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Entrada en Domicilio, instado recurso de apelación, la Sección 2ª del TSJ de Madrid en donde recayó el recurso, resolvió que la demolición fue ilegal por vulnerar el art. 18 C.E. de derecho a la intimidad, por producirse con gratuita violencia, y por realizarse inaudita parte, y lo hizo en su Sentencia 1640/11 que aportamos.

 

 

DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO SOBRE TUTELA DEL DERECHO AL HONOR

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

 

 

 

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ IGLESIAS, con dirección provisional para notificaciones en C/ Huerta de la Sacedilla, 2 puerta nº 16 (28221) Majadahonda (Madrid) Móvil: 619578159, por motivo de haberle sido usurpada en fecha 11 de mayo de 2010 la que fue su vivienda en propiedad que se ubicaba en Avda. San Diego, 101, bajo nº 2 (28018) Madrid, en mi propio nombre y derecho y bajo la dirección técnica del actor, colegiado ICAM n.º 60.908, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

 

Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra D. LUCAS CABRERA GALEANO con dirección para notificaciones en Ayuntamiento de Madrid, departamento de Urbanismo, debiendo facilitar el nombre del jefe del departamento de Operaciones Urbanas de la EMVS a que se refiere en su escrito el mentado letrado en términos ofensivos en página 11 de su escrito de 5 de junio de 2015 que se aporta, también contra la alcaldesa de Madrid doña Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, quien ha hecho caso omiso a la cita solicitada para intentar resolver tras llegar al cargo los daños producidos por los gravísimos hechos acontecidos en fecha 11 de mayo de 2010 en relación con los derechos humanos, y contra el actual director general de la EMV y Suelo de Madrid, S.A. Sr. López Barquero quien rechazó en visita a su despacho realizada en C/ Palos de la Frontera de Madrid, la palabra que nos fue dada por su antecesora en el cargo Sra. Serrano en cuanto a la voluntad de resolver siquiera de modo paliativo los daños producidos desde el Ayuntamiento de Madrid, entre otros, al aquí demandante, y en el caso de estos dos últimos por tener estrecha relación con los hechos que se someten a juicio por esta Demanda; sobre TUTELA DEL DERECHO AL HONOR.

 

La demanda se basa en los siguientes:

 

HECHOS

 

 

 

PRIMERO.- Con ocasión del recurso contencioso administrativo interpuesto por este mismo actor ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, Procedimiento Ordinario 85/2014, en su escrito de oposición, el mencionado letrado don Lucas Cabrera Galeano, entre otras aseveraciones erradas, falsas, y conscientemente lesivas para con este ciudadano, vertió que en el momento del desalojo y derribo de su vivienda, este ciudadano estaba viviendo de forma ilegal en el domicilio de Avda. de San Diego, 101, bajo nº 2 de 28018 Madrid, vivienda perteneciente que fue, (prescribió según el contrato de compra venta signado entre las partes todo derecho de la transmitente Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. en 14 de febrero de 1.998), al edificio del nº 101 de Avda. de San Diego, de Madrid, demolido ilegalmente por orden del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, tras instar dicho ente la Entrada en Domicilio 3/2010 que recayó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid, demolición que se produjo antes de los 20 días que aquel Juzgado de modo ilegal le permitía demolerlo.

 

Frente a dicha Entrada en Domicilio, instado recurso de apelación, la Sección 2ª del TSJ de Madrid en donde recayó el recurso, resolvió que la demolición fue ilegal por vulnerar el art. 18 C.E. de derecho a la intimidad, por producirse con gratuita violencia, y por realizarse inaudita parte, y lo hizo en su Sentencia 1640/11 que aportamos.

 

Artículo 18 CE

 

  1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

 


 

Como ya sucediera con el derecho al honor, ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen en qué consiste la intimidad. Debemos, pues, acudir a la interpretación que se ha hecho de este derecho y a sus implicaciones y relaciones con otros bienes y derechos para concretar su alcance.

 

La Constitución declara que el domicilio es inviolable, y prohíbe la entrada de cualquier persona en el mismo sin autorización del titular salvo que se cuente con la correspondiente autorización judicial.

