Fiscal-Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid José Javier Polo Rodríguez por enlaces en www.miguelgallardo.es/fiscal-jefe-icam.pdf

Como mejor proceda presento denuncia ante la Fiscalía contra Francisco Fernández Ortega, responsable de honorarios del ICAM, por los siguientes HECHOS:

1º Particularmente, he sido gravemente perjudicado por una presunta prevaricación administrativa cometida por el denunciado Francisco Fernández Ortega al tasar los honorarios de 2 abogados del turno de oficio del ICAM por 3 veces el importe antes tasado por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid en el P.O. 1877/2008 en que yo gané la sentencia con todos los pronunciamientos favorables y condena en costas de los demandantes, como ha de recordar el fiscal Adrián Zarzosa Hernández que estuvo presente en el juicio en que fue parte. Increíblemente, pese a haber ganado yo con las costas, las desproporcionadas tasaciones del denunciado a favor de colegiados del ICAM para su enriquecimiento injusto me ocasionan un muy importante quebranto sin que ni el juzgado ni el ICAM me den copia de sus expedientes reiteradamente solicitados según acredito con todos los escritos que adjunto.

2º Parece ser una práctica habitual que los letrados del ICAM cobren sus honorarios, en muchos casos desproporcionados y excesivos, y en otros improcedentes, sin emitir ninguna factura por mucho que se les requiera. Este presunto fraude generalizado e impune a lo largo de los años alcanza muy importantes cuantías. En mi caso, un secretario judicial ejecuta judicialmente honorarios NO facturados. Pero otros, los abogados designados por el turno de oficio cobran importantes cuantías de quienes tienen Justicia Gratuita en casos especialmente sensibles e inmorales. Muchos presos preventivos saben perfectamente que si quieren recibir una segunda visita del abogado de oficio sus familiares tienen que pagar en negro por el tiempo extra que les dedican. No es necesario ser un gran criminólogo para llegar a la conclusión de que los mismos que se quejan de la escasez de fondos públicos para el turno de oficio están dispuestos a todo para no perder la oportunidad que supone cualquier designación de quienes de verdad necesitan un abogado de oficio pero no pueden pagarlos. Entre lo que cobran los abogados de libre elección y los del turno de oficio existe una economía sumergida que, aunque pudiera parecer que favorece a los más necesitados, lo que hace es posibilitar auténticas extorsiones a los más débiles y sus familiares. Tanto por mi caso particular, ya denunciado por mí al Teniente Fiscal Carlos Ruiz de Alegría Madariaga  presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, como por los que no se atreven a poner en conocimiento de la Fiscalía los fraudes fiscales de sus propios abogados, estoy decidido a agotar todas las posibilidades de prueba y denuncia a mi alcance, para lo que pido entrevista con el Fiscal que instruya esta denuncia en Madrid, a 29.10.15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando documentación

Junta de Gobierno del ICAM y Consejo de Colegios de Abogados de Madrid por enlaces en www.miguelgallardo.es/rosana-rumschisky.pdf

Ayer día 28.10.15 recibí la resolución de María del Carmen Pérez Andújar por la que se archivan los 2 expedientes de información 748/15 y 754/15 sin haber tenido yo acceso a nada de lo solicitado en mi escrito enviado por email y fax el 20.10.15 al que dio acuse de recibo Rosana Rumschisky al día siguiente 21. Es obvio que sin haber tenido ni vista ni copia de ningún expediente en el ICAM, el recurso que quiero presentar se hace desde la indefensión más absoluta, al no poder conocer ni lo alegado por los denunciados, ni lo que insisto en volver a requerir advirtiendo, una vez más, de que existe una presunta prevaricación administrativa del responsable de honorarios, Francisco Fernández Ortega que resulta evidente para todo el que conozca las costas tasadas en el principal P.O. 1877/2008 y los expedientes de las cuentas 1480/2012 y 1326/2013 todas ellas del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid. Yo no he tenido acceso más que a las extremadamente injustas resoluciones del del Secretario Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, en las que se imputa al ICAM toda la responsabilidad de las juras de cuentas que emanan del P.O. 1877/08 de las que parece principal responsable Francisco Fernández Ortega, con gravísimas consecuencias en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, por lo que debo pedir la suspensión del plazo para recurrir hasta tener vista y copia fedatada y completa de todos los expedientes que me afectan en el ICAM.

Además de todo lo ya manifestado en mi escrito del 20.10.15, para la mejor información del ICAM, adjunto lo denunciado a la Secretaría de Estado de Hacienda por lo que parece ser una práctica generalizada entre los letrados del turno de oficio que pretenden cobrar, y en mi caso, ejecutar judicialmente, sus honorarios profesionales sin emitir ninguna factura, como las que yo les he requerido reiteradamente.

