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corrupcioninformativaCMRMLa Voz de Galicia recibe de regalo 149.000 euros y a los 3 días otros 149.000, saltándose todas las normativas legales de contratos del Estado y de la misma Xunta de Galicia (DEDO) bajo convenios de colaboración a lo que hay que sumar otros de las distintas Consellerías de la Xunta de Galicia bajo gobierno de Feijóo ha servido para financiar los “premios Fernández La Torre” que entrega la Voz de Galicia, entre ellos a la mayoría de los conselleiros de la Xunta que le han regalado los fondos públicos, induciendo la CORRUPCIÖN INFORMATIVA orquestada por la Voz de Galicia.

Pladesemapesga ha emitido más de 500 comunicados de prensa a la Voz de Galicia, sin que se haya publicado uno solo, a pesar de la relevancia social y contenido de los mismos que ha día de hoy nadie a desmentido. Pero es más, la Juez De Lara, acredita con total claridad y hechos la corrupción informativa generada por la Voz de Galicia para pretender exculpar a los presuntos corruptos..

Pladesemapesga a puesto en conocimiento del Juzgado como un modo y forma de gobernar de los actuales responsables políticos (del PP) en las instituciones y en la disposición de lo público de forma desordenada sembrando la simiente de la corrupción y los ingredientes necesarios para que se sustancie la misma, pero no es menos importante para una sociedad carcomida por las evidencias y como ciudadanos contemplamos en el día a día como se oculta, se transforma y se pretende condicionar los acontecimientos públicos en función del color político, es el caso de la Voz de Galicia, donde lo público se deja a merced de la corrupción.

Es cierto que nuestra incapacidad para realizar una justa fundamentación jurídica podría quedar a la vista en este artículo, pero también es cierto, que quienes representan a los ciudadanos en la justicia (Fiscales y Jueces) deberían evitar impedimentos jurídicos para arropar y posicionarse del lado de los comportamientos injustos contra la sociedad, usuarios y consumidores y en base a ello subsanar y permitir que aflore “el fondo del asunto” en la medida de lo posible, dando las directrices adecuadas a los hechos, fondo este que es lo que se debe permitir salga a la luz pública, para que pueda ser enjuiciado, condenado y reparado el grave daño social que se esta haciendo a la Autonomía de Galicia y sus instituciones.

Desde la llegada de los actuales altos cargos a la Xunta de Galicia (año 2009), han propiciado todos los concatenantes para corromper a la prensa gallega y desde entonces el sistema procesal administrativo se ha visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación de la Consellería de Medio Rural e do Mar y sus secretarías al no hacer públicas solicitudes de medidas mas contundentes y que la ciudadanía intuyera como un auténtico respaldo al deber de cumplir con las normativas que se exigen, pero no se cumplen desde las mismas instituciones y sus departamentos ahora denunciados y acreditado.

La publicidad oficial o Institucional y el dinero público destinado a la comunicación implican la compra de espacios en medios de difusión, con recursos públicos, con el fin de que los gobiernos informen a los ciudadanos sobre su quehacer institucional.

En la práctica, sin embargo, la publicidad oficial a medio de convenios de más que dudosa legalidad de la Consellería de Medio Rural e do Mar es utilizada para crear dependencia, enfermar, corromper y presionar a medios y periodistas mediante la asignación o retiro de subvenciones y convenios sin ningún tipo de requisito previo que no sea aceptar la sumisión a los requerimientos políticos y censura de la información pública y confabular con los corruptores al objeto de seguir amamantándose de la “TETA PÜBLICA”, sin importar lo más mínimo, sus lectores, la ética y el Código deontológico de la profesión.

El caso de Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia), donde el aumento de denuncias sobre la concesión discriminada a modo de convenios y designación directa entre otros ardices administrativos a medios de comunicación comienza a darse como de ALARMA SOCIAL GRAVE que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión, y la misma Ley de Transparencia con la publicidad oficial elaborada por los mismos que la infringen como demostraremos en sus propios documentos oficiales de los que incluso se jactan públicamente.

Esta denuncia, que en su sentido más crítico busca ser un punto de partida para ampliar la ilustración a este instructor con la aplicación de este disparatado gasto a nivel gallego en una sola Consellería, y que establece que la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre la Xunta y la población.

La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas y debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público en su esencia más pura como esencia democrática.

No debe promover explícita o implícitamente los intereses de ningún partido político ni del gobierno, la utilidad pública como objetivo de estas subvenciones implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno..

Pero también la publicidad y comunicación de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia, debe responder a los principios de eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia, pero que desgraciadamente se da a la contra en la Xunta de Galicia bajo la responsabilidad de los ahora denunciados.

Los Derechos Humanos señalan que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares sobre periódicos, radios y televisión, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir o variar la comunicación y la circulación de ideas y opiniones libres y objetivas”.

En una democracia, la publicidad oficial es una herramienta fundamental, no sólo para comunicar sobre el quehacer gubernamental sino también para propiciar el libre flujo de información entre gobierno y sus ciudadanos, así como el debate público sobre las decisiones colectivas, ya que fomenta la pluralidad informativa y el interés por la participación.