 

La intangibilidad domiciliaria protege el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima.

 

El concepto de domicilio que figura en este precepto no coincide exactamente con el regulado por otras normas, por ejemplo, en el artículo 40 del CC. La Constitución protege mediante esta inviolabilidad domiciliaria los ámbitos en que se desarrolla gran parte de la vida privada de la persona. Existe un nexo muy fuerte entre la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad mencionado en el art. 18 CE.

 

El derecho a la intimidad personal y familiar está regulado en el reiterado art. 18.1 CE, permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar y contiene 3 derechos interrelacionados pero distintos entre los que el derecho a la intimidad formulado genéricamente destaca claramente sobre los demás, en todo caso nos encontramos ante una esfera de lo más intimo y personal del sujeto que éste tiene derecho a reservarse para sí mismo.

 

Este derecho del actor ha sido vapuleado en todo el procedimiento de Entrada en Domicilio pues nos fue denegada la suspensión de dicha Entrada en Domicilio, resultado a la postre ilegal como se demuestra, y como también se indica, ha continuado en esa tesitura en el procedimiento judicial referido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, en orden a la recuperación del patrimonio usurpado por el Ayuntamiento de Madrid.

 

Se acompaña como documento nº 1, un ejemplar TESTIMONIADO de dicho documento al que nos referimos en donde consta el apelativo de ilegal de modo genérico expelido por el mentado D. Lucas Cabrera Galeano, para con los vecinos del citado edificio, entre los que se encontraba este actor. Este interviniente puede demostrar que tal apelativo es un insulto que no debió proferir en un documento con destino a un Juzgado, entre otros motivos porque es falso, como todo aquel escrito en su integridad, y lo hacemos con los documentos que asimismo se adjuntan acompañando numerados a este escrito de demanda.

 

SEGUNDO.- Pues bien, tal calificativo proferido es completamente falso, constituyendo una infamia lo que se me imputa, pues lo cierto es que no puede ser tildado de ilegal quien se encuentra viviendo en una vivienda por más de 53 años, que fueron los que transcurrieron desde la compra-venta de la vivienda al Patronato Municipal de la Vivienda por el padre del actor, D. Adelino López Fernández, con todos los recibos abonados, hasta el último, hasta el ilegal y violento desalojo en fecha 11 de mayo de 2010, y luego derribo de la vivienda y requisa de muebles con título de propiedad por amortización; la heredera del patronato, que es la EMV y Suelo de Madrid, vulnerando el Contrato firmado entre las partes y lo que al respecto del cumplimiento de las partes figura en los contratos en el Código Civil, se opuso en todo momento a entregar la escritura de propiedad a los vecinos con viviendas amortizadas, como es el caso, y optó por maquinar un fraude, cual es la declaración de ruina inminente de toda una colonia, no obstante no olvidemos que la ausencia de otorgamiento de escritura pública no obstaculiza la plena eficacia del contrato como acertadamente declara la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo: “ninguna condición resolutoria se pactó. No estamos ante una obligación condicionada a un suceso pretérito futuro o incierto, pues al pacto de otorgar escritura futura no se le dio carácter de condición resolutoria expresamente acordada, y ante su ausencia la compraventa celebrada seguiría surtiendo en esta línea todos sus efectos, por lo que el negocio permanecía subsistente en su contenido obligacional, ya que al suscribirse el documento privado se constituyo ya el contrato. La elevación a escritura pública aquí no tiene condición de documentación constitutiva, y actúa en las principales que atribuyen los artículos 1280 y 1464 CC garantiza los derechos de las partes y facilita, en su caso, el acceso al Registro de la Propiedad. La ausencia de otorgamiento no obstaculiza la eficacia del contrato ni actúa como impedimento de exigibilidad de lo convenido”.

 

TERCERO.- El ejercicio de la libertad de opinión no puede confundirse en ningún caso con la difamación; pero como todos los derechos fundamentales, también tiene sus límites, entre los que se encuentra el derecho al honor de los ciudadanos y asociaciones, tal y como por otra parte establece el Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

 

Quien abusando de la libertad de expresión rebasa dichos límites, queda fuera del ámbito de protección del art. 20.1.a) de la Constitución y del artículo 10 del Convenio, y frente a su conducta el perjudicado tiene el derecho a reclamar la protección de los Tribunales frente a los responsables, para ver satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva.