Por lo expuesto, SOLICITO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE ESTE ESCRITO Y DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA para que teniendo por hechas estas manifestaciones y las adjuntadas se SUSPENDA el plazo para recurrir el archivo de los 2 expedientes de información 748/15 y 754/15 reiterando las peticiones anteriores ya conocidas, al menos, por Rosana Rumschisky y además, los expedientes completos de la resolución comunicada ayer día 28.10.15 hasta que se me proporcione toda la documentación ya solicitada como pido en Madrid, a 29 de octubre de 2015.

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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid. Este escrito queda publicado con enlaces en www.miguelgallardo.es/rosana-rumschisky.pdf

Manuel José Díaz Corral director del gabinete del secretario de Estado de HaciendaMiguel Ferré Navarrete por enlaces en www.miguelgallardo.es/diaz-corral.pdf

Considerando su escrito de 31.9.14 (su fecha es errónea porque es de este año y me ha llegado por correo ordinario la semana pasada) y su ref. 0745 09.09 (a mano), debo poner en su conocimiento los siguientes HECHOS FISCALMENTE RELEVANTES:

1º No denuncié a 1 abogado. Denuncié a 2, ambos del turno de oficio del ICAM: nº 69890 Ana Caparroz Alonso CL/ VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel. 686860703 Fax 915187774 y nº 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22 (206) 28008 Madrid Tel. 915426200 y Fax 915422020.

2º Aunque por el art. 114.3 de la Ley 58/03 que cita no se me considere interesado, nadie tiene más interés que yo en que no se ejecuten judicialmente los honorarios no facturados. Mientras tengo mis cuentas embargadas, cada día que pasa sin haber recibido la factura de lo que se me reclama, estoy presenciando un fraude fiscal que me perjudica extraordinariamente. hasta el punto de que ahora no tengo más opción que denunciar penalmente una presunta prevaricación que nunca se hubiera producido si se obligara a facturar a quien reclama, y ejecuta, judicialmente honorarios. Tendré que aportar su carta para que el Juzgado pueda requerirle a usted todo el expediente.

3º Investigando los hechos, sus antecedentes y contexto, he comprobado que se trata de una práctica habitual en el turno de oficio. La excepción es que los letrados designados por Justicia Gratuita facturen sus honorarios a los clientes que ganan pleitos con condena en costas del contrario. El fraude generalizado se produce al no diferenciar las costas, que son indemnizaciones para la parte que no se tienen que declarar, de los honorarios profesionales que se reclaman que deben ser facturados y declarados, aunque sea muy excepcional que se facturen y declaren fiscalmente. Para la mejor infomación del Secretario de Estado Miguel Ferré y todo el que él considere oportuno, adjunto 5 escritos relevantes que han recibido sus respectivos destinatarios.

Por lo expuesto, solicito, que teniendo por presentada esta ampliación de denuncia con la documentación adjunta, como mejor proceda solicito que se trasladen los datos de los 2 abogados del turno de oficio denunciados a quien pueda tramitar eficazmente la denuncia, pero también solicito que, con carácter general, se fiscalicen los pagos por costas a abogados de oficio, más aún en casos como el mío en los que se ejecuta judicialmente por lo que no han facturado pese a que se les reclamó reiteradamente, solicitando pronto acuse de recibo de este escrito, en Madrid a 27 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 5 escritos.

Carlos Carnicer Díez presidente del Consejo General de la Abogacía Española solicitando acuse por enlace en www.miguelgallardo.es/carlos-carnicer.pdf

Adjunto la denuncia que me consta que ya conoce Vicente Sánchez Rodríguez presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid que a su vez incluye la denuncia que también conoce Sonia Gumpert Melgosa decana del ICAM para que se abra un expediente por los hechos denunciados, centrados en las cuantíasy conceptos que en presunta prevaricación administrativa ha tasado el responsable de honorarios del ICAM Francisco Fernández Ortega.

Más allá de los claros números del caso, estoy en mi derecho de investigar todas las causas del problema general de los abusos de los letrados que pretenden cobrar mucho más de lo que les correspondería con la complicidad de los responsables de honorarios como es el caso de Francisco Fernández Ortega en ICAM He llegado a una muy simple conclusión: El riesgo para los prevaricadores es prácticamente cero mientras que los beneficios que se acumulan por muchos abusos son cuantiosos.

