Tras la reunión mantenida con el Ministro de Justicia, la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES pone de manifiesto su profunda decepción por el resultado de la misma en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por “encajar” esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado.

En este caso, la firma de nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está  en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato.

La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación pero el instrumento utilizado -la  reforma del art 324  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre- es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados. La ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal y, sobre todo, parte de una realidad, la deteriorada  realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador.

Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le de la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo.

La justicia necesita buenos instrumentos para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita -también- que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles. El fin del proceso penal es investigar el delito y perseguir a los culpables, pero con esta ley -en su actual planteamiento- corremos el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia ,y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad.

Por consiguiente, volvemos a solicitar -puesto que aún hay posibilidad de hacerlo y solamente depende de la voluntad del Ejecutivo- que antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma. Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española.{jcomments on}

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