 

CUARTO.- Las imputaciones que se hacen en el referido escrito en el concreto párrafo indicado, fueron vertidas con el ánimo de difamar, en deshonra, descrédito y menosprecio, pues tanto D. LUCAS CABRERA GALEANO y de cierto a quien él mismo se refiere, el jefe de operaciones urbanas de la EMVS, con cargo funcionarial, cuyo nombre debe facilitar, ambos, uno primero y otro después, actuaron con el deliberado y específico propósito de ofender, desacreditar, menospreciar y escarnecer a su destinatario, cuando por supuesto el demandante jamás ha vivido en un lugar en ninguna clase de ruina, y siempre lo ha hecho bajo la cobertura de la ley, y los dos directivos municipales doña Manuela Carmena y Sr. López Barquero a los que aludimos, entre otros que pudieran resultar también responsables, llegados al cargo que ocupan en la actualidad, pudiendo resolver paliativamente el desaguisado producido, y los terribles daños producidos, sin embargo omiten hacerlo, a pesar de esta parte haber solicitado e intentado sin éxito que lo hagan, como se acredita documentalmente en esta demanda.

 

QUINTO.- Los perjuicios que tales hechos me han causado, aunque no nos es posible evaluarlos, sin embargo se pueden cifrar en la suma de 150.000 € por daños morales, aunque el importe solicitado en el pleito contencioso administrativo instado por el ofendido ante el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 6 de Madrid, en el procedimiento referido constaba de dos partes, la primera por el valor pericial a fecha del desalojo ilegal de restitución de la vivienda derribada ilegalmente y la segunda de una estimación de los daños producidos por el tiempo de permanencia sin el hogar familiar.

 

SEXTO.- Vista la situación de desprecio desplegada por el ofensor, y tras reiterados intentos en aquel procedimiento judicial de que se retractase de lo vertido, el Juzgado en donde se hallaba el pleito JCA nº 6 de Madrid nos ha convocado a instar un procedimiento judicial, según documentalmente se aporta, es por lo que no ha quedado más remedio que, estudiado el caso, hacerlo mediante la interposición de la presente demanda judicial. Se señalan los autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, Procedimiento Ordinario 85/2014 para acreditarlo.

 

SÉPTIMO.- Que esta parte vista la situación de insolvencia en la que los sucesos relatados nos ha dejado, es beneficiario, entre muchos otros, en el procedimiento referido de la Justicia Gratuita, se acredita la vigencia de tal derecho concedido por la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid, no obstante se solicita también para este procedimiento, por lo que se pide al Juzgado la suspensión de este procedimiento en tanto se tramita tal beneficio, art. 16 L.J.G. y art. 24.1 C.E. de tutela judicial efectiva.

 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

I

 

CAPACIDAD.- Las partes ostentan la capacidad procesal necesaria conforme a lo establecido en los arts. 6 y ss. de la LEC.

 

II

 

REPRESENTACION.- Estará representado el actor por el Procurador que se designe por el ICPM, una vez tramitado tal procedimiento de solicitud de Justicia Gratuita, y firmado el escrito por este Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

 

III

 

LEGITIMACIÓN.- La Activa corresponde al actor por ser titular directo del derecho subjetivo que se reclama. La Pasiva a los codemandados D. LUCAS CABRERA GALEANO, así como a doña Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, es la responsable máxima del Ayuntamiento de Madrid a quien representaba el letrado antedicho, y como responsable máximo de la Compañía EMV y Suelo de Madrid el Sr. López Barquero y a quien, según se acredita, se le ha pedido solución para el problema planteado, sin que haga el caso debido, respecto de los que se predica su responsabilidad a tenor de lo dispuesto en la doctrina de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 

IV

 

JURISDICCION.- Corresponde a la jurisdicción civil, con arreglo a lo establecido en los arts. 9.2 y 21.1 de la LOPJ.

