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José Enrique Fernández de Moya Romero Secretario de Estado de Hacienda

Con copia para Francisco Fernández Marugán Adjunto Primero del Defensor del Pueblo en el No Expediente: 16011334, y María Cristina Díaz Márquez Directora General de Justicia de la CAM publicado con firma digital en www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf

Denuncia para fiscalización de actividades económicas (periciales y tasaciones) del departamento de honorarios del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM

Amplío aquí la denuncia que desde hace más de un año mantengo ante el Director de la Agencia Tributaria AEAT y también Manuel José Díaz Corral director del gabinete del anterior secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré Navarrete por el que ponía en su conocimiento la ejecución judicial de juras de cuentas sin factura por parte de los letrados del ICAM, Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas en lo que parece ser una práctica habitual de cobro de honorarios no declarados por abogados.

Al seguir sin factura alguna, ejecutado judicialmente después de haber pagado más de 5.000 euros (exactamente 5.082 €) hace ya más de año y medio y no tener respuesta de la AEAT, yo denuncié la situación al Defensor del Pueblo, con la queja que adjunto y que está publicada en www.miguelgallardo.es/queja-aeat.pdf y también a la Directora General de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid María Cristina Díaz Márquez quien niega tener competencia alguna pese a que su Gobierno fue quien denunció al ICAM ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC resultando una dura sanción por abuso y competencia desleal.

Es pública la controversia sobre el pago del IVA de los abogados de oficio por las cantidades que reciben de los fondos públicos para Justicia Gratuita, pero los hechos reiteradamente denunciados de cobro de honorarios sin factura por ejecución judicial de “cosa no juzgada”. Son cosas diferentes. Una cosa es el pago con fondos públicos de Justicia Gratuita y otra muy distinta, al menos a efectos fiscales, el cobro por jura de cuentas de honorarios profesionales tasados muy perversamente sin haber presentado factura ni haber pagado IVA ni haber declarado fiscalmente nada.

Pues bien, tras haber investigado el fraude fiscal sistemático en los honorarios cobrados por letrados del ICAM sin factura alguna, he descubierto que el problema es mucho mayor aún, porque no se limita a los colegiados del ICAM, sino al ICAM en sí mismo, al ser un negocio del ICAM la tasación, en mi caso desproporcionada y abusiva pero en todo caso, sin que se presente factura alguna ni se declare en el modelo 347 como ingreso superior a 3.000 euros, como repito que es mi caso por lo pagado hace ya más de año y medio a Juan Enrique de Frutos Arribas. Ese negocio tasador de honorarios del ICAM es responsabilidad del funcionario del ICAM Francisco Fernández Ortega, y es perfectamente conocido por todos los juzgados de Madrid en los que se haya jurado alguna cuenta. Además, ya se ha explicado al Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ así en www.miguelgallardo.es/alzada-cgpj-icam.pdf

5ª A lo dicho que consta en el expediente 92/2016 y también publicado en Internet

http://www.miguelgallardo.es/presidente-ap-madrid.pdf

así como lo que se adjunta y también le consta ya a la presidencia del CGPJ en

http://www.cita.es/carlos-lesmes-icam.pdf

hay que añadir un motivo más por el que se debería garantizar la imparcialidad de los jueces en todo cuanto el ICAM pueda tener interés, y más aún en materia de honorarios de letrados colegiados en el ICAM, y especialmente si son del turno de oficio, que resulta muy relevante.

El ICAM no solamente defiende los intereses de los colegiados, sino también los suyos propios. Basta conocer mínimamente la actividad del departamento de honorarios de ICAM, y más concretamente, del funcionario del ICAM Francisco Fernández Ortega, considerando la documentación que se adjunta, para entender que el ICAM tiene un doble interés, quizá indirecto por sus colegiados, pero también directo, porque cobra por las tasaciones de honorarios que practica. Es decir, que pide e ingresa dinero por cuantificar lo que más beneficia a sus colegiados, de tal manera que el negocio de las tasaciones de honorarios es muy rentable, porque con pocos gastos de los que se beneficia más quien más se equivoca (o simula equivocarse), recibe ingresos directos tal vez no declarados fiscalmente. Es posible, y muy probable, que entre magistrados e ICAM haya más conflictos de intereses, pero el disco duro y todos los escritos del funcionario del ICAM Francisco Fernández Ortega, que tengan consecuencias judiciales deben ser sometidos a cuanto la Constitución Española, en sus arts. 9, 20, 24, 105 y 120, garantiza.

Y al existir total opacidad en las relaciones, remuneradas o no, entre jueces e ICAM, es imprescindible, precisamente, publicitar esa interesada opacidad.

Y eso es, precisamente, lo que estoy decidido a hacer al no ser eficaz ninguna denuncia o queja ante ninguna instancia para que unos abogados de oficio que consiguen ejecutar unas juras de cuentas en presunta “exacción ilegal”, sin cosa juzgada alguna, con pleno conocimiento de la Agencia Tributaria AEAT y la complicidad del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM sea conocida, al menos, por el Secretario de Estado de Hacienda, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC y como el cobro sin factura de honorarios abusivos por letrados de oficio no puede ser amparado por el derecho comunitario, preparo una denuncia ante la Comisión Europea para que se investigue la fraudulenta economía del turno de oficio del ICAM en especial, y de los honorarios de letrados del ICAM en general, pero también del opaco negocio de las tasaciones de honorarios del mismo ICAM.