En Galicia la ausencia de una estricta vigilancia y control del gasto institucional ( Consello Galego de Contas, elegido por el mismo gobierno de turno ) por los diversos ardices normativos hechos a la medida de la perversión informativa impiden tener un mínimo conocimiento sólido regulatorio sobre este gasto que permite que la publicidad oficial sea utilizada con otros propósitos de contenido propagandístico y corruptor, una repartición discrecional y discriminatoria, y una deficiente rendición de cuentas que origina que recursos millonarios (más de 40 millones de euros, solo a la Voz de Galicia) se ejerzan o regalen al mejor censor de mayor difusión, es el caso de la Voz de Galicia cada año con total descontrol y opacidad, inclusive entrando en el terreno de la presunta prevaricación administrativa de quien tiene su control dejando al margen de este al propio Consello de Contas de Galicia que no se entera o no quiere enterarse de este escandaloso descontrol.

La falta de criterios objetivos, claros y racionales en el uso de la publicidad oficial de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia, instalado en el actual Gobierno Autonómico esta debilitando de forma muy GRAVE la libertad de expresión utilizándola de herramienta para chantajear a los medios y acallarlos, es el caso nuestro de Xornal Galicia, mediante denuncias judiciales y todo tipo de coacciones y procedimientos, entre los que hay que sumar, grabaciones ilegales en las mismas dependencias de la Consellería de Medio Rural e do Mar, con fines desconocidos y sin aclarar por su responsable a día de hoy más cercanos a las prácticas mafiosas que a un gobierno democrático.

Si bien existen multitud de denuncias de Pladesemapesga sobre los abusos de la publicidad oficial que permiten llegar sin dudas ni equívoco a las conclusiones descritas, las investigaciones que documentan el fenómeno a nivel judicial o interés de la fiscalía por ponerla al descubierto es muy escasa o nula, creando desconfianza en los poderes públicos por que a pesar de estar debidamente documentada, la Fiscalía pretende hacer oídos sordos y dejar a merced del instructor para el largamente utilizado “Archivo provisional” al no estar debidamente justificado el delito, pero también el enredo de que ya se investiga en otras causas, creando un laberinto judicial que permite no entrar en el terreno que pueda molestar al poder y sin que se altere la nómina ni la forma de vida del fiscalizador, desamparando al instructor en su interés por una profunda investigación.

Esta denuncia sobre la publicidad oficial de la Consellería de Medio Rural e do Mar busca justamente aportar más evidencias y análisis sobre el uso irregular y la total falta de transparencia de la publicidad oficial bajo la responsabilidad de los denunciados, que nos obliga a asumir un gasto de más de 40 millones de euros entre todos los ciudadanos, afectando seriamente a las consumidores y usuarios de lo público y de los destinatarios del sector marítimo pesquero que no verán ni un euro al ser desviado para fines distintos a los que pretendía el legislador.

Si bien los convenios sin concurrencia pública que van en contra de los contratos del estado bajo un Decreto hecha a la medida que contradice las mismas Leyes de la publicidad Institucional expuestos en este escrito no pretenden constituir una investigación académica, pero los datos son los que son y las motivaciones que propician sus acuerdos no existen por lo que su DEDOCRACIA esta totalmente implantada y acreditada al gusto del subvencionado con el dinero público bajo su libre albedrío, en cuanto a la cantidad y medio que va a recibir, de esta forma lo blanco se convierte en negro, y la victima en reo.

Por citar un ejemplo, Xornal Galicia ha denunciado el veto publicitario debido a su línea crítica, entre otros muchos periódicos y medios digitales, audiovisuales que han denunciado la discrecionalidad con la que la actual Consellería de Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia asigna la publicidad gubernamental, beneficiando a diarios afines (bajo presunta prevaricación) tal y como se acreditará con los DOG correspondientes.

Definir criterios claros para la aplicación y vigilancia política de este gasto no ha sido a la fecha una prioridad para los partidos políticos de la oposición y de total ocultación por sus responsables.

La transparencia y análisis de los recursos públicos en un tema fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, debería buscar las bases para una reflexión participativa para ir construyendo alternativas que combatan las malas prácticas en el uso de la publicidad oficial, tan nocivas para la libertad de expresión y el derecho a saber en Galicia, en este momento censurada y ocultada bajo el manto de la corrupción informativa instalada en el 90% de los medios que actúan en la región gallega, convirtiendo a la Consellería de Medio Rural e do Mar en un fraude social y un engaño a sus electores y simpatizantes, pues hace lo contrario de lo que dicen.

Pladesemapesga de forma reiterada ante la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural y ante sus variados secretarios (altos cargos del PP) a remitido diversas solicitudes para que respondan sobre los criterios generales para la asignación de publicidad oficial de la a medio de Convenios y otras subvenciones y partidas a "DEDO" a determinados medios de comunicación sin ningún tipo de respuesta ni aclaraciones a día de hoy.