 

V

 

COMPETENCIA.- Es competente el Tribunal al que nos dirigimos de conformidad con los dispuesto en el art. 52-1.6º de la LEC, al corresponder el Juzgado al domicilio del demandante.

 

VI

 

ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE ACCIONES.- Se procede por lo tanto en el presente procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el art. 72 de la LEC, a la acumulación subjetiva de acciones de uno contra varios sujetos, pues existe en las mismas un nexo por razón del título o causa de pedir contra D. Lucas Cabrera Galeano, contra doña Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y contra el actual presidente de la EMV y Suelo de Madrid, Sr. López Barquero.

 

VII

 

CUANTÍA.- La cuantía de la presente litis de acuerdo con lo establecido en los arts. 252.6ª y 251-1ª de la LEC, es de 150.000 € por daños morales, al ser una cantidad reconocida en os tribunales por dicho concepto, (aunque el valor de los perjuicios ocasionados a este interviniente, asciende en una estimación pericial a unos 600.000 €) con los intereses legales que correspondan desde la fecha de la firma del documento en el que consta la ofensa .

 

VIII

 

PROCEDIMIENTO.- El art. 249.-1.2º de la LEC, señala que se decidirán por este procedimiento, las demandas, cualquiera que sea su cuantía, que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Su tramitación tiene carácter preferente.

 

IX

 

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.- El art. 249.-1.2º de la LEC, exige que en estos procesos sea siempre parte el Ministerio Fiscal.

 

X

 

ASUNTO DE FONDO.- La protección del derecho al honor se ampara en el art. 18.1 de la Constitución.

 

Son de aplicación la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

 

El art. 7.7 de esta ley considera intromisión ilegítima “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. A su vez el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/82 indica que “la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima”. Existen elementos suficientes para concluir que la conducta de los demandados me ha generado perjuicios, por lo que asumen una responsabilidad extracontractual y solidaria, conforme a lo dispuesto en el art. 1.902 CC. Sigue diciendo esta disposición que “la indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en todo caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que ha obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”.

 

La Ley Orgánica 1/1982 establece en su artículo 9.3 que:

 

«La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.»

 

Primero habrá que determinar si ha habido lesión en el derecho al honor, y como deriva del mismo, se entiende que habrá un daño indemnizable, el cual ya sólo quedará cuantificar. Claramente, siempre que hay intromisión en el derecho al honor hay daño moral.

 

La Jurisprudencia se decanta por afirmar que esta presunción opera «de iure». La STS, 1ª, de 7 de marzo de 2003 (Tol 265155), o la STS, 1ª, de 7 de marzo de 2006 (Tol 863830), si bien se posicionan a favor de esta doctrina, no explican sin embargo el porqué de otorgar esta naturaleza jurídica a tal presunción. La mayoría de las Sentencias se centran en analizar la forma de determinar el «quantum» indemnizatorio. Precisamente en la Sentencia de 2003 se especifica cómo existe la obligación de motivar por parte del órgano judicial la cuantía indemnizatoria, debiendo atenerse a los criterios que marca el artículo 9.3 de la L.O. 1/82.

 

Actualmente la jurisprudencia parece decantarse por reconocer la titularidad del derecho al honor a las personas jurídico-privadas, a partir de la STC 139/1995, de 26 de septiembre (Tol 82878), así como STS de 17 de septiembre de 2008 (Tol 1384053), SAP Tarragona de 10 de octubre de 2005 (Tol 816320), SAP Madrid de 5 de mayo de 2010 (Tol 1890464), entre otras. La necesidad de reconocer el derecho al honor a las personas jurídico-privadas, se puede observar perfectamente en la STS de 31 de octubre de 2007 (Tol 1227438).

 

1) La Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, no da una definición clara del derecho al honor; no obstante el Tribunal Constitucional ha venido a definirlo como “el derecho al respeto y reconocimiento de la dignidad personal que se requiere para el libre desarrollo de la personalidad en la convivencia social, sin que pueda (su titular) ser escarnecido o humillado ante uno mismo o los demás (STC 219/92)”.

 

El TC ha señalado como denominador común todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de este derecho, el desmerecimiento en la consideración ajena (art. 7.7 Ley Orgánica 1/1982), como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueran tenidas en el concepto público «por afrentosas».

