considerada extemporánea y fuera de lugar, si no ofensiva para nuestra democracia. Hoy, ya no podemos estar tan seguros. Los partidos secesionistas, ERC, Junts per Catalunya y CUP, cuyos líderes se llenan la boca con la palabra democracia, han dado suficientes pruebas durante la pasada legislatura de su profundo desprecio a las leyes y los procedimientos democráticos. No contentos con atribuirse la representación y voluntad del ‘pueblo’ de Cataluña, cuando en realidad no representaban siquiera a la mitad de los votantes y a un tercio del censo, se ham mostrdo sino que han demostrado estar dispuestos a cometer cualquier tipo de ilegalidades con tal de conseguir sus objetivos. Para ellos saltarse la ley y los procedimientos democráticos más elementales es sólo un pequeño detalle, justificable por el fin más elevado perseguido: hacer república, como ellos dicen.

 Ahora los partidos secesionistas se enfrentan a una prueba decisiva en las urnas el 21-D, a unas elecciones que ellos contemplan no como lo que son, meras elecciones autonómicas, sino como un plebiscito sobre la aplicación del artículo 155. Su pretensión es demostrar al mundo que las observará que el ‘pueblo’ de Cataluña rechaza la intervención de la Generalitat, y exige la reposición del gobierno ilegítimamente cesado por el PP. Para ellos cualquier cosa que no sea obtener la mayoría absoluta constituiría un sonado fracaso y dejaría en evidencia que no representan al ‘pueblo’ de Cataluña, ni siquiera a la mitad más uno de los votantes. Para evitar tentaciones innobles como las que se produjeron en la consulta del 1-O, resultará imprescindible cotejar las actas en Ayuntamientos adscritos a la AMI donde los partidos constitucionalistas no tengan interventores destacados.

 

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

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