Sin embargo, la existencia de una multitud de medios que reciben contratos de publicidad oficial con cifras multimillonarias en estos tiempos de recortes y crisis lleva a cuestionarse si esta abundancia es realmente representativa de un pluralismo informativo o si es la expresión de la existencia de una prensa CORROMPIDA que vive a expensas de los recursos públicos y del gobierno de la Consellería de Medio Rural e do Mar tal y como refrenda la Magistrada De Lara a través de Autos Judiciales con marcados usos mafiosos impropios de este país y de las instituciones que les subvencionan y alimenta con el dinero de todos los ciudadanos.

Estas prácticas son posibles porque existe impunidad otorgada por quien debería evitarla, total falta de transparencia y una ausencia de denuncias que impiden revertir estas malas prácticas corruptas de la información pública.

Los vínculos financieros a costa del dinero público ingresado de recortes sociales que acaba entre medios de comunicación, amigos y familiares de los poderes asentados por la Consellería de Medio Rural e do Mar y sus responsables, sienta las bases de una relación en la cual los intereses económicos y políticos prevalecen sobre la pluralidad informativa y el derecho a saber de la sociedad gallega, embutida y embebida en el engaño y la vulneración constante de sus derechos reconocidos por todos los gobiernos, la ONU, UE y el mismo TEDH sin sumar las leyes sobre transparencia que tanto promulgan en esos medios de comunicación pero que se incumplen.

Los medios de comunicación son un pilar de la democracia ya que proveen información, permiten el debate y la pluralidad, y vigilan a los gobiernos. Solo hay que ver muchos Autos y Sentencias judiciales donde se utiliza la palabra “ejemplarizante” que sin los medios objetivos de nada valdría si es censurada y controlada de forma mafiosa y corrupta desde las mismas instituciones.

Poner al descubierto las subvenciones multimillonarias con el dinero público a "DEDO" en convenios oficiales a determinados medios sumisos permite conocer el grado de calidad informativa entre el medio y la Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia y su gobierno viendo como esta relación dineraria con lo público influye directamente sobre las líneas editoriales de estos, convertidos muchos periódicos impresos en meros panfletos publicitarios de las notas de prensa de los entes de la Consellería junto a los boletines propagandísticos del partido Popular publicitados con el dinero público de todos los ciudadanos gestionados desde el mismo Gabinete de Prensa y abandonados en las instalaciones institucionales.

Al conocer cuánto recibe cada uno, los ciudadanos pueden evaluar el nivel de independencia de los medios que cada día los informan y ayudan a forjarse una opinión del gobierno instalado en la Consellería de la Xunta de Galicia y sus gabinetes de comunicación abonando la construcción de la confianza, por un lado, entre los gobernados y los que gobiernan y también entre los medios y sus lectores o sus audiencias.

No se podrá construir las bases de una libertad de expresión genuina en Galicia sin solucionar el uso discriminatorio, opaco y desvirtuado de la publicidad que emana bajo el amiguismo y el derroche de recursos públicos que deriva de esto.

La CORRUPCIÖN INFORMATIVA Y LA VULNERACIÖN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La investigación de cualquier presunto delito de NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS ABUSOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN es siempre muy difícil, al igual que ocurre con el cohecho tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Lo que la criminología entiende como CIFRA NEGRA, que son los delitos cometidos pero nunca denunciados, en el caso del cohecho, alcanza límites insospechados.

Basta la lectura de los artículos 439 al 444 del Código Penal DE LAS NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS ABUSOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN, y unas miradas limpias a ciertas relaciones entre funcionarios o autoridades con algunos individuos para comprender que la criminalística del funcionariado no se desarrolla por muy bueno que sea el abogado o criminalista y demás peritos judiciales porque siempre hay mucho más interés en obstruirla que en facilitarla. A continuación se citan algunos datos y hechos relativos al presunto cohecho, seguidos y concernientes a este escrito bajo la dirección de los denunciados, en su faceta de máximos tuteladores de los bienes públicos de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia y como responsables directos y receptores del beneficio de la presunta prevaricación, que se exponen bajo los siguientes.

Es elocuente y demostrativa la NOTA DE PRENSA DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA SOBRE LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO CONTRA LA CORRUPCIÓN de fecha 2 de Febrero de 2015 a todos los medios de comunicación

Jueces para la Democracia ha acordado crear un Observatorio contra la Corrupción ante la gravedad de la situación actual y ante la falta de medidas por parte del Gobierno y otras instituciones.

En estos momentos se tramitan centenares de procedimientos por corrupción en nuestros órganos judiciales y los magistrados instructores de nuestro país están haciendo un gran esfuerzo, sin apenas medios, y a menudo sometidos a todo tipo de presiones que erosionan el principio de independencia judicial.

Por ello, consideramos que este instrumento del Observatorio sería un importante elemento de referencia para poder ofrecer una perspectiva global en la lucha contra esta forma de delincuencia.

