Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Supremo y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA por hiperenlaces en www.miguelgallardo.es/rafael-fernandez-valverde.pdf

He tratado de comprobar por teléfono, fax y correo electrónico que son correctos sus datos publicados en www.udima.es/es/profesor/rafael-fernandez-valverde.html Pasada una semana sin respuesta, debo darlos por buenos y hacerle tres preguntas, una docente, otra económica y una última que me afecta directamente porque puede dar lugar a serias responsabilidades de varios funcionarios públicos profesores como usted en la universidad privada UDIMA.

La primera pregunta es simple y directa: ¿cuántos alumnos ha calificado usted y cuántos de ellos ha suspendido en UDIMA? No tengo ningún interés en ningún dato personal, pero sí que lo tengo en todas sus estadísticas, como puede comprobar en el documento adjunto.

La segunda es: ¿qué pagos y/o compensaciones en especie ha recibido usted de UDIMA o del Centro de Estudios Financieros (CEF) o de cualquier otra entidad relacionada con el grupo CEF o UDIMA por clases o colaboraciones de cualquier tipo? No creo que sea necesario recordarle que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que se pueden publicar datos referentes a los ingresos de los empleados de instituciones públicas según la jurisprudencia de los asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01 como peticiones amparadas en el artículo 234 CE. Estoy decidido a agotar todas las vías legales para que se publique cada euro que reciba un funcionario público las entidades privadas UDIMA y CEF.

La tercera es sobre las compatibilidades que el CGPJ concede y también publica para que los jueces puedan impartir docencia. No consigo encontrar ni su solicitud ni la resolución de su compatibilidad en ninguna de las ACTAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL en las que se supone que debiera estar. No creo que un vocal del CGPJ, que al mismo tiempo es magistrado en el Tribunal Supremo, pueda saltarse los trámites que el resto de los jueces deben renovar cada año y por eso le pregunto a usted. ¿Puede facilitarme la fecha en la que se le concedió esa compatibilidad?

Para su información, su nombre aparece, al menos, en 82 hiperenlaces del dominio udima.es y también en otros 6 hiperenlaces del dominio cef.es por lo que parece muy evidente que ambas entidades privadas se están beneficiando de lo que claramente se tipifica en el artículo 95 j) del Estatuto Básico del Empleado Público. 

No espero ni necesito que nadie comprenda mi motivación para llevar tan lejos como sea legalmente posible mi investigación de las incompatibilidades y conflictos de intereses en UDIMA y CEF, pero le pido que no los presuponga ni los banalice prejuzgándome. Soy una víctima de un Secretario Judicial que dedica mucho más tiempo a sus pluriempleos en UDIMA y CEF que a meditar sus diligencias de ordenación y decretos. Pero lo que es peor, siendo muy notorio su error de fondo, en lugar de subsanarlo, arremete contra el perjudicado.

Créame que los títulos que tengo me han costado enormes esfuerzos, realizados siempre con riesgo de suspender, incluso con humillación. Voy a contenerme para no escribir aquí lo que pienso de los títulos de la universidad privada que se jacta de contar con usted como profesor.

Mi modestísima economía personal ha sido reventada primero por funcionarios públicos que litigan por su supuesto honor, en todo caso personal, particular y privado,  “gratis total” en una repugnante demanda malversada que me ha llevado a poner “el grito en Europa” como puede ver en la denuncia a la Comisión Europea que mantengo publicada en  hiperenlaces 

www.cita.es/demanda-malversadaywww.miguelgallardo.es/demanda-malversada.pdf

Ahora, un compañero suyo en UDIMA y CEF está ejecutando resoluciones que él mismo dicta como Secretario Judicial, extremadamente perversas y dañinas. Lo sabe perfectamente pero no subsana el error de multiplicar por 3 la tasación judicial en mi perjuicio sin dar otra solución a su propio error que iniciar un procedimiento declarativo nuevo. Sin embargo, yo quiero creer que digan lo que digan códigos, leyes y reglamentos, el funcionario que sabe que ha cometido un error y no lo subsana con el menor perjuicio posible para quien ya ha sido perjudicado, debe ser sancionado o condenado. No tengo ningún inconveniente en que se conozca, incluso con publicidad, todo cuanto su compañero en UDIMA y CEF ha decretado en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid. Yo mismo ya le he denunciado a la Oficina de Conflictos de Intereses los hechos, porque el funcionario que tiene incompatibilidades o algún conflicto de intereses debe ser mucho más duramente expedientado, sancionado y condenado cuando comete un error. Ignoro si usted ha cometido algún error por dedicarse a lo que evidencian los 82 hiperenlaces del dominio udima.es o por los 6 hiperenlaces del dominio cef.es en los que se le menciona expresamente pero estoy seguro de que podrá comprender que las víctimas de un error agotemos todas las posibilidades para que sea subsanado o, al menos, se nos dedique la suficiente antención, en cantidad pero más aún en calidad de atención, cuando lo denunciamos o nos quejamos (¿qué haría usted?). Quien se equivoca, o quien perjudica por algún conflicto de intereses, tiene mucho menos derecho a la compatibilidad para el pluriempleo en cualquier función pública. Ésa es mi tesis ahora.

Estoy dispuesto a iniciar todos los procedimientos administrativos y judiciales para que esa tesis sea, como mínimo, respetada. Siempre que haya un perjudicado por un funcionario pluriempleado, deberían revisarse todas las compatibilidades que se le hayan concedido dando todas las facilidades a la víctima para personarse en los procedimientos. En un país decente, eso debería de hacerse de oficio. En el nuestro, eso ahora depende de personas como usