Jurídico

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Entrada en Domicilio, instado recurso de apelación, la Sección 2ª del TSJ de Madrid en donde recayó el recurso, resolvió que la demolición fue ilegal por vulnerar el art. 18 C.E. de derecho a la intimidad, por producirse con gratuita violencia, y por realizarse inaudita parte, y lo hizo en su Sentencia 1640/11 que aportamos.

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  • La Sección Novena desarrolla una interpretación técnico-jurídica de las sentencias dictadas recientemente por el Tribunal Constitucional en esta materia y establece que no se puede dejar “al arbitrio” del aplicador del impuesto “la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento” del valor de la propiedad.
  • La sentencia declara que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial alguna.
  • La resolución, que revoca la dictada en su día en sentido opuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, órgano que será en última instancia el que elabore el criterio jurídico a aplicar en litigios de esta naturaleza en todo el territorio nacional.

 

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Advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, el Gobierno intenta maquillar su magnitud.

Datos altamente sensibles y secretos de cualquier ciudadano que haya participado en cualquier procedimiento judicial han sido accesibles para los cerca de 150.000 abogados y procuradores que utilizan Lexnet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial. FACUA-Consumidores en Acción considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán imposibles de conocer.

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Att. Sr. Polo

 

Muy Sr. mío

 

Por la presente comunicación le acompaño la Sentencia del Juzgado Penal 1 de Madrid (Refuerzo) acabada de recibir, y habida en un procedimiento ya archivado por la sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid, incurriendo en "non bis in ídem" o cosa juzgada, y todo ello tras advertir a la Fiscalía que Vd. dirige, según le ha de constar, comunicando lo que estaba ocurriendo, la gravosa consecuencia, amén de los daños producidos, también de carácter moral a este letrado, es que se patentiza que este ciudadano, ha debido pasar por una serie de procesos penales sobre el mismo asunto, que nunca debieron iniciarse desde la sección 10ª de la Audiencia Civil de Madrid.

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Las medidas para promover la resolución extrajudicial de las reclamaciones por abusos de la banca se han demostrado ineficaces, como ya advirtió FACUA, y han provocado una avalancha de demandas en los juzgados.

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Una justicia que se jacta con cargo a los fondos públicos de sus propias estadísticas que nadie conoce en chiringuitos financiados por la Diputación de A Coruña y en el que no participa un solo ciudadano destinatario de tan elcuentes beneficios allí promulgados bajo financiación de los fondos públicos de la Diputación de A Coruña

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La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno desestimado el recurso de casación interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles contra la sentencia de apelación que confirmó la de primera instancia y que estimaba sustancialmente la demanda de rectificación presentada.

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La Sala Civil-Penal del TSJCyL ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que condenó a un hombre a dos años y cuatro meses de prisión por un delito contra la salud pública. Se trata de la primera sentencia que resuelve el recurso de apelación penal introducido por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015.

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Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

Comunidad de Madrid (denuncia administrativa)

Presidente Titular: Doña Beatriz Álvarez Herranz Secretario Titular: Doña Jehiel Navajas Ovejano, funcionaria de la Dirección General de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid

Firmado en www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita-icam.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz solicitó y se le concedió por primera vez Asistencia Jurídica Gratuita en 2009, designando el ICAM a la abogada Ana Caparroz Alonso, que renunció cuando libremente quiso ella, y fue sustituida por Juan Enrique de Frutos Arribas.

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La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Jueces para la Democracia contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017 por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular  del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se declara nulo en el requisito referido a no superar la edad de 61 años como fecha límite para la presentación de las candidaturas.

La sentencia se envía con sus dos votos particulares: un voto discrepante del magistrado Jorge Rodríguez Zapata y otro concurrente del presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo.

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Enrique Bacigalupo Zapater, Jesús Sánchez Lambás y Carlos Quiñones Abogados de César Acuña Peralta por presunto plagio doctoral en Madrid

Carta abierta publicada en www.miguelgallardo.es/abogados-cesar-acuna.pdf

Lamento tener que recordar aquí la ratificación en sede judicial de mi denuncia por presunto plagio y corrupción universitaria internacional, así como los dos escritos de impugnación de la defensa letrada de César Acuña Peralta contra nuestros recursos judiciales de reforma y apelación porque si hay alguien que considera fundamental, y casi “sagrado”, el derecho de defensa en el ámbito penal, puedo asegurarles que soy yo, y tanto como el que más.

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha designado hoy al magistrado José Sierra Fernández, hasta ahora letrado jefe de la Unidad de Actuaciones Previas del órgano de gobierno de los jueces, para desempeñar transitoriamente el cargo de Promotor de la Acción Disciplinaria.

Sierra ejercerá el cargo hasta que se cubra la vacante producida por la marcha de su anterior titular, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que el pasado martes comunicó al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, su renuncia por razones personales.

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