Por mi vocación, no me resigno a callar y trataré de que mi defensa ante los abusos y prevaricaciones en los colegios de abogados no solamente sea eficaz para mí, sino para todos los fraudes fiscales que se comentan confundiendo costas con honorarios, porque las costas son indemnizaciones para la parte que no tienen que ser declaradas, mientras que los honorarios profesionales sí que deben facturarse y declararse. Más aún cuando se requiere inequívocamente y los letrados se niegan amparados por sus respectivos colegios profesionales. Recuerde que a quién se consigyió detener y condenar por no pagar impuestos. Mire a todos los letrados del turno de oficio que cobran costas sin factura alguna. Le hago a usted personalmente responsable tanto de la perversión del fraudulento sistema fiscal de los letrados, como particularmente de que se me esté ejecutando por honorarios no facturados.

Aquí hago mías las palabras de la decana del ICAM que citando a Jeremy Bentham textualmente dijo en público hace poco que "desde la Abogacía insistimos en que la publicidad es el alma de la Justicia". Precisamente por eso quiero publicar todos los expedientes que me afecten y a los que yo tenga acceso en el ICAM, como hago con este mismo escrito en el que denuncio por cuanto adjunto y aconsejo a todos los que se han visto perjudicados por responsables de honorarios exigir factura a quienes reclaman y denunciar como yo voy a hacer, cualquier irregularidad fiscal de cualquier letrado, pero más aún, de todos sus responsables colegiales. Es una buena medida para sanear cuentas y parar mafias, a 22/10/15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 4 escritos.

Vicente Sánchez Rodríguez presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid con copia para Ángel Garrido García consejero de Justicia por enlaces en www.miguelgallardo.es/vicente-sanchez.pdf

Como mejor proceda presento denuncia contra el Colegio de Abogados de Madrid ICAM, y en concreto, contra su responsable de honorarios profesionales Francisco Fernández Ortega, adjuntando escritos que ya constan en el ICAM, dando por reproducidas aquí todas las manifestaciones que ya he hecho y reitero.

Se me ha aconsejado agotar la vía administrativa sancionadora con esta denuncia considerando el reciente precedente del Colegio de Abogados de Salamanca, en el ha sido imputada penalmente su junta de gobierno, y ha intervenido también el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), según EL PAÍS de 20.10.15. Antes de denunciar ante la CGAE, pido el más pronto acuse de recibo de esta denuncia con toda la documentación adjunta y la más rápida intervención posible para subsanar el error del ICAM. Sigo siendo víctima de una serie de injustas resoluciones de un secretario judicial que únicamente se apoya en dictámenes o tasaciones que, o son zafiamente erróneas, o son prevaricaciones sistemáticas de Francisco Fernández Ortega porque incluso si hubieran sido erróneas, con los escritos que adjunto queda claro que ya conoce su error, y es también prevaricación tener pleno conocimiento de un error, y no subsanarlo de oficio evitando mayores perjuicios al ya perjudicado por un gravísimo error. Las palabras pueden ser equívocas, pero los números y las cuantías no. En estos momentos tengo todas mis cuentas bancarias embargadas por las resoluciones muy injustas firmadas por Francisco Fernández Ortega pero todavía no le he denunciado penalmente. No descarto hacerlo en breve plazo, incluyendo este escrito para su pronta sanción.

Debo recordar aquí el expediente 358/2010 del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid porque en su contenido están algunos antecedentes relevantes para los hechos ahora denunciados. Solicito copia completa y fedatada de todo ese expediente 358/2010 (denunciado Juan Enrique de Frutos Arribas) y no solamente autorizo, sino que pido expresamente que quien instruya esta denuncia tenga pleno acceso a todos los documentos a los que yo pueda tener acceso, tanto en el ICAM, como en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, de tal manera, que todas las referencias que doy en las páginas siguientes puedan ser comprobadas y documentadas a la mayor brevedad posible en el expediente sancionador que pido que se habla dándome urgente trámite de audiencia por el instructor y el más pronto y directo acuse de recibo, en Madrid, a 22 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 4 páginas.

Sonia Gumpert Melgosa decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con copia al Teniente Fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, enlaces en www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf

Ayer 19.10.15 recibí las manifestaciones del Secretario Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, en las que se imputa al ICAM toda la responsabilidad de las juras de cuentas que emanan del P.O. 1877/08 de las que parece principal responsable Francisco Fernández Ortega, con gravísimas consecuencias en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.

Considerando el mencionado escrito, es muy evidente que el ICAM ha perjudicado por error, o por algo mucho peor que un error, no solamente a mí mismo, sino a la Administración de Justicia, habida cuenta del enredo judicial que sigue creciendo al haber sido la documentación aportada por el ICAM inicio de una zafia cadena de resoluciones muy injustas que me perjudican gravísimamente, SOLICITO:

1º Vista y copia íntegra de todos los expedientes de las cuentas 1480/2012 y 1326/2013 del JPI 41, así como de cuantas manifestaciones al respecto haya hecho Francisco Fernández Ortega o cualquiera de sus colaboradores en honorarios.

