carta rajoy funcionarioFernando Urruticoechea, interventor del ayuntamiento de Orihuela (Murcia)maltratado por el concejal de RRHH por cumplir con la ley

Se adjunta la carta registrada en la mañana de hoy en la Delegación del Gobierno en Andalucía dirigida al presidente del Gobierno de España en funciones, Mariano Rajoy. Se dirigía también al presidente del PP pero el jefe del registro, funcionario escrupuloso donde los haya, obstaculizaba su trámite si no se borraba este párrafo y de ahí el borrón en el escrito.

Pretendemos que el Gobierno no pueda alegar ignorancia respecto a ellos como el que nos ocupa, y que se plantee, en el momento políticamente oportuno, un estudio de la situación de los interventores, funcionarios estatales que trabajan en condiciones de dependencia absoluta en ayuntamientos y comunidades autónomas, dependiendo en su régimen de personal de aquellos políticos y funcionarios sobre cuyas decisiones deben ejercer un control.

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Descargar este archivo (Carta a Rajoy.pdf)Carta a Rajoy.pdf 1532 kB2016-05-30 09:12

Organizar a los interventores y otros funcionarios con una dependencia centralizada, impedir que puedan ser sometidos a presiones de aquellos a quienes controlan, establecer un registro ministerial donde sean analizadas sus actas y mecanismos de inspección a partir de las mismas sería una buena medida para fiscalizar las actuaciones de las administraciones autonómica y municipal.

El nivel de ética de quienes adoptan decisiones como ésta perjudicando gravemente a una familia no merece comentario pues estás por sí solo calificado, y que desde el partido que sustenta a los que la llevan a cabo se siga manteniendo el discurso de combatir la corrupción solo puede entenderse como una capacidad patológica para la mentira y el disimulo.

Una reforma que debería llevarse a cabo por higiene democrática, estableciendo la dependencia del Ministerio de Hacienda y la cobertura de puestos de trabajo por un sistema de méritos, capacidad y antigüedad, y no como ahora, donde el alcalde puede elegir al interventor y establecer para él el salario que quiera, con lo cual más que un funcionario al servicio del Estado es un funcionario al servicio del alcalde al que en teoría debe fiscalizar.

Ayer, el PP y Cs de Orihuela decidieron cambiar el sistema de fiscalización y control interventor, para que bajo una apariencia legal, en vez de fiscalización previa total del gasto haya solo una previa muy limitada y una posterior sin diseñar y sin medios que nunca se hará. En definitiva, lo que aprobaron fue la eliminación del molesto control previo de legalidad para un gobierno al que le importa muy poco el principio de legalidad y no quiere tener impedimento alguno a su arbitrariedad. Fue aprobado con la oposición del PSOE y Cambiemos.

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