Los ingresos del ICAM por tasaciones de costas explican durísimos y perversos conflictos de intereses incluso entre abogados del Estado, como es el caso de Pedro Lescure Ceñal que, según parece, tiene concedida la compatibilidad para su función pública en la Abogacía del Estado al mismo tiempo que dirige los servicios jurídicos del ICAM, que incluso litiga contra otros abogados del Estado ante la Audiencia Nacional en el recurso contra la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC como puede verse en www.cita.es/pedro-lescure-ae.pdf

No parece existir control contable alguno sobre los ingresos del ICAM, pero tampoco sobre ciertos pagos, por ejemplo, a magistrados que participan en cursos, seminarios, jornadas, conferencias o cualquier tipo de eventos o actos organizados por el ICAM, que puede ejercer una influencia mucho mayor que la de Luis Pineda y AUSBANC sobre el criterio de los jueces que juzgan sobre sus propios intereses corporativos, pero de los que se benefician más directamente algunos empleados del ICAM.

El funcionario del ICAM Francisco Fernández Ortega cobra muy importantes tasas o aranceles o sus propios honorarios por tasar muy cuantiosos honorarios de los colegiados por requerimiento de los juzgados, sin factura alguna. Yo la pedí cuando solicitó más de 300 euros, y no la dio, por lo que cabe suponer que nunca declara IVA ni declara ninguna de las cuantías que recibe por tasar honorarios de más de 3.000 euros. Soy consciente de la gravedad de esta acusación y precisamente por ello insistiré a José Enrique Fernández de Moya Romero Secretario de Estado de Hacienda tanto como me sea posible hasta que se pruebe que los ingresos del ICAM y de su funcionario Francisco Fernández Ortega están declarados y fiscalizados. No es solamente una cuestión de conciencia fiscal, sino que es defensa propia con interés muy legítimo, más aún al no atreverse casi nadie a cuestionar ningún abusivo negocio del ICAM, declarado o no, y en especial, de las tasaciones de honorarios.

No es necesaria mucha formación para comprender que si las tasas del mismo ICAM son proporcionales a los honorarios tasados, y que las cuantías benefician a sus colegiados porque acaban pagándolas partes litigantes, la tendencia será a abusar de las tasaciones tanto para beneficiar a los colegiados como para que quien tasa se beneficie a sí mismo y al ICAM. La opacidad del ICAM respecto a los honorarios o incentivos o comisiones por las tasaciones es absoluta y extremadamente sospechosa.

Para publicitar la opacidad, puedo compartir con todo el que tenga quejas del ICAM, y en especial de sus honorarios, toda la documentación que ya consta en altas instancias y estudiar, entre otras evidencias de la perversión y opacidad fiscal de las tasaciones del ICAM, noticias como éstas:

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-02-02/bankia-contraataca-y-denuncia-a-arriaga-en-la-cnmc-por-inflar-las-costas-de-los-pleitos_1144928/

Bankia contraataca y denuncia a Arriaga en la CNMC por inflar las costas de los pleitos  La entidad nacionalizada ha abonado 43 millones en costas al bufete más activo contra Bankia. Acusa al despacho de actuar de forma desleal en connivencia con el Colegio de Abogados de Madrid

Bankia ha comenzado a recurrir los honorarios que le cargan los despachos, ya que, al ir directamente al máximo del baremo del colegio de abogados, considera que eran "desproporcionados e hinchaban las liquidaciones de honorarios presentados". Y critica que "los colegios de abogados proporcionan cobertura al mantenimiento de precios desproporcionadamente elevados" por los "demandantes en el ciclo hostil contra Bankia".

Lamentablemente, no se hace referencia a los costes de las tasaciones cuando se impugnan las costas, y no se tiene noticia de que exista el menor control sobre lo que el ICAM ha cobrado a BANKIA por la impugnación de minutas (“La denuncia se centra en Arriaga, pero menciona a otros seis bufetes sobre los que tiene sospechas de actuaciones similares, como Bufete Rosales y Caamaño, Concheiro & Seoane” pero nada dice de lo pagado al ICAM por sus tasaciones). Si no existe el menor control del negocio del ICAM tasando y el ICAM (con Francisco Fernández Ortega como responsable de su departamento de honorarios) ingresa mayores cuantías cuanto mayores son los honorarios tasados, no hace falta mucha perspicacia para evidenciar la perversión del sistema de tasación del ICAM y sus beneficiarios a título lucrativo.

Estas prácticas del cobro de las tasaciones en el ICAM no se producen en otros colegios de abogados, porque además, son ilegales ya que en sentencia del Tribunal Supremo se determina que que el coste de las tasaciones de honorarios de abogados no puede ser incluido en la tasación de costas que ha de abonar la parte condenada al pago (en mi caso, fueron los contrarios los condenados al pago y sin embargo, increíblemente, los abogados de oficio me reclaman unos honorarios escandalosos, el ICAM los tasa como ellos pretenden y un secretario judicial confirma lo que dice el ICAM en una ejecución “sin cosa juzgada” en presunta “exacción ilegal”. En este sentido, se referencia la sentencia y el abuso del ICAM en

http://xornaldegalicia.es/especiales/juridico/9800-apedanica-investiga-cobros-indebidos-de-colegios-de-abogados-como-el-icam-de-madrid-por-tasar-honorarios-y-pide-a-los-letrados-que-revisen-apuntes-bancarios

APEDANICA investiga cobros indebidos de colegios de abogados como el ICAM de Madrid por tasar honorarios y pide a los letrados que revisen apuntes bancarios

Hemos investigado el ilícito cobro de las tasaciones de honorarios practicadas por el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM cuando se impugnan las costas judiciales. El ICAM cobra por banco al letrado que impugna que puede repercutir o no al cliente el coste de la tasación. Se ha creado un negocio en el ICAM absolutamente ilegal, porque la sentencia TS, Sala Primera, de lo Civil, de 28 de septiembre de 2010 Recurso 230/2008. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS SP/AUTRJ/529942 dice textualmente: "Tampoco procede declarar a cargo de ninguna de las partes los derechos colegiales por emisión de dictamen, en la medida que el dictamen que ha de emitir el Colegio de Abogados cuando los honorarios de Letrado han sido impugnados por excesivos, constituye una obligación impuesta por la Ley a aquéllos como Administración Corporativa, además de un trámite preceptivo para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse con mayor conocimiento y mejor criterio acerca de la corrección de los expresados honorarios profesionales, sin que por ello puedan tales derechos colegiales incluirse en la tasación de costas que ha de abonar la parte condenada a su pago. ..."