Jueces para la Democracia | Tfno. 91.314 19 64| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia a través de múltiples escritos, solicitaba aclaraciones o desmentidos e instaba a los altos cargos de la Xunta de Galicia una investigación y a remitir a la Fiscalía para que se pronunciara si hay delito penal, porque supuestamente la administración bajo órdenes de la Sra. Rosa Quintana Carballo, pagó y paga e medios de comunicación a través de convenios sin concurrencia pública y de libre designación la publicación de determinadas informaciones que debe publicar la prensa receptora del dinero público a lo que hicieron caso omiso denegando bajo el silencio administrativo cualquier petición en este sentido, se adjunta como documento2 petición del 31º-10-2014 mediante correo electrónico sin respuesta y como documento3 de fecha 20-11-2014, bajo el silencio administrativo, documento4 representativo para ilustración de S.S. en los modos y formas de ordenar lo público, pero también sin respuesta de ningún tipo al documento5 en el que se recusaba a la Xefa de Prensa por su acreditada discriminación informativa, y como documento6 escrito de solicitud o aclaraciones sobre el modo de proceder de la Consellería grabando las conversaciones en las entrevistas de los despachos de la Institución Pública, documento7 en el que la Xefa de Prensa declina responder bajo silencio administrativo a nuestras legales peticiones y la misma Secretaría del Mar perteneciente a la Consellería, ver documento8 bajo el silencio administrativo como si de una forma de entender lo público se tratase..

Más la diversa documentación que se aporta a esta denuncia a juicio de Pladesemapesga, sobran indicios de presunta corrupción informativa inducida por la Consellería de Medio Rural e do Mar, ante las reiteradas negativas del Gabinete a pronunciarse en este sentido y a pesar de la jactancia de la Ley de Transparencia del Gobierno Gallego.

Se trata entre otras, de una publicidad institucional camuflada a través de entrevistas e informaciones por las que los medios de comunicación no deberían cobrar ya que para eso se encuentran las convocatorias de prensa por libre concurrencia para su asistencia del medio interesado.

Según sostiene Pladesemapesga, estas prácticas esconden "el desvío de fondos o caudales públicos a diversos medios de comunicación afines sin motivo o causa alguna que justifique tales disposiciones patrimoniales y al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido.

Pladesemapesga dice que estos contratos suman más de 40 millones de euros, “no fiscalizados por el Consello de Contas”, "obviamente pueden ser sólo uno pequeña parte de los casos reales de entrevistas, noticias y otros convenios o contratos en los que intermedian Agencias, que habrán de ser objetivo de investigación de las presentes diligencias" entre la multitud que hay por la Consellería y entes adscritos sin ningún tipo de control.

 

La Voz de Galicia, la eterna afortunada en los convenios troceados a medio de cuatrimestres y partidas de 149.000 euros con dos días de diferencia en presunto fraude de Ley al objeto de impedir y evitar la fiscalización del mismo Tribunal de Cuentas entre otros… BOE.es – Documento BOE-A-2013-13156 que dice..

El Tribunal de Cuentas denuncia que “la utilización con carácter general del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública”....Se adjunta como documento11,

Artículo 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado; de 450.000 euros, tratándose de suministros, y de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales.

El modus operandi delictual dentro de los convenios ahora denunciados consiste precisamente en TROCEAR las cantidades subvencionadas para no sobrepasar los 150.000 euros, para posteriormente, y bajo la presunta cobertura legal de la Ley poder adjudicar 2 convenios clonados de forma directa con un espacio de tan solo 2 días, con más de 298.000 euros al que hay que sumar 3 cuatrimestres con una sima total anual de 894.000 euros otorgados en el mismo año a la Voz de Galicia saltándose todos los artificios legales cada 4 meses desde el año 2009, sirvan de ejemplo:

DOG Núm. 54 Miércoles, 19 de marzo de 2014 Pág. 11656, se adjunta como documento9

Convenio de   colaboración entre la Consellería del Medio Rural y del Mar y la entidad   Corporación Voz de Galicia, S.L. para promover campañas informativas de   concienciación y sensibilización social contra los incendios forestales   (autorizadas por el artículo 3 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de   publicidad y comunicación institucional).

149.000,00 € 19.8.2013
Convenio de   colaboración entre la Consellería del Medio Rural y del Mar y la entidad   Corporación Voz de Galicia, S.L. para promover campañas informativas de   publicidad y comunicación institucional (autorizadas por el artículo 3 de la   Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional).   149.000,00 € 22.8.2013

DOG Núm. 99 Lunes, 27 de mayo de 2013 Pág. 18674, se adjunta como documento10

Convenio y objeto Importe Fecha de firma
Convenio de   colaboración entre la Consellería del Medio Rural y del Mar y la entidad La   Voz de Galicia, S.A. para promover campañas informativas de publicidad y   comunicación institucional (autorizadas por el artículo 3 de la Ley 29/2005,   de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación insituticional). 149 000,00 € 21.12.2012  

Para ello se emplean los siguientes artificios:

1) Establecer un precio de convenio que no supere los 150.000 euros.

2) Posteriormente con solo dos días de diferencia realizar otro convenio por la misma cantidad.

Esta adjudicación directa se hace con total vulneración de las normas de excepcionalidad que han de regir esas adjudicaciones directas, vulnerando no solamente la legislación vigente sino la clara y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, entre otras, establecida en Sentencia de 18/04/1989.

3)Adjudicar al ganador del concurso las prórrogas que el contrato admita, con el procedimiento de negociado sin publicidad.

