Según la fuente, la operación implica registros domiciliarios y varias detenciones de empleados de empresas privadas y entes públicos que tuvieron "un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras" investigadas.

Entre los registros figuran las sedes del gestor público de infraestructuras (ADIF) en Madrid y en las proximidades de Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, en el noreste de España.

La investigación comenzó a finales de 2014 tras una denuncia presentada por ADIF, que detectó dobles mediciones en tres tramos de la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad a su paso por el barrio de La Sagrera, en Barcelona.

El ministerio público cree que esos tres proyectos reflejaban "diferencias sustanciales entre los importes de la obra certificada como realizada y la que en realidad se habría ejecutado" por las empresas contratistas.

Los investigadores sospechan que el falseamiento respondía a la intención de favorecer indebidamente a dichos consorcios, los cuales percibieron "sumas de dinero público muy superiores a las que realmente les correspondía recibir".

En el supuesto desfalco no solo habrían participado funcionarios de ADIF, sino también empleados de compañías privadas y directivos de las firmas contratistas, según la nota de la fiscalía.

El coste total de la línea del AVE Madrid-Barcelona, de 621 kilómetros de extensión, ascendió a nueve mil millones de euros, recordaron medios periodísticos.

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