2º Visca y copia íntegra del expediente relativo a la denuncia que la Comisión de Justicia Gratuita me comunicó que se trasladó al ICAM hace tiempo, contra los dos letrados del ICAM que siguen pretendiendo un enriquecimiento injusto a mi costa.

En caso de no recibir pronto acuse y respuesta a lo solicitado, entenderé que se me está denegando el acceso a 3 expedientes a los que tengo el más legítimo derecho de vista y copia como perjudicado directo, y considerando que los responsables ya conocen la gravedad de su error, o de algo mucho peor que un error, procederé en consecuencia sin más aviso haciendo responsable a la decana del ICAM de todas las consecuencias, civiles, administrativas o penales, desde este mismo momento, en Madrid, a 20 de octubre de 2015.

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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid

Este escrito se pubica con enlaces en www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf

ANEXO como documentación relevante la denuncia ya presentada y tramitada por la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid con traslado al ICAM

Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid, Atn. Teniente Fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga (presidente) y Jehiel Navajas Ovejano (secretaria) Fax: 91 720 93 44 SOLICITANDO PRONTO ACUSE de DENUNCIA

Nº Expediente: O-11351/2009, Ref. JNO5www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita.pdf

Considerando el Art. 41 (Quejas y denuncias) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y la contestación de Jehiel Navajas Ovejano de fecha 27/7/15 a mi anterior escrito, como mejor proceda, DENUNCIO estos HECHOS:

1º Los abogados del turno de oficio del ICAM colegiada 69890 Ana Caparroz Alonso CL/ VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel. 686860703 Fax 915187774 y colegiado 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22 (206) 28008 Madrid Tel. 915426200 y Fax 915422020, han jurado cuentas por 3 veces lo tasado en las costas, añadiendo 8.000 euros más de costas, de manera que han pedido exactamente 38.492 euros sabiendo perfectamente que no les corresponden, ni mucho menos, en ningún caso, y como máximo, nada más que 8.400 euros. Frutos Arribas se niega a emitir factura y Caparroz Alonso no responde a ningún requerimiento, pero tampoco factura sus pretendidos honorarios.

2º El quebranto de los 30.092 euros que para mí supone la pluspetición de los dos abogados es gravísimo, más aún cuando ya llevo varios meses ejecutado con cuentas bancarias embargadas, aún después de haber consignado en el juzgado 5.082 euros que ya ha cobrado Frutos Arribas y me obliga a interponer todas las acciones a mi alcance para defender mi modestísima economía y mis derechos. En este sentido, aquí denuncio por arts. 41 y 42 a) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave. 

3º Ambos abogados de oficio, para que sus desproporcionadas pretensiones prosperen, se han beneficiado de que el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid ha cambiado de secretario judicial. La anterior secretaria judicial María Nieves Ugena Yustos fue quien tasó, según auto judicial, las costas en 8.400 euros para cada parte por honorarios de abogados. Sin embargo, esa tasación ha sido ignorada, pese a nuestras reiteradas alegaciones, por el actual secretario judicial José Ignacio Atienza López, emitiendo dos títulos judiciales cuya cuantía es mucho mayor que las costas tasadas por la misma juez que dividió por 3 lo informado por el ICAM en su tasación de costas, por ser 3 los demandados. Esa misma juez admite como “título judicial” al que no cabe oponer pluspetición, lo mal tasado por el secretario. El ICAM también ignora esa división por 3. Cabe preguntarse qué ocurriría si en lugar de 3 hubieran sido 10 ó 100 los demandados, y uno de ellos, que como yo, tenga el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita, deba pagar a su abogado de oficio 10 ó 100 veces lo tasado. En mi caso, son casi 4 veces con las costas que, además, piden los dos abogados aquí denunciados, y que ya se están ejecutando en mi perjuicio.