Algunos abogados parece que son muy conscientes de esas perversiones del ICAM. Se adjuntan relevantes publicaciones al respecto de la opacidad del ICAM, vistas en

https://beltrangambieryelicam.blogspot.com.es/2016/10/pedido-de-informacion-la-decana-del.html

http://web.archive.org/web/20120422190344/

http://www.defensaabogaciamadrid.com/2012/04/19/analisis-de-los-presupuestos-2012-del-icam-7

Recientemente, un abogado colegiado en el ICAM, NDRES DIAZ BARBERO, presentó una demanda estimada en sentencia nº 320 de 2016 de fecha 27 de julio de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, dictada en autos de PO 249/15, sobre acuerdo colegial , que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004 33010280 NIG: 28.079.00.3-2015/0011464 Recurso de Apelación 1034/2016 Recurrente: CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO Recurrido: D./Dña. ANDRES DIAZ BARBERO PROCURADOR D./Dña. MARIA LUISA NOYA OTERO, sentencia núm. 60 de  dos de febrero de 2017, Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Ramón Giménez Cabezón.

El objeto de esa demanda ya estimada en sentencia firme es impedir que el ICAM cobre directamente por domiciliación bancaria a los colegiados el importe de las tasaciones de honorarios para juzgados que, además, no debería cobrar en modo alguno en ningún caso, según la citada sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 28 de septiembre de 2010 Recurso 230/2008. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS SP/AUTRJ/529942.

El negocio de las tasaciones de honorarios del ICAM (que debe de distinguirse del negocio de cada abogado que jura cuentas y cobra sin factura alguna y sin declarar las de más de 3.000 euros en el modelo 347 de la AEAT), parece haberse instituido en un acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAM (al que se remiten las tasaciones de cada caso) adjunto y publicado en

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20JUNTA%2028_10_08.pdf

La Comisión Nacional de la Competencia CNMC ya ha sancionado al ICAM por establecer un baremo de honorarios que atenta contra la libre competencia. Pero si esos honorarios no pagan IVA ni se declaran en el 347, y el negocio de las tasaciones del mismo ICAM no tiene control fiscal alguno, sus responsables pueden cobrar cantidades ilimitadas y desconocidas en sus sueldos (o incluso en incentivos por tasar más o menos, de una u otra manera), la aberración fiscal solamente puede ser investigada fiscalmente con suficiente eficacia.

Lamentablemente, este perjudicado por el perverso sistema de tasaciones del ICAM, tanto en el negocio del mismo ICAM, como en el de dos abogados del turno de oficio que han abusado tanto que llegan a multiplicar por 3 añadiendo costas al más favorable criterio que pueda imaginarse, pero ¿por qué ocurre esto? No hace falta ser doctor en nada para entender que la misma opacidad que existe sobre los ingresos del ICAM, también oscurece los pagos del ICAM, por ejemplo, a magistrados y jueces de Madrid como reconoce el Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Ilmo. Sr. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina contra toda la jurisprudencia europea sobre transparencia que concluye que los ingresos de funcionarios públicos, y tanto como el que más, los de un juez, no pueden ser secretos, pero los pagos del ICAM lo son. No es solamente una cuestión económica, sino también un control eficaz del ICAM sobre las actividades y el criterio de los jueces sobre los intereses del mismo ICAM.

Incluso si todos los pagos del ICAM a jueces de Madrid fueran absolutamente legales y estuvieran perfectamente declarados fiscalmente, sin excepción alguna, la relación entre jueces e ICAM, por multitud de factores eventuales e institucionales, potencia la perversión del negocio de la tasación de honorarios de abogados nunca facturados. Muchos jueces, tras su jubilación o cese, viven, precisamente, de su colegiación en el ICAM.

Esta tendencia a favorecer al ICAM puede apreciarse en todos los organismos públicos en los que los funcionarios son licenciados en derecho. Nadie debe ofenderse por que merezcan especial control y supervisión las resoluciones administrativas o judiciales que favorezcan al ICAM precisamente porque quien las dicte pueda acabar como colegiado ejerciente, o sea colegiado no ejerciente en su función pública como ocurre con alguno de los casos en

http://www.miguelgallardo.es/presidente-ap-madrid.pdf

http://www.miguelgallardo.es/tsj-icam.pdf

http://www.cita.es/carlos-lesmes-icam.pdf

Hemos recordado al Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ la famosa frase del utilitarista inglés Jeremy Bentham “cuanto más te observo, mejor te comportas” (originalmente, en los manuscritos de Bentham fue “the more strictly we are watched, the better we behave”) y por lo que parece, a la vista del negocio de las tasaciones del ICAM, y sus relaciones con jueces de Madrid, que hace falta mucha observación sobre mucha más transparencia, pero al no haberla, solamente la Agencia Tributaria puede observar lo que a los más interesados se nos niega, y esa es la principal razón de esta denuncia pública (o ampliación de la anterior) por lo dispuesto en el artículo  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de que lo aquí denunciado pueda trasladarse a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC o incluso a instancias europeas porque los abusos del ICAM y sus colegiados tal vez no puedan ser corregidos eficazmente en España y sea necesario, como ya se ha dicho al Pleno del CGPJ, presentar denuncia por violación del derecho comunitario europeo.