Los beneficiarios de este modo de proceder fueron en este concreto caso la empresa La Voz de Galicia en tanto en cuanto se adjudicó el convenio por 298.000 euros partido en dos lotes al precio de 149.000 euros. Y posteriormente se benefició de la adjudicación de las siguientes prórrogas cuatrimestrales, por el precio que igualmente se indica de 894.000 euros anuales.

Son autores los convocantes del concurso D Francisco José Vidal pardo y Pardo, Alfonso García Magariños y María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade quienes con esta manera de proceder, han cometido los delitos enunciados más arriba, como quedará demostrado a lo largo de la instrucción. Son también autores los beneficiarios del concurso, en concreto La Voz de Galicia.

Entre todas las empresas agraciadas destaca “La Voz de Galicia” que se lleva más de un tercio del total de la partida orzamentaria anual con más 894.000 euros.

Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 37 Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos

3. Cuando la subvención sea concedida mediante convenio y el importe sea superior a 150.000 euros o tenga carácter plurianual, la aprobación del convenio requerirá de autorización previa por el Consello de la Xunta de Galicia, salvo que en la ley de presupuestos se disponga lo contrario.

Artículo 39 Subvenciones de concesión directa impuesta a la Administración por una norma de rango legal

4. Cuando la subvención sea concedida mediante convenio y el importe sea superior a 150.000 euros o tenga carácter plurianual, la aprobación del convenio requerirá la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia.

2. El expediente incluirá, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Una memoria, en la que se justifique claramente y de manera detallada, las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, u otras que justifiquen la dificultad de su convocatoria pública y su carácter excepcional.

b) Los informes previstos en el artículo 18º.2 del presente reglamento. No obstante, estos informes no serán exigibles a las subvenciones que se concedan mediante resolución y que no superen las cuantías a las que se refiere el punto 4 de este artículo.

c) Las propuestas de acuerdo o resolución de concesión, o el instrumento del convenio que autorice a suscribir.

3. Cuando la subvención sea concedida mediante convenio y el importe sea superior a 150.000 euros o tenga carácter plurianual, la aprobación del convenio requerirá la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia.

DOG Núm. 20 Jueves, 29 de enero de 2009 Pág. 1.920

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 37º.-Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos.

3. Cuando la subvención sea concedida mediante convenio y el importe sea superior a 150.000 euros o tenga carácter plurianual, la aprobación del convenio requerirá de autorización previa por el Consello de la Xunta de Galicia, salvo que en la ley de presupuestos se disponga lo contrario

4. Cuando la subvención sea concedida mediante convenio y el importe sea superior a 150.000 euros o tenga carácter plurianual, la aprobación del convenio requerirá la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia.

Artículo 39º.-Subvenciones de concesión directa impuesta a la Administración por una norma de rango legal.

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (Vigente hasta el 16 de diciembre de 2011)

Esta revisión vigente desde 3 de noviembre de 2011hasta 16 de diciembre de 2011.

CAPÍTULO IV. REMISIÓN DE INFORMACIÓN A EFECTOS ESTADÍSTICOS Y DE FISCALIZACIÓN.

Artículo 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado; de 450.000 euros, tratándose de suministros, y de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales.

El Auto del Juzgado Pieza segunda de las DPA 972/2011 de la Operación Pokémon.

En el que se da cumplida cuenta de protección a testigos ante la presión informativa del citado diario La Voz de Galicia para favorecer la destrucción del testigo con beneficio directo a los imputados del Partido Popular, un juego muy grave y peligroso que parte de las altas instancias del PP, que damos por reproducido en aras a la brevedad.

- La Juez de Lara acusa a la Voz de Galicia y varios periodistas de montar un “falso guión periodístico” para destruir bajo amenazas y acusaciones falsas el testigo ahora protegido de la Operación Pokemon.

Sirva de referencia a los hechos denunciados, especial referencia y concreción página 34 en adelante del auto referenciado del Juzgado 1 de Lugo, que se adjunta como documento12.

XDO. DE INSTRUCIÓN N. 1 LUGO.- DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000335 /2014

Pieza segunda de las DPA 972/2011

AUTO   En LUGO , a 9 de enero de 2015

"Sinto como cidadá e como xuíz instrutora un enorme respecto cara ao sagrado dereito da liberdade de prensa", chega a escribir a xuíza. Pero "os medios de comunicación non deixan de ser empresas" que "en ocasións son perceptoras de subvencións públicas" ou de "publicidade de administracións e empresas", co "risco de que poidan rematar converténdose en medios auxiliares ou instrumentais de intereses políticos ou económicos que poden provocar que as súas actuacións non sempre estean guiadas polo obxectivo de informar".

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21524

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

La publicidad institucional se regula en España por una ley de 2005 que, según la asociación más numerosa de editores de prensa, AEEPP, es incumplida de modo sistemático por ministerios, consejerías o ayuntamientos, gobernados por el Partido Popular y más concretamente en Galicia con total descaro y burla ciudadana y de la reciente Ley de Transparencia.

Asimismo, la Ley tiene como objetivos prioritarios garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.

La utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve.

La realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación debe responder a los principios de eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia...(...)

Artículo 2. Definición de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.

a) campaña institucional de publicidad, toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios.

