RECURSO DE AMPARO

 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

DOÑA GLORIA ARIAS ARANDA procuradora de los Tribunales, colegiada 1746 en el Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), en nombre y representación del Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, cuya representación se acredita mediante designación de turno de oficio adjuntada como documento n.º 1 y bajo la dirección del Dr. JOSÉ MANUEL LÓPEZ IGLESIAS, colegiado 60908 del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), con Justicia Gratuita por art. 27 LAJG 1/96, ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

 

Que con fecha 14 de mayo de 2018, ha sido notificado a mi patrocinado la PROVIDENCIA de 9 de mayo de 2018 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el procedimiento ERROR JUDICIAL 21/2017 que inadmite el INCIDENTE DE NULIDAD de actuaciones interpuesto por esta parte en escrito de fecha 23 de abril de 2018 contra el AUTO de fecha 21 de marzo de 2018 dictado por la misma Sala Primera del Tribunal Supremo, que a su vez inadmitió nuestra DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE ERROR JUDICIAL contra la providencia de 18 de julio de 2017 dictada por la Audiencia Provincial, cuya copia se aportó junto a dos decretos del Secretario Judicial (ahora Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, junto a una certificación del mismo Juzgado por requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid y OTROS DOCUMENTOS relevantes que evidencian por sí mismos graves errores judiciales e indefensión, todos ellos en perjuicio del aquí demandante de amparo constitucional, no rectificados, ni siquiera revisados, sino ignorados hasta la fecha contra el derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva del artículo 24, en relación al 9.3 y 121 de la Constitución, el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil LEC, siendo por todo ello este recurso de amparo, como se expondrá más adelante, de "ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL".

 

Se acompaña como documento n.º 2 el testimonio de la providencia de 9 de mayo de 2018 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo (Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena), que mi representado publica íntegra y testomoniada en

  1. 2. www.miguelgallardo.es/providencia-nulidad-tribunal-supremo.pdf

con los antecedentes documentados en

3 http://www.miguelgallardo.es/nulidad-errores-tribunal-supremo.pdf

4 http://www.miguelgallardo.es/auto-error-tribunal-supremo.pdf

5 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento.pdf

6 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf

7 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf

8 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf

 

Y que siendo esa PROVIDENCIA testimoniada firme, habiendo agotado todos los recursos e incidentes posibles, INCIDENTE DE NULIDAD ante el Tribunal Supremo incluido, dentro del plazo legal, y conforme disponen los arts. 44 y ss. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC en su redacción vigente dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), y el art. 53.2 de la Constitución Española, interpongo en nombre de mi representado RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra la citada PROVIDENCIA, contra los dos decretos del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ, con graves errores aritméticos y materiales no rectificados, así como contra todas las resoluciones posteriores a esos dos decretos que se citan en las tres instancias ya recorridas todavía sin cosa juzgada ni rectificación alguna, incluyendo muy especialmente el AUTO de fecha 21 de marzo de 2018 dictado por la misma Sala Primera del Tribunal Supremo (Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena).

 

Todo ello por considerar que las referidas resoluciones vulneran de los siguientes DERECHOS FUNDAMENTALES:

 

  • · Vulneración del artículo 24 de la CE en su modalidad de acceso a la jurisdicción (en la demanda de reconocimiento de error ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo) y también en la modalidad de acceso  los recursos legalmente previstos (por errores aritméticos y materiales de 2 decretos y prohibición de acceso a actuaciones judiciales en 1 acuerdo gubernativo de secretario judicial, ahora letrado de la Administración de Justicia).
  • · Y en cuanto al procedimiento: Violación radical de la jurisprudencia del TC existente en materia de acceso a los Tribunales de Justicia y subsanabilidad de los actos procesales por causa no imputable a la parte perjudicada por la denegación del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva del artículo 24, especialmente en relación a los artículos 9.3 (seguridad Jurídica e interdicción de la arbitrariedad) y 121 (funcionamiento anormal de la Administración de Justicia) de la Constitución, el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a errores aritméticos y materiales no subsanados por causa no imputable a la parte perjudicada.

 

Siguiendo la sistemática de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), y en especial, la SENTENCIA STC 155/2009, de 25 de junio y la “caracterización más distintiva” (ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3), y por su "ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL", expongo:

I.- ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

Se exponen cronológicamente aquí para facilitar su comprensión para evidenciar la "ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL" más adelante.

 

PRIMERO.- Desde 2008, mi representado Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ afronta injustas resoluciones de la jurisdicción civil que se iniciaron con la admisión de una demanda por el honor de la Universidad Politécnica de Madrid UPM y de dos funcionarios públicos, ambos catedráticos y peritos privados en diversos procedimientos judiciales noticiosos con gran relevancia pública e interés general, presentada por letrados institucionales en cuantía de 300.000 euros contra mi representado y dos personas jurídicas (CITA, SL y APEMIT), según consta en el P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.

 

Para afrontar esa demanda, cuyo negocio jurídico y costas podría considerarse como presunta malversación de servicios jurídicos institucionales al hacer uso de recursos públicos para demandar grandes cuantías de dinero por derechos personales, particulares y siempre privadísimos, como es el honor (no se trata aquí de cuestionar el derecho al honor de las personas, pero sí el abuso de recursos públicos para represaliar injustamente a quien informa verazmente de hechos de relevancia pública), mi representado se vio obligado a solicitar Justicia Gratuita y tuvo que soportar defensas desleales primero de la letrada ANA CAPARROZ ALONSO que renunció a la designación cuando ella libremente quiso, y fue sustituida por JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS, ambos designados por el turno de oficio del ICAM. Ninguno de ellos entendió bien el fondo de asunto, nunca.

 

El P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, a pesar de las deslealtades y desconsideraciones tanto de ANA CAPARROZ ALONSO como luego de JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS y también del procurador MARIO CASTRO CASAS designado por el turno de oficio del ICAM (sustituido por otro procurador antes de la vista pública del juicio en el que también se renunció a la defensa JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS por ser contraria a todas las indicaciones y los intereses del Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ que denunció ante el ICAM al letrado por su desleal actuación en la audiencia previa y su negativa a informar, y también por revelación de secretos), según consta en el vídeo de la vista pública y en el P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, y en correos electrónicos que lo evidencian claramente.

 

Tras numerosos incidentes procesales que constan tanto en el expediente como en los vídeos de la audiencia previa y la vista pública del P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid se sentencia a favor del Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ y los otros dos demandados con todos los pronunciamientos favorables y condena en costas a los demandantes.

 

SEGUNDO.- Una vez firme la sentencia, y habiendo renunciado antes del juicio tanto al procurador como al abogado de oficio, se procede a la tasación de costas que sigue los honorarios orientativos del Colegio de Abogados para la cuantía de 300.000 euros que se el ICAM establece en 25.200 euros, pero que por ser 3 los demandados, la magistrada Adelaida Medrano Aranguren fija en 8.400 euros los honorarios correspondientes a abogados de cada parte, y esa es la cantidad que se paga CONJUNTAMENTE por la Universidad Politécnica de Madrid UPM y los funcionarios públicos RAFAEL ARACIL SANTONJA y RAMÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (aunque parece que por ellos pagaron fundaciones dependientes de la UPM lo que supone más de una irregularidad o presunta ilegalidad) como costas por honorarios de abogados al Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ.

