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Al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, Dil. Prev. PA 3240/13

Recurso de apelación en www.cita.es/apela-jmv y www.miguelgallardo.es/apela-jmv.pdf

Para suspender plazo en www.cita.es/suspende-jmv y www.miguelgallardo.es/suspende-jmv.pdf

Reforma y recusa en www.cita.es/reforma-recusa y www.miguelgallardo.es/reforma-recusa.pdf

Nuevo plazo por fiscal en www.cita.es/plazo-jmv y www.miguelgallardo.es/plazo-jmv.pdf

Rector UPM en www.cita.es/rector-jmv y www.miguelgallardo.es/rector-jmv.pdf

URGENTE en www.cita.es/urgente-jmv y www.miguelgallardo.es/urgente-jmv.pdf

REITERANDO en www.cita.es/reitera-jmv y www.miguelgallardo.es/reitera-jmv.pdf

prejudicialidad en en www.cita.es/cautelar-jmv y www.miguelgallardo.es/cautelar-jmv.pdf

rector www.cita.es/imputa-rector y www.miguelgallardo.es/imputa-rector.pdf  

INFORME en www.cita.es/informe-jmv y www.miguelgallardo.es/informe-jmv.pdf

DOCUMENTO en www.cita.es/alzada-jmv y www.miguelgallardo.es/alzada-jmv.pdf

DILIGENCIAS en www.cita.es/diligencias-jmv y www.miguelgallardo.es/diligencias-jmv.pdf

RECURSO en www.cita.es/recurso-jmv y www.miguelgallardo.es/recurso-jmv.pdf

QUERELLA en www.cita.es/querella-jmv y www.miguelgallardo.es/querella-jmv.pdf

Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y la mercantil CITA SL, con teléfono 902998352 bajo la dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias, considerando el auto de 25.1.17 y la providencia de 2.2.17 presentamos recurso de APELACIÓN con las siguientes alegaciones:

PREVIA.- Pese a solicitarlo expresamente, NO SE NOS HA DADO TRASLADO DE NINGÚN ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL MINISTERIO FISCAL contra nuestro recurso. Sí se nos ha trasladado la oposición de la fiscal Carolina del Pino Montero Espinosa (con fecha 23.11.16) contra el recurso del querellado Juan Manuel del Valle Pascual, pero en ese único escrito no se hace ninguna mención al nuestro, ni a ninguna de nuestras alegaciones. Repetimos que “En el auto se menciona un escrito de EL FISCAL del que no se nos ha dado traslado, textualmente así: CUARTO.- El Ministerio Fiscal se opuso a ambos recursos de reforma.”. Aquí también reiteramos que “Esta parte considera fundamental para su defensa disponer de todos los escritos del Ministerio Fiscal en ese asunto en la convicción de que la malversación de servicios jurídicos institucionales y cualquier recurso público para demandar dinero por el honor de particulares debe ser perseguido de oficio”. Por lo tanto, entendemos que estamos en indefensión mientras no dispongamos de copia íntegra de todo ello, y en especial, de cuanto informe el fiscal sobre nuestros escritos, porque leyendo el único que conocemos, que nos ignora por completo, parece como si no se hubiera trasladado al Fiscal nuestro último recurso, lo que en las presentes circunstancias y con los antecedentes procesales que constan en autos, resulta extremadamente grave y es causa de inmediata nulidad. ¿Se trasladó nuestro recurso a la Fiscalía?

1ª Nuestro recurso desestimado concretaba tres delitos, a) malversación, b) prevaricación y c) falsedad, sobre los que existen elocuentes indicios ignorados por el instructor (y parece ser que también por EL FISCAL, a menos que no se nos haya dado traslado de lo que conste en autos que pruebe lo contrario).

A) Está acreditado que el RECTOR de la UPM, en el año 2008 y hasta 2012 Javier Uceda Antolín, autorizó (u ordenó, o propuso, o el verbo que se considere oportuno sin que reste ni un ápice de responsabilidad penal) que los letrados de la UPM se dedicasen a represaliar a los querellantes sin parar ni en gastos ni en abusos ni desvíos de poder, utilizando para ello recursos públicos (todos ellos exclusiva y incontrovertiblemente públicos). Basta ver el uso que se ha hecho del membrete de la UPM, de cientos de horas de empleados públicos, de pagos a la procuradora (que actúa aquí también como procuradora del querellado)  y al notario de la UPM notario (al menos JUAN ALVAREZ-SALA WALTHER), además de haber pagado la UPM hasta informes comerciales de la empresa CITA, aquí querellante. Por lo tanto, además del querellado, y como ya se ha pedido insistentemente, debe investigarse a Javier Uceda Antolín. Basta citar nuestros propios escritos, absolutamente ignorados por juzgador y fiscal hasta ahora, al menos, en lo siguiente:

En rector www.cita.es/imputa-rector y www.miguelgallardo.es/imputa-rector.pdf  

Para que el instructor pueda comprender la lógica de los hechos, permítanos darle un ejemplo de confusión similar. Si en la investigación (o en el juicio) de la “operación Guateque”, o del “Madrid Arena” se llamase a declarar al Alcalde de Madrid como testigo, la actual alcaldesa Manuela Carmena podría testificar sobre ambos casos lo mismo que el actual rector de la UPM Guillermo Cisneros Pérez sobre los hechos que se imputan al querellado y al rector de entonces, Javier Uceda Antolín. Es decir, que el cargo no es testigo de nada. Quien lo ostenta puede serlo, o no, pero consideramos errónea la citación de un cargo como testigo sin hacer esa citación nominal, explicitando a qué rector en qué mandato se refiere el instructor. Tenemos alguna esperanza en que el mismo instructor se dé cuenta de que a quienes debe citar es a Javier Uceda Antolín, y también a su sucesor Carlos Conde Lázaro, porque ambos firmaron documentos relevantes que deben constar en los expedientes que insistentemente hemos solicitado y dieron instrucciones al querellado investigado Juan Manuel del Valle Pascual como evidencia incontrovertiblemente el correo electrónico aportado con nuestro escrito de 22.6.15, al que nos remitimos reiterando todo lo que en él ya manifestamos y solicitamos, textualmente así:

“Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que admita este escrito con la documentación acompaña y en su virtud, requiera todos los expedientes de la Universidad Politécnica de Madrid que afecten a los aquí querellantes Miguel Ángel Gallardo Ortiz y CITA, incluyendo la correspondencia del querellado con el entonces rector Javier Uceda Antolín en relación a los hechos que aquí se juzgan, a la mayor brevedad posible considerando las acumuladas dilaciones, para que, debidamente documentadas las actuaciones del entonces rector, sea imputado para que comparezca ante este Juzgado citándole en la misma dirección de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, como respetuosamente pedimos en Madrid, a 22 de junio de 2015”...