Artículo 4. Prohibiciones.

1. No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación:

a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1 de esta Ley.

La organización sindical CIG-ADMINISTRACIÖN ( http://www.cigadmon.org /)dice… En menos dunha semana a Xunta anuncia preto de 2.300.000€ para comprar o favor dos medios de comunicación

Axustar o déficit, controlar o gasto, austeridade... pero á hora de ter de man os medios de comunicación aparecen as partidas orzamentarias e referencias normativas que sexan necesarias.

Subvención aos medios de comunicación da Secretaría Xeral de Medios

No DOG do 22/05/2013 publícase a polémica convocatoria de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e medios de radiodifusión radicados en Galiza para o ano 2013. Desta volta o financiamento total ascende a 1.550.000€.

Os gastos públicos en medios de comunicación xa son polémicos de por si. Porén, tórnanse máis polémicos no momento actual ao ser considerado como un gasto totalmente prescindible fronte ao mantemento dos servizos públicos. Iso por non falar de que o que se está facendo é fomentar o "status quo" do actual escenario informativo, no que os grandes grupos volverán a arrasar levándose cartos das arcas públicas; algún dos cales é xa de sobra coñecido pola súa teima nos ataques á dignidade do colectivo das traballadoras e traballadores públicos e a súa desaforada defensa das políticas da Xunta de Galiza.

Ao marxe das axudas que se establecen a través desta resolución, hai que ter en conta a cantidade de diñeiro de difícil control e seguimento que supón a publicidade institucional que contratan as diferentes consellarías: anuncios e campañas que teñen pouco de informativas e moito de botarse flores sobre as políticas desenvoltas. Ao anterior hai que engadirlle os mal chamados "convenios de colaboración" nos que os medios cos que se realizan reciben máis cartos a cambio de máis publicidade.

Máis convenios coa prensa nas diferentes consellerías

Desta volta tócalle a Medio Rural e Mar, se ben vai pouco denunciabamos os de Industria. Son un total de 739.000 € e o gasto desagregado por destinatario é o seguinte: 149.000 € para La Voz de Galicia, S.A., 149.000 € para El Faro de Vigo, S.A., 149.000 € para Editorial Compostela, S.A., 100.000€ para El Progreso de Lugo, S.L., 100.000€ para Medios Digitales de Galicia, S.A.U., 50.000€ La Opinión de A Coruña, S.L. , 30.000€ para o Grupo Lérez Ediciones, S.L. e 10.000 € para Rías Baixas Comunicación, S.A.

No DOG do 27/05/2013 a consellaría fai publica a listaxe de todos os convenios subscritos no segundo e terceiro cuatrimestre do ano pasado. A maiores do atraso na publicidade destes convenios, atópase a imposibilidade para a súa consulta detallada, algo que torpedea a transparencia na xestión de cartos públicos. A novidade de Medio Rural nestes convenios con entidades de comunicación para “promover campañas informativas de publicidade e comunicación institucional”, é a referencia explícita á autorización lexislativa da Lei 29/2005, do 29 de decembro, de publicidade e comunicación institucional. Porén, porque algo sexa legal, e máis nunha época de recortes brutais ás clases máis desfavorecidas, non ten porque ser xusto ou mesmo moral.

Falsa austeridade

Dentro do actual panorama económico, e particularmente dentro da Administración galega, ás empregadas e empregados públicos, como a meirande parte da cidadanía, resúltalle incomprensíbel que se recorte en servizos públicos esenciais e nos seus propios dereitos para manter outros gastos superflúos como a subvención ou os convenios cos medios privados.

Debemos continuar denunciando estes casos de falsa austeridade onde comprobamos que si hai cartos para o que se quere. Canto máis tendo en conta a finalidade de autopromoción deste gasto e que non está exento de sospeita sobre o condicionamento da realidade que publican os medios conveniados ou subvencionados. Non podemos consentir que parte dos esforzos que nos piden vaian destinados a esta finalidade que a sociedade entende perfectamente prescindible fronte ao mantemento dos servizos públicos.

A maiores atoparíamonos cun acto saludábel na liberdade de prensa e na contribución a facer do xornalismo non noso país unha ferramenta para a información obxectiva e veraz, non sometida a presións políticas que compran portadas cos cartos (e os recortes) de todas e todos.

La Consellería de Medio Rural e do Mar hace todo lo contrario, produciendo un negocio privado con dependencia de lo público y como ya consta acreditado la empresa receptora de más de un millón de dinero público “Media Planning Group, S.A.” para supuestas campañas de comunicación a la que se adjudicó un contrato a “DEDO”, dispone de un amplio historial de presuntas irregularidades en la adjudicación de dinero público.

adjudicación BOE-B-2014-30872 Lote 2: Media Planning Group, S.A.. (S.L.) 964.189,02 euros sin IVE

Incidencia contratación lote1 FO20160_1

Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 20 de marzo de 2014,BOE de 26 de marzo de 2014 y DOG de 24 de marzo 2014.

4. Valor estimado del contrato: 826.421,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 999.970,02 euros.

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 26/06/2014, y Lote 2: 24/07/2014.

b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 23/07/2014, y Lote 2: 19/08/2014.

c) Contratista: G64 Comunicación, S.L., y Lote 2: Media Planning Group, S.A..