 

TERCERO.- Posteriormente a la tasación de costas del P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid por la magistrada Adelaida Medrano Aranguren los abogados designados por el turno de oficio del ICAM JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS y más tarde ANA CAPARROZ ALONSO (más de dos años después e ignorando por completo al abogado también designado por el ICAM) inician ambos sendos procedimientos distintos de Jura de Cuentas sin antes haber presentado ninguna factura ni minuta de honorarios de ningún tipo al Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ. Y tanto JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS (en la Jura de Cuentas 1480/2012) como ANA CAPARROZ ALONSO (en la Jura de Cuentas 1326/2013) reclaman el triple de la cantidad ya tasada sin dar la menor oportunidad a ningún acuerdo para ningún pago, sino que directamente hacen uso abusivo del privilegiado procedimiento de Jura de Cuentas de abogados.

 

CUARTO.- Tras muy diversos incidentes procesales en los que el Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ pone claramente de manifiesto la desproporción al multiplicarse por 3 lo ya tasado en las dos juras de cuentas distintas (1480/2012 y 1326/2013), ambas por el P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, ignorando todas las alegaciones y sin tutela judicial efectiva de ningún tipo, el secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ tasa EN 2 DECRETOS que superan con mucho lo ya tasado por la misma magistrada ADELAIDA MEDRANO ARANGUREN y certificado por la secretaria judicial anterior del mismo juzgado MARÍA NIEVES UGENA YUSTOS. Esos dos decretos, a pesar de todas las reiteradas alegaciones y denuncias, son ejecutados embargando cuentas (una única cuenta bancaria  de la que es titular el Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ) en la Ejecución de Títulos Judiciales 138/2015  de JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS y Ejecución de Títulos Judiciales 294/2015 de ANA CAPARROZ ALONSO, presentándose contra ambas PLUSPETICIONES y RECURSOS DE APELACIÓN tramitados por las secciones 8ª y 9ª que han ignorado por completo los notorios errores EN 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ.

 

Es decir, que ninguno de esos 2 DECRETOS han sido revisados en modo alguno por magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, ni tampoco por la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO que inadmite la demanda de reconocimiento de error judicial 21/2017 sin considerar ni en lo más mínimo el fondo del asunto, inadmitiendo también la SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES en resolución testimoniada que se adjunta.

 

Evidencia más aún la actitud del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ que nunca haya proporcionado copia testimoniada de ninguna resolución pese a muy reiteradas solicitudes y, lo que es incluso más grave aún, en el “ACUERDO GUBERNATIVO 1/2015” (reproducido en la página 35 de las 44 del PDF con documentos aportados a la demanda de reconocimiento de error ante el Tribunal Supremo y también en la apelación anterior, además de cuanto ya consta en el mismo Juzgado y Secretaría de Gobierno) que prohíbe el acceso al juzgado y con ello cualquier posibilidad de consultar las actuaciones al Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ desde el 17 de julio de 2015 hasta la fecha sin que ni la magistrada Adelaida Medrano Aranguren ni ninguna otra instancia hayan revisado en modo alguno ni ese “ACUERDO GUBERNATIVO 1/2015” ni las reiteradas solicitudes de copias, lo que evidencia más aún la indefensión por total ausencia de tutela judicial efectiva.

 

En resumen, los notorios errores de 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ han sido sistemáticamente ignorados por el mismo juzgado (en el que la magistrada Adelaida Medrano Aranguren ignora incluso su propio criterio en la tasación costas al admitir una multiplicación por 3 por el mismo concepto en las dos juras de cuentas de dos abogados designados por el turno de oficio del ICAM), por la Audiencia Provincial de Madrid y también por la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO que ni siquiera admite ni la demanda de reconocimiento de error judicial 21/2017 en el AUTO de fecha 21 de marzo de 2018 dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo ni la SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES inadmitida por la PROVIDENCIA de 9 de mayo de 2018 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el procedimiento ERROR JUDICIAL 21/2017, agotando así todas las instancias judiciales a nuestro alcance.

II.- PRESUPUESTOS PROCESALES más relevantes para evidenciar más adelante la "ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL"

 

Primero.- Se cita formalmente como vulnerado el derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva del artículo 24, en relación al 9.3 y 121 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice textualmente:

 

“Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento”.

 

Sin embargo, 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ han sido sistemáticamente ignorados por todas y cada una de las instancias judiciales, y ni un magistrado o juez ha hecho ni la más mínima comprobación aritmética de la división o multiplicación por 3 del notorio y evidente error aritmético perfectamente documentado. No existe ni una sola frase de motivación sobre el fondo del asunto ni sobre las cuantías o cifras o factores de ninguno de los errores aritméticos pese a las reiteradísimas alegaciones en todas las instancias lo que posibilita una ejecución de títulos sin cosa juzgada alguna por unos honorarios nunca facturados en cuantías desproporcionadas y muy superiores a la tasación de las costas anterior.

 

¿Cómo puede explicarse esa injustificable realidad judicial? Las RESOLUCIONES JUDICIALES ESTEREOTIPADAS que el Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ ha combatido en todas las instancias hasta agotar recursos ordinarios y extraordinarios, con pluspeticiones y apelaciones así como por reiteradas denuncias de errores judiciales hasta una específica y precisa demanda de reconocimiento de error ante el Tribunal Supremo, han sido todas INADMITIDAS O DESESTIMADAS SIN MOTIVACIÓN, al menos, sin considerar en absoluto siquiera la mera posibilidad de algún error, es decir, que todas las instancias y magistraturas dan por buenas las operaciones aritméticas erróneas (además de algún error material conceptualmente inadmisible) de los 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ.

  

Lo que el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permiten rectificar “EN CUALQUIER MOMENTO” y por lo tanto en cualquier instancia en la que se encuentre la evidencia de cada error judicial judicial señalado explícitamente, al violarse la más elemental y fundamental tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española, se perpetúa para siempre en una ejecución judicial injusta de títulos judiciales desproporcionados por abuso del privilegio de la jura de cuentas por abogados designados por el turno de oficio en claro perjuicio de quien tiene reconocido el derecho a la JUSTICIA GRATUITA.

 

Es decir, que lo que las leyes permiten “EN CUALQUIER MOMENTO” la falta de tutela judicial efectiva mantiene resoluciones iniciales injustas, por erróneas, en todo momento sin que NUNCA, de ninguna manera, en ningún momento se rectifique ni siquiera se revise por ningún juez en ninguna instancia.

 

Lo más lamentable es que las dos resoluciones del Tribunal Supremo, en demanda de reconocimiento de error, únicamente consideran la resolución que deniega la nulidad, en la que obviamente no hay error, sino absoluta falta de tutela judicial que deliberadamente ignora que el fondo del asunto, es decir, los errores judiciales, están en dos decretos de un secretario judicial y no en las resoluciones posteriores que los ignoran. Así, el agotar todas las instancias previas es penalizado en la jurisdicción ordinaria porque si únicamente se valora la legalidad de la última, todas las demandas de reconocimiento de error debieran elevarse al Tribunal Supremo directamente sin pasar por apelaciones ni tampoco por ningún incidente de nulidad previo, o se sistematizará la inadmisión de cualquier demanda de reconocimiento de error siempre que se haya recurrido antes, lo que tiene toda la apariencia de ser un absurdo estereotipado que ha denegado la tutela judicial efectiva, dejando en absoluta indefensión hasta ahora a la víctima de los errores de un secretario judicial.

 

El Tribunal Constitucional no solamente ampara en numerosas sentencias a los perjudicados por RESOLUCIONES JUDICIALES ESTEREOTIPADAS, sino que las critica muy duramente en ciertos casos, como los que pueden verse citados en

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 59/2011

hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6841

24.1 CE), por incongruencia omisiva, ya que son resoluciones estereotipadas en que no se ha dado respuesta a los diferentes motivos de recurso, incluyendo …

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 5/2008

hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6237

Apreciando que las resoluciones judiciales impugnadas constituyen una fórmula estereotipada y que no examinan realmente las cuestiones planteadas por el ...

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 363/2006

hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5965

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 363/2006. ... de motivación, dado que se trata de resoluciones estereotipadas que no resuelven la cuestión planteada.

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 207/2003

hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/4982

De hecho, el Auto impugnado constituye un notorio supuesto de resolución judicial estereotipada, vacía de contenido preciso y, por eso mismo, extrapolable a ...

Sistema HJ - Resolución: AUTO 145/1999

hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/18058

Por el contrario, señala que las resoluciones judiciales presentan una fundamentación estereotipada y no razonada que no guarda relación aparente con las ...

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 153/1998

hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3655

Siendo de advertir que tal Auto consiste en una resolución completamente estereotipada donde tan sólo el nombre del recurrente, la designación de la ...

 

Hay, al menos, 259 menciones expresas al literal de 3 palabras "RESOLUCIONES JUDICIALES ESTEREOTIPADAS" pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo TEDH, cuyas resoluciones están en inglés o francés como lenguas oficiales, consideran muy críticamente el concepto de estereotipado judicial en muy numerosos resultados (al menos, 110 en inglés “stereotyped” y 242 en francés “stéréotypés”, pero nótese que hay matices y sinónimos para cada idioma que dificultan mucho la traducción exacta de lo que podemos entender como "RESOLUCIONES JUDICIALES ESTEREOTIPADAS" en la jurisprudencia).

 

Si hay alguna resolución judicial que constitucionalmente no se puede permitir que sea estereotipada, es la que denuncia un error judicial, porque los errores judiciales, por principio, nunca son estereotipados. Si el error judicial fuera estereotipado, probablemente no sería un error, sino otra cosa. En todo caso, la resolución judicial que conoce un error no puede ser estereotipada, sino singularizada “ad hoc” para ese cada error en concreto, y NO EXISTE NADA PARECIDO A UNA RESOLUCIÓN SINGULARIZADA “AD HOC” CONSIDERANDO EXPRESAMENTE ALGUNO de los 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ.

 

Es decir, que aunque la indemnización por “errores judiciales” (se reclame o no cuando se pide la nulidad de las resoluciones judiciales erróneas, y en este singularizado caso, en decretos de un secretario judicial) no es un derecho fundamental según la Constitución Española, sí que lo es el amparo frente a la violación de la tutela judicial efectiva frente a los errores. Hay, al menos, 1540 resultados sobre errores judicialesen el Web del Tribunal Constitucional y entre todos ellos, consideramos especialmente relevante en este caso la

SENTENCIA 115/2005, de 9 de mayo

(BOE núm. 136, de 08 de junio de 2005)

que hace expresa referencia al término “error” 33 veces, es decir, que prácticamente centra toda su argumentación en el concepto y el derecho más relacionado con el error judicial, de tal manera, que queda claro que cualquier error, en ese caso administrativo que en el recurso contencioso por “incorrecta imputación de bases imponibles, falta de motivación, incorrecta graduación de la sanción y prescripción de la acción para imponer sanciones respecto de los tres primeros trimestres del ejercicio 1990”, que en este caso sería incorrectas tasaciones del ICAM (posiblemente interesadas en el mantenimiento y el beneficio máximo para sus colegiados del privilegio de la Jura de Cuentas), erróneos decretos de un secretario judicial, y sistemática denegación de la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso al recurso (a ningún recurso ni en 1ª instancia, ni en apelación para ante la Audiencia Provincial, ni tampoco en demanda de reconocimiento de error ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo), con resoluciones estereotipadas que en ninguna instancia entraron en el fondo del asunto.

 

Más coincidente aún (aunque únicamente menciona 8 veces la palabra error) es la

SENTENCIA 61/2006, de 27 de febrero

(BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2006)

en la que textualmente se lee: “De otra parte, el Auto recurrido vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al incurrir en un manifiesto e incomprensible error judicial, ya que el propio Juzgado había manifestado en el anterior Auto de 22 de diciembre de 2000 que sería injusto resolver como finalmente lo hizo. Asimismo la resolución del asunto en instancia única, sin posibilidad de interponer recurso (art. 246, apartado 3, párrafo segundo LEC 2000 y art. 428 LEC 1881), quiebra el derecho a la tutela judicial efectiva. Finalmente la incongruencia en la que incurre el Auto impugnado es evidente por su falta de motivación...”... “... El recurrente en amparo imputa al mencionado Auto, en primer término, la vulneración del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE), al haber aplicado el órgano judicial para la cuantificación de las costas causadas en la instancia un criterio distinto al mantenido en el Auto de 22 de diciembre de 2000, en el que resolvió en el mismo incidente de tasación de costas la impugnación por indebidos de los honorarios de los Procuradores y de otros Letrados, sin justificar el cambio de criterio. Asimismo, en segundo lugar, considera lesionado también el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incurrir la resolución judicial recurrida en error judicial patente, en vicio de incongruencia omisiva y, en fin, por no ser susceptible de recurso alguno...”... “... El examen de este motivo de amparo desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) requiere traer a colación la doctrina constitucional, según la cual desconoce el mencionado derecho fundamental el órgano judicial que dicta una resolución contrapuesta en lo esencial a la que había dictado anteriormente para un supuesto idéntico en los datos con relevancia jurídica, siempre que no exprese o se infieran las razones para tal cambio de orientación. En esta conducta, que se subsume bajo la perspectiva prioritaria del derecho a la igualdad en aplicación de la ley cuando son distintos los sujetos implicados, pasa a un primer plano el defecto de tutela judicial cuando no se da tal alteridad, cuando es un solo ciudadano el implicado en las resoluciones opuestas”.