4º Yo mismo me he dirigido a Francisco Fernández Ortega, Responsable del Departamento de Honorarios del ICAM para explicar tan graves hechos y solicitar que sea el mismo ICAM quien actúe, como puede verse en mi escrito publicado en http://www.miguelgallardo.es/ffortega.pdfLa respuesta del ICAM, que ignora por completo el fondo del asunto, está en https://goo.gl/pA6CbU

Es muy evidente y notorio que el ICAM sobrevalora triplemente (más aún con costas) los supuestos derechos de los abogados de oficio colegiados suyos en claro y grave perjuicio de quien se supone que tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita y, pese a ganar el pleito con las costas, tiene un quebranto en ejecución que Secretario Judicial e ICAM provocan irresponsablemente, pero el origen de los hechos es la actuación de los abogados del turno de oficio designados por el ICAM con los que resulta imposible cualquier comunicación. Desde el primer momento de su designación, ambos letrados de oficio únicamente han sido abogados de sí mismos, y han interpretado de la peor manera posible cualquier ejercicio de derechos por parte de quien aquí no tiene más remedio que denunciarles pidiendo la intervención de la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid por lo dispuesto en los arts. 41 y 42 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de otras acción de defensa a mi alcance.

Toda documentación que evidencia los hechos aquí denunciados consta en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, P.O. 1877/08, cuentas de abogado 1.480/2012 y 1326/2013 y ejecución de títulos judiciales 138/2015 (previsiblemente pronto habrá otra ejecución más) y en diversos expedientes del ICAM. He solicitado reiteradamente copia íntegra, fedatada y testimoniada de esas actuaciones (nunca se me ha dado traslado de relevantes documentos, como los informes del ICAM y faltan páginas en lo que se me notifica) pero tanto el secretario judicial como la magistrada titular ignoran todas mis solicitudes. Los últimos documentos más relevantes están en publicados en Internet, como oposición a la ejecución por pluspetición en www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf y la desestimación sin entrar en el fondo del asunto, en el  auto de 21.7.15 que puede verse completo en

http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27cc962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf

Obviamente, considerando que la ejecución judicial de los honorarios que triplican las costas tasadas (que incluso cuadriplican con las costas que piden los letrados de oficio en mi perjuicio), se basan, únicamente en resoluciones de un colegio, el ICAM, que obviamente favorece tanto como le es posible a sus colegiados, y de un secretario judicial que ignora la tasación previa de la magistrada titular, no tienen efecto de cosa juzgada y que la única acción judicial que puedo ejercer debe tramitarse con arreglo a las normas del juicio declarativo ordinario conforme al art. 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente, por lo dispuesto en el art. 35 de la misma LEC que sobre sobre los decretos del secretario judicial dice en lo aplicable a este caso dice textualmente: “Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior”. Precisamente porque no tengo otra opción judicial, presento esta denuncia a la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid,  manifiestando mi voluntad de subsanar cualquier defecto que pudiera estar a mi alcance subsanar, para agotar todos los los procedimientos administrativos, sancionadores o no, antes de presentar demanda de juicio ordinario contra quienes fueron designados por el ICAM para mi defensa. Que yo sepa, no existe, o al menos, no se conoce entre todos los operadores jurídicos que he consultado, ningún precedente de nada parecido a lo que aquí denuncio, y entiendo que, precisamente por lo insólito e inédito de caso, la Comisión de Justicia Gratuita debe resolver con claridad y celeridad, sobre esta denuncia, o instar a que sea el ICAM quien lo haga, considerando cualquier posible interpretación del art. 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita que impida a los abogados del turno de oficio ejecutar judicialmente 38.492 euros pese a que las costas tasadas por el juzgado, como máximo (uno de los dos abogados de oficio presentó su minuta pasados más de dos años desde su renuncia y en ambos casos, es muy discutible y posiblemente sancionable su mínima dedicación profesional que también deberá ser juzgado) 8.400 euros (más el correspondiente IVA cuando facturen los honorarios que pretenden, pero que no han facturado). Ni menciono aquí la escasísima dedicación y las muy graves negligencias de ambos abogados por las que nunca tuvieron, porque no merecieron, ninguna confianza profesional.

Este denunciante está a la disposición de todo funcionario público competente, o profesional o incluso particular interesado en lo aquí denunciado, para cuanto esté a mi alcance, no solamente en esta ejecución injusta y tremendamente perjudicial para quien se supone que tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita, sino para que algo así no pueda volver a ocurrir nunca a nadie más. Ante la gravedad de los hechos y las dramáticas consecuencias que tienen para quien se supone que es ¿beneficiado? por Justicia Gratuita, yo solicito entrevista o al menos una conversación telefónica con el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita.

Mientras, tengo que hacer responsable a quien, pudiendo y debiendo intervenir no lo hace. La cuestión es, ¿quién es más competente y cómo puede impedirse que una ejecución judicial  favor de letrados de oficio, claramente injusta, pueda perjudicar a quien tiene la desgracia de merecer el supuesto “beneficio” de la Justicia Gratuita?

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid

ANEXO como documentación relevante www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf {jcomments on}

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