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 964.189,02 euros.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2014.- La Consejera.

P.D. (Orden del 30/03/12, DOG n.º 70, de 12 de abril), la Secretaria general técnica, Maria Isabel Concheiro Rodríguez-Segade.

Vulneración sistemática de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. Vigencia desde 19 de Enero de 2006.

La utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno y sus responsables políticos.

Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve.

Tal y como consta acreditado en estos convenios el oscurantismo es total y creemos que no solo se auto ensalzan su propia labor, si no que nunca publican nada que tenga que ver con hechos o sucesos ajenos a los intereses personales y políticos o que puedan realizar críticas a la labor del cargo público o partido instalado en la Xunta de Galicia.

Pladesemapesga con más de 27.900 socios del sector marítimo-pesquero jamás a sido respondida o publicada nota de prensa alguna siendo remitidas más de 500 notas de prensa en el último año y que a la contra los medios impresos alimentados con el dinero público hacen alardes propagandísticos con beneficios políticos de todos los altos cargos de la Xunta de Galicia pero no así de la oposición, lo que nos pone en línea con el pretendido negocio de lo público por los responsables denunciados donde la libre competencia o concurrencia es un mero trámite u ardid legal para lograr bajo pretendidos requisitos los fines propuestos.

Dice la ley que regula la publicidad institucional:

“No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por los integrantes del sector público.

Esto es, prohíbe explícitamente este tipo de subvenciones directas “a dedo” mediante decreto y convenio sin concurrencia pública para lograr un perfecto "auto bombo en su gestión" del Sr Presidente Alberto Núñez Feijóo, en su faceta de Presidente del Partido Popular en Galicia, cuna de la trama Gúrtel para enaltecerse de su propia gestión política.

La libre competencia empresarial no puede legalmente estar inducida por altos Cargos de las instituciones públicas, y mucho menos por su presidente en su consecuencia la libertad de libre competencia debe estar protegida;

 

La jurisprudencia no es pacífica ante el cohecho, prevaricación o la dejadez de funciones por funcionario público. Entre otras sentencias del Tribunal Supremo pueden verse:

STS 1988/12, de 15 de marzo de 2012 (Ponente Manuel Marchena Gómez)

La jurisprudencia de esta Sala ha propugnado una interpretación del art. 408 del CP que no es compatible con el criterio de la Audiencia Provincial. Basta con que el agente o funcionario tenga indicios de que la actividad que se desarrolla ante él y en la que no interviene, debiendo hacerlo, es indiciariamente delictiva, sin que sea necesaria la certeza de que aquella actividad es un delito con todos sus elementos jurídicos (STS 330/2006, 10 de marzo), pudiendo limitarse la omisión a no tramitar el correspondiente atestado (STS 846/1998, 17 de junio y 1408/1994, 9 de julio). En la misma línea, la STS 342/2009, 2 de abril , recuerda que el tipo penal previsto en el art. 408 del CP es un delito de omisión pura, en el que el sujeto activo debe tener conocimiento de la posible comisión de un delito, bastando al respecto unos razonables indicios. Se trata, por tanto, de un delito de quebrantamiento de un deber.

CAPÍTULO IX. DE LAS NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS ABUSOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN

Artículo 439. La autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

Artículo 441. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 442. La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. A los efectos de este artículo, se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.

a) Un delito de Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, previsto en el artículo 404 del Código Penal, que dispone que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

b) Un delito de presunto cohecho, previsto en el artículo 419 del Código Penal, que señala que “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.”

c) Un delito de los fraudes y exacciones ilegales, previsto en el artículo 436 del Código Penal, que señala que “La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años.”

d) Un delito de negociación y actividad prohibida a funcionarios públicos, y abuso en el ejercicio de su función, previsto en el artículo 439 del Código Penal, que señala que “La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.”

El artículo 404 del Código Penal dispone que la Autoridad o Funcionario Público que a sabiendas dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Entendemos de esta parte que al menos altos cargos sin identificar junto a los hechos que se relatan en este escrito puede dar lugar a responsabilidad como funcionario (art. 28.4 LRJPAC) y el artículo 404 del Código Penal entre otros.

Que al no haberse abstenido, puede incurrir en tres tipos de responsabilidad: primero, la responsabilidad administrativa (es decir, régimen disciplinario) ; segundo, responsabilidad patrimonial derivada de los daños que pueda ocasionar como consecuencia del acto administrativo dictado; y, finalmente, responsabilidad penal si el motivo denunciado le hubiese llevado a cometer, por ejemplo, un acto de prevaricación, entre otros que consideramos es este caso.

Todos estos presuntos delitos se han cometido mediando presuntamente fraude de ley, y actividades prohibidas a funcionarios.

Todo procedimiento administrativo ha de estar presidido por los principios de imparcialidad y objetividad, puesto que todos los poderes públicos y, en concreto, la Administración Pública, están sujetos a dichos principios, como recoge el art. 103 CE y reitera el art. 3.1 LRJAP.