 

Es más, puede leerse en esa relevante SENTENCIA 61/2006, de 27 de febrero

 

“4. En este sentido hemos afirmado que ha de tenerse por arbitrario el resultado que supone que una persona, sobre idénticos asuntos litigiosos, obtenga inmotivadamente respuestas distintas del mismo órgano judicial, y que este resultado arbitrario supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. No se trata en tales supuestos, como acontece en el que nos ocupa, de corregir algún tipo de error patente o de aplicar el canon de la arbitrariedad o la manifiesta irrazonabilidad de las resoluciones judiciales, ya que el Auto contra el que se dirige en este caso el recurso de amparo es una resolución razonada, motivada y debidamente fundada. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva aquí en cuestión se refiere al resultado finalmente producido pues, sean cuales fueren las razones orgánicas y funcionales que lo puedan justificar, el mismo no puede considerarse conforme con el derecho a obtener la tutela judicial efectiva. Así, hemos declarado que la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) puede garantizarse a través del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 CE. El presente caso es uno de ellos y, al no existir otro remedio jurisdiccional, el resultado arbitrario producido debe ser eliminado a través de la vía de amparo para tutelar el mencionado derecho fundamental y evitar así que los recurrentes tengan que soportar una respuesta judicial diferente y no justificada, aunque ello sea fruto de la inadvertencia por el órgano judicial de que la solución ofrecida era distinta respecto de la solución dada anteriormente a casos idénticos o esencialmente similares (SSTC 150/2001, de 2 de julio, FF JJ 3 y 4; 162/2001, de 26 de noviembre, FJ 4; 229/2001, de 26 de noviembre, FJ 4; 74/2002, de 8 de abril, FJ 4; 210/2002, de 11 de noviembre, FJ 4; 46/2003, de 3 de marzo, FJ 5; 13/2004, de 9 de febrero, FJ 4; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 7; 9/2005, de 17 de enero, FJ 5; 24/2005, de 14 de febrero, FJ 6)”

 

Pero más aún, en la misma  SENTENCIA 61/2006, de 27 de febrero

 

“5. La aplicación de la doctrina expuesta ha de conducir a la estimación del recurso de amparo.

 

Una vez concluido el proceso e instada y practicada la tasación de costas de la primera instancia, ésta fue impugnada por el demandante de amparo, alegando el carácter excesivo de los honorarios de algunos Letrados y de los Procuradores y el carácter indebido de los honorarios de otros dos Letrados, quienes se opusieron a la impugnación, aduciendo, en síntesis, como cuantía del pleito la de 60.000.000 de pesetas, por corresponder al valor del inmueble fijado en el contrato de compraventa objeto del litigio. El Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, en su Auto de 22 de diciembre de 2000, razona la tramitación por separado de la impugnación por excesivos de los honorarios de los Letrados y la impugnación por excesivos de los honorarios de los Procuradores, reconduciendo esta última a la impugnación por indebidos de dichos honorarios y, por consiguiente, resuelve en el mencionado Auto la impugnación por indebidos de los honorarios de los Procuradores y de dos de los Letrados.

A continuación, estimando la pretensión del ahora demandante de amparo, determina que el importe de las cuentas de derechos de los Procuradores deben reducirse de acuerdo con la cuantía del procedimiento, considerando como tal la que había establecido el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de queja que el ahora solicitante de amparo había interpuesto contra el Auto de la Audiencia Provincial que había acordado no tener preparado recurso de casación contra la Sentencia dictada en apelación. Se afirma al respecto en el Auto impugnado que el Tribunal Supremo había dispuesto que “la cuantificación del procedimiento es de 2.992.187 pts. al ser ésta la cantidad señalada por la representación de D. pablo martín berrocal en la demanda presentada ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Madrid y que no fue discutida por ninguna de las partes en la comparecencia celebrada. Por tal motivo se desestimó la queja interpuesta por el condenado en costas no permitiendo el [acceso] al recurso de casación al no superar la cuantía el procedimiento los 6.000.000 de pts.”. En este sentido se razona en el Auto que, conforme al criterio sostenido por el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de queja, “debe fijarse la cuantía del procedimiento, por razones de seguridad jurídica para esta parte y para evitar una situación claramente injusta que se produciría al tener en cuenta una cuantía a efectos de la tasación de costas y otra diferente en orden al [acceso] al recurso de casación”. En aplicación del criterio expuesto se fijan en el Auto recurrido las minutas de los Procuradores, señalándose que “de la misma forma habrá de ser de aplicación el art. 523.4 a las minutas de los letrados en el momento procesal oportuno en que se resuelve el incidente por el carácter excesivo de los honorarios”. Así pues el órgano judicial, al proceder en su Auto de 22 de diciembre de 2000 a la cuantificación de los honorarios de los Procuradores, que habían sido impugnados por excesivos, toma como cuantía del proceso la que había sido fijada por el Tribunal Supremo el resolver el recurso de queja contra el Auto que denegó al demandante de amparo la preparación del recurso de casación contra la Sentencia de apelación, inferior, en todo caso, a los 6.000.000 de pesetas, razonando al respecto que era contrario a la seguridad jurídica tomar en consideración a efectos de la tasación de costas una cuantía del proceso distinta a la que se ha tenido en cuenta para el acceso al recurso de casación, llegándose incluso a indicar en el mencionado Auto que habría de aplicarse el mismo criterio al resolver el incidente de tasación de costas por el carácter excesivo de las minutas de los Letrados.

Pues bien, en contra de lo que se anunció en el citado Auto, el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, al resolver la impugnación por excesivos de los honorarios de los Letrados en el Auto ahora recurrido en amparo transcurridos más de dos años, una vez evacuado el informe del Colegio de Abogados de Madrid, no toma como cuantía del proceso la que había fijado el Tribunal Supremo en el recurso de queja contra el Auto que denegó la preparación del recurso de casación, sino la alegada en su día por los Letrados en sus escritos de contestación a la impugnación por el demandante de amparo de sus honorarios como excesivos, respecto a la que se había pronunciado favorablemente el dictamen del Colegio de Abogados, esto es, la de 60.000.000 de pesetas, que aquéllos sostenían que correspondía al valor del inmueble fijado en el contrato de compraventa objeto del litigio.

Así pues, en el Auto recurrido en amparo el órgano judicial cambia el criterio que había mantenido en su anterior Auto de 22 de diciembre de 2000 para fijar la cuantía del proceso en orden a tasar las costas causadas en la instancia, criterio que fue el único tomado en consideración para resolver la impugnación, sin que además ofrezca justificación alguna, explícita o implícita, del cambio de criterio, ni siquiera por referencia a su anterior Auto, que no es objeto de ninguna consideración en el Auto recurrido, no siendo posible identificar por tanto la razón de dicho abandono. En definitiva, en el Auto impugnado se le ha dado al recurrente en amparo una respuesta radicalmente distinta a la obtenida del mismo órgano judicial en el Auto aportado como término de contraste, que resuelve idénticas cuestiones planteadas por el mismo recurrente.

  1. 6. Al fin de restablecer al demandante de amparo en la plenitud de su derecho basta con disponer la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto recurrido, a fin de que por el mismo órgano judicial se dicte, con plenitud jurisdiccional, una nueva resolución mediante la que se elimine el resultado disconforme con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de tal forma que la fundamentación de la nueva resolución que se dicte explicite las razones por las que se resuelve de modo diferente a como se hizo en el Auto aportado como término de contraste, a menos que se decida de modo idéntico.

En este sentido ha de señalarse, respecto a la petición formulada por la representación procesal de don José Luis Gutiérrez Prida y otros, que corresponde al órgano judicial determinar los efectos de la anulación del Auto recurrido en amparo sobre los honorarios de la Letrada doña Carmen Criado Escalonilla.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar la demanda de amparo presentada por don Pablo Martín Berrocal y, en su virtud:

1º Declarar vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

2º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid de 4 de junio de 2003, recaído en el incidente de tasación de costas del juicio de menor cuantía núm. 231/92, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el referido Auto, a fin de que se dicte otra nueva resolución conforme con el contenido del derecho fundamental vulnerado, en los términos recogidos en el fundamento jurídico 6”.