 

2) En la presente demanda el Sr. Lucas Cabrera Galeano y aquellos de un modo u otro referidos ya por representarlos o por mentar éste comentarios salidos de los negociados de aquellos, son autores de modo activo o pasivo de los escritos que incluyen comentarios que son falsos y no contrastados de la manera exigida y que buscan a través del descrédito remitido a los órganos judiciales, obtener una rentabilidad económica.

 

3) El ejercicio de la libertad de opinión no puede confundirse en ningún caso con la difamación; pero como todos los derechos fundamentales, también tiene sus límites, entre los que se encuentra el derecho al honor de los ciudadanos y asociaciones, tal y como por otra parte establece el Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

 

Quien abusando de la libertad de expresión rebasa dichos límites, queda fuera del ámbito de protección del art. 20.1.a) de la Constitución y del artículo 10 del Convenio, y frente a su conducta el perjudicado tiene el derecho a reclamar la protección de los Tribunales frente a los responsables, para ver satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva.

 

A la luz de todo lo dicho resulta evidente que en el caso que nos ocupa se ha producido una importante intromisión ilegítima al derecho al honor con resultado de menoscabo económico para el actor y letrado cuyo único objeto no era otro que menoscabar su honor vilipendiando su fama, para obtener un descrédito que permitiese presentarlo como un paria.

 

Es evidente la gravedad de la intromisión teniendo en cuenta que los improperios se han basado en calumnias ignominiosas y calificativos improcedentes para inducir a error al Juzgado, lo cual ha supuesto un vapuleo repugnante de la imagen del aquí demandante, y su consideración propia, art. 7.7 de la Ley del Derecho al Honor.

 

El derecho al honor protege la valoración que de la persona en cuestión se tenga en su ámbito personal o social. El derecho al honor es uno de los derechos de la personalidad, inherente a la dignidad de la persona, que define un ámbito de la vida del individuo inmune a las perturbaciones de los poderes públicos y de los terceros. El derecho al honor puede tener una significación relativa y ser valorado de manera diferente en razón de los grupos sociales, relatividad que influye en su régimen jurídico. No existe, por tanto, un concepto definido del derecho al honor en la Constitución ni tampoco en la ley Orgánica 1/1982. El TC lo ha calificado de concepto jurídico indeterminado.

 

En todo caso, el concepto de derecho al honor se relaciona con la reputación y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal. En este sentido la ley Orgánica 1/1982, dispone que “la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”.

 

La caracterización conceptual del derecho al honor se ha visto completada por elementos definidores de su contenido:

 

  • La intima conexión entre el derecho al honor y la dignidad de la persona constitucionalizada en el art. 10.1 CE.

  • Su carácter personal que hace del derecho al honor un derecho de las personas individualmente consideradas.

  • La valoración de su posible vulneración en relación con la actividad profesional o laboral del recurrente o su proyección pública.

 

Para no descollar en cuanto a la siempre difícil cuantificación de los daños, valga la siguiente sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que los cuantifica en un importe que puede bien asumirse como petitum para esta demanda.

 

Sentencia núm. 251/2006 de 2 junio. Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 2ª) (Tol 1227438):

 

  • «El origen está en el hecho, de que el derecho al honor (en el que está comprendido el prestigio profesional de las personas jurídicas entendido como dignidad ganada ante los demás, reputación y crédito adquirido en el ejercicio de una profesión) que ampara a las personas físicas o jurídicas frente a intromisiones que le ocasionen perjuicio, no es un derecho absoluto, sino que viene limitado, por el también fundamental, derecho a informar libremente».

  • «Se aprecia por este Tribunal, una intromisión ilegítima en el honor de la misma y que podría haberse evitado si hubiese existido una mínima diligencia periodística; por lo que es procedente en lo que respecta a la cuestión de fondo debatida, la estimación de la pretensión revocatoria articulada por la entidad apelante, declarándose la responsabilidad solidaria de todos los codemandados en base al art. 65 de la Ley de Prensa e Imprenta».

