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Las docentes son las principales víctimas de este tipo de comportamientos, protagonizados en su mayoría tanto por alumnos varones como por sus progenitores, según revela un estudio sobre las agresiones en los institutos de Secundaria que ha realizado la empresa B2 Consultores Marketing Estratégico

 

Sevilla, 7 de Marzo de 2018.- APIA, el sindicato de Secundaria, denuncia el aumento de la violencia en las aulas, un hecho innegable. A las pruebas nos remitimos: en lo que llevamos de año hemos podido ver como se le ha quemado un coche a una compañera en un centro de Algeciras (http://www.horasur.com/articulo/algeciras/meten-fuego-coche-maestra/20180216151533033064.html) ; una agresión a un docente en Lebrija (Sevilla) (http://sevilla.abc.es/provincia/sevi-alumnos-carpinteria-bajo-guadalquivir-agreden-profesor-201802012319_noticia.html ) o el terror sembrado en una clase de primero de la ESO y las correspondientes amenazas a una profesora en otro centro de la localidad sevillana de La Rinconada (http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-nino-13-anos-siembra-terror-clase-1-agresiones-insultos-y-amenazas-201802272229_noticia.html) .

Es precisamente la docente la que sufre la mayoría de esas agresiones, y eso es lo que denuncia tal día como hoy, vísperas del Día de la Mujer, nuestro sindicato. Lo hacemos desde el conocimiento de los datos y las respuestas que han visto la luz tras la realización de un estudio de investigación sobre la agresión en el aula realizado por la empresa B2 Consultores Marketing Estratégico, una consultora externa a la que APIA ha hecho tal encargo. Muchas no denuncian por miedo o vergüenza, como ocurre en otros tantos casos de violencia machista, porque son precisamente los alumnos varones los que acosan, insultan, amenazan y llegan a la agresión física en contra de las docentes. La Administración andaluza, por su parte, no toma cartas en el asunto en muchos de esos casos, se opta por el silencio o se trata de calmar los ánimos al principio hasta que se diluya de alguna manera la problemática.

La encuesta que se ha realizado es de carácter anónimo y se ha planteado tanto a profesores como profesoras, si bien, las preguntas planteadas a cada sexo eran diferentes porque se preguntaba precisamente por las posibles agresiones a ellas. Eso sí, tenían el mismo número de preguntas por responder (siete), algunas de carácter cerrado y otras abierto con el fin de que se pudieran describir conductas sin perder información relevante en el relato de las mismas o de las secuelas de esos hechos narrados. Si el encuestado era mujer, respondía de forma directa al cuestionario, tanto en el caso de haber recibido en primera persona algún tipo de agresión en el aula como si el testimonio que aporta es de una compañera de profesión, y, en cambio, si era varón, respondía a preguntas similares, pero desde su testimonio de compañeras de su centro de trabajo y/o profesión. Un dato más en cuanto a la metodología, para la recogida de datos se creó un cuestionario a través de Google Forms, por su fiabilidad, su sencillez para mostrar las preguntas y recopilar las respuestas en tiempo real y de manera automática y ordenada en formularios.

La encuesta se envió vía mail a casi un millar de profesionales en activo (926, entre hombres y mujeres) en los institutos de Secundaria de toda Andalucía. De dicha muestra, abrieron dicha encuesta un total de 395 profesores, el 42,65%, y de los que leyeron su contenido, resolvieron la encuesta de manera completa el 42,27%, algo menos de la mitad. Se descartaron los formularios incompletos que recogían solo algunas respuestas de la totalidad de las preguntas, por lo que los datos que en el presente informe se muestran son los correspondientes a aquellas profesoras y profesores de Secundaria que han respondido todo el cuestionario al completo.

Algunas de las preguntas planteadas a las docentes eran si habían sido víctimas de una agresión o conducta amenazante; se les pedía que especificaran el relato de esos hecho con detalle y las medidas que se tomaron por parte de la directiva del centro o de la Delegación territorial correspondiente. A los profesores, por su parte, se les preguntó sobre posibles agresiones a sus compañeras, quién agredió y qué medidas se tomaron también, entre otras. Finalmente, la muestra final de docentes de secundaria que rellenaron la encuesta se componía de un 46,70% de varones frente al 53,30% de mujeres.

De entre las conclusiones que podemos sacar de este estudio destacan las siguientes:

  1. La mayoría de las agresiones que viven las docentes son de carácter verbal, si bien, muchas veces se combina la física y la verbal. Más del 50% de los varones señala que ha tenido compañeras que han sido agredidas verbalmente, frente al casi el 63% de las mismas profesoras que señalan que han sido víctimas de las mismas. Así, de entre las profesoras, un elevadísimo 84% de las encuestadas ha experimentado alguna agresión, el 19 % de las cuales física y verbal simultáneamente. Entre ellas, a su vez, tienen constancia de agresiones a otras compañeras el 76 % de ellas. Estos datos son escalofriantes pues evidencian que esta modalidad de la violencia de género es algo intrínseco al ejercicio de la profesión docente en Andalucía, y no una anomalía localizada como pudiera ser en cualquier otra actividad de la función pública.