Además, las tasaciones de costas interesadamente erróneas, como la denunciada al ICAM en www.cita.es/icam-errores.pdf pueden incurrir en una ignorancia deliberada con responsabilidades penales tanto del funcionario responsable de la tasación, como del mismo ICAM como persona jurídica. Pero en todo caso, las irracionales tasaciones y el abusivo negocio del ICAM sobre el negocio jurídico de sus colegiados puede crear una “burbuja de honorarios profesionales que por lo que parece, únicamente puede ser moderada con transparencia y fiscalidad. Si los abogados de oficio pueden cobrar minutas tan abusivas sin factura alguna por sus honorarios sin declarar sus ingresos en el modelo 347, y la Agencia Tributaria lo conoce desde hace tiempo sin actuar, habrá que encontrar un procedimiento para que la Comisión Europea intervenga eficazmente ante tanto abuso.

Por lo expuesto, considerando esta denuncia tributaria por la falta de factura de honorarios de Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas ya denunciada según consta Director de la Agencia Tributaria AEAT y también Manuel José Díaz Corral director del gabinete del anterior secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré Navarrete con ampliación por los hechos relativos al negocio del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM en beneficio propio por cobro de tasaciones practicadas por Francisco Fernández Ortega en el departamento de honorarios del ICAM, con la documentación que se acompaña a este documento PDF firmado con certificado de la FNMT, la admita y proceda para que a la mayor brevedad se requiera a Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas para que facturen a este denunciante los honorarios tasados por el ICAM tomando las medidas oportunas para que no se puedan ejecutar más juras de cuentas sin haber presentado la correspondiente factura.

Además, considerando que el ICAM está cobrando por tasar ilegalmente según TS, Sala Primera, de lo Civil, de 28 de septiembre de 2010 Recurso 230/2008. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS SP/AUTRJ/529942, que se fiscalicen esos cobros que domicilia a los colegiados contra lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta sentencia núm. 60 de  dos de febrero de 2017, Ponente Magistrado Ilmo. Sr. José Ramón Giménez Cabezón porque es probable que esos ingresos del ICAM no estén fiscalizados, y además, porque generan una perversa burbuja de honorarios sobrevalorados al tener interés el ICAM como tasador en cobrar más en proporción al valor de lo que el mismo ICAM tasa, por lo que parece, sin factura alguna ni declaración fiscal de nada de todo ello.

Este escrito con documentación adjunta queda publicado con firma digital en la primera página de www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf

SE SOLICITA PRONTO ACUSE DE RECIBO DE ESTA DENUNCIA Y EL NOMBRE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU TRÁMITE.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045

Adjuntando lo que consta al DEFENSOR DEL PUEBLO en Expediente: 16011334

DENUNCIA TRIBUTARIA por el art. 114.3 de la Ley 58/03

Al director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT

Enlaces en publicados en Internet www.miguelgallardo.es/pago-factura.pdf  

Reiterando lo manifestado en los escritos de 27.10.15 (enviado con certificado digital a la Sede Electrónica de la AEAT en su fecha) y el anterior al que respondió Manuel José Díaz Corral director del gabinete del secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré Navarrete por el que ponía en conocimiento de la AEAT la ejecución de juras de cuentas sin presentar factura por parte de los letrados del ICAM, Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas (adjunto escrito de denuncia), quiero poner en su conocimiento que recientemente he tenido vista (pero no copia) del mandamiento de pago Q-3248582 emitido por el secretario del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid con fecha 21.7.15 que ahora consta como folio 78 en el Recurso de Apelación 117/2016-3 en la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ese folio 78 evidencia por sí mismo que el letrado del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas ha recibido un mandamiento pago por el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid con fecha 21.7.15, por importe de 5.082 € (digo CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS)  que se corresponde con el ingreso que yo mismo hice al juzgado que consta justificado en esos mismos autos en el folio 60, que se corresponde con la página 16 del PDF adjunto publicado en http://www.miguelgallardo.es/pagado-sin-factura.pdf

Repito que no puedo aportar ese folio 78 con el mandamiento de pago porque he tenido vista, pero no copia, y voy a solicitarla testimoniada.

Tanto en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, como en la Recurso de Apelación 117/2016-3 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, hay muy numerosas referencias a la falta de factura del letrado del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas pero a la vista de sus últimas manifestaciones, he decidido hacer pública la correspondencia que mantuve con él, mencionando 5 veces la palabra factura en http://www.miguelgallardo.es/juan-enrique-de-frutos-arribas.pdf

En esa correspondencia resulta completamente evidente que se niega a facturar ni la cantidad ya cobrada de 5.082 € ni la que reclama por vía judicial como honorarios profesionales (que triplican lo tasado por el mismo juzgado) que, increíblemente, contra toda lógica y elemental justicia, el secretario judicial acepta y le concede 15.246,00.­€ más las costas, que considerando la apelación pueden superar incluso los 20.000 €.

Es decir, que desde hace más de 6 meses, y cerrado ya el ejercicio fiscal de 2015, el letrado del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas no ha presentado factura, ni al que se la reclama, ni en el Juzgado del que recibe el pago de 5.082 €.