  • «Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil AX, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Dos Hermanas con fecha 1 de julio de 2004 debemos de revocar y revocamos la misma y en su virtud debemos declarar que los demandados D. Francisco, D. Pedro Jesús y D. Serafín han realizado una intromisión ilegítima contra el honor de la entidad actora, condenándolos a publicar a su costa la sentencia en la revista Revista y que indemnicen a la precitada mercantil actora AX, SA en la cantidad de 150.000 euros por los daños morales y perjuicios ocasionados y ello sin expreso pronunciamiento sobre las costas procesales generadas en ambas instancias».

 

XI

 

PLAZO DE INTERPOSICIÓN.- La presente demanda se interpone dentro del plazo de caducidad de 4 años previsto en el art. 9.5 LO 1/1982.

 

XII

 

COSTAS.- Es preceptiva la condena en costas, incluso aunque se produzca allanamiento, toda vez que, en otro caso, sería un sistema fácil y abusivo esperar al proceso judicial para cumplir lo que antes le correspondía. Es claro que los demandados o bien han infringido la Ley o bien ni siquiera han dado solución a la situación, a pesar de ser requeridos previamente, por lo que entendemos existe temeridad y mala fe, conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 395 de la LEC.

 


 

Por lo expuesto,

 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que lo acompañan y copias de todo ello, se sirva admitirlo, teniéndome por personado y parte en la representación que ostento y por formulada demanda de JUICIO ORDINARIO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR, y tras los trámites procesales oportunos, con intervención del Ministerio Fiscal, se dicte Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

 

-Se condene solidariamente a los aquí demandados al pago al actor de la cantidad de 150.000 euros (ciento cincuenta mil euros) más los intereses legales que se devenguen desde la fecha de la firma de la citada injuria y hasta que se satisfaga dicha cantidad.

 

-Se condene al Ayuntamiento de Madrid a publicar en dos diarios de tirada nacional el fallo de la sentencia que en su día se dicte.

 

-Se condene solidariamente a los codemandados al pago de las costas del proceso, conforme al art. 394 LEC

 

PRIMER OTROSÍ DIGO, que resultando imposible para esta parte conocer el domicilio particular del demandado y de los codemandados y haciendo uso de la previsión contenida en el art. 155.5 LEC, se designa como tales domicilios el del Ayuntamiento de Madrid, en las personas de D Lucas Cabrera Galeano y de su actual alcaldesa Sra. Carmena, y el de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo S.A. en la persona de su actual Director General Sr. López Barquero al prestar allí aquellos sus servicios profesionales.

 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hecha la anterior manifestación y provea en consecuencia.

 


 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que esta parte manifiesta su voluntad expresa de haber cumplido en el presente escrito los requisitos exigidos por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por lo que

 

AL JUZGADO SUPLICO que, en el supuesto de haber incurrido en algún defecto procesal, se le conceda a esta parte el oportuno trámite para su subsanación, de conformidad con lo previsto en el art. 231 LEC.

 

TERCER OTROSÍ DIGO, que se solicita la suspensión del procedimiento en tanto se tramita la solicitud de Justicia Gratuita, at. 16 L.J.G. para no vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva al solicitante, art. 24.1 C.E.

 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hecha la anterior manifestación y provea en consecuencia.

 

CUARTO OTROSÍ DIGO que se indican como pruebas las siguientes:

 

Documental: la aportada con la demanda.

 

Testifical: Se cite a la antecesora en el cargo de Presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid doña María Serrano, con conocimiento de su destino en el Ayuntamiento de Madrid, para que declare sobre la veracidad de lo expresado por esta parte sobre que manifestó en cita concertada en su despacho de C/ Palos de la Frontera y con testigos, su voluntad de reparar la daño producido a este ciudadano, titular de su vivienda, entre otros.

 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hecha la anterior manifestación y provea en consecuencia.

 

Principal y otrosí por ser de Justicia que pido en Madrid, a 1 de septiembre de 2017.

 

ANEXOS.- Documentos justificativos de la lesión producida DOCUMENTO Nº 1 y resto de documentos numerados de la acreditación de situación de haber vivido siempre en la legalidad el demandante lesionado.

 


 

Fdo.:

 

Dr. José Manuel López Iglesias

 

Col. ICAM 60.908

 


 

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