La Comisión Permanente requiere a la Generalitat para que deje sin efecto la creación de la Comisión Especial, “específicamente en lo atinente a la investigación de los órganos judiciales”

v  El CGPJ pone el acuerdo de la Generalitat en conocimiento de instancias internacionales con relevancia en la salvaguarda de la independencia judicial como la ONU, la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa y la Comisión Europea



Madrid, 19 de octubre de 2017.-

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, “poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier actuación que pudiera realizar la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña que suponga supervisión o injerencia de cualquier tipo en la labor realizada por jueces o magistrados, por si pudiera ser constitutiva de delito”.

Además, requerirá a la Generalitat de Cataluña para que deje sin efecto el acuerdo de creación de esa Comisión Especial, “específicamente en lo atinente a la investigación de los órganos judiciales y la depuración de las eventuales responsabilidades”.

La Permanente fundamenta su requerimiento en que el acuerdo del Gobierno catalán es “contrario a la Constitución Española y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas en las que se proclama el principio de independencia judicial” y contraviene además “lo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.

El requerimiento tiene carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Generalitat por parte de la Abogacía General del Estado, a la que el pasado día 13 el presidente del TS y del CGPJ solicitó que ejercitara las acciones legales procedentes. La decisión ha sido hoy ratificada por la Comisión Permanente, que además ha acordado instar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que comunique a los jueces y magistrados del territorio que pongan en conocimiento del órgano de gobierno del Poder Judicial “aquellas comunicaciones, requerimientos o solicitudes que se les dirijan por la referida Comisión Especial creada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a los efectos oportunos”.

Además, el Consejo denunciará el acuerdo de la Generalitat ante la Red Europea de Consejos de Justicia “al suponer una muy grave injerencia en la independencia de los jueces y magistrados que sirven en los órganos judiciales de Cataluña” y se dirigirá a la Cumbre Judicial Iberoamericana para poner en conocimiento de los Poderes Judiciales de los países miembros “la gravedad de la situación que se está produciendo en la Comunidad Autónoma de Cataluña de atentado a la independencia judicial”.

La Permanente trasladará los hechos a las instancias internacionales “con relevancia en la salvaguarda del Estado de Derecho y de la independencia judicial” como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, el Secretario General y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, el Comité Consultivo de Jueces Europeos, la Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea o la Red de Presidentes de Cortes Supremas de la Unión.

Con el mismo objetivo, informará de su acuerdo a las asociaciones judiciales “al objeto de que lo participen a los organismos internacionales en los que intervengan o estén integradas”.

Además de las medidas acordadas, la Comisión Permanente proclama “que la independencia del Poder Judicial y el mantenimiento de la confianza pública de los ciudadanos en los Jueces y Magistrados que lo integran es un valor crucial para el funcionamiento del Estado de Derecho en una democracia constitucional, sin que pueda ser menoscabado por la adopción de decisiones como la que se impugna, que no tiene más objetivo que generar sospecha sobre la estricta sujeción a la Ley y al Derecho de los miembros del Poder Judicial en todos los procesos de los que conocen, creando confusión en la opinión pública y en la percepción internacional sobre el regular funcionamiento de los órganos judiciales en Cataluña”.

Por último, la Permanente elevará al Pleno del CGPJ el acuerdo de la Generalitat para que pueda pronunciarse sobre la existencia de la Comisión Especial y la finalidad perseguida en la misma.

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