El ministro de Interior Grande-Marlaska podría hacer algunas cosas para tratar de poner un broche digno a un mandato tan controvertido: proponer el reingreso de los guardias civiles José Morata, José Piñeiro, Manuel Rosa y Manuel Linde (ya fallecido) como planteaba la Disposición Adicional de la ley de Personal de la Guardia Civil, resolviendo una injusticia histórica contra guardias civiles demócratas que actuaron conforme a la Constitución. Bastaría con aplicarles el mismo criterio que a los militares de la UMD (que actuaron contra las leyes vigentes antes de la Constitución). También podría poner en marcha un plan de protección de los derechos civiles de la ciudadanía y mejora de la eficacia policial, cambiando prácticas heredadas de la dictadura con algunas de las medidas que seguidamente expondré. No precisa una ley para llevar a cabo los cambios que necesitan la ciudadanía, los policías y la Policía. Necesita voluntad política, valentía y determinación.

Los derechos civiles arrancan en el siglo XVIII y se van consolidando hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU de 1948, siendo desarrollados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la misma Asamblea que entró en vigor en 1976. Derechos civiles es el conjunto de derechos o libertades públicas que protegen a las personas frente al Estado. Son derechos individuales que no pueden ser quebrantados por el poder y diferencia a las democracias de ciudadanos libres con derechos, de las dictaduras o autarquías con vasallos/súbditos sin derechos, sometidos a las decisiones del poder, sus policías y ejércitos. Entre los varios derechos civiles a proteger en democracia está el derecho a circular libremente sin ser molestado por policías salvo que medie causa objetiva suficiente para ello.

En España se vulneran derechos civiles de ciudadanos en la vía pública, parques, carreteras… por decisión caprichosa de un policía o por orden ilegal de un mando, que promueve esas prácticas en beneficio de sus estadísticas de falsa eficacia policial; en ambos casos se incumplen las disposiciones del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre las circunstancias que permiten a un policía actuar con carácter de agente de la autoridad ante un ciudadano. Ocurre millones de veces cada año sólo en identificaciones de Policía Nacional. No habría que insistir en este asunto si alguien de este o del Gobierno que venga estudiara los supuestos que deben darse para las identificaciones siguiendo la doctrina de los tribunales citados y decidiera cumplir sus disposiciones. Hasta ahora los gobiernos de PSOE y PP las han ignorado, prefiriendo mantener una presión policial ilegal y sanciones administrativas brutales contra la ciudadanía, tratada como vasallos de cualquier autocracia o dictadura y cuyos derechos civiles son teoría, despreciados en la práctica por malos profesionales incontrolados que existen en todas las fuerzas de seguridad (estatales, autonómicas y locales).

En contra de lo que enseñan en todas las academias policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, autonómicas y locales), un agente de la autoridad no puede identificar a cualquier persona por su capricho, cumpliendo una orden verbal del mando (nunca la facilitan por escrito porque es ilegal), por ser un lameculos que quiere congraciarse con su jefe o un acomplejado con taras mentales que necesita sentirse importante pisoteando derechos de la ciudadanía. No se puede identificar, menos cachear a nadie, sin una razón objetiva suficiente que debe plasmarse por escrito. Cuestión aparte son los test de alcoholemia cuando se conduce; no hay identificación salvo que se produzca un resultado positivo. Preguntado Cosidó siendo director general de la Policía por el número de identificaciones durante el año anterior, que habían sido varios millones, dijo que 25.000. Facilitó el dato de personas trasladadas a comisaría porque a efectos de la derecha dura que representan Cosidó y Fernández Díaz que no creen en derechos civiles (secundados hoy por PP, Cs y VOX), que un policía te pida el carné en la calle sin razón para hacerlo, te cachee o no según su criterio, estés allí “retenido” 10, 15, 20 minutos… no cuenta como identificación; es una práctica policial (ilegal) ordinaria durante la que los derechos civiles quedan suspendidos. La realidad es que esas identificaciones arbitrarias y masivas con policías estáticos incrementan los delitos, que bajan cuando los policías en vez de identificando están en movimiento, patrullando.