...Por lo expuesto, solicitamos que el Juzgado tenga por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, insistiendo una vez más en las reiteradas solicitudes anteriores para que se requieran todos los expedientes que afecten a los querellantes tanto en la Universidad Politécnica de Madrid UPM como en el Juzgado de 1ª Instancia 41 y demás diligencias propuestas en la querella inicial, y en especial, en nuestro escrito de 22.6.15 con el informe de 1 folio que se adjuntaba y el correo dirigido por el querellado ya investigado Juan Manuel del Valle Pascual al rector de entonces Javier Uceda Antolín, y en caso de que no encontremos letrado que pueda sustituir al que por razones médicas no puede asistir, se nos tenga por excusados proporcionándonos copia del video de la comparecencia del rector de la UPM señalada para el día 26.4.16, por ser de hacer Justicia que pido en Madrid a 18.4.2016.

NOTA: el vídeo, absolutamente irrelevante salvo para acreditar que el rector autorizó, ordenó o propuso lo que es tiptificable como malversación y prevaricación, se nos ha proporcionado el 3.2.17 y evidencia por sí mismo la impunidad y el descaro con el que Javier Uceda Antolín pretende eludir sus responsabilidades penales porque tenía muchos asuntos sobre la mesa y confiaba plenamente en el querellado.

En ningún momento se ha motivado la tácita denegación y sistemática ignorancia de todas y cada una de nuestras alegaciones para que el rector sea investigado (antes imputado, porque llevamos varios años, incluso antes de que se cambiase la denominación de imputado por la de investigado) insistiendo en que sea antes imputado y ahora investigado) por su autorización, orden o propuesta ni tampoco se ha motivado por qué no se han requerido a la UPM los expedientes más relevantes para demandar 300.000 euros en una evidente prevaricación de Javier Uceda Antolín con malversación de recursos jurídicos institucionales pero pese a la sistemática ignorancia se han aportado varios documentos por los querellantes, y en especial, el correo electrónico aportado con nuestro escrito de 22.6.15 al que volvemos a remitirnos considerando que su ignorancia, tanto por parte del instructor, como del Ministerio Fiscal, es por sí misma causa de nulidad. Ese correo electrónico remitido por el querellado Juan Manuel del Valle Pascual a Javier Uceda Antolín no ha merecido ni la menor mención en ningún auto judicial o escrito de ningún fiscal que nosotros conozcamos, pese a nuestra reiteración. Si se niega o se ignora deliberada y obstinadamente, de manera contumaz, un correo electrónico entre director de asesoría jurídica y rector de universidad pública, y ni siquiera se requieren el expediente por el que se resuelve demandar 300.000 euros por derechos personales particulares y privadísimos, cualquier delito contra la Administración podrá cometerse en cualquier universidad pública, impunemente, y en especial, todos los recursos públicos, incluyendo el trabajo de letrados institucionales como el querellado, podrán ser malversados.

No es necesario ser criminólogo como el querellante, ni doctor en derecho administrativo como su abogado, para comprender que el delito de malversación tiene un doble efecto. Por una parte, todo lo que ha empleado la UPM en perseguir y represaliar a los querellantes pidiendo 300.000 euros por derechos que el mismo instructor considera obviamente personales, y no es poco lo que se ha malversado, se sustrae de lo que hubiera debido dedicarse a defender a la UPM que, letrados que, sin embargo, han permitido e incluso participado, en que se registrase ilegalmente Universidad Politécnica de Madrid LLC (Limited Liability Company) en Austin, TX, EEUU, Axon Capital SGCR y Jerigondor SICAV en la CNMV en claro perjuicio del interés de la UPM. Es decir, que la malversación de unos siempre escasos recursos públicos, incluyendo el trabajo de letrados institucionales, conlleva la falta de recursos para resolver otros problemas que sí son competencia de la UPM, y que el rector no solamente no ha resuelto, sino que ha participado directamente o por sus vicerrectores, en numerosos negocios indefendibles desde cualquier perspectiva jurídica pero completamente fuera de control contable porque la Cámara de Cuentas de Madrid y el Tribunal de Cuentas son sistemáticamente ignorados por todos los fiscales que deberían actuar de oficio.

El auto de 25.1.17  ignora por completo el cúmulo de indicios de malversación de muy diversos recursos públicos materiales centrándose únicamente en el pago de las costas para tratar de exculpar de todo lo ya aportado tanto en la querella como en sucesivos escritos sistemáticamente ignorados. Pero incluso en el pago de las costas hay evidencias de malversación porque la Fundación Gómez Pardo pagó por la condena en costas del perito de Boliden y no está nada claro que la otra fundación (F2I2) no lo hiciera por el perito de la SGAE. El único requerimiento del juzgado a la Fundación Gómez Pardo es una prueba de cargo de la malversación tanto como puedan serlo las que han sentado en el banquillo a varios altos cargos de los ayuntamientos de Madrid y Valencia en el llamado “caso Nóos” porque los fondos de las fundaciones Madrid 16 o Turismo Valencia son tan públicos como los de la también Fundación Gómez Pardo, responsabilidad del rector de la UPM por mucho que pretenda delegar no se sabe en quién no por qué, sin que el juez instruya nada más. Hay otros muchos casos de fundaciones mucho menos adscritas y con menor responsabilidad de la que tiene el rector de la UPM que han sido objeto de malversación, pero en este caso, además, la malversación se hace para pagar las costas de funcionarios públicos, peritos de Boliden y la SGAE, que pedían 300.000 euros por su honor utilizando todos los recursos al alcance de una universidad pública y de su pervertida asesoría jurídica dirigida por el querellado que es quien directamente imputa al rector en el correo que el juez y los fiscales ignoran por completo, pero ya obra en autos.

Sin embargo, el auto que se recurre dice textualmente “Por lo tanto, la Universidad Politécnica pagó lo que le correspondía, no resultando acreditado ni tan siquiera indiciariamente que abonara las costas de los otros demandantes, como sostiene el querellante”. Es justo lo contrario. Los querellantes han aportado evidencias de que, al menos, el perito de Boliden litigó “gratis total”, y el de la SGAE no ha acreditado nada porque nada se le ha requerido ni a él, ni a las fundaciones con las que dispone de recursos para pagar cuanto considere oportuno. Pero insistimos en que la malversación en modo alguno se limita al pago de las costas, sino que se centra en los recursos propios de la UPM para litigar con letrados institucionales “gratis total” para los demandantes (que podrían ser investigados si hubiera una mínima inteligencia de todo ello en el Ministerio Público), con procuradora, notario y pagos hasta de informes comerciales sobre la empresa querellante, como está reiteradamente señalado y evidenciado en varios escritos referenciando expedientes de la UPM.

La jurisprudencia de la malversación, incluso de cantidades realmente pequeñas o de recursos que pueden tener una mínima valoración económica, se ha enriquecido jurídicamente apreciándose con algo más de rigor la malversación en recientes sentencias, como la de la Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid TRIBUNAL DEL JURADO 178/2015 O. JUDICIAL ORIGEN: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 04 DE FUENLABRADA PROCEDIMIENTO ORIGEN: TRIBUNAL DEL JURADO 1/2013 SENTENCIA Nº 690/2016 ILMO. SR. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO D. JESÚS EDUARDO GUTIÉRREZ GÓMEZ condenan a cargos públicos por malversación de cantidades muy pequeñas, en ese caso, “como autores responsables de un delito de malversación de caudales públicos en cuantía inferior a 4.000 euros, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno de ellos, de UN AÑO DE PRISION, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, MULTA DE TRES MESES A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE DIEZ EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del C. Penal e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EMPLEO O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE UN AÑO, y al pago de las costas procesales causadas en el presente juicio por tres terceras partes iguales. Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada en la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS Y DOCE CÉNTIMOS (179,12 euros), más los intereses legales del artículo 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Esa sentencia está comentada con referencias en www.cita.es/sentencia-veredicto-malversaciones.pdf    

Nótese que las cantidades por las que se condena a una alcaldesa en esa reciente y muy elocuente sentencia cuya fundamentación consideramos de directa aplicación a Javier Uceda Antolín, son muy inferiores a las que hay en juego, y el dolo de quien fue rector de la UPM y también de quien dirigió sus servicios jurídicos es mucho mayor y más obvio a la vista del correo electrónico aportado con nuestro escrito de 22.6.15 al que volvemos a remitirnos reiterando que su ignorancia, tanto por parte del instructor, como del Ministerio Fiscal, es por sí misma, suficiente causa de nulidad.

En resumen, si utilizar todo lo que consta en los expedientes de la UPM y en el Juzgado de 1ª Instancia 41 no fuera malversación, cualquier alto cargo público con poder suficiente sobre una asesoría jurídica podría demandar a cualquiera por cualquier cuantía sin motivación alguna, quedando en una incógnita impune si el responsable es el que autoriza, ordena o acepta la propuesta del letrado institucional. Los aquí querellantes los consideran a ambos cómplices de malversación y están dispuestos a agotar la tutela judicial efectiva y el “ius ut procedatur” para ello.

B) El auto de 25.1.17   también dice, textualmente, esto:

SEGUNDO. En el escrito de recurso se menciona ahora dos nuevos delitos, el delito de prevaricación y un delito de falsedad. Pues bien, en relación al delito de prevaricación del art. 404 del C. Penal se desconoce cuál sería la resolución administrativa presuntamente prevaricadora, quién la dictó y por qué considera el recurrente que se trata de una decisión arbitraria, no habiéndose mencionado hecho semejante alguno en el escrito de querella.

El instructor ignora que hay 5 expresas menciones al delito de prevaricación en la querella que los querellantes están en su derecho de mantener publicada en Internet, y es fácil comprobar estas citas:

A pesar de la insistencia de los querellantes ante sus propios abogados y ante el juzgado, además de haber presentado una solicitud y un recurso de alzada ante el rector de la UPM, no consiguieron copia del Exp. 12.1/07. Los querellantes siempre consideraron y expusieron lo mejor que pudieron tantas veces como se les presentó la oportunidad, que si la demanda judicial de 27.10.08 es, en sí misma, una resolución administrativa de un expediente de un año anterior, deberían tener derecho de acceso y copia que nunca consiguieron. Además de ser una clara indefensión, es también un indicio de la dolosa irregularidad corruptelosa, prevaricadora y malversadora, de todo el procedimiento judicial, desde sus primeros antecedentes administrativos en 2007.

Considerando la gravedad de los hechos perfectamente documentados e imputables al querellado Juan Manuel del Valle Pascual, los querellantes solicitaron la deducción de testimonio de particulares para que fuese el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid quien iniciara las actuaciones penales por ser la malversación y la prevaricación delitos públicos perseguibles de oficio. Sin embargo, se nos denegó tal deducción de testimonio de particulares aunque reconociendo expresamente el derecho de los querellantes a iniciar acciones penales, como en esta querella se pretende.

La UPM ha perdido mucho más que un juicio por la irresponsable y, hasta ahora, impune malversación. El perjuicio para los querellantes que se imputan al querellado puede ser extremadamente difícil de cuantificar, porque por mucho que se valoren los daños morales, o el lucro cesante y el daño emergente provocado intencionadamente por el querellado, tanto la reputación personal y profesional de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, como el fondo de comercio y la imagen de la empresa CITA, han sido muy gravemente afectados durante mucho tiempo, de múltiples maneras. Aunque la sentencia haya sido favorable incluso con condena en costas, los querellantes no solamente no han ganado nada, sino que el coste de oportunidad, la ocupación y el intenso desgaste continuado durante varios años también ha impedido su desarrollo profesional y empresarial. Es muy difícil estimar en qué situación se encontrarían los querellantes si no hubieran recibido nunca la injusta, prevaricadora y malversadora demanda firmada por el querellado el 27.10.2008 (documento 1).

Esta imputación de malversación tipificada en el artículo 434 del Código Penal puede haberse dado en el querellado, y de hecho en la jurisprudencia se encuentra con frecuencia en concurso con otros delitos contra la Administración, especialmente el de prevaricación, del artículo 404, que textualmente dice:

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

El Exp. 012.1/07 al que los querellantes nunca han conseguido tener acceso a pesar de sus insistentes solicitudes, pero más aún el testimonio del querellado, determinarán si, además de la malversación y la posible prevaricación existe algún otro delito en concurso, y si el querellante es el único responsable penal o si se limitó a obedecer disciplinadamente a pesar de ser, y jactarse de ser, desde hace más de 30 años, el único director de los servicios jurídicos de la UPM.

En rigor, la denegación del acceso a un expediente en el que los querellantes tienen un innegable interés legítimo, como es el caso del Exp. 12.1/07 entre otros, ya es en sí misma una prevaricación. Si se instruye la malversación sin conocer ese expediente, no lo vamos a calificar porque preferimos remitirnos al principio jurídico del “Iura Novit Curia” del tribunal de apelación.

Desde la buena fe, no es posible comprender que, ignorando esas 5 expresas menciones al delito de prevaricación en la querella inicial el instructor diga ahora, repetimos, “En el escrito de recurso se menciona ahora dos nuevos delitos, el delito de prevaricación y un delito de falsedad. Pues bien, en relación al delito de prevaricación del art. 404 del C. Penal se desconoce cuál sería la resolución administrativa presuntamente prevaricadora, quién la dictó y por qué considera el recurrente que se trata de una decisión arbitraria, no habiéndose mencionado hecho semejante alguno en el escrito de querella”. Puede que el instructor tenga demasiados trabajos pero su comprensión lectora se ha saltado 5 expresas menciones al delito de prevaricación en la querella inicial. ¿No son demasiadas?

No es lo único que el instructor desconoce. Desconoce también nuestro escrito de 22.6.15 ya citado reiteradamente, y por completo, el correo electrónico aportado que evidencia por sí mismo el “modus operandi” del entonces rector, ahora investigable Javier Uceda Antolín con el investigado Juan Manuel del Valle Pascual.  Volvemos a remitirnos considerando que su ignorancia, tanto por parte del instructor, como del Ministerio Fiscal, es por sí misma causa de nulidad del auto debiendo preguntarnos si todos los escritos anteriores también fueron ignorados por la Fiscalía, incluyendo las 5 menciones a la prevaricación de la querella, y todo lo que los querellantes han ido aportando.

C) Es cierto que el delito de falsedad lo hemos denunciado, tanto en este procedimiento como por el juzgado de guardia, pocos meses antes de que pudiera prescribir. Y estamos en nuestro perfecto derecho de hacerlo en el momento procesal que consideremos oportuno. Lo que no podíamos imaginar es que habiendo presentado querella por una demanda malversada y prevaricadora, al cabo de varios años de lentísima, ineficaz, y muy perezosa instrucción, ni siquiera se hubieran requerido las actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia 41 en las que se evidencian malversación, prevaricación y falsedad, como reiteramos, considerando insuficiente y errónea la motivación del auto que únicamente dice sobre la falsedad denunciada y documentada lo siguiente:

Por último, respecto del delito de falsedad, se constata que el vicerrector de ordenación académica, D. Carlos Conde Lázaro, no firmó los escritos que se aportan con el recurso haciéndose pasar por el rector de la UPM, que ciertamente no lo era, sino que firmó por delegación de éste, por más que por error en el documento aparezca estampillada una normativa que no es aplicable a la delegación.

El rector, que utiliza el intransferible privilegio de poder evitar comparecer en la vista pública del juicio no puede delegar en modo alguno en nadie, ni en ningún vicerector (¿por qué en el de “ordenación académica” que nada tiene que ver con ninguna competencia remotamente afectada?), ni en nadie, ni por error, ni por costumbre. El juzgado requirió el testimonio del rector y no de nadie en quien él arbitrariamente delegó, que casualmente, pocos meses después, se presentó para suceder a quien delegó en él. No es que haya una normativa que no es aplicable a la delegación, es que NO EXISTE NINGUNA NORMATIVA QUE POSIBILITE TANTO ABUSO, Y TANTA FALSEDAD EN EL RECTORADO DE LA UPM Y EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES INICIADAS POR UNA DEMANDA MALVERSADA CON DESCARADAS RESOLUCIONES INJUSTAS OCULTADAS EN EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE EL JUZGADO IGNORA DE MANERA, CUANTO MENOS, MUY CONTUMAZ.

Nos preguntamos si el juez puede delegar su firma en alguien que le venga bien, arbitrariamente y utilizar como el rector de la UPM una estampilla que es falsedad y prevaricación documentada según consta en autos. No quisiéramos faltar al respeto a ninguna magistratura, pero es tan insostenible la motivación para sobreseer ignorando la falsedad dolosa y probablemente sistemática que la reducción al absurdo puede llevar al ridículo a quien sostenga lo contrario. ¿Por qué no delega también la firma de los títulos de los ingenieros o arquitectos? Pues obviamente, porque esa firma no es delegable como tampoco lo es la que firma un interrogatorio judicial. Bastante privilegio es no tener que contestar a preguntas y repreguntas como para, encima, que el rector de la UPM se burle de cualquier jurista con un mínimo de sentido común, o buen criterio. Si no se instruyen esas firmas falsa o fraudulentamente, y en todo caso, ilegalmente presentadas en un procedimiento judicial, cualquier rector podrá hacer lo mismo siempre, impunemente. ¿Se les permitirá de ahora en adelante responder a los requerimientos judiciales dirigidos expresamente al rector delegando su firma tan libremente como ha hecho Javier Uceda Antolín según está muy bien documentado en los autos?

No es admisible que, por el hecho de no ser jurista sino supuestamente experto en automática, Javier Uceda Antolín no sea responsable de una resolución injusta que sabe que es injusta (al menos es lo que se desprende del correo que le envió Juan Manuel del Valle Pascual y de sus propias declaraciones pese a lo corto, suave y distante del interrogatorio judicial). Tampoco es admisible que el rector delegue cualquiera cualquier cosa con cualquier pretexto falso (¿y automáticamente dado que la especialidad de Javier Uceda Antolín es, precisamente, la automatización?)

