La Sala considera que no existen indicios suficientes que permitan considerar la existencia de un delito continuado de prevaricación judicial en las resoluciones dictadas por la magistrada cuando era titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla. El auto concluye
que las resoluciones adoptadas por Alaya no eran prevaricadoras y tan sólo demuestran "la existencia de una larga controversia judicial", con algunas decisiones que han sido corregidas vía recurso, pero "en todo caso discadas conforme a una determinada interpretación de la norma aplicable en cada caso".{jcomments on}

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