La Diputación de León amaña, presuntamente, una oposición de limpiador

Xornal de Galicia  18 Octubre 2016  Sección; Especiales 381 votos

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No hay explicación lógica para que la Diputación de León dejase fuera a AdrianoNo hay explicación lógica para que la Diputación de León dejase fuera a Adriano

Adriano aprobó, como todos, después de mucho preparar su examen con la única intención de conseguir un puesto de trabajo, si no soñado, al menos seguro, porque Adriano era interino.

Su vida, como él mismo dice, «transcurría con absoluta y placentera normalidad en compañía de mi familia, desarrollando mi trabajo como funcionario de la Diputación de León, que constituía prácticamente el 70 % de los ingresos en el hogar». Tranquilo también cuando pasó los tres exámenes que la Diputación requería aprobar para cubrir 17 plazas vacantes de limpiador. Tan sosegado estaba que, según sus cálculos, había quedado en el puesto número seis de la lista de aprobados.

Pero su calma se rompió al comprobar que entre los nombres de aquella no figuraba el suyo, sino que estaba más abajo, escrito en la bolsa de empleo a pesar de que, como ya se ha dicho, quedó el sexto de los 17 que habían conseguido hacerse con uno de estos empleos.

Entonces, ¿qué pasó?

Nada. No hay explicación lógica y racional para que se obviase el nombre de Adriano, a no ser que uno piense mal. Hay que gritar cuando el cuerpo lo pide, por eso Adriano decidió abrir la boca y utilizar la ley para resolver aquel entuerto: «Presenté un Recurso de Alzada a la presidenta de la Diputación de León, entonces Doña Isabel Carrasco Lorenzo». Recordemos que Isabel fue muerta a tiros en 2004, en León, cuando se dirigía a la sede del Partido Popular, parece que por venganza de sus asesinos.

Pero la presidenta de la Diputación desestimó el recurso de Adriano, y a él no le quedó otra que «interponer una demanda contencioso-administrativa contra la Diputación Provincial de León», que resultó ser favorable a Adriano.

Entonces, al incluir su nombre en la lista por derecho propio, no por nada más, la última opositora quedó fuera, lógicamente. Y ella y también la Diputación, amparándose en la misma ley, presentaron sus recursos de apelación correspondientes, que fueron esta vez desestimados por el Tribunal Superior de Justicia.

Resumiendo: Adriano consiguió que por ley se le concediese el puesto de trabajo que había logrado por sus méritos propios al aprobar los exámenes que se requerían para ello. O eso creía.

El presunto soborno

Cuando todo parecía resuelto, Adriano recibió un correo electrónico de su abogado en el que le informaba de que no podía «hacerse cargo de la tramitación de la ejecución de sentencia con excusas inverosímiles». En dicho correo, el abogado decía tener «problemas de tiempo para hacer mi trabajo como me gusta» y se ofrecía a facilitar «el nombre de algún compañero joven que trabaja en León».

Podría ser que el hombre no tuviese horas en el día para encargarse del caso de Adriano, que nos pasa a todos, pero de ser así, de no atender su trabajo, tampoco tendría que haberse quedado, supuestamente, con las costas del juicio, que eran de Adriano porque lo había ganado y porque así lo refleja la ley.

La cosa no paró. Además de esto y de no comunicar al Juzgado de León que había abandonado el caso, el abogado de Adriano manipuló, presuntamente, los originales de las transferencias bancarias «borrando la cuantía del saldo percibido». Esto está ratificado por un perito calígrafo-documentólgo que, en informe y después de realizar todas las pruebas necesarias al respecto, concluyó que «los documentos a estudiar han sido alterados con el fin de ocultar información de los mismos».

El supuesto soborno por el que Adriano se quedó sin el dinero que de forma legítima le correspondía, «habría sido presumiblemente ofrecido por la Diputación Provincial de León». Sería muy fácil de demostrar si se tuviesen los originales, pero la entidad «se niega a aportar ante el juzgado el original de la transferencia bancaria expedida por la Diputación Provincial de León». Tampoco se sabe el porqué.

Lo raro del asunto es que después del abandono del abogado, la Diputación de León se opone a cumplir la decisión del Tribunal Superior de Justicia, presentando un puzle de sentencias en las que ni siquiera había tenido parte Adriano.

Resumiendo de nuevo podemos decir que el juzgado da la razón a la Diputación de León «y revoca la sentencia firme dictada por un órgano judicial de superior jerarquía».

Pero, ¿cómo puede ser que un Tribunal Superior de Justicia se deje quitar autoridad de esa manera? Javier, de Abogados Contra la Corrupción, nos cuenta que «seguramente se deba a que León es una ciudad pequeña, y a que no se esperaban que Adriano les plantase cara».

La Púnica en la Diputación de León

Todo el tema que aquí se está tratando comienza en el año 2007. El asesinato de Isabel Carrasco Lorenzo dejó vaga la presidencia de la Diputación de León hasta que su sucesor, Marcos Martínez Barazón, ocupara el cargo en mayo de 2014. Su detención por estar implicado en la Operación Púnica coincide en el tiempo con el caso de Adriano.

Barazón fue detenido y encarcelado en octubre de 2014 por andar intrigando dentro de la trama con la adjudicación de la estación de esquí de San Isidoro y de un par de restaurantes. El hombre quería a cambio conseguir favores para mantenerse dentro de la Diputación y, llegado el caso, más allá también.

En lo que nos ocupa, diremos que Adriano interpuso una querella criminal contra Barazón en un intento de que se reconociese de una vez por todas su aprobado en el concurso-oposición de 2007, pero que se dictó providencia por «no observarse indicios de delito», que se recurrió y que, por último, se desestimó a mediados de 2015.

Adriano sigue esperando

En esta marabunta de legislaciones, peticiones, querellas y recursos está inmerso Adriano Álvarez Callejo. Desde 2007 está intentando conseguir una copia de todo el procedimiento sin éxito ninguno, porque tanto él como su abogado se huelen que «las dos resoluciones pueden haber sido dictadas sin ser el autor el Juez titular, Eloy Velasco».

A pesar de haber solicitar ocho audiencias con ese Magistrado, a pesar de haber solicitado también audiencia con la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber hecho lo propio en el juzgado y a pesar de haber removido Roma con Santiago buscando, por su cuenta, algún familiar del Juez Velasco a quien remitir su petición, Adriano sigue sin trabajar.

Después de nueve años está en un punto muerto, exactamente el mismo que en el que estuvo el día que vio que, aunque era el sexto en la lista de aprobados del concurso-oposición de la Diputación de León, su nombre figuraba en la bolsa de empleo.

Por eso, Abogados contra la Corrupción va a solicitar «una indemnización en torno a los 150.000 euros que incluya el sueldo mensual que Adriano ha dejado de cobrar desde 2007. Es el único caso de España con dos sentencias judiciales sin ejecutar. Este tipo de peticiones se deberían solucionar con un chasquido de dedos».

Demasiada información para el caso de un hombre que sólo esperaba y espera incorporarse a un puesto de trabajo que consiguió lícitamente en el año 2007. Demasiados Goliat para un solo David.

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