En resumen, si en las actuaciones no se aprecian los claros indicios, bien documentados, de prevaricación y falsedad (además de la malversación), cualquier rector podrá resolver lo que quiera sin tener que dar ninguna explicación en sede judicial nunca y jamás se le podrá investigar ni por malversación, ni por prevaricación ni por falsedad.

2ª Un reciente artículo de fecha 27.11.16 firmado por Alberto Penadés se tituló así:

“Cuando la autonomía universitaria produce monstruos. En España, la universidad, ejerciendo su autogobierno, permite que prosperen personajes como el rector de la Universidad Rey Juan Carlos” y puede verse completo en Internet

http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/autonomia_universitaria-corrupcion-plagio_6_584501550.html

La universidad pública española en general, y la UPM muy especialmente, son cualquier cosa menos transparentes y las evidencias de arbitrariedad son tan notorias que pocas veces se denuncian hechos presuntamente delictivos relacionados con la corrupción, que casi nunca se instruyen y, cuando se investiga mínimamente alguno, se tardan años en requerir un expediente como el que da origen a una demanda por 300.000 euros por derechos que el mismo instructor califica de personales. La impunidad y las durísimas represalias a los pocos denunciantes de cualquier delito en el ámbito universitario se describen en otro reciente artículo de fecha 01/02/2017 titulado “CORRUPCIÓN Acoso, plagio o agresión sexual: así se 'compra' el silencio en la Universidad. Las relaciones de poder en una institución fuertemente jerarquizada y con un sistema de justicia independiente tienden a acallar los problemas” firmado por Mar Villasante en EL MUNDO que puede verse en

http://www.elmundo.es/f5/campus/2017/02/01/5890d15622601d06698b4687.html

La criminología universitaria evidencia una muy considerable “cifra negra” en relación a la corrupción, porque casi nunca se denuncia ninguna malversación, y las pocas veces que se hace, las represalias para el denunciante son brutales y eternas, por muy veraz que sea, y cuanto más veraz peor para él, porque mayores y más generales serán las represalias. Da igual que se registre y opere UPM LLC en Austin TX, EEUU, que algún vicerrector monte una SICAV (Jerigondor) con profesores de la UPM, que Javier Uceda Antolín crease una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo (AXON) y una sociedad limitada para desgravar y convertir a cualquier tipo de empleado en investigador para que grandes empresas reduzcan sus impuestos y cuotas a la Seguridad Social (AIDIT). Ningún juez ni ninguna institución (Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas y Asamblea de Madrid, Oficina de Conflictos de Intereses, CNMV o CNMC) han instruido nada eficazmente porque ninguna se considera competente para ello y consideran que la autonomía universitaria ampara todo cuanto verazmente han publicado los querellantes.

La cuestión ahora es si, con toda la documentación que ya consta en autos, y con las alegaciones en 15 escritos de los querellantes puede juzgarse a) malversación b) prevaricación y c) falsedad sin haber requerido siquiera los cuerpos de los delitos que constan tanto en el Juzgado de 1ª Instancia 41 y en los archivos de la UPM (al menos, el expediente Exp. 12.1/07 completo y cualquier otro relacionado con los aquí querellantes que conste en los archivos de la UPM).

Los querellantes tienen derecho de acceso (y rectificación) de todo cuanto les afecte de en expedientes de la UPM, y debería ser reconocido por el rector y la asesoría jurídica de la UPM. Ya hemos dicho que su denegación (que consta bien documentada en estas actuaciones), es en sí misma una prevaricación. Pero si esa denegación obstruye cualquier posibilidad de documentar delitos en perjuicio de los querellantes, la más elemental tutela judicial efectiva y el principio del “ius ut procedatur” debería ser más que suficiente para requerir lo que desde el 6.6.13 venimos pidiendo con nuestra querella y sucesivos escritos, hasta un total de 15, en este Juzgado.

Pero por error (los letrados de la UPM y la abogada del Estado que defiende a Javier Uceda Antolín de otras imputaciones confunden e ignoran deliberadamente hechos penalmente muy relevantes), en otro juzgado en el que se instruyen hechos distintos (aunque hay obvias relaciones con los que se han sido objeto de querella en éste), se los aquí querellantes han tenido acceso a parte de los expedientes de la UPM que les afectan. Es decir, que la UPM solamente por error, da una copia (creemos que parcial y sospechosamente incompleta) en otro juzgado de lo que debería poder ser accedido y recurrido por el interés legítimo de los aquí querellantes. Es justo por ese error de los letrados de la UPM por lo que hemos podido aportar el correo electrónico de Juan Manuel del Valle Pascual querellado investigado al entonces rector Javier Uceda Antolín (para el que no hemos dejado de pedir la imputación) con nuestro escrito de 22.6.15 al que volvemos a remitirnos considerando que su ignorancia, tanto por parte del instructor, como del Ministerio Fiscal, es por sí misma causa de nulidad.

Es probable que cometan más errores los letrados de la UPM, que han sido muchos porque también contratan libremente como es el caso del abogado José Mariano Benítez de Lugo Guillén ante el Delegado Instructor de las Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas Sr. D. Antonio Luis Casamayor de Mesa o en cualquiera de los numerosos procedimientos que revelan gravísimas irregularidades de todo tipo, pero que la Fiscalía ignora siempre (al menos, no constan escritos en los que se pueda inferir una lectura inteligente pero sí que constan participaciones de fiscales en congresos y jornadas o conferencias para la promoción de negocios de funcionarios como es el caso de Fernando Herrero-Tejedor Algar junto al perito privado de Boliden subdirector de la Escuela de Minas de la UP y numerosas relaciones familiares con fiscales y funcionarios de la fiscalía que se jactan de todo ello). Lo que es preocupante es que tengan que ser los errores de los letrados de la UPM y la jactancia de funcionarios públicos en descarados conflictos de intereses lo que deba impulsar una instrucción judicial en lugar del requerimiento de actuaciones judiciales por demanda civil malversada y expedientes de la propia UPM que evidencian prevaricaciones y falsedades, incluso, en la falsa delegación de lo absolutamente indelegable por ningún rector.

