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Lesmes rei Felip VI - Sergi Alcàzar

"Queremos demostrar que la prevaricación administrativa se ha cometido en muchos casos". Así, Lluís Mestres, uno de los abogados fundadores del colectivo Atenes, explica la querella que presentaron el viernes al Tribunal Supremo contra el poder judicial y contra el sistema de designación de los jueces y magistrados de los altos tribunales. Unos tribunales donde irremediablemente se tendrán que juzgar los casos de corrupción del PP y que se han adjudicado a magistrados con criterios de "clientelismo y amiguismo", según Mestres.

 

 

De hecho, entre los siete ejemplos que denuncia la querella está el nombramiento de la presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, María Concepción Espejel, y como ha afectado a la instrucción del caso Gürtel.

 

La querella se presenta contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la presidenta del observatorio contra la violencia de género, María Ángeles Carmona; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, y otros miembros del Consejo General del Poder Judicial y magistrados como Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska Gómez, Carmen Llombart Pérez, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Francisco Olea Godoy, María del Mar Cabrejas Guijarro, Rafael Mozo Muelas, Ricardo Bodas Martín, Eduardo Menéndez Rexach, María Concepción Espejel Jorquera, Ana Isabel Martín Valero, Fernando de Mateo Menéndez y Vicente Guilarte Gutiérrez por un delito continuado de prevaricación.

 
 

Según el texto que firma Elpidio José Silva "los querellados propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico, con explícito menoscabo de la garantía constitucional que asegura la imparcialidad de jueces y magistrados". Y añade que "con idéntico propósito se habrían prevalecido de las mayorías generadas en los órganos de gobierno para alterar las normas de reparto del conocimiento de los asuntos, asegurando que las personas propuestas por tal criterio, asumieran el despacho de las causas deseadas".

Los últimos meses el colectivo ha trabajado discretamente y en silencio para argumentar la querella de 60 páginas firmada por el juez reprobado Elpidio José Silva. El texto relata siete casos en los que se demuestra que el Consejo General del Poder Judicial no ha utilizado los criterios de designación oportunos y que establece la ley como la valoración de los méritos, la antigüedad y la capacidad de los aspirantes.

 

Según Mestres, los cargos nombrados a dedo se explican porque "les interesa que puedan asumir los casos, sobre todo, de corrupción del PP". La situación es conocida en los pasillos judiciales. "Con la boca pequeña lo afirmaban muchos magistrados", pero nadie ha levantado a voz hasta ahora.

 

El Supremo recibió el viernes la querella pero hasta mañana —delante el largo puente por el 1 de Mayo y el día de la Comunidad de Madrid— no comunicará al colectivo Atenes su entrada en registro. La tiene sobre la mesa la Sala Segunda Penal del Tribunal Supremo. La misma sala que resuelto gran parte de los recursos de los presos políticos y respondió a la justicia alemana sobre el delito de rebelión.

Lluís Mestres sabe que la querella ni tan solo quedará admitida a trámite. "Tampoco hay que ser" demasiado "ilustre, ya contamos con que la inadmitirán", afirma. Pero el objetivo es llegar a Europa, a la comisión europea. Y para iniciar este camino hay que agotar todas las vías a la justicia española.

Para que en Europa prospere, el abogados han utilizado en la querella los argumentos de Europa. Y en este sentido se han basado en los criterios de un estudio del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiendo del Consejo de Europa. El GRECO dice que el Estado español no designa los cargos del poder judicial correctamente. El primer toque de alerta es en el 2014 y el segundo en el 2016, después de que España responda que se están realizando cambios en el sistema de designación. De hecho se le aplica una sanción al Gobierno justamente por el sistema de designación.

"El GRECO considera que la falta de reglamentación de los criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura posibilita, precisamente, lo que aquí se denuncia, es decir, que nombramientos concretos se efectúen como consecuencia de la vinculación política de los jueces y magistrados y no de los méritos y aptitudes jurídicas de los mismos", reza la querella.

El colectivo Atenes

El colectivo Atenes está formado por varios abogados. Hay cinco promotores y un grupo más amplio de colaboradores que trabajan y ayudan a redactar las propuestas que se acaban llevando a los tribunales. La asociación es nueva, de hecho se registró la semana pasada y justamente lo hizo para poder presentar la querella contra el poder judicial y no hacerlo en nombre de las otras asociaciones de juristas con las que también hay colaboración y que se han ido formando el último año.

El colectivo Atenes tiene trato directo con los abogados de los presos políticos. De hecho, cada mes los visita en la cárcel y no se descarta que pongan en marcha iniciativas judiciales en este sentido que ayuden a reforzar las estrategias de defensa.

Mateu explica que "la discreción ha permitido trabajar y ser operativos".

Fuente; https://www.elnacional.cat/es/politica/querella-poder-judicial-nombramiento-jueces_263946_102.html

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