Es difícil encontrar un precedente de amparo constitucional más elocuente sobre el abuso de privilegios corporativos en tasaciones de costas con errores judiciales en un auto de Juzgado de Primera Instancia en España que la citada STC 61/2006, y por lo tanto, con fundamentación tan aplicable al caso aquí recurrido en amparo.

 

Las diferencias entre lo amparado en la STC 61/2006 y lo amparable en el fondo de éste, son más motivadas aún por su especial trascendencia constitucional, ya que la STC 61/2006 se centra en un auto con errores del Juzgado de Primera Instancia 11 de Madrid, y en este caso en 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ aunque posteriormente la magistrada Adelaida Medrano Aranguren los confirma sin justificar o motivar, ni siquiera mínimamente, por qué multiplica por tres los mismos conceptos de honorarios profesionales de 2 abogados (designados por el turno de oficio del ICAM) en el priviligiadísimo y constitucionalmente cuestionable en su conjunto y en sus más perversos abusos del privilegio de la Jura de Cuentas, cuyas apelaciones y demanda de reconocimiento de error ante el Tribunal Supremo se han desestimado e inadmitido con motivaciones estereotipadas que en modo alguno revisan ni mínimamente ninguno de los varios errores judiciales.

 

Las diferencias todas evidencian un mayor celo por agotar todas las instancias y un especial esfuerzo ante el Tribunal Supremo en un procedimiento específico que se ha mostrado ciego ante las evidencias de errores judiciales, y que entendemos que, a la vista también de más recientes Sentencias del Tribunal Constitucional, de este mismo año, como son entre otras la 84/2017, 104/2017, 112/2017, 137/2017 por razones de especial trascendencia constitucional, el concepto de error judicial debería ser clarificado con precisión, y sus procedimientos de denuncia y recurso con tutela judicial efectiva, deberían ser garantizados por una específica sentencia del Tribunal Constitucional, como pedimos más adelante.

 

III.- FONDO Y MOTIVOS DEL RECURSO DE AMPARO POR "ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL"

 

La justificación de la especial trascendencia constitucional, a la vista de la Reforma del amparo e la sistemática de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), y en especial, la SENTENCIA STC 155/2009, de 25 de junio y la “caracterización más distintiva” (ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3), y por su "ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL" precisa:

 

1) Que la infracción del órgano judicial sea una lesión refleja del derecho constitucional por preterición o inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y/o del Tribunal Constitucional, así como del sistema constitucional de fuentes del derecho. Pues bien, como se ya ha expuesto, se ha vulnerado de forma flagrante y reiterada en dos decretos erróneos y más aún en todas resoluciones posteriores que ignoran o desprecian  la interpretación que hace la Sala del art. 24 CE. reiteradamente invocado en numerosos escritos en todas las instancias, especialmente por lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permiten rectificar “EN CUALQUIER MOMENTO” y por lo tanto en cualquier instancia en la que se encuentre la evidencia de cada error judicial señalado explícitamente en las tres instancias recurridas por el Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO FUERAN RECTIFICADOS, NI SIQUIERA REVISADOS EN MODO ALGUNO, POR NINGÚN JUEZ, habiendo sido inadmitida tanto la demanda de reconocimiento de error, como la última solicitud de nulidad en el Tribunal Supremo en un procedimiento especial cuyos requisitos para la admisión entendemos que debe ser clarificado en sentencia del Tribunal Constitucional por su especial trascendencia por el requisito del apartado a) de la STC 155/2009, de 25 de junio (el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo).

 

2) Que los precedentes jurisprudenciales sean tales y no requieran ulteriores desarrollos, matizaciones o adaptaciones jurisprudenciales propias de una "tercera instancia" jurisdiccional. Es decir, la jurisprudencia preterida debería poder aplicarse directamente al caso objeto del recurso de amparo como si se tratara de una fuente normativa, que es lo que es con arreglo al artículo 1.6 del Código Civil. Las Sentencias de la Sala del TC en estos casos idénticos son claros dando respuesta a lo que es una laguna o mala previsión normativa del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  y a cual debe ser la interpretación constitucional para la tutela judicial efectiva frente a errores judiciales. Se ha citado clara jurisprudencia constitucional sobre errores judiciales que han merecido amparo por el art. 24 de la CE, como es el caso, entre otras, de la SENTENCIA 115/2005, de 9 de mayo (BOE núm. 136, de 08 de junio de 2005) que estimó la demanda de amparo presentada por don Alejandro Chivato Aparicio “...retrotrayendo las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al de dictarse la mencionada providencia para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental vulnerado” (en este caso, serían dos decretos de secretario judicial manifiestamente erróneos), pero más precisamente aún, y con mayores y más relevantes coincidencias en los derechos fundamentales vulnerados, en la SENTENCIA 61/2006, de 27 de febrero que tanto los jueces como los secretarios judiciales ahora letrados de la Administración de Justicia deberían respetar, y hacer que se respetasen con todas las garantías constitucionales tanto en las tasaciones de costas como en los privilegiadísimos (y tal vez inconstitucionales en sí mismos, o al menos, necesitados de una reforma) procedimientos de Juras de Cuentas, más aún, para beneficio indebido de abogados designados por el turno de oficio de un colegio de abogados (que también tasa abusivamente), más aún si un juez de Primera Instancia, al asumir sin justificación ni motivación específica alguna una segunda tasación y una tercera tasación del Secretario Judicial) contradice su propio criterio de tasación en el principal y en las Juras de Cuentas, en un cúmulo de errores ignorados de manera contumaz en todas las instancias posteriores que no entran en modo alguno en el fondo del asunto, ni en la obvia división y multiplicación por un factor de 3, erróneamente, siendo todo ello de especial trascendencia constitucional por el requisito del apartado b) de la STC 155/2009, de 25 de junio (que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE), porque el amparo que se solicita da ocasión de aclarar o cambiar doctrina constitucional en relación a la tutela judicial efectiva considerando el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluso, los errores de las Administraciones Públicas rectificables, o al menos, revisables, más allá de lo que apunta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  de  las  Administraciones  Públicas  (Artículo  109.  “Revocación  de  actos  y  rectificación  de  errores”) por la responsabilidad previa de los Colegios de Abogados en las tasaciones de honorarios y Juras de Cuentas, más aún, cuando son designados por el mismo colegio.

 

3) Que el enjuiciamiento del Tribunal Constitucional requerido por la decisión del amparo se limite a la "subsunción" del caso en la jurisprudencia aplicable y a la restauración del sistema de fuentes preterido. Las sentencias que amparan más recientes, del último año, sobre controversias siempre complejas relacionadas con “errores judiciales”, y que ordenan por razones constitucionales la retroacción de actuaciones judiciales como las 84/2017, 104/2017, 112/2017, 137/2017 y más ampliamente en los más de 24.400 documentos publicados en el Web del Tribunal Constitucional en el que se menciona la palabra error, si bien entran en la definición de error que publica con 5 acepciones distintas el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la jurisprudencia aplicable limitada por la “subsunción” del caso y la restauración del sistema de fuentes preterido requiere una precisa definición jurídica en el ámbito constitucional del concepto de error (judicial) y una más inmediata tutela judicial efectiva para el perjudicado, como aquí se pide por falta de subsanación o rectificación (que hubiera debido hacerse de oficio), y lo que es más inconstitucional aún, sin la más mínima revisión de lo denunciado y alegado.