3ª La malversación de recursos jurídicos institucionales, en alguna ocasión, ya ha sido perseguida de oficio por la Fiscalía como consta en un anexo de la querella que inició estas actuaciones. Pero incluso si la Fiscalía, contra su doctrina de actos propios, se opusiera (y no nos consta que se oponga), el “ius ut procedatur” de quienes son directamente perjudicados por esa malversación. Nos remitimos a la fundamentación jurídica de la querella, que reiteramos, pero añadimos aquí que es de clara y directa aplicación a lo denunciado la doctrina y jurisprudencia del "ius ut procedatur" que se fundamenta, entre otras muchas, en la Sentencia TC 9/2008, de 21 de enero de 2008 (BOE núm. 40, de 15 de febrero de 2008) de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, que dice así:

Por otra parte, y centrándonos en los elementos de interés para la resolución del presente caso, hemos de tener en cuenta que, si bien la Constitución no otorga ningún derecho fundamental a obtener condenas penales, ello no implica que la víctima del delito no tenga derecho, en los términos que prevea la legislación procesal pertinente, a acudir a un procedimiento judicial para la defensa de los mismos; y tampoco comporta que en el seno de dicho proceso no puedan verse lesionados sus derechos. Por ello, este Tribunal ha configurado el derecho de acción penal esencialmente como un ius ut procedatur, es decir, estrictamente como manifestación específica del derecho a la jurisdicción, que ha de enjuiciarse en sede de amparo constitucional desde la perspectiva del art. 24.1 CE y al que, desde luego, son aplicables las garantías del art. 24.2 CE (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4; 81/2002, de 22 de abril, FJ 2; 93/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 21/2005, de 1 de febrero, FJ 4; 176/2006, de 5 de junio, FJ 2).

Ciertamente, como recuerda la STC 179/2004, de 21 de octubre, FJ 4, no existe una exigencia constitucional derivada de art. 24.1 CE que imponga la presencia en el proceso penal como parte de la acusación particular, pues en nuestro ordenamiento jurídico, la función acusadora aparece encomendada de manera primordial al Ministerio Fiscal (art. 124.1 CE y art. 3.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que era entonces el vigente). Ahora bien, el legislador ha optado por reconocer el derecho al ejercicio de la acción penal también a los particulares, y en concreto al agraviado o perjudicado por el delito o falta (acusador particular). Por tanto, el Ministerio Fiscal “no monopoliza la iniciativa y el ejercicio de la acción penal; en todo caso, junto a la acción pública, se reconoce al perjudicado el ius ut procedatur”.

¿Se puede decir más claro que los querellantes tienen la firme voluntad de agotar su derecho a la tutela judicial efectiva y al “ius ut procedatur” para que se juzgue a Juan Manuel del Valle Pascual y a Javier Uceda Antolín? Si la hubiera, si la hubiera, expresamente nos remitimos al principio jurídico del “Iura Novit Curia” del tribunal de apelación para que se les juzgue.

Este derecho al “ius ut procedatur” ya está expresamente reconocido por la Audiencia Provincial de Madrid, al menos, en el auto que estimó una apelación de este letrado de los querellantes del que fue ponente el Ilmo. Sr. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO, AUTO 804/2016 de 20.6.16 en mi representado hace público tal y como lo recibimos en

https://drive.google.com/file/d/0B7ELw4IrDGWScFprLU5JbUM5aG8/view  

(AUTO de la Audiencia Provincial de Madrid 804/2016 de 20.6.16 que no entendemos por qué no está publicado en la jurisprudencia del CGPJ)

En dicho auto puede leerse textualmente:

CUARTO.- En consecuencia, y sin necesidad de mayores explicaciones, hemos de estimar el recurso porque el “ius ut procedatur”, que deriva del superior derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, obliga, en un caso en que se denuncian irregularidades en la gestión de fondos públicos, en cuantía notable, a apurar la investigación y no cerrarla cuando quedan diligencias tan imprescindibles por practicar como las que solicita el recurrente.

Por ello, procede, al menos, tomar declaración a D. Javier Uceda Antolín, persona que señala el recurrente como uno o el principal responsable de los hechos denunciados.

¿Es posible encontrar una jurisprudencia “ad hoc” más clara y contundente aunque los hechos sean distintos pero la prevaricación y la malversación sean presuntamente cometidas por la misma persona, Javier Uceda Antolín que en estas actuaciones no se ha investigado en modo alguno?

Incluso si las cuantías fueran mínimas o simbólicas, las actuaciones administrativas y judiciales son gravísimas y extremadamente dolosas y maliciosas, y en todo caso, repetimos, es también de aplicación la fundamentación de la sentencia de la Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid TRIBUNAL DEL JURADO 178/2015 O. JUDICIAL ORIGEN: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 04 DE FUENLABRADA PROCEDIMIENTO ORIGEN: TRIBUNAL DEL JURADO 1/2013 SENTENCIA Nº 690/2016 ILMO. SR. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO D. JESÚS EDUARDO GUTIÉRREZ GÓMEZ que los querellantes publican en www.cita.es/sentencia-veredicto-malversaciones.pdf   

4ª No queremos hacer innecesariamente farragoso este recurso, pero tampoco podemos renunciar a que el tribunal de apelación conozca algunos referentes internacionales que los querellantes han investigado tenazmente. Lo que Javier Uceda Antolín y Juan Manuel del Valle Pascual han hecho es inconcebible en cualquier otro país europeo o americano (desafiamos a los juristas y periodistas a que nos den algún ejemplo de demanda malversada en prevaricación con falsedades impunes).

Podemos poner dos ejemplos que, a la vista de las impunes demandas malversadas que ni siquiera se instruyen mínimamente deberían de avergonzar a todos los penalistas españoles, con o sin función pública, y servir para sentar un precedente definitivo bien motivado.