El perjuicio para quien aquí presenta denuncia tributaria por el art. 114.3 de la Ley 58/03, al no haber recibido ni factura (ni siquiera una minuta sin validez fiscal) tan pronto como empezó a reclamar sus desproporcionados honorarios (repito que 3 veces superiores a los que en el mejor de los casos más favorable para él pudieran corresponderle al letrado de oficio del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas) está siendo enorme, y creciente, acumulándose a los de la otra letrada de oficio ICAM Ana Caparroz Alonso que renunció antes, también denunciada aquí y en escritos anteriores por la misma razón: RECLAMAN HONORARIOS NUNCA FACTURADOS.

Al existir siete (7) procedimientos judiciales extremadamente perversos (principal, dos juras, dos ejecuciones y dos apelaciones), precisamente sobre la reclamación de honorarios nunca facturados por dos letrados de oficio, con independencia de las resoluciones judiciales que se contradicen entre sí (incluso la jueza se contradice a sí misma al valorar los mismos honorarios de manera distinta en el principal y en las juras), que hubieran sido evitados si quien reclama honorarios los factura de manera que puedan aportarse a tiempo, más allá de mis propios perjuicios, quiero agotar todas las posibilidades a mi alcance para impedir que algo así pueda volver a ocurrir.

Además, el procedimiento principal evidencia un pago en especie, porque dos funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, Rafael Aracil Santonja y Ramón Rodríguez Arribas demandaron 300.000 euros por su honor utilizando para ello recursos públicos, exclusivamente, de tal manera, que si hubieran ganado se habrían enriquecido, pero al perder, condenados en costas, ni siquiera pagan lo que los abogados de oficio reclaman (sin factura alguna).

Esta increíble situación, también desde una perspectiva fiscal, no parece ser entendida por ninguna autoridad, ni judicial, ni de la Administración autonómica o central del Estado. Y cuanto más intento explicarla, más se me perjudica. Por este motivo, sin perjuicio de lo que pueda hacer o no la AEAT cuando se denuncian honorarios profesionales que letrados de oficio del ICAM reclaman y ejecutan sin haber emitido ninguna factura, estoy estudiando la posibilidad de iniciar un procedimiento por violación del derecho comunitario dirigiéndome por correo electrónico, al menos, a

Consejo General de la Abogacía Europea (CCBE)

Council of Bars and Law Societies of Europe - European lawyers promoting law & justice

Ver www.miguelgallardo.es/ccbe.pdf

y Federación de Colegios (asociaciones profesionales) de Abogados de Europa

Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)

Ver www.miguelgallardo.es/fbe.pdf  

En este sentido, en el Recurso de Apelación 117/2016 ­ 3 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid tiene en mi apelación una expresa petición de CUESTIÓN DE PREJUDICIALIDAD EUROPEA, textualmente así:

...se plantee cuestión de prejudicialidad europea sobre este asunto considerando todos los antecedentes de este recurso de apelación contra una resolución judicial que, como mínimo, viola el espíritu y la letra de la  CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 11 Libertad de expresión y de información y Art. 47 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y el TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (Art. 6)...

Según puede verse en la apelación en http://www.miguelgallardo.es/apela-frutos.pdf

Esta petición de PREJUDICIALIDAD EUROPEA se ha reiterado en el recurso de reposición contra la denegación de prueba y vista, textualmente así:

...Ante tal indefensión, reiteramos a la Sala que, en caso de que tenga la menor duda sobre el fondo del asunto, antes de sentar un gravísimo precedente, PLANTEE CUESTIÓN DE PREJUDICIALIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA...

Según recurso de reposición en http://www.miguelgallardo.es/repone-apela.pdf

Con independencia de las 2 apelaciones que afronto, lo cierto es que no consta que al menos un letrado de oficio haya tributado en modo alguno por los 5.082 € (digo CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS) que ya ha recibido, y que los dos letrados de oficio denunciados reclaman honorarios sin facturarlos, y si en España no existen para ello procedimientos judiciales o administrativos sancionadores, debe denunciarse ante la Comisión Europea porque en el Turno de Oficio podría generalizarse el fraude.

Por lo expuesto, al director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT como mejor proceda solicito que teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña, se requieran las facturas que no han emitido (o al menos, yo no he recibido ni constan en los procedimientos judiciales) ni Ana Caparroz Alonso ni Juan Enrique de Frutos Arribas sin perjuicio ni renuncia de cualquier otro derecho o instancia que pueda corresponderme, en Madrid, a 28 de febrero de 2016 (para su registro en Sede Electrónica con certificado digital personal).

Enlaces en publicados en Internet www.miguelgallardo.es/pago-factura.pdf  

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 6 escritos y

www.miguelgallardo.es/ccbe.pdf      www.miguelgallardo.es/fbe.pdf  

http://www.miguelgallardo.es/juan-enrique-de-frutos-arribas.pdf

Manuel José Díaz Corral director del gabinete del secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré Navarrete por enlaces en www.miguelgallardo.es/diaz-corral.pdf

Considerando su escrito de 31.9.14 (su fecha es errónea porque es de este año y me ha llegado por correo ordinario la semana pasada) y su ref. 0745 09.09 (a mano), debo poner en su conocimiento los siguientes HECHOS FISCALMENTE RELEVANTES:

1º No denuncié a 1 abogado. Denuncié a 2, ambos del turno de oficio del ICAM: nº 69890 Ana Caparroz Alonso CL/ VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel. 686860703 Fax 915187774 y nº 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22 (206) 28008 Madrid Tel. 915426200 y Fax 915422020.

2º Aunque por el art. 114.3 de la Ley 58/03 que cita no se me considere interesado, nadie tiene más interés que yo en que no se ejecuten judicialmente los honorarios no facturados. Mientras tengo mis cuentas embargadas, cada día que pasa sin haber recibido la factura de lo que se me reclama, estoy presenciando un fraude fiscal que me perjudica extraordinariamente. hasta el punto de que ahora no tengo más opción que denunciar penalmente una presunta prevaricación que nunca se hubiera producido si se obligara a facturar a quien reclama, y ejecuta, judicialmente honorarios. Tendré que aportar su carta para que el Juzgado pueda requerirle a usted todo el expediente.