Todos los hechos constituyen prueba cierta, concreta y evidente de las actuaciones maliciosas y premeditadas llevadas a cabo por los denunciados en la Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia, con el único fin de hacerse con el dinero público en beneficio propio y que se resumen en hechos muy concretos, acreditados documentalmente y relacionados con todo lujo de detalles sin que dejen hueco a duda alguna u otro tipo de inetrpretación.

Estos hechos podrían constituir delito del Artículo 404, 437 entre los que prevalecen la CENSURA, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. CAPÍTULO V. SECCIÓN 3, Artículos,408, 540, 538 y 542 y los artículos 20 y 105 de la Constitución así como el posible incumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo, 95 y concordantes “.

CIRCULAR 2/2010. LA INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

Velar por la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar antes éstos la satisfacción del interés social.”

Asimismo, el artículo 3.6 de la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, establece que el Fiscal “tomará parte en defensa de la legalidad y del interés público o social en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley”.

La reforma operada mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo en el Código Penal español el delito de corrupción privada, regulado en el artículo 286 bis. Se trata de una figura sin tradición jurídica en nuestro ordenamiento, que responde a la transposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado.

El legislador español castiga penalmente la competencia desleal mediante la corrupción. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la LO 5/2010, el bien jurídico protegido es la "competencia justa y honesta" en el ámbito de los negocios como medio para preservar las reglas de buen funcionamiento del mercado.

ARDICES PARA DEFRAUDAR LO PÜBLICO DE FORMA PARTIDISTA Y DISCRIMINATORIA:

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628

Esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal.

La ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.

Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En el tema que nos ocupa, y que se relaciona con los fraudes, defraudaciones y otros delitos, requiere dedicarle especial importancia en nuestra sociedad, por los daños y perjuicios económicos, patrimoniales derivados de la consecuencia a que esto conlleva la perpetración de estos ilícitos causando GRAVE perjuicio para los profesionales del sistema informativo español.

A este respecto el Estado, ha tomado las providencias conducentes a objeto de impedir o disminuir la comisión de estos delitos o engaños con normas generales y especiales, estableciendo un marco regulatorio con el propósito de cautelar debidamente la entrega de dinero público de forma irregular, para lo cual se hace imprescindible que los hechos económicos se encuentren debida y fidedignamente registrados en contabilidades lícitas.

Implícito, radical o fundamental en esta estructura de la sociedad, se encuentra inmerso en la dinámica de la política global, ese sistema o ciencia denominado “legislación”, ya que a través de ésta se permite regular, administrar y lograr un ordenamiento en la interacción de todas las políticas; de esta forma, la autoridad estatal, representada principalmente por el Poder legislativo ha dictado las normas jurídicas pertinentes con el fin de normar los procedimientos de todos los ciudadanos, sean personas naturales o jurídicas a objeto de velar adecuadamente por los intereses comunes de todos nosotros, a través de las diversas ramas del Derecho Público y Privado.

Cuando se produce una violación a las normas jurídicas contempladas en el ámbito legal antes señalado, como consecuencia tenemos la comisión del ilícito en facetas tales como fraudes, defraudaciones y otros engaños, todo ello mediante la utilización de ardices fuera de la pretensión del legislador y sacados de la manga, bajo contabilidad ilícita en diversos ámbitos y modos de operar que se encuentran dentro de la esfera o contenido de la materia tratada en este nuestro escrito.

Para la perpetración de estos delitos, son elementos constitutivos el engaño, la voluntad, el lucro, el perjuicio que en estos casos, principalmente, atentan contra los intereses de todos nosotros y respecto de delitos tales como fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, falsificaciones o ilícitos cometidos mediante documentos apócrifos.

Es así como del concepto engaño, podemos expresar que éste se encuentra presente no sólo en los delitos relacionados con la legislación de convenios sin concurrencia pública "DEDO", sino en todos los otros delitos que signifique conductas materiales e inmateriales.

En términos generales el fraude puede presentarse como causar perjuicio en el patrimonio ajeno, ya se público o privado, mediante el engaño o el incumplimiento voluntario de las obligaciones jurídicas.

La simulación es la actividad desplegada la que es imprescindible para que exista delito, el concepto de simulación nos lleva a la conclusión que forzosamente debe existir una conducta determinada por la aptitud para producir como consecuencia el error, por eso la simulación y error son los dos elementos en que se desdobla el engaño, siendo el error una falsa representación de la realidad.

De esta forma la malversación y prevaricación administrativa serían la raíz de aquellos fraudes en que el engaño ha consistido en un ardid o “mise en scene”; algunos de los cuales han sido expresamente descritos y penados por la ley y los otros engaños, serían los fraudes en que el engaño está constituido por otro medio que no es el ardid.

La gran parte de la doctrina, se inclina al señalar que como requisito separado y de carácter puramente subjetivo, es la concurrencia del ánimo de lucro o enriquecimiento, tal como se hace en los delitos de hurto o robo.

Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que pueden inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o a la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a la mercadería adquirida, enajenadas o permutadas o de las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o a la presentación de estos dolosamente falseados, o el empleo de otros procedimientos dolosos encargados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, serán sancionados por la Justicia en España.

Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 23.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de las redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. {jcomments on}

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