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Fiscalía a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL

Firmada en www.miguelgallardo.es/denuncia-penal-hacienda.pdf

 

Dr. e Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho, como mejor proceda presenta denuncia penal contra el actual Secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya Romero, su antecesor en el cargo Miguel Ferré Navarrete, el jefe de su gabinete Manuel José Díaz Corral, el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT, Santiago Menéndez Menéndez, y contra quienes resulten responsables de la presunta PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA probablemente en concurso con otros delitos contra la Administración, por los siguientes HECHOS:

 

 

1º Desde hace ya más de 2 años, los aquí denunciados Miguel Ferré Navarrete y el jefe de gabinete Manuel José Díaz Corral conocen que, al menos 2 abogados del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid ICAM, cobran sus más que desproporcionados honorarios NO FACTURADOS ejecutando títulos judiciales (sin que exista “cosa juzgada” alguna). Además, se reiteró la denuncia con fecha 6.3.17 con copia al Defensor del Pueblo dirigida al también denunciado José Enrique Fernández de Moya Romero, recibiendo poco después, el 13.3.17, la comunicación que se adjunta. Desde entonces, ni se han recibido las facturas requeridas, ni consta ninguna actuación de los denunciados al respecto.

 

2º Aunque el caso denunciado afecta como perjudicado directamente al aquí denunciante, es ampliamente conocido el “modus operandi” de muchos abogados de oficio, y al menos, de los letrados del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas y Ana Caparroz Alonso (cuyos datos y antecedentes fueron detallados en denuncia tributaria reiterada) que cobran sus muy discutibles honorarios (incompatibles con el cobro de fondos públicos por “Justicia Gratuita”). Tanto el director del departamento de honorarios del ICAM, Francisco Fernández Ortega, como el director de los servicios jurídicos del ICAM (e incomprensiblemente, también abogado del Estado con una extraña y más que sospechosa compatibilidad), Pedro Lescure Ceñal, conocen perfectamente esta práctica fiscalmente fraudulenta. Más allá de las particularidades del caso denunciado, basta fijarse en el propio negocio de las tasaciones de honorarios del ICAM que ha llegado a recaudar más de 400.000 euros en un solo año, para estimar en muchos millones de euros el presunto fraude explicado ya en su momento a los denunciados mediante la documentación adjunta, que aquí reiteramos. No es difícil probar e incluso cuantificar con precisión el fraude al poder requerir al director de departamento de honorarios del ICAM el listado de todas las cuantías tasadas por requerimientos de juzgados y tribunales, y verificar si han sido (o no) declaradas con el modelo 347 de la AEAT de proveedores por cuantías de más de 3.000 euros.

 

Para documentar las reiteradas denuncias tributarias por no haber proporcionado las facturas requeridas tanto en correspondencia privada como en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, se adjunta la queja presentada ante el Defensor del Pueblo cuyas 31 páginas que están publicadas en http://www.miguelgallardo.es/queja-aeat.pdf

 

El Defensor del Pueblo, en su expediente 16011334, constata que la AEAT ya conoce perfectamente los hechos denunciados, y sin embargo, al aquí denunciante, que ya ha pagado cuantías superiores a los 3.000 euros (y se reclaman judicialmente otras mucho mayores aún), no se le ha proporcionado ninguna factura o referencia de factura, ni consta en modo alguno que tales pagos y minutas reclamadas judicialmente por honorarios de dos abogados de turno de oficio del ICAM hayan sido declarados en ningún modelo 347 y hubieran debido de facturarse y declararse en año 2015, por lo que existen indicios racionales de presunta PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, y en todo caso, el derecho de quien aquí denuncia de recibir las facturas por los honorarios que se reclaman.

 

3º Aunque son hechos distintos y los denunciados son diferentes, la presunta  PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA aquí denunciada tiene relación con la que ha iniciado las diligencias previas 1126/2017 del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 31 de Madrid y también con la denuncia a la Fiscalía por ciertas actuaciones y ocultados conflictos de intereses de cargos y funcionarios públicos en www.cita.es/fiscal-audiencia-nacional-icam.pdf que fue presentada a la Fiscalía con fecha 25.4.17 sin que tengamos noticia de actuación alguna de ningún fiscal sobre tan graves hechos. Debemos recordar que, aunque los pagos del ICAM a jueces y fiscales sean considerados secretos y legales, pueden explicar, pero no justificar presuntos delitos tipificados en el art. 408 del Código Penal. En cualquier caso, es un hecho notorio y fácilmente comprobable por los honorarios tasados en el ICAM por Francisco Fernández Ortega, que hay una interesada inflación de costas judiciales que pueden consideradas en su conjunto como fiscalmente fraudulentas, al menos en una alta proporción en la que los honorarios son considerados costas no declarables, y es cierto que las costas son indemnizaciones que las partes no tienen que declarar, pero los honorarios profesionales sí deben ser declarados y emitiendo la correspondiente factura, más aún si ya la ha reclamado insistentemente como consta claramente en lo que se adjunta.