 

Y citando la determinante STC 155/2009, de 25 de junio (RTC 2009, 155), en la que se precisan los criterios hermenéuticos establecidos por el art. 50.1.b) LOTC para determinar la especial trascendencia constitucional de un recurso de amparo, en este caso concreto, considerado en su propia complejidad y antecedentes.

 

1.- «Cuando un recurso plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional», STC 155/2009, de 25 de junio (RTC 2009, 155) , FJ 2, supuesto a).

 

Las demandas de reconocimiento de error y sus criterios de admisión, no parecen haber sido tratadas por el Tribunal Constitucional hasta ahora, si bien hay alguna mención como la STC 280/1994 y también en la 28/1993, así como en autos más tangencial y accesoriamente aún, no puede decirse, ni mucho menos, que exista una clara doctrina, con criterios hermenéuticos bien establecidos, para la admisión y rectificación de errores judiciales como los que se aprecian en los dos decretos del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ. La PROVIDENCIA de 9 de mayo de 2018 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el procedimiento ERROR JUDICIAL 21/2017 que inadmite el INCIDENTE DE NULIDAD de actuaciones interpuesto por esta parte en escrito de fecha 23 de abril de 2018 contra el AUTO de fecha 21 de marzo de 2018 dictado por la misma Sala Primera del Tribunal Supremo son resoluciones que evidencian por sí mismas el desamparo frente a errores judiciales que tanto el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permiten rectificar o subsanar “EN CUALQUIER MOMENTO” la falta de tutela judicial efectiva por resoluciones estereotipadas mantiene y ejecuta otras resoluciones injustas, por erróneas, en todo momento sin que NUNCA, de ninguna manera, en ningún momento se rectifique ni siquiera se revise por ningún juez en ninguna instancia.

 

El error de un secretario judicial ahora letrado de la Administración de Justicia no revisado pero titularizado y ejecutado por él mismo crea una indefensión con absoluta inseguridad jurídica sin interdicción de la arbitrariedad, y no hemos encontrado nada tan específico en la jurisprudencia constitucional (aunque dicho sea de paso, tampoco es nada fácil la búsqueda porque la heurística documental de las resoluciones de cuanto afecta a los secretarios o letrados está dificultada por la terminología, de manera que las consultas a bases de datos generan muchos resultados irrelevantes o “ruido” en el sentido de la teoría de la información en el documentalismo judicial).

 

La jurisprudencia (y más aún la falta de jurisprudencia específica en el Tribunal Constitucional) sobre errores judiciales en las más altas instancias judiciales, parece que debiera estar condicionada lo publicado por el Congreso de los Diputados en

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=121&tipo=2

Aunque la Constitución configura la indemnización por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como un derecho, no lo ha configurado como un derecho fundamental (sin perjuicio de que pueda constituir una forma de reparación, caso de vulneración de los derechos reconocidos en el art 24 CE), lo que hace imposible, de conformidad con lo dispuesto en el art.53 CE, su alegación y resolución en vía de amparo de forma autónoma e independiente de la infracción de algún derecho fundamental.

 

En rigor, debiera ser el representante de Ministerio Público cuando esté personado quien antes y mejor debiera actuar DE OFICIO para rectificar subsanando todo tipo de error judicial, y en este caso, estuvo personado en el P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid el fiscal Adrián Zarzosa Hernández quien conoció parte de las múltiples incidencias del perverso negocio jurídico de los dos abogados de oficio sucesivamente designados por el ICAM, pero sin intervenir nunca en modo alguno. Después, ninguna de las dos juras de cuentas con tasaciones erróneas por un factor de 3 ni procedimientos de ejecución ni apelaciones han sido objeto de ninguna intervención por parte de la Fiscalía y en el Tribunal Supremo fue completamente ignorada tanto en la PROVIDENCIA como en el AUTO. Pero aún siendo irrelevante en las resoluciones, el único escrito de la Fiscalía que nos consta también evidencia por sí mismo la falta de criterio y su evasiva mediante resoluciones de la Fiscalía también estereotipadas que ignoran por completo el fondo del asunto y ni siquiera mencionan ninguno de los 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ erróneos. Tampoco se ha pronunciado, ni siquiera se ha dado por enterada la Fiscalía sobre el “ACUERDO GUBERNATIVO 1/2015” (reproducido en la página 35 de las 44 del PDF con documentos aportados a la demanda de reconocimiento de error ante el Tribunal Supremo y también en la apelación anterior, además de cuanto ya consta en el mismo Juzgado y Secretaría de Gobierno), que es absolutamente ilegal en sí mismo y también merecería un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la arbitraria prohibición de acceder a las actuaciones por el interesado legítimo en que se subsanen errores.

 

La calidad de los actos humanos, desde el más sencillo y simple, hasta el enjuiciamiento más complejo, o bien la ingeniería, medicina o cualquier otra técnica o ciencia, depende no solamente de los muchos o pocos, mayores o menores errores que puedan cometerse. Pero si los errores no se detectan, se ignoran deliberadamente o sus denuncias se inadmiten con resoluciones estereotipadas evasivas y elusivas, ninguna calidad es posible, por muy grandes y numerosos que sean los aciertos. Entre los principios del derecho procesal de Giuseppe Chiovenda (1872/1937) y las más sofisticadas tecnologías actuales, la filosofía de la calidad que inspiran normas, singularmente la ISO 9000, prioriza la investigación de cualquier error y la mejora continua de los procedimientos de detección y rectificación o subsanación. El enjuiciamiento debe mejorar mucho en todo lo relativo a la reducción de los errores judiciales en todo el mundo, siempre, pero a la vista de los antecedentes de este caso, en la jurisdicción ordinaria española, la problemática que se evidencia es que por mucho que se denuncie y se alegue que hubo uno o más errores, no solamente no se rectifican sino que ni siquiera se revisan con un grandísimo y creciente coste no solamente para el perjudicado por cada error, sino también para toda la Administración de Justicia afectada por ese error y con responsabilidad en su corrección “en cualquier momento”. Esa necesidad de precisar nueva doctrina y jurisprudencia eficaz para rectificación de errores judiciales es la mayor y más especial trascendencia constitucional.