  2. Los agresores suelen ser en su mayoría los alumnos varones en primer lugar; en segundo, los alumnos y alumnas y sus progenitores, seguidos, en tercer lugar por las alumnas en solitario. De hecho, entre el profesorado (hombres y mujeres), nueve de cada diez encuestados tiene constancia de alguna agresión a alguna compañera; cabe destacar que señalan que un 14% de agresores fueron padres/madres y un 5% alumnas, lo que pone de manifiesto que el fenómeno de la violencia contra las profesoras no es exclusivamente masculino pues una proporción no desdeñable de mujeres –alumnas o madres- también les han ocasionado agresiones físicas y verbales.

  3. Buena parte de los insultos que padecen las docentes tienen un marcado carácter sexista (puta –es el más repetido- seguido del de hija de puta) y otros que evidencian una notable violencia de carácter sexual, seguidos de otros con clara alusión a lo personal. Los insultos son sólo el preludio porque pueden seguirle amenazas y agresiones físicas en último lugar. Hay que tener en cuenta que muchos de estos hechos tienen eco en las redes sociales, lo que agrava la situación.

  4. Si el hecho llega a trascender, el apoyo que recibe la víctima entre sus compañeros es grande, pero no así el de la Administración, a juzgar por las respuestas de los docentes. Lo más llamativo es el frecuente distanciamiento o abierta indiferencia de los directivos del centro y la nula empatía mostrada siempre por el resto de la administración educativa (Delegación Territorial, Consejería de Educación). El resto de miembros de la comunidad educativa (alumnado, padres, AMPA) tiene un menor compromiso a la hora de apoyar.

  5. En cuanto a las medidas tomadas contra los agresores, lo más frecuente son las expulsiones por un corto número de días, pero en muchos casos no hay ninguna medida al respecto por parte de la directiva o Administración. Este silencio va acompañado a veces de intentos de minimizar u ocultar esta violencia contra las mujeres, para lo cual no se escatiman presiones y amenazas veladas hacia la víctima si ésta tiene el propósito de poner una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.

  6. Las secuelas que sufren las profesoras víctimas de estas agresiones son variadas y van desde el temor y la inseguridad o frustración en el trabajo al sentimiento de culpa, estrés, depresión, pesadillas, síndrome del burnout y en casos límite tras tratamientos infructuosos, el abandono de la docencia.

En definitiva, nos encontramos ante uno de los más escandalosos modelos de violencia de géneros actuales. Lo más alarmante es que esta violencia contra las mujeres haya pasado a formar parte del paisaje de los institutos públicos andaluces desde el momento en que nuestra administración educativa lo ha considerado y tolerado como un mal menor.

Ante esto, APIA, el sindicato de docentes de Secundaria de Andalucía, lanza una serie de propuestas para desterrar esta violencia de las aulas. Es indispensable y urgente implementar una serie de medidas que, de una vez por todas, combatan desde su raíz esta forma de violencia contra las mujeres, impensable en un país democrático y avanzado. De modo que nos dirigimos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento andaluz, para que como mínimo contemplen estas exigencias:

- Reelaboración del Decreto 327/2010 endureciendo las sanciones relacionadas con las agresiones a las profesoras.

- Publicación de una vez por todas de la Ley de Autoridad del Profesorado en Andalucía.

- Establecimiento inmediato de planes de actuación eficaces en los centros educativos frente a esta violencia de género. El actual Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente (Orden 20 de junio 2011 para la promoción de la convivencia en los centros públicos andaluces) se ha quedado anticuado –amén de no haberse llevado, que nos conste, nunca a la práctica con todas sus consecuencias– y es preciso actualizarlo contemplando tratamientos específicos para las agresiones a las profesoras.

- Establecimiento inmediato de protocolos de actuación en las Delegaciones Territoriales que competan al propio Delegado y a la Inspección educativa, mediante los cuales se actúe de manera inmediata, estableciendo un contacto medible y verificable con los centros y las propias profesoras agredidas, y que se traduzca en una asistencia jurídica y psicológica a las agredidas, en una unidad especial dentro de la Inspección educativa para atender estos casos, así como la creación de un censo público de agresiones a profesoras en el ámbito de cada Delegación territorial.

Creemos que con éstas y otras medidas semejantes sí podremos desarraigar esta auténtica vergüenza hasta ahora encubierta en los centros de secundaria públicos andaluces, en beneficio tanto de las profesoras como del resto de la comunidad educativa que la contempla. Todo intento de minimizar o relativizar ésta y cualquier violencia de género, nos tememos, sólo podrá contribuir de manera cómplice a perpetuarla.

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