3º Investigando los hechos, sus antecedentes y contexto, he comprobado que se trata de una práctica habitual en el turno de oficio. La excepción es que los letrados designados por Justicia Gratuita facturen sus honorarios a los clientes que ganan pleitos con condena en costas del contrario. El fraude generalizado se produce al no diferenciar las costas, que son indemnizaciones para la parte que no se tienen que declarar, de los honorarios profesionales que se reclaman que deben ser facturados y declarados, aunque sea muy excepcional que se facturen y declaren fiscalmente. Para la mejor infomación del Secretario de Estado Miguel Ferré y todo el que él considere oportuno, adjunto 5 escritos relevantes que han recibido sus respectivos destinatarios.

Por lo expuesto, solicito, que teniendo por presentada esta ampliación de denuncia con la documentación adjunta, como mejor proceda solicito que se trasladen los datos de los 2 abogados del turno de oficio denunciados a quien pueda tramitar eficazmente la denuncia, pero también solicito que, con carácter general, se fiscalicen los pagos por costas a abogados de oficio, más aún en casos como el mío en los que se ejecuta judicialmente por lo que no han facturado pese a que se les reclamó reiteradamente, solicitando pronto acuse de recibo de este escrito, en Madrid a 27 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 5 escritos.

Carlos Carnicer Díez presidente del Consejo General de la Abogacía Española solicitando acuse por enlace en www.miguelgallardo.es/carlos-carnicer.pdf

Adjunto la denuncia que me consta que ya conoce Vicente Sánchez Rodríguez presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid que a su vez incluye la denuncia que también conoce Sonia Gumpert Melgosa decana del ICAM para que se abra un expediente por los hechos denunciados, centrados en las cuantíasy conceptos que en presunta prevaricación administrativa ha tasado el responsable de honorarios del ICAM Francisco Fernández Ortega.

Más allá de los claros números del caso, estoy en mi derecho de investigar todas las causas del problema general de los abusos de los letrados que pretenden cobrar mucho más de lo que les correspondería con la complicidad de los responsables de honorarios como es el caso de Francisco Fernández Ortega en ICAM He llegado a una muy simple conclusión: El riesgo para los prevaricadores es prácticamente cero mientras que los beneficios que se acumulan por muchos abusos son cuantiosos.

Por mi vocación, no me resigno a callar y trataré de que mi defensa ante los abusos y prevaricaciones en los colegios de abogados no solamente sea eficaz para mí, sino para todos los fraudes fiscales que se comentan confundiendo costas con honorarios, porque las costas son indemnizaciones para la parte que no tienen que ser declaradas, mientras que los honorarios profesionales sí que deben facturarse y declararse. Más aún cuando se requiere inequívocamente y los letrados se niegan amparados por sus respectivos colegios profesionales. Recuerde que a quién se consigyió detener y condenar por no pagar impuestos. Mire a todos los letrados del turno de oficio que cobran costas sin factura alguna. Le hago a usted personalmente responsable tanto de la perversión del fraudulento sistema fiscal de los letrados, como particularmente de que se me esté ejecutando por honorarios no facturados.

Aquí hago mías las palabras de la decana del ICAM que citando a Jeremy Bentham textualmente dijo en público hace poco que "desde la Abogacía insistimos en que la publicidad es el alma de la Justicia". Precisamente por eso quiero publicar todos los expedientes que me afecten y a los que yo tenga acceso en el ICAM, como hago con este mismo escrito en el que denuncio por cuanto adjunto y aconsejo a todos los que se han visto perjudicados por responsables de honorarios exigir factura a quienes reclaman y denunciar como yo voy a hacer, cualquier irregularidad fiscal de cualquier letrado, pero más aún, de todos sus responsables colegiales. Es una buena medida para sanear cuentas y parar mafias, a 22/10/15.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 4 escritos.

Vicente Sánchez Rodríguez presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid con copia para Ángel Garrido García consejero de Justicia por enlaces en www.miguelgallardo.es/vicente-sanchez.pdf

Como mejor proceda presento denuncia contra el Colegio de Abogados de Madrid ICAM, y en concreto, contra su responsable de honorarios profesionales Francisco Fernández Ortega, adjuntando escritos que ya constan en el ICAM, dando por reproducidas aquí todas las manifestaciones que ya he hecho y reitero.

Se me ha aconsejado agotar la vía administrativa sancionadora con esta denuncia considerando el reciente precedente del Colegio de Abogados de Salamanca, en el ha sido imputada penalmente su junta de gobierno, y ha intervenido también el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), según EL PAÍS de 20.10.15. Antes de denunciar ante la CGAE, pido el más pronto acuse de recibo de esta denuncia con toda la documentación adjunta y la más rápida intervención posible para subsanar el error del ICAM. Sigo siendo víctima de una serie de injustas resoluciones de un secretario judicial que únicamente se apoya en dictámenes o tasaciones que, o son zafiamente erróneas, o son prevaricaciones sistemáticas de Francisco Fernández Ortega porque incluso si hubieran sido erróneas, con los escritos que adjunto queda claro que ya conoce su error, y es también prevaricación tener pleno conocimiento de un error, y no subsanarlo de oficio evitando mayores perjuicios al ya perjudicado por un gravísimo error. Las palabras pueden ser equívocas, pero los números y las cuantías no. En estos momentos tengo todas mis cuentas bancarias embargadas por las resoluciones muy injustas firmadas por Francisco Fernández Ortega pero todavía no le he denunciado penalmente. No descarto hacerlo en breve plazo, incluyendo este escrito para su pronta sanción.

