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Las medidas para promover la resolución extrajudicial de las reclamaciones por abusos de la banca se han demostrado ineficaces, como ya advirtió FACUA, y han provocado una avalancha de demandas en los juzgados.

 

Los datos confirman los temores: los juzgados dedicados a atender los casos de demandas por abusos de la banca, como las cláusulas suelo o los gastos de formalización de las hipotecas, están saturados. No se libra prácticamente ninguno. Las protestas se suceden cada día en Badajoz, en Salamanca, en Ciudad Real, en Vigo... En Valencia, por ejemplo, el único juzgado habilitado para este asunto tendrá que celebrar más de 60 vistas semanales, tras recibir 1.200 demandas en mes y medio. El de Málaga se declara "desbordado" con más de un millar de demandas por resolver. Y en Madrid han sido casi cinco mil las demandas presentadas, en el único juzgado encargado de resolver estos asuntos.

 

 

 

 

Las causas de esta saturación son siempre las mismas: los juzgados no disponen de medios suficientes para hacer frente a la avalancha de denuncias presentadas contra los bancos por los abusos cometidos por éstos. FACUA-Consumidores en Acción ya advirtió de que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para impulsar la solución extrajudicial de los conflictos con los bancos, tras las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarando abusivas y, por ello, nulas las llamadas cláusulas suelo, eran insuficientes y sólo beneficiaban a la banca.

 

La prueba es, precisamente, la avalancha de demandas que se ha producido, ante la negativa de los bancos a resolver de manera extrajudicial las reclamaciones planteadas por los usuarios para la devolución de cantidades cobradas de manera indebida. FACUA ya ha denunciado a más de una decena de entidades bancarias por las trabas que están poniendo a los usuarios para devolverles un dinero que nunca debieron cobrarles.

 

Los datos que recientemente ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son indiscutibles, casi 16.000 demandas en sólo un mes, y ponen de manifiesto que, efectivamente, las medidas del Gobierno no han impedido que las reclamaciones en materia de cláusulas suelo y gastos de formalización de hipotecas inunden los juzgados destinados a este fin.

 

La saturación la denuncian los sindicatos y la advirtieron hasta las comunidades autónomas, que desde el primer momento reclamaron refuerzos al Gobierno para estos juzgados. El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

 

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia (uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear) para tatar asuntos relativos a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

 

La asociación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el TJUE ya han declarado en diferentes sentencias la ilegalidad de esta práctica y que, por tanto, debería devolverse el dinero a los afectados sin más dilación ni procesos complejos, caros y lentos.

 

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