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Mañana tendrá lugar en Madrid un encuentro de gran importancia para millones de personas que, de una forma u otra, estamos en la órbita de las ONG de acción social. Por primera vez en nuestro país, gracias a la labor intermediadora de la Comisión para el Diálogo Civil que dinamiza Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, quienes están comprometidos con la defensa de los más débiles van a tener la oportunidad de exponer con libertad y conocimiento qué es lo que pedimos a los poderes públicos para alcanzar “la sociedad que queremos”, como reza el eslogan de la Convención.

   Se celebra esta Convención en un momento especialmente delicado para nuestro país. El PSOE se abstendrá en la sesión de investidura de don Mariano Rajoy lo que permitirá al Partido Popular hacerse con el Gobierno de la nación. Lo que no impide que contemplemos el inicio de una legislatura como una carrera plagada de obstáculos. Especialmente para los gobernantes que sin mayoría absoluta se verán zarandeados democráticamente por una oposición que utilizará su fuerza para lograr los mayores beneficios para aquellos a quienes legítimamente pudieran representar.

  El Gobierno en funciones del Partido Popular parece que ha entendido bien el alcance que puede tener esta Convención y no ha dudado ni un instante en enviar nada menos que a la Vicepresidenta del Gobierno para que inaugure la reunión y escuche algunas de las reivindicaciones que allí se formularán.

   Con esa intención, pues, me adelanto al encuentro de mañana, para manifestar algunas inquietudes que, a mi juicio, deberían ser consideradas prioritarias para el futuro inmediato del sector.

Las ONG de Acción Social representan una fuerza ciudadana muy superior a la que puedan representar el PP, el PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS juntos.

   Pero somos una fuerza latente, en potencia me atrevería a decir por no usar otro adjetivo, que podría molestar a alguien. Hasta ahora, las ONG han sido consideradas como un movimiento de tipo caritativo, casi eclesial, defensoras de los Derechos Humanos donde, a veces, lo que ha predominado ha sido el espíritu de sacrificio, de entrega y de amor a los demás obviando que esos sentimientos de solidaridad no están reñidos con que alguna vez se hayan de enseñar los dientes para morder con razón a quienes, pudiendo, no ponen remedio a las más sangrantes injusticias que padecen quienes no tienen fuerza ni voz para manifestarse.

   El Parlamento español aprobó hace un año una esperanzadora norma: la llamada Ley del Tercer Sector de Acción Social, disposición pionera que reconoce la labor altruista que realizan más de 30.000 entidades. Además, consolidó el papel importantísimo del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y el de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

   Hace unos días, Luis Cayo Pérez Bueno, que es vicepresidente de impulso normativo e incidencia política de la Plataforma del Tercer Sector, afirmó que las consecuencias de padecer un Gobierno en funciones, han sido un parón político para hacer posible el despliegue efectivo de Ley. En estos momentos el tercer sector atiende a siete millones de personas vulnerables, pero afirmó, con gran conocimiento de lo que decía, que, si el Tercer Sector de Acción Social “contase con un respaldo normativo y financiero suficiente, seguro podría ampliar su capacidad para generar cambio social, transformar el entorno y contribuir a la extender los bienes sociales entre los más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país”.

“Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”

   La conocida frase del Conde de Romanones que fue ministro un montón de veces, y presidente del Gobierno en tres ocasiones, prolífico escritor, fundador de un periódico, liberal inmensamente rico que terminó por hacerse franquista siendo Procurador en Cortes en la primera legislatura de la dictadura, viene a cuento por lo que diré seguidamente y que dedico, de forma muy especial, a la señora Vicepresidenta del Gobierno que mañana nos acompañará:

   Señora Vicepresidenta: Me gustaría enormemente oírle decir mañana ?con todas las reservas con que un demócrata debe salvaguardar siempre la primacía del Parlamento a la hora de aprobar las leyes y los reglamentos? la misma frase que con tanta visión de futuro pronunció Don Álvaro Figueroa quien, además, fue presidente del Senado y del Congreso de los Diputados.

   La Ley del Tercer Sector de Acción Social, es una buena ley. Puede el Partido Popular apuntarlo en el haber de las cosas bien hechas, así como la defensa que ha hecho del reparto del dinero procedente del IRPF entre las ONG de Acción Social tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero eso no es suficiente porque la Ley no impide que el Sr. Montoro y sus más inmediatos subordinados metan mano en nuestras organizaciones y nos condene a la inoperancia y al estigma de considerar que las ONG tienen un germen de malversación de los recursos públicos por naturaleza.