Debo recordar aquí el expediente 358/2010 del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid porque en su contenido están algunos antecedentes relevantes para los hechos ahora denunciados. Solicito copia completa y fedatada de todo ese expediente 358/2010 (denunciado Juan Enrique de Frutos Arribas) y no solamente autorizo, sino que pido expresamente que quien instruya esta denuncia tenga pleno acceso a todos los documentos a los que yo pueda tener acceso, tanto en el ICAM, como en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, de tal manera, que todas las referencias que doy en las páginas siguientes puedan ser comprobadas y documentadas a la mayor brevedad posible en el expediente sancionador que pido que se habla dándome urgente trámite de audiencia por el instructor y el más pronto y directo acuse de recibo, en Madrid, a 22 de octubre de 2015.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid, adjuntando 4 páginas.

Sonia Gumpert Melgosa decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con copia al Teniente Fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, enlaces en www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf

Ayer 19.10.15 recibí las manifestaciones del Secretario Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, en las que se imputa al ICAM toda la responsabilidad de las juras de cuentas que emanan del P.O. 1877/08 de las que parece principal responsable Francisco Fernández Ortega, con gravísimas consecuencias en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.

Considerando el mencionado escrito, es muy evidente que el ICAM ha perjudicado por error, o por algo mucho peor que un error, no solamente a mí mismo, sino a la Administración de Justicia, habida cuenta del enredo judicial que sigue creciendo al haber sido la documentación aportada por el ICAM inicio de una zafia cadena de resoluciones muy injustas que me perjudican gravísimamente, SOLICITO:

1º Vista y copia íntegra de todos los expedientes de las cuentas 1480/2012 y 1326/2013 del JPI 41, así como de cuantas manifestaciones al respecto haya hecho Francisco Fernández Ortega o cualquiera de sus colaboradores en honorarios.

2º Visca y copia íntegra del expediente relativo a la denuncia que la Comisión de Justicia Gratuita me comunicó que se trasladó al ICAM hace tiempo, contra los dos letrados del ICAM que siguen pretendiendo un enriquecimiento injusto a mi costa.

En caso de no recibir pronto acuse y respuesta a lo solicitado, entenderé que se me está denegando el acceso a 3 expedientes a los que tengo el más legítimo derecho de vista y copia como perjudicado directo, y considerando que los responsables ya conocen la gravedad de su error, o de algo mucho peor que un error, procederé en consecuencia sin más aviso haciendo responsable a la decana del ICAM de todas las consecuencias, civiles, administrativas o penales, desde este mismo momento, en Madrid, a 20 de octubre de 2015.

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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid

Este escrito se pubica con enlaces en www.miguelgallardo.es/sonia-gumpert.pdf

ANEXO como documentación relevante la denuncia ya presentada y tramitada por la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid con traslado al ICAM

Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid, Atn. Teniente Fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga (presidente) y Jehiel Navajas Ovejano (secretaria) Fax: 91 720 93 44 SOLICITANDO PRONTO ACUSE de DENUNCIA

Nº Expediente: O-11351/2009, Ref. JNO5 www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita.pdf

Considerando el Art. 41 (Quejas y denuncias) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y la contestación de Jehiel Navajas Ovejano de fecha 27/7/15 a mi anterior escrito, como mejor proceda, DENUNCIO estos HECHOS:

1º Los abogados del turno de oficio del ICAM colegiada 69890 Ana Caparroz Alonso CL/ VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1 28027 Madrid Tel. 686860703 Fax 915187774 y colegiado 14310 Juan Enrique de Frutos Arribas, CL/ QUINTANA, 22 (206) 28008 Madrid Tel. 915426200 y Fax 915422020, han jurado cuentas por 3 veces lo tasado en las costas, añadiendo 8.000 euros más de costas, de manera que han pedido exactamente 38.492 euros sabiendo perfectamente que no les corresponden, ni mucho menos, en ningún caso, y como máximo, nada más que 8.400 euros. Frutos Arribas se niega a emitir factura y Caparroz Alonso no responde a ningún requerimiento, pero tampoco factura sus pretendidos honorarios.

2º El quebranto de los 30.092 euros que para mí supone la pluspetición de los dos abogados es gravísimo, más aún cuando ya llevo varios meses ejecutado con cuentas bancarias embargadas, aún después de haber consignado en el juzgado 5.082 euros que ya ha cobrado Frutos Arribas y me obliga a interponer todas las acciones a mi alcance para defender mi modestísima economía y mis derechos. En este sentido, aquí denuncio por arts. 41 y 42 a) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave.  

3º Ambos abogados de oficio, para que sus desproporcionadas pretensiones prosperen, se han beneficiado de que el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid ha cambiado de secretario judicial. La anterior secretaria judicial María Nieves Ugena Yustos fue quien tasó, según auto judicial, las costas en 8.400 euros para cada parte por honorarios de abogados. Sin embargo, esa tasación ha sido ignorada, pese a nuestras reiteradas alegaciones, por el actual secretario judicial José Ignacio Atienza López, emitiendo dos títulos judiciales cuya cuantía es mucho mayor que las costas tasadas por la misma juez que dividió por 3 lo informado por el ICAM en su tasación de costas, por ser 3 los demandados. Esa misma juez admite como “título judicial” al que no cabe oponer pluspetición, lo mal tasado por el secretario. El ICAM también ignora esa división por 3. Cabe preguntarse qué ocurriría si en lugar de 3 hubieran sido 10 ó 100 los demandados, y uno de ellos, que como yo, tenga el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita, deba pagar a su abogado de oficio 10 ó 100 veces lo tasado. En mi caso, son casi 4 veces con las costas que, además, piden los dos abogados aquí denunciados, y que ya se están ejecutando en mi perjuicio.