La presidenta de Chile, Verónica Michelle Bachelet Jeria, NO UTILIZÓ NINGÚN RECURSO PÚBLICO en sus litigios contra periodistas y medios de comunicación. Contrató a un abogado privado, absoluta y totalmente privado, a su costa pagado por ella misma, y no hizo uso de ningún recurso institucional en modo alguno. Se presenta en los escritos judiciales como médico y NO como presidenta pese a que las informaciones publicadas se referían a ella como tal, expresamente. Los querellantes han escrito a Michelle Bachelet pidiendo la confirmación de este hecho como puede verse en www.cita.es/michelle-bachelet.pdf y podemos aportar la respuesta de su gabinete (“cúmpleme en informar a usted que esta Institución Pública no ha financiado gasto alguno en relación a la querella interpuesta por doña Michelle Bachelet Jeria en su calidad de ciudadana a la que usted hace referencia”) que está publicada en www.cita.es/michelle-bachelet-responde.pdf

También litiga como ciudadano economista, sin hacer uso de ningún privilegio presidencial ni servicios jurídicos institucionales el actual presidente de la República del Ecuador Rafael Correa y están publicadas las resoluciones judiciales en las que claramente consta todo ello, por ejemplo, en

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/13/02/sentencia_el_universo.pdf

Los querellantes hace tiempo denunciaron ante la

COMISIÓN EUROPEA, DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (denuncias)

Dirección C: Derechos fundamentales y Ciudadanía

Enlaces www.cita.es/demanda-malversada y www.miguelgallardo.es/demanda-malversada.pdf

que las actuaciones de Javier Uceda Antolín y Juan Manuel del Valle Pascual violaban la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 11 Libertad de expresión y de información y Art. 47 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y el TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 6) u otras normativas comunitarias de menor rango.

La respuesta de la Comisión Europea fue muy simple: mientras puedan actuar las autoridades nacionales no pueden intervenir. Entendemos que este recurso de apelación, si fuera desestimado, posibilitaría ya la admisión de una denuncia en instancias internacionales contra las demandas malversadas en España en general, y más concretamente contra la demanda judicial por 300.000 euros autorizada u ordenada por Javier Uceda Antolín pero promovida y firmada por Javier del Valle Pascual usando descaradamente todo tipo de recursos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM. Pero la prejudicialidad del derecho comunitario puede ser también promovida por la Audiencia Provincial de Madrid, y en caso de la menor duda, antes de desestimar esta apelación, y nosotros ya instamos, como mejor proceda, a que se inicie procedimiento de prejudicialidad.

Con el debido respeto, tras varios años de estudio de las demandas malversadas, hacemos responsable a la Fiscalía tanto de la ignorancia más o menos deliberada, como de la arbitrariedad contraria al espíritu y la letra del art. 9.3 de la Constitución Española. La arbitrariedad de la Fiscalía probablemente sea la peor de las arbitrariedades que pueda padecer el ciudadano. Lo que no le consta a este letrado es ningún caso en el que ningún demandado con recursos materiales y humanos malversados haya sostenido tan tenaz y firmemente su acusación como los querellados a los que aquí y ahora represento. Ésa quizá sea la mayor singularidad de esta querella y de esta apelación por lo que merece, al menos, una motivación que explicite el derecho a pedir amparo a organismos supranacionales sobre lo que hace tiempo hubiera debido ser resuelto con claridad, al menos, por una circular o instrucción de la Fiscalía sobre la malversación de recursos jurídicos y la prevaricación de quien represalia a quien denuncia. Todos debemos respetar al Ministerio Público, pero no debemos callar ante su sospechosa ignorancia o su inquietante arbitrariedad.

5ª Es público que el Juzgado de Instrucción 2 ha estado muy ocupado con un caso en el que unos comisarios del Cuerpo Nacional del Policía hacían muchas cosas que no debían hacer, como tener empresas descaradamente incompatibles y en corruptelosos conflictos de intereses, al mismo tiempo que los asuntos internos de la Policía no podían estar bien vigilados cuando comisario e inspectores se dedican a lo que en ningún caso tiene nada que ver con su específica función pública. Esa perversión que parece estar instruyendo celosamente el mismo juzgado que practicamente no ha instruido eficazmente casi nada de lo que es objeto de querella, ni documentado siquiera las actuaciones judiciales o las administrativas claramente fundamentales para conocer los hechos, es también muy propia del rectorado de la UPM en el que varios vicerrectores administran empresas mercantiles y se dedican a lo que nada tiene que ver con las áreas de su supuesta especialidad.

El que ni fiscales ni jueces instructores tengan ni la más mínima perspicacia respecto a los más descarados conflictos de intereses que son claros indicios de delitos muy diversos perpetrados por altos cargos y funcionarios públicos explica la impunidad de cualquier corrupción, y la universitaria es una de las más dañinas y lesivas, porque crea escuela y adoctrina muy perversamente.

Pero en el caso concreto de la UPM, el que se utilicen los recursos públicos, especialmente los servicios jurídicos, como está demostrado que se ha hecho continuadamente, al menos desde 2007, es más alarmante aún porque la UPM, o una de sus muchas fundaciones (que han dependido de Javier Uceda Antolín como último responsable cuando era rector tanto en el caso de la Fundación Gómez Pardo que paga costas indebidamente como la Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de las telecomunicaciones) han suscrito convenios con el CNI y en concreto, uno en el 2011 del que en el rectorado se jactan. El objeto del convenio según publica el CNI, es textualmente éste:

Madrid, 20­-09­-2011. El secretario de Estado director, Félix Sanz Roldán, y el presidente del Patronato de la Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de las telecomunicaciones (FUNDETEL), Guillermo Cisneros Pérez, han firmado hoy, en la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un convenio marco de colaboración en temas institucionales entre FUNDETEL y el CNI, con el fin de conocer, seguir y proponer actividades de cooperación que se realicen entre ambas entidades. FUNDETEL es una institución sin ánimo de lucro, con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que tiene entre sus fines la realización, gestión y promoción de actividades de docencia, investigación y desarrollo e innovación.

Lo que no dicen es que un vicerrector gestiona una SICAV (Jerigondor) con profesores de la UPM, o que Javier Uceda Antolín crease una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo (AXON) y una sociedad limitada para desgravar y convertir a cualquier tipo de empleado en investigador para que grandes empresas reduzcan sus impuestos y cuotas a la Seguridad Social (AIDIT) o que en las mismas fechas del convenio y con pleno conocimiento y complicidad de Javier Uceda Antolín se estaba registrando y operaba Universidad Politécnica de Madrid LLC en Austin TX, EEUU.