   Que los poderes públicos miren y controlen el buen uso del dinero público, ¿Quién lo puede negar? Es su obligación y deben extremar al máximo esa función para evitar que los sinvergüenzas, que también los hay entre nosotros, se aprovechen de lo que no deben. Pero una cosa es eso y otra el agobio, la presión, y hasta el sadismo con que algunos intérpretes de la norma quieren ser más papistas que el Papa.

Haga usted el Reglamento donde se diga:

   “Las ONG que proporcionan un billete de autobús semanal para que los ciudadanos que realizan un curso de formación profesional puedan acudir cada día a su centro de formación, no tendrán que devolver el dinero de su importe cuando así lo disponga el Ministerio de Hacienda”.

   Los Torquemadas del Ministerio dicen que un billete semanal no es válido. Que las ONG pueden proporcionar a los beneficiarios del programa un billete de autobús cada día. Porque los sábados y los domingos no hay clases y los beneficiarios del billete lo pueden utilizar para sus desplazamientos personales. De nada ha servido decirles que un billete semanal cuesta seis euros y que un billete diario de ida y vuelta supone a la semana quince euros.

Haga usted el reglamento donde diga:

   “Los presidentes y miembros de las Juntas directivas de las ONG, que no cobren ni un céntimo del dinero de las subvenciones, tendrán el carácter de voluntarios de los programas, recibiendo el mismo trato de los que lo son de forma voluntaria y periódica”

   Los celosos vigilantes del Sr. Montoro dicen que ni hablar. Que si un responsable de una ONG ha de intervenir en el control y buena marcha de un programa que se está desarrollando en Lugo, por ejemplo, no puede viajar a esa ciudad. Y, por lo tanto, ha de devolver el importe del billete del tren con que se desplazó. ¿Por qué? Porque no es un voluntario (¿)

Haga usted el Reglamento donde se diga:

   “Cuando un miembro de una ONG sea citado por un organismo oficial para asistir en Madrid, por ejemplo, a una reunión de trabajo, podrá utilizar el medio de transporte público, en la tarifa más barata, que mejor se adecue a su agenda”.

   Pues no. Los inquisidores de Hacienda dicen que ni hablar. Si la persona convocada vive en Barcelona, como es mi caso, y el día anterior a la convocatoria está en la universidad de Málaga, no se le autoriza a viajar a Madrid desde la preciosa ciudad de la Costa del Sol. Ha de ir a Barcelona y desde allí se le autoriza el viaje. En consecuencia: un billete avión desde Málaga a Madrid cuesta 128 euros. Pero al tener que ir previamente a Barcelona el gasto se dispara. Málaga-Barcelona 212 euros, más 168 euros que cuesta el billete Barcelona Madrid. Inconcebible, ¿verdad? Créanme. No tendría por qué utilizar una mentira tan burda.

Por favor, señora Vicepresidenta, haga usted el Reglamento, donde se diga:

   “Los miembros del Consejo Estatal de ONG de acción social que vivan en Madrid o en Barcelona podrán utilizar el Puente Aéreo, ?como se ha hecho siempre? con tal de que lo hagan en clase turista o en la tarifa más barata”.

   Los cancerberos, Secretarios de Estado y Subsecretarios dependientes del Sr. Montoro dicen que el Puente Aéreo queda reservado para los señores y señoras Diputados y Senadores, así como para los altos cargos de los ministerios. Cargos todos ellos bien remunerados. Mientras que los que ejercen los directivos de las ONG no les cuesta a los españoles ni un solo euro.

   ¡Ciegos, más que ciegos! No como los de la ONCE, maravillosa institución que tanto bien ha hecho y sigue haciendo en este país. Ciegos como los del Evangelio de los que habla San Mateo: “Si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en el hoyo”

   Sra. Vicepresidenta, díganos algo esperanzador en esta Convención de la que esperamos una auténtica dinamización del Tercer Sector. La Ley ya está hecha y políticos de primera línea ya los hay, y muy buenos, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De lo contrario, acuérdese de San Mateo. El Gobierno del PP corre el peligro de ir todos al hoyo.

Juan de Dios Ramirez Heredia Abogado y periodista Presidente de Unión Romani

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