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En el auto, el magistrado calificaba las formas consagradas de “objetos pequeños y redondos”

·         Enraizados presentó ante el CGPJ la queja de más de 12.000 ciudadanos contra la defensa de la profanación del magistrado

Madrid, 8 de febrero de 2017-  El Consejo General del Poder Judicial ha contestado a la queja que la Asociación Enraizados presentó ante el auto del Juez Otamendi que calificaba las formas consagradas de “objetos pequeños y redondos”. Esta queja fue respaldada por 12.402 personas (mediante petición en change.org), siendo la queja con más respaldo social en materia de derechos presentada ante este organismo. Sin embargo, el CGPJ “se lava las manos y no le importa que este juez ofendiera las creencias de los cristianos”, afirma José Castro Velarde, presidenta de Enraizados.

Esta es la respuesta que da el CGPJ: “Respecto al empleo de expresiones empleadas en la resolución, que valora como ofensivas para sus creencias, en esta unidad respetamos su percepción y lamentamos cualquier sentimiento de ofensa, si bien le informamos que de conformidad en lo dispuesto en el artículo 418.6  de la Ley Orgánica de la Ley Judicial en los casos de denuncia por la utilización en una resolución judicial de expresiones improcedentes, ofensivas o injuriosas el CGPJ sólo puede proceder previo  testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución”.

En el auto, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, Don Fermín Otamendi Zozaya, dictaba auto de sobreseimiento (dejarle libre sin ningún tipo de sanción) para Abel Azcona por el robo de numerosas formas consagradas y el uso de las mismas en una exposición blasfema en Pamplona.

“Desde Enraizados, pedimos al CGPJ un uso del lenguaje respetuoso con las creencias religiosas. Pero la respuesta de esta institución sigue una línea muy aceptada en la actualidad: que la burla o el desprecio a las creencias religiosas sale gratis. El CGPJ no se compromete a respetar las creencias religiosas, pese a que es un derecho esencial que implica a lo más íntimo de la persona, es decir, su conciencia. Aunque esta petición fue apoyada por más de 12.000 personas, el poder judicial hace oídos sordos”, valora Castro Velarde.

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