 

No es necesario ser un gran fiscalista, ni criminólogo, ni doctor en nada para entender que buena parte del negocio jurídico de muchos despachos de abogados se beneficia del fraude fiscal perfectamente conocido por jueces y fiscales. Es conocido que las asesorías jurídicas y abogados externos de entidades financieras o aseguradoras, y en general, de las grandes empresas, no facturan los honorarios profesionales utilizando las costas judiciales como auténticas “lavadoras de tal manera, que resulta posible explicar la prosperidad de varios grandes despachos de abogados que se anuncian en prensa, radio y televisión, sin una perspectiva fiscal que los aquí denunciados no pueden desconocer.

 

Aunque se pretenda negar toda evidencia del fraude fiscal por honorarios profesionales de abogados del ICAM cobrados pero NUNCA FACTURADOS, el aquí denunciante tiene toda la legitimidad y el derecho a denunciar con la máxima publicidad a su alcance no solamente a todos los responsables no solamente del fraude, sino también a los que cometen PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA al no perseguirlo eficazmente (o no constar que lo hicieran), considerando la documentación adjunta y los hechos fácilmente comprobables.

 

4º El artículo 114 de la Ley General Tributaria impide al denunciante poder investigar más por sus propios medios pero no impide en modo alguno que la Fiscalía lo haga sobre los hechos denunciados requiriendo toda la documentación aquí adjunta o bien referenciada, ni tampoco que puede impedir a la Fiscalía que informe al denunciante del resultado de sus actuaciones a la mayor brevedad posible. Antes al contrario, en caso de que pase un plazo razonable sin noticias de la Fiscalía como viene ocurriendo con la denuncia presentada el  25.4.17, en cualquier momento el denunciante puede poner los hechos en conocimiento de un juzgado de instrucción. El secreto que deniega todo derecho del denunciante en estas circunstancias es otro indicio más de presunta PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA que insistimos que ya es bien conocida incluso por los abogados del Estado que defienden, o “hacen como que defienden”, al erario público y los intereses generales. La Fiscalía es plenamente consciente no solamente de la extraña compatibilidad del Abogado del Estado Pedro Lescure Ceñal que actualmente es también director de los Servicios Jurídicos del ICAM, sino que estarían todos los fiscales ciegos y sordos si no tuviesen sus propios indicios de que el índice de fraude en cobros de honorarios por abogados del turno de oficio del ICAM es auténticamente escandaloso y corrupteloso. La cuestión aquí es si hay algún inspector o técnico de Hacienda o cualquier otro funcionario que alguna vez se haya interesado por lo tasado por requerimiento judicial al ICAM, y por lo facturado y declarado fiscalmente, porque todos los indicios apuntan a que lo ocurrido y ya denunciado ante la Secretaría de Estado de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT, además de ante el Defensor del Pueblo, con los letrados del turno de oficio que ejecutan judicialmente para cobrar sus propios honorarios sin factura alguna y sin que exista cosa juzgada, es una fraudulenta práctica habitual generalizada, por lo que parece, consentida por el Secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya Romero, su antecesor en el mismo cargo Miguel Ferré Navarrete el jefe de gabinete Manuel José Díaz Corral, el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT, Santiago Menéndez Menéndez según se acredita mediante la documentación adjunta que hace referencia a expedientes que son inmediatamente e inexcusablemente disponibles para los fiscales y jueces que los requieran, y que se haga a la mayor brevedad posible.

 

El aquí denunciante ofrece toda la documentación a su alcance, y autorizan el acceso a todo cuanto dependa de la voluntad y el derecho de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, pero mientras no se reciban las facturas reclamadas, se mantendrá la acusación y se agotarán todas las instancias y recursos también para acusar a quien debe sancionar, pero NO sanciona incurriendo en IGNORANCIA DELIBERADA según jurisprudencia de la STS Sala de lo Penal de 9 de junio de 2015 (rec. 1665/2014), entre otras anteriores y posteriores.

 

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta denuncia (con firma digital) por presunta PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA y posiblemente otros delitos en concurso, contra los mencionados denunciados Secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya Romero, su antecesor en el mismo cargo Miguel Ferré Navarrete el jefe de gabinete Manuel José Díaz Corral, el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT, Santiago Menéndez Menéndez y quien resulte más responsable, la admita y requiera toda la documentación de que disponga la Secretaría de Estado de Hacienda y AEAT en relación a los hechos denunciados, considerando  lo aquí adjuntado, solicitando pronto acuse de recibo por correo electrónico.

 

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía Tel 902998352 Fax: 902998379 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Se adjunta correspondencia con el Defensor del Pueblo que incluye abundante y relevante documentación que necesariamente consta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT y está publicada en www.miguelgallardo.es/queja-aeat.pdf

https://docs.google.com/document/d/1Cet0Otn5ueEDeG6QitldlRNn_AUErSuSkcYa3AUmKkU/edit

http://www.miguelgallardo.es/denuncia-penal-hacienda.pdf

 

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