4º Yo mismo me he dirigido a Francisco Fernández Ortega, Responsable del Departamento de Honorarios del ICAM para explicar tan graves hechos y solicitar que sea el mismo ICAM quien actúe, como puede verse en mi escrito publicado en http://www.miguelgallardo.es/ffortega.pdf La respuesta del ICAM, que ignora por completo el fondo del asunto, está en https://goo.gl/pA6CbU

Es muy evidente y notorio que el ICAM sobrevalora triplemente (más aún con costas) los supuestos derechos de los abogados de oficio colegiados suyos en claro y grave perjuicio de quien se supone que tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita y, pese a ganar el pleito con las costas, tiene un quebranto en ejecución que Secretario Judicial e ICAM provocan irresponsablemente, pero el origen de los hechos es la actuación de los abogados del turno de oficio designados por el ICAM con los que resulta imposible cualquier comunicación. Desde el primer momento de su designación, ambos letrados de oficio únicamente han sido abogados de sí mismos, y han interpretado de la peor manera posible cualquier ejercicio de derechos por parte de quien aquí no tiene más remedio que denunciarles pidiendo la intervención de la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid por lo dispuesto en los arts. 41 y 42 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de otras acción de defensa a mi alcance.

Toda documentación que evidencia los hechos aquí denunciados consta en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, P.O. 1877/08, cuentas de abogado 1.480/2012 y 1326/2013 y ejecución de títulos judiciales 138/2015 (previsiblemente pronto habrá otra ejecución más) y en diversos expedientes del ICAM. He solicitado reiteradamente copia íntegra, fedatada y testimoniada de esas actuaciones (nunca se me ha dado traslado de relevantes documentos, como los informes del ICAM y faltan páginas en lo que se me notifica) pero tanto el secretario judicial como la magistrada titular ignoran todas mis solicitudes. Los últimos documentos más relevantes están en publicados en Internet, como oposición a la ejecución por pluspetición en www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf y la desestimación sin entrar en el fondo del asunto, en el  auto de 21.7.15 que puede verse completo en

http://www.mitoal.com/descargar/001137/98eee28d30/09cddbfdafe10115d3207f7843c27cc962515bb217342239454323dd2d75366e.pdf

Obviamente, considerando que la ejecución judicial de los honorarios que triplican las costas tasadas (que incluso cuadriplican con las costas que piden los letrados de oficio en mi perjuicio), se basan, únicamente en resoluciones de un colegio, el ICAM, que obviamente favorece tanto como le es posible a sus colegiados, y de un secretario judicial que ignora la tasación previa de la magistrada titular, no tienen efecto de cosa juzgada y que la única acción judicial que puedo ejercer debe tramitarse con arreglo a las normas del juicio declarativo ordinario conforme al art. 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente, por lo dispuesto en el art. 35 de la misma LEC que sobre sobre los decretos del secretario judicial dice en lo aplicable a este caso dice textualmente: “Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior”. Precisamente porque no tengo otra opción judicial, presento esta denuncia a la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid,  manifiestando mi voluntad de subsanar cualquier defecto que pudiera estar a mi alcance subsanar, para agotar todos los los procedimientos administrativos, sancionadores o no, antes de presentar demanda de juicio ordinario contra quienes fueron designados por el ICAM para mi defensa. Que yo sepa, no existe, o al menos, no se conoce entre todos los operadores jurídicos que he consultado, ningún precedente de nada parecido a lo que aquí denuncio, y entiendo que, precisamente por lo insólito e inédito de caso, la Comisión de Justicia Gratuita debe resolver con claridad y celeridad, sobre esta denuncia, o instar a que sea el ICAM quien lo haga, considerando cualquier posible interpretación del art. 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita que impida a los abogados del turno de oficio ejecutar judicialmente 38.492 euros pese a que las costas tasadas por el juzgado, como máximo (uno de los dos abogados de oficio presentó su minuta pasados más de dos años desde su renuncia y en ambos casos, es muy discutible y posiblemente sancionable su mínima dedicación profesional que también deberá ser juzgado) 8.400 euros (más el correspondiente IVA cuando facturen los honorarios que pretenden, pero que no han facturado). Ni menciono aquí la escasísima dedicación y las muy graves negligencias de ambos abogados por las que nunca tuvieron, porque no merecieron, ninguna confianza profesional.

Este denunciante está a la disposición de todo funcionario público competente, o profesional o incluso particular interesado en lo aquí denunciado, para cuanto esté a mi alcance, no solamente en esta ejecución injusta y tremendamente perjudicial para quien se supone que tiene el ¿beneficio? de la Justicia Gratuita, sino para que algo así no pueda volver a ocurrir nunca a nadie más. Ante la gravedad de los hechos y las dramáticas consecuencias que tienen para quien se supone que es ¿beneficiado? por Justicia Gratuita, yo solicito entrevista o al menos una conversación telefónica con el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita.

Mientras, tengo que hacer responsable a quien, pudiendo y debiendo intervenir no lo hace. La cuestión es, ¿quién es más competente y cómo puede impedirse que una ejecución judicial  favor de letrados de oficio, claramente injusta, pueda perjudicar a quien tiene la desgracia de merecer el supuesto “beneficio” de la Justicia Gratuita?

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en calle Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid

ANEXO como documentación relevante www.miguelgallardo.es/pluspeticiones.pdf

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