la Sala Quinta, de lo Militar, que anula la sanción impuesta a un guardia civil
que fue expedientado por, supuestamente, protestar contra la demolición de una
casa en Becerreá (Lugo), y que fue considerado autor de una falta grave de
"observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia
Civil". El guardia recurrió al Supremo contra la sentencia del Tribunal Militar
Central, que confirmó la sanción impuesta por la Guardia Civil.

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Descargar este archivo (sentencia guardia civil lamas.pdf)sentencia guardia civil lamas.pdf 126 kB2016-03-11 16:43

El Tribunal Militar Central consideró
probado que el 16 de enero de 2013, la Policía adscrita a la comunidad autónoma
de Galicia había montado un dispositivo para cumplir una orden de demolición de
una vivienda unifamiliar en la localidad de Becerreá (Lugo); lo que había sido
autorizado por una resolución judicial. Como había un vehículo mal estacionado
que impedía el acceso de la maquinaria que debía pasar para poder efectuar el
derribo de la vivienda, el Inspector de Policía jefe del operativo, solicitó la
colaboración de la Guardia Civil mediante una llamada a la Comandancia de
Lugo.

Al llegar la patrulla de la
Guardia Civil, el Inspector de Policía jefe del operativo solicitó la
colaboración de la misma al objeto de denunciar el vehículo que impedía la
maniobra. Sin embargo, el Guardia Civil Ramón Vicente P.R., miembro de la
Patrulla desplazada al lugar, "le dijo que por qué no lo hacían ellos, a lo que
el  Inspector le contestó que era competencia de la Guardia Civil. El Guardia
Civil le contestó que entendiese la situación ya que lleva muchos años
residiendo en la localidad y que era una situación difícil. La Patrulla de la
Guardia Civil abandonó el lugar. El Inspector de Policía llamó por teléfono al
Centro Operativo de Servicios (COS) de Lugo en solicitud de identificación de
los agentes de la Patrulla de la Guardia Civil", añaden los hechos
probados.

El relato continúa así:
"Por circunstancias ajenas a lo narrado se suspendió el derribo de la vivienda.
Una vez finalizado el operativo, se personaron dos Patrullas de la Guardia Civil
en el lugar donde se encontraba la vivienda que iba a ser demolida.
Encontrándose presentes en el lugar el Jefe Provincial de la "Agencia de
Protección de la Legalidad Urbanística" (APLU) en Lugo, agentes policiales
adscritos a la Comunidad Autónoma y varios vecinos; el Guardia Civil P.R.,
miembro de una de las Patrullas que se habían presentado en el lugar, que se
encontraba en ejercicio de funciones y vestía de uniforme, preguntó quién había
dado la orden de derribo, a lo que le fue contestado que la APLU sobre la base
de una resolución judicial. Ante ello el Guardia Civil P.R. en tono alto que
pudo ser escuchado por las personas allí presentes, se expresó en términos como
"esto es una vergüenza. ¿por qué van a tirar esa casa? ".

El Supremo estima el recurso del agente, revoca la
sentencia de instancia y anula las sanciones, al considerar que no hay prueba
suficiente de los hechos. Así, destaca que la patrulla de la Guardia Civil sí
que abrió un expediente de infracción sobre el coche que la Policía autonómica
sostenía que impedía el derribo. Y respecto a la supuesta frase pronunciada
"esto es una vergüenza, ¿porqué van a tirar esa casa?", el Supremo señala que
ningún vecino la oyó y sólo sostienen que la oyeron el inspector denunciante y
otros dos policías, aunque a estos dos últimos no se les preguntó si se la
atribuían al guardia civil sancionado.


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