 

Además, el priviligiadísimo y confuso procedimiento de Jura de Cuentas, cuya constitucionalidad es más que cuestionable, y del que se ha abusado con  inmediata ejecución de título judicial que sería inadmisible e incluso inconcebible en otros países europeos, posibilita una prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya se solicitó ante el Tribunal Supremo textualmente así:

 

Otrosi 3º En caso de que la Sala tenga la más mínima duda sobre el priviligiadísimo procedimiento de Jura de Cuentas y su ejecución sobre cosa no juzgada y con errores interesadamente inducidos por el departamento de honorarios de Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM a los letrados de la Administración de Justicia que tasan y decretan ejecuciones para el pago de honorarios a letrados del turno de oficio, sin factura alguna, como mejor proceda instamos a que se tramite prejudicialidad por ser contrarios al derecho comunitario los abusivos privilegios del procedimiento de Jura de Cuentas del Reino de España cuya controversia ha sido objeto ya de prejudicialidad europea, al menos en AAP NA 145/2016 y, en este caso, además de una serie de errores 9 judiciales, se evidencia también que el negocio jurídico de los abogados del turno de oficio pueden ser extremadamente lesivos para los derechos de quien se supone que tiene Justicia ¿Gratuita? y sin embargo, es arruinado y ejecutado incluso cuando gana un juicio con la condena en costas del contrario. No podemos imaginar nada parecido en ningún otro país de Europa y por ello, mi mandante solicita que la prejudicialidad o resolución que dicte el Tribunal Supremo sirva para que nunca vuelva a repetirse nada parecido, ni por errores judiciales materiales ni aritméticos triples por lo que SUPLICO A LA SALA que inste prejudicialidad europea o bien que en su resolución deje expresamente abierta la vía para proceder por violación del derecho europeo .

 

En el presente caso, toda la documentación aportada evidencia el tenaz esfuerzo del Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, un ingeniero de minas que aprendió hace muchos años, también como perito en procedimientos judiciales, que los errores pueden costar vidas (y en su caso, arruinar su modestísima economía que merece “Justicia ¿Gratuita?”, y que no subsanarlos y rectificarlos inmediatamente puede tener consecuencias mortales, o en este caso, internacionales porque la calidad de la Administración de Justicia de una nación debe medirse, además de por las estadísticas ponderadas de sus rectificaciones, por la eficacia del sistema judicial para detectar y subsanar los errores lo más inmediatamente que sea posible y, más allá de las estereotipadas resoluciones elusivas que más o menos deliberadamente, ignoran que se han producido varios errores aritméticos y materiales.

 

También es de especial trascendencia constitucional la absoluta falta de tutela judicial efectiva frente al “ACUERDO GUBERNATIVO 1/2015” (reproducido en la página 35 de las 44 del PDF con documentos aportados a la demanda de reconocimiento de error ante el Tribunal Supremo y también en la apelación anterior, además de cuanto ya consta en el mismo Juzgado y Secretaría de Gobierno), porque si se deniega el acceso a las actuaciones, y no se testimonia lo que se ha pedido reiteradamente, el poder y la impunidad del Secretario Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia, es ilimitado y escapa a cualquier control en la jurisdicción ordinaria, por lo que tanto sus decretos erróneos como sus acuerdos injustos no revisados nunca por ningún juez, merecen amparo constitucional por el artículo 24 en la modalidad de acceso a la jurisdicción de Tribunal Supremo, y antes de por denegación de acceso a los recursos en las instancias inferiores (tanto en la Audiencia Provincial como en el mismo Juzgado de Primera Instancia) «cuando un recurso plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional», STC 155/2009, de 25 de junio (RTC 2009, 155) , FJ 2, supuesto a)

 

La especial trascendencia constitucional al suscitar un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)], ya que no existía ningún pronunciamiento de este Tribunal sobre la eventual afectación ha fundamentado, entre otras, las sentencias estimatorias STCs 154/2017 (en recurso presentado por la Fiscalía), 10/2017, 8/2017, 109/2016, 48/2016, 140/2012, 96/2012 y 191/2011 con las que, en las más diversas circunstancias, jurisdicciones distintas y derechos fundamentales diversos, este caso coincide en lo inédito, insólito nuevo o novedoso o enjuiciado violando derechos fundamentales sin precedentes en la jurisprudencia constitucional que conozcamos de todo lo expuesto anteriormente.

 

2.- «Cuando un recurso dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna (del Tribunal), (...) o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE», STC 155/2009, de 25 de junio ( RTC 2009, 155) , FJ 2, supuesto b).

 

Aunque en el supuesto a) anterior se señala dos situaciones sin clara doctrina del Tribunal Constitucional, otros hechos jurídicos relevantes sí que ya han sido, al menos parcialmente, contemplados por la jurisprudencia constitucional, como ya se ha citado de la SENTENCIA 61/2006, de 27 de febrero (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2006) y la anterior también citada SENTENCIA 115/2005, de 9 de mayo (BOE núm. 136, de 08 de junio de 2005) o algunas más recientes que estiman recursos de amparo en el último año, sobre controversias siempre complejas relacionadas con “errores judiciales”, y que ordenan por razones constitucionales la retroacción de actuaciones judiciales como las 84/2017, 104/2017, 112/2017, 137/2017 porque en todas ellas se anulan las actuaciones judiciales inconstitucionales que en este caso llevarían a que un Secretario Judicial comprobase por sí mismo que ha cometido el error (repetido en dos decretos) de multiplicar por 3 la tasación de unos honorarios profesionales de abogados designados por el turno de oficio del ICAM respecto a lo que el mismo juzgado tasa en costas en la tercera parte. Todas los fundamentos de especial trascendencia constitucional de las mencionadas sentencias debieran ser aplicados, al menos parcialmente, a todo lo que tienen fundamentalmente en común con el presente recurso de amparo dando ocasión al Tribunal Constitucional “para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna” según el supuesto b)

 

Esta especial trascendencia constitucional se ha reconocido, entre otras sentencias estimatorias, las STCs 135/2017, 130/2017, 42/2017, 163/2016  y 155/2009 cuya fundamentación hacemos nuestra en lo que tienen en común con los antecedentes del caso, sin perjuicio de otros supuestos compatibles.

 

3.- «Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general», STC 155/2009, de 25 de junio ( RTC 2009, 155) , FJ 2, supuesto c).

 

Sin perjuicio de lo ya considerado como especial trascendencia constitucional, en supuestos a) y b), debe recordarse y reiterarse que es de aplicación al caso el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice textualmente:

 

“Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento”.

 

Sin embargo, los errores, al menos, por multiplicación por 3 de lo ya tasado en los 2 DECRETOS del secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid JOSÉ IGNACIO ATIENZA LÓPEZ han sido sistemáticamente ignorados por todas las instancias. Lo que las leyes permiten “EN CUALQUIER MOMENTO” la falta de tutela judicial efectiva mantiene resoluciones iniciales injustas, por erróneas, en todo momento sin que NUNCA, de ninguna manera, en ningún momento se rectifique ni siquiera se revise por ningún juez en ninguna instancia. La cuestión constitucional es que si “podrán ser rectificados en cualquier momento”, cómo puede hacerse que deban ser rectificados, porque el recorrido procesal ya relatado, referenciado y documentado evidencia que se han agotado 3 instancias, sin que ninguna de ellas admitiera ni la menor posibilidad de error, ni ningún procedimiento o si quiera el derecho a solicitar la justa rectificación por el derecho fundamental de artículo 24 de la CE en su modalidad de acceso a la jurisdicción (en la demanda de reconocimiento de error ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo) y también en la modalidad de acceso  los recursos legalmente previstos (considerando errores aritméticos y materiales de 2 decretos y 1 acuerdo gubernativo de secretario judicial, ahora letrado de la Administración de Justicia), por darse el caso «Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general» según el supuesto c)

 

Finalmente, para el proceso de reflexión interna, los 3 supuestos a), b) y c) de especial trascendencia constitucional han de entenderse como compatibles en su multiplicidad, porque los antecedentes del caso tienen triplemente aspectos muy novedosos, singulares, inéditos que pueden sentar precedentes gravísimos, pero también tienen otros en los que las tres instancias de la jurisdicción civil ordinaria han faltado a su deber de tutela judicial efectiva elemental, y tampoco puede ser admisible la inseguridad jurídica por imposible interdicción de la arbitrariedad en decretos de secretarios judiciales ahora letrados de la Administración de Justicia, ante los errores judiciales que nunca son rectificados, ni siquiera revisados, por ningún juez, pese a las leyes y disposiciones generales ya citadas. Es decir, que de los supuestos a), b) y c) de especial trascendencia constitucional pueden darse uno, que es suficiente para la admisión del recurso el amparo, cualquier combinación de 2, o incluso los 3 en distintos aspectos de inconstitucionalidad, como entendemos que, con el máximo respeto al criterio superior, IURA NOVIT CURIA, ocurre en este singular caso de errores múltiples, incluso también por el artículo 6 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH).