No se trata solamente de una cuestión de moralidad pública, sino de una descarada trama de funcionarios públicos administrando negocios ilegales que se benefician de recursos, por lo que se ve (o se infiere bien aunque no se documente), también del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Lo curioso es que ni siquiera un senador ha conseguido copia de ese “convenio reservado” de la UPM (por una de sus muchas fundaciones) con el CNI. Muy recientemente, el mismo día que terminamos de redactar esta apelación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto contra la Universidad Politécnica de Madrid UPM como adjuntamos y también puede verse en www.cita.es/transparencia-upm.pdf y www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf

Los querellantes se preguntan si los criterios de la UPM para utilizar tecnologías intrusivas para espionaje masivo o selectivo contra la más obvia interpretación del art. 197 del Código Penal son exactamente los mismos que para demandar 300.000 euros a un particular y a una empresa aquí querellantes, porque tenemos fundadas sospechas de que quien malversa y prevarica con falsedad en actuaciones judiciales civiles muy probablemente tenga los mismos valores, o más bien falta absoluta de valores, manejando lo que sea que se haya manejado entre el CNI y la UPM.

En cualquier caso, al recurrir aquí en apelación un sobreseimiento provisional, y haberse interrumpido todas las prescripciones de los tres delitos imputados como  a) malversación, b) prevaricación y c) falsedad, es posible que, al igual que el Consejo de Transparencia y un parlamentario requieren un “convenio reservado” entre la UPM y el CNI, podamos aportar algo más como querellantes, pero no sin insistir en que toda demanda presentada por una institución pública debe ser transparente para el demandado también en sus expedientes administrativos previos, y en este caso, al menos, en el Exp. 12.1/07 y en todas las actuaciones judiciales de las que se benefician personalmente funcionarios públicos a costa de recursos públicos de manera injusta, a sabiendas de que es injusta, además, con falsedad en las delegaciones en lo que sería ilegal delegar.

En resumen, apelamos porque

1. Sí exisen indicios suficientes para juzgar a) malversación, b) prevaricación y c) falsedad

2. El art. 24 de la CE y el “ius ut procedatur” motivan abrir juicio oral a 2 funcionarios públicos

3. Se piden únicamente 2 diligencias documentales (una a la UPM y otra al Juzgado de 1ª Instancia 41) y que a la vista de ellas, comparezca COMO INVESTIGADO Javier Uceda Antolín, además de que se dé traslado de todos nuestros escritos al Ministerio Público y a los querellantes de cuanto informen todos sus representantes sobre todo lo que no nos consta que se les haya trasladado.

Por lo expuesto al Juzgado se solicita que teniendo por presentada esta apelación para ante la Audiencia Provincial contra el auto de 25.1.17 con la documentación que se adjunta, se digne admitirla y anule el auto ordenando practicar las diligencias documentales que ya veníamos pidiendo reiteradamente en la querella inicial de 6.6.13 (hace ya más de 3 años y medio) y en sucesivos escritos todos ellos firmados por este letrado, en los que nos reiteramos así:

2ª Requerimiento a la Secretaría General de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) copia íntegra y fedatada por funcionario público del Exp. 012.1/07 completo.

(los querellantes, que sostienen que el querellado Juan Manuel del Valle Pascual también prevarica, con o sin complicidad del rector, al denegar copia de un expediente a quien tiene un obvio interés legítimo, porque se oculta evidencia de malversación prevaricadora con otra prevaricación secretista y obstruccionista contraria al espíritu y letra del art. 105 de la Constitución Española, también tienen indicios de que hay más expedientes que les afectan pero que se ocultan contra total impunidad al no proporcionar ni siquiera el Exp. 012.1/07).

3ª Requerimiento al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, copia del expediente incoado e informe sobre el documento 3 que fue recibido el 22.5.13 por el Área de Coordinación Normativa Comunidad de Madrid de la que es titular la Sra. Dª. Maite Minguez Meyer en C/ Alcalá 30-32 Código Postal 28014 Tel: 91 720 04 72 Fax: 91 720 01 99.

(nótese que es el protectorado quien mejor puede documentar la malversación de caudales públicos en la Fundación Gómez Pardo, aunque sus últimas responsabilidades penales son siempre del rector).

y 4º Requerimiento al Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid copia testimoniada por la Secretaría Judicial de todas las actuaciones del procedimiento 1877/2008 y que se traslade copia al juzgado de cualquier escrito que se presente o resolución judicial que se dicte en relación a las costas judiciales, con especial atención a la procedencia de todos y cada uno de los ingresos realizados por condenados o por entidades ajenas al procedimiento, como es el caso de la Fundación Gómez Pardo, en su beneficio.

(las costas del principal han dado lugar a dos procedimientos de juras y apelaciones que evidencian más aún los indicios de prevaricación y falsedades que todavía pueden ser objeto de nuevas denuncias o querellas que están muy lejos de prescribir, aunque su origen e injusta causa sea, precisamente, el objeto de nuestra querella prácticamente no instruida ni mínimamente en lo que a documentos relevantes hemos pedido que fueran requeridos por el juzgado).

OTROSI DIGO 1º Considerando los antecedentes procesales en los que se han ignorado, tanto por el instructor como por el Ministerio Público hechos y documentos penalmente relevantes, solicitamos también vista pública en Sala de la Audiencia Provincial de Madrid.

OTROSI DIGO 2º que en caso de la más mínima duda sobre hechos contrarios al derecho comunitario alegado en la 4ª se proceda por prejudicialidad europea y principio “Iura Novit Curia”.

OTROSI DIGO 3º  que al amparo del artículo 243.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone de manifiesto aquí la voluntad de los querellantes aquí apelantes de cumplir cuantos requisitos sean de aplicación a esta actuación procesal, así como de subsanar cualquier defecto.

Por ser de hacer Justicia que pedimos con la fecha de la firma digital de este escrito al que, para la mejor información de la Sala ofrecemos los documentos referenciados del Consejo de Transparencia y del Senado de España en relación a la UPM, evidenciando su opacidad y el riesgo de su acceso a recursos muy sensibles, quedando este escrito con los ANEXOS publicado en Internet

www.miguelgallardo.es/apela-jmv.pdf

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