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El presidente de honor participa con derecho a voz y voto en las deliberaciones de la Junta y es el máximo representante de la Organización. Su nombramiento deberá recaer siempre en una persona de acreditada trayectoria en oposición y denuncia a casos de corrupción.

 

Fernando Urruticoechea Basozabal es interventor. En su larga trayectoria ha desempeñado tareas profesionales en distintos ayuntamientos en los que ha venido aplicando la ley y oponiéndose a prácticas que por su falta de control podían desembocar en corrupción y expolio del dinero público o sus bienes para beneficio privado. De su actuación se han derivado diversos juicios contra alcaldes y concejales en distintos municipios que han sido condenados por la justicia.

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Descargar este archivo (Cambios en el OCC.pdf)Cambios en el OCC.pdf 244 kB2017-05-09 14:19
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Su labor tozuda de oposición a las prácticas corruptas durante años, de lo que no hay caso igual que conozcamos en España, lo hacen acreedor a desempeñar esta tarea en el OCC (que algunos seguidores llaman Organización Contra Corruptos y Canallas) porque no ha denunciado un asunto que le afectara personalmente (como nunca el OCC ha denunciado asuntos que afectaran a ninguno de los miembros de su directiva), ni un hecho puntual, que tienen su mérito, pero mucho más lo tiene mantener denuncias en distintos ayuntamientos durante años siendo objeto de múltiples denuncias, injusticias y acoso por parte de los distintos alcaldes a los que impedía actuar contra el interés general de la ciudadanía. Si hay una persona en España que represente la actuación de un funcionario contra los corruptos ese es Fernando Urruticoechea.

Hasta ahora el OCC ha actuado en las trincheras de la acción directa, asesorando a denunciantes, presentando denuncias ante distintos organismos, trasladando información sensible que recibimos (de terrorismo islamista, redes de pederastia, crimen de Marta del Castillo, redes de narcotráfico y de empresarios corruptos españoles y extranjeros en España…) en el ejercicio de la acusación popular y otras tareas que por sus propias características aconsejan llevarse a cabo reservadamente, y consideramos que podemos asumir también la tarea de realizar propuestas al Gobierno, al Congreso y los grupos parlamentarios sobre la protección de los denunciantes de corrupción. Por ello hemos constituido un grupo de expertos encabezados por el presidente del OCC, Fernando Urruticoechea, para trasladar nuestras propuestas a los distintos grupos parlamentarios al proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que a instancias del grupo de Ciudadanos en el Congreso se está tramitando en este momento.

Hoy se ha conocido a través de varios medios de comunicación que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, firmó un decreto en el que reconoce que no podía cambiar a los dos fiscales del caso "Lezo". Pretendió también impedir registros y que no se considerara a los detenidos "grupo organizado" en contra del criterio de los fiscales actuantes.

Por filtraciones del sumario se ha conocido que Ignacio González, otros políticos, exmiembros del Consejo General del Poder Judicial y otras personas, desde meses antes de su nombramiento, ya planteaban la conveniencia de que el nombrado como jefe Anticorrupción fuera Manuel Moix. Un medio de comunicación ha difundido asuntos (al menos tres) denunciados en la fiscalía de Madrid contra decisiones políticas con componente económico de Ignacio González, que siendo fiscal jefe responsable en dicho ámbito territorial Manuel Moix, fueron directamente archivados sin hacerse ni una sola diligencia, que muy probablemente habrían dejado al descubierto, hace diez años, el uso corrupto de las instituciones llevadas a cabo por políticos del PP en la Comunidad de Madrid.

No se ha explicado la razón del cese de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que hay quienes centran en su negativa a dejarse imponer al fiscal Manuel Moix, siendo el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombrado para llevar a cabo dicho nombramiento. En nuestra opinión el actual fiscal general del Estado también está bajo la sospecha de permitir injerencias políticas en la fiscalía a favor de la protección a los corruptos.

El ministro de Justicia ha justificado su respuesta por mensaje telefónico al encarcelado Ignacio González aludiendo a la situación política del Gobierno, cuando ya hacía meses que Ignacio González no ocupaba ningún cargo político y seguía imputado por el caso del ático de Estepona. De otra parte, los comentarios interceptados de Ignacio González con Enrique Cerezo y otras personas evidencian que se estaba presionando al ministro de Justicia para tratar de impedir el ejercicio de la acción popular en los procedimientos judiciales. Declaraciones públicas del Ministro de Justicia posteriores en tal sentido señalan que las presiones de los corruptos y su entorno parecen haber dado frutos.

En vista de lo anterior, desde el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (Organización Contra Corruptos y Canallas según algunos simpatizantes) consideramos que el fiscal Moix debe ser cesado de inmediato por el Gobierno; que los partidos políticos que quieran acabar con la corrupción deben declararse en situación de emergencia y exigir el relevo del actual fiscal general del Estado. En la actual situación sería procedente exigir el nombramiento de un ministro de Justicia independiente, consensuado entre todos, porque en esta situación España y sus instituciones están actuando y permitiendo actuar a personas sospechosas de estar en complicidad con corruptos.

LA JUNTA DIRECTIVA

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