 

Por todo ello, ante la manifiesta indefensión por falta de tutela judicial efectiva en la PROVIDENCIA de 9 de mayo de 2018 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el procedimiento ERROR JUDICIAL 21/2017 que inadmite el INCIDENTE DE NULIDAD de actuaciones interpuesto por esta parte en escrito de fecha 23 de abril de 2018 contra el AUTO de fecha 21 de marzo de 2018 dictado por la misma Sala Primera del Tribunal Supremo, que a su vez inadmitió nuestra DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE ERROR JUDICIAL vulnerando de manera clara el art. 24 de nuestra Constitución española en su vertiente de acceso a la jurisdicción, y anteriormente en las instancias inferiores (Audiencia Provincial y Juzgado) por los errores en dos decretos del Secretario Judicial (ahora Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, junto a una certificación del mismo Juzgado por requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid y OTROS DOCUMENTOS aportados, en su vertiente de denegación de acceso a los recursos, que lleve a estimar el amparo, y en su virtud,

 

SUPLICO A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Que habiendo por presentado este escrito, con sus documentos y copias, se sirva admitir a trámite el correspondiente recurso de amparo y tras los trámites legales oportunos por el principio IURA NOVIT CURIA, dicte Sentencia estimatoria del amparo por la que

 

1.- Se declaren vulnerados los derechos de acceso a la Justicia, previstos en el art. 24 de la Constitución Española en su vertiente de acceso a la jurisdicción, así como la jurisprudencia constitucional sobre denegación del acceso al proceso y a los recursos para la subsanabilidad por causa no imputable a la parte y sí a terceros en los procedimientos de Jura de Cuentas derivados del Procedimiento Ordinario 1877/2008 en relación a los dos decretos firmados por José Ignacio Atienza López, Secretario Judicial (ahora Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid manifiestamente erróneos,

 

2.- Se anulen las siguientes resoluciones: decretos firmados por José Ignacio Atienza López, Secretario Judicial (ahora Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en los procedimientos de Juras de Cuentas 1480/2012 y 1326/2013 así como la titularización y Ejecución de Títulos Judiciales 138/2015  de JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS y Ejecución de Títulos Judiciales 294/2015 de ANA CAPARROZ ALONSO y además, se anule también el “ACUERDO GUBERNATIVO 1/2015” (reproducido en la página 35 de las 44 del PDF con documentos aportados a la demanda de reconocimiento de error ante el Tribunal Supremo y también en la apelación anterior, además de cuanto ya consta al respecto en el mismo Juzgado y Secretaría de Gobierno) que prohíbe el acceso al Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid y con ello denegó cualquier posibilidad de consultar las actuaciones al Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ desde el 17 de julio de 2015 hasta la fecha.

 

3.- Y en consecuencia, otorgue el amparo y deje así sin efecto los procedimientos Juras de Cuentas 1480/2012 y 1326/2013 así como la titularización y Ejecución de Títulos Judiciales 138/2015 de JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS y Ejecución de Títulos Judiciales 294/2015 de ANA CAPARROZ ALONSO y además, se anule también el “ACUERDO GUBERNATIVO 1/2015” del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.

 

PRIMER OTROSÍ DIGO Que se dejan expresamente designados los archivos del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo a los efectos de los oportunos y por si algún documento aportado fuera impugnado.

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO que, a la vista de los errores aritméticos y materiales manifiestos en los dos decretos firmados por José Ignacio Atienza López, Secretario Judicial (ahora Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en los procedimientos de Juras de Cuentas 1480/2012 y 1326/2013  se ordene la suspensión cautelar de la Ejecución de Títulos Judiciales 138/2015 de JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS y Ejecución de Títulos Judiciales 294/2015 de ANA CAPARROZ ALONSO por ser injustas por erróneas las tasaciones en las que se basan, considerando la modestísima economía del ejecutado que tiene concedida la Justicia ¿Gratuita? y que ambos ejecutantes son letrados designados por el turno de oficio del ICAM que ya han cobrado tanto de los fondos públicos como un ingreso de 5.082 euros en la cuenta del Juzgado, y otros embargos, por sus abusivos honorarios nunca facturados ni declarados fiscalmente, pero ambos abogados del turno de oficio del ICAM siguen pretendiendo cuantías fuera de toda proporción y lógica, para su beneficio ilícito y lucro personal. La ejecución judicial injusta puede producir perjuicios irreversibles que podrían, y entendemos que deberían, dar lugar a responsabilidades e indemnizaciones crecientes por errores judiciales no imputables en modo alguno al ya perjudicado.

TERCER OTROSÍ DIGO que el Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, el letrado y la procuradora están dispuestos a subsanar cualquier defecto formal de este escrito que firman digitalmente, por lo dispuesto en el art. 231 L.E.C., sometiéndose al principio IURA NOVIT CURIA a fin de que prospere pronto y eficazmente.

 

A LA SALA SUPLICO: Que tenga por hechas las anteriores manifestaciones, y de conformidad con lo establecido, admita la presentación de esta forma efectuada.

 

Principal y otrosíes por ser de Justicia que pedimos en la fecha de la firma digital en www.miguelgallardo.es/amparo-errores-judiciales.pdf

Adjuntando designación de turno de oficio como documento n.º 1

con los antecedentes documentados en

  1. 2. www.miguelgallardo.es/providencia-nulidad-tribunal-supremo.pdf

3 http://www.miguelgallardo.es/nulidad-errores-tribunal-supremo.pdf

4 http://www.miguelgallardo.es/auto-error-tribunal-supremo.pdf

5 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento.pdf

6 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf

7 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf

8 http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf

Este recurso de AMPARO al Tribunal Constitucional ha quedado publicado con firma en

http://www.miguelgallardo.es/amparo-errores-judiciales.pdf

y con diversos formatos sin firma digital en

http://www.cita.es/amparo-errores-judiciales/

http://www.miguelgallardo.es/amparo-errores.pdf

https://docs.google.com/document/d/1tkTQTp-K7ic_e_OxoXGEugLskcp7lFFTWHZiue063x8/edit#

https://docs.google.com/document/d/1tkTQTp-K7ic_e_OxoXGEugLskcp7lFFTWHZiue063x8/edit?usp=sharing

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