La ley Mordaza es una evolución, a peor, de la ley Corcuera de 1992. Yo era “número 2” del sindicato policial mayoritario cuando se aprobó y nos opusimos denunciando los efectos negativos para la ciudadanía y los policías. Los demás sindicatos callaron. El sindicato al que pertenecí tenía identidad diferenciada de todos los demás, que normalmente coincidían con los mandos y responsables políticos de Interior. Antes, en 1988, Corcuera frenó un intento de cambiar la formación policial de la transición heredada de la dictadura a una formación de policías en democracia. Dijo que quería policías altos y obedientes, que no tenían que saber de leyes y limitarse a cumplir las órdenes de los mandos. Así seguimos. Cuando poco después fui elegido secretario general del sindicato (con la oposición e injerencia de Corcuera en el congreso), en numerosas asambleas desde 1993 debatimos sobre las prácticas policiales democráticas, los pros y contras de nuestra posición para los policías y siempre fue ampliamente apoyada por los afiliados. Policías tratando con ciudadanos en democracia cuyos derechos civiles debíamos proteger. Que aquellos policías vinieran de un régimen interno militar sin derechos hizo fácil explicarlo. La ley Mordaza se aprobó dos años después de dejar mi cargo sindical y el ministro de Interior recibió el apoyo de todos los sindicatos policiales, incluido el que dirigí hasta 2013. El resultado de su cambio de posición, de renunciar a una policía civil respetuosa de los derechos civiles con criterios de policías profesionales, a proponer una policía casi militar de espaldas a esos derechos que se limita a obedecer como soldados ha sido negativo; el sindicato que dejé invicto y ampliamente mayoritario bajó de 7 a 2 vocales en el Consejo de Policía. Hoy ningún sindicato policial defiende prácticas democráticas en la policía respetuosa de los derechos de la gente.

Los policías hoy son como legionarios en guerra; obedecen órdenes contra los derechos civiles y un policía debe tener el conocimiento y raciocinio suficiente para saber a quién puede identificar, por qué y la actuación posterior en uno u otro sentido. Lo que se hace en España es impropio de una democracia y no existe en ninguna que merezca tal nombre. Interior tiene en su mano exigir a los mandos que controlen los abusos policiales y dejen de utilizar a los policías como soldados porque los ciudadanos no son el enemigo; que dejen de impartir órdenes ilegales de identificaciones arbitrarias y controlen las minutas de intervenciones. Si en el mismo distrito hay varios coches zetas que patrullan y tienen uno o dos incidentes de desobediencia o falta de respeto y hay otro que tiene diez, en ese coche posiblemente trabajen los chulos de barrio de uniforme y en vez de una felicitación por su “eficacia” denunciando falsamente a ciudadanos merezcan ser llamados al orden, y si fuera preciso, cambiados a otro servicio. A la vez, cuando un policía se haya visto obligado a reducir a delincuentes o personas violentas deben ser apoyados sin politización sea quien sea el violento: blanco o negro, español o extranjero, legal o ilegal, protestando por asuntos laborales o pretendiendo cambiar las leyes para romper el Estado, deben recibir el mismo tratamiento policial en función de la violencia que ejerzan contra los policías. No valen tanquetas en conflictos laborales y restringir pelotas de goma poniendo en riesgo la vida de los policías como se hizo en Barcelona. Es inmoral profesional y políticamente.

No desaparece el principio de autoridad, como han dicho falsamente los sindicatos (aunque los políticos citan a JUPOL y JUCIL, no hay diferencias entre lo que han dicho estas organizaciones y los demás, todos imbuidos del mismo espíritu de policías con plenos poderes de dictaduras bananeras sin respeto a los derechos de la ciudadanía). Lo de rebajar las sanciones es justo y adaptarlas al poder adquisitivo del sancionado existe ya en democracias europeas. Si se traslada a un ciudadano a una comisaría para identificación, que puede estar a kilómetros de distancia o en otro pueblo (Guardia Civil), hay que devolverlo al sitio desde donde se le requirió, y si es de madrugada y ya no hay transporte público, llevarlo a su domicilio o lugar de alojamiento. Entre 1981 y 1987 estuve en las inspecciones de guardia, hoy Oficina de Denuncias, de Chamartín y Carabanchel y cuando se llevaba a alguien para identificar y resultaba que no había ningún reproche contra él, siempre se preguntaba al afectado si tenía medios para irse donde quisiera y cuando era de madrugada, se pedía a un coche zeta que lo trasladara. Nunca hubo problemas. Esos que hoy dicen que no van a hacer de taxistas tratan a la ciudadanía como escoria. Te has olvidado el DNI, pasas por una zona con un conflicto, control (ilegal) o tu ropa coincide con alguien que ha protagonizado un incidente, te trasladan a una comisaría a kilómetros de distancia, te tienen allí horas (está bien la limitación temporal que se pretendía) y luego te las apañas. Esto evidencia el nivel de deformación profesional existente en todas las policías españolas. Todo ciudadano es un presunto delincuente y hay que dejarlo a las 2 de la mañana a kilómetros de su casa o en un pueblo distinto. Miserable visión del “proteger y servir” con el que se llenan la boca los hipócritas sindicalistas policiales y sus meaperros en las redes sociales.

No podemos renunciar a las devoluciones en caliente porque no podemos garantizar derechos universales a todo el mundo por elementales razones económicas. Tenemos mucho paro, cientos de miles de familias en colas de hambre, pensiones no contributivas y de viudedad infames, la tasa de pobreza de niños y de jóvenes en paro de las más altas de la UE y no tenemos capacidad infinita de mantener a millones de personas. Geográficamente estamos donde estamos. Inmigración legal y regulada que aporte trabajo y prosperidad. Se paga a muchos miles de ciudadanos extranjeros que entraron ilegalmente, se empadronaron y ni siquiera residen aquí. El Gobierno lo sabe (el anterior también) y no han hecho nada. Hay que ver lo que hacen Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca… para combatir la inmigración ilegal. El debate de las pelotas de goma es superfluo. Sean pelotas de goma o sean otros medios coercitivos, la Policía debe tener instrumentos para repeler manifestaciones violentas. Se pueden grabar las actuaciones policiales en todas las democracias.

Aunque la falta de acuerdo para reformar la ley Mordaza es una mala noticia, el ministro de Interior tiene en su capacidad resolver, mediante instrucciones internas y protocolos de actuación, muchas de las discrepancias surgidas para acabar con la vulneración sistemática de derechos civiles y mejorar la seguridad ciudadana. Interior podría abrir registros de denuncia de prácticas policiales contra los derechos civiles en todas las subdelegaciones de Gobierno, y que se pudieran cursar desde todas las comisarías y cuarteles denuncias, incluso anónimas (Telefónica lo ha hecho entre sus empleados y ha despedido a más de 500 por malas prácticas). Un ciudadano víctima de abuso policial está indefenso; ¿dónde denuncia, en el juzgado? Esta es una asignatura pendiente de nuestra democracia ya resuelta en otras policías. También podría atender al último informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que denuncia las prácticas policiales bochornosas que se aplican en España y en ninguna otra democracia impartiendo instrucciones para corregirlo.

Defender los derechos civiles no es de izquierdas o derechas, es de demócratas. Defender que no se respeten no es de derechas o izquierdas, es no saber lo que es la democracia. No se puede ser policía en democracia sin conocer las limitaciones legales que impone el obligado respeto a los derechos civiles de la ciudadanía. Proteger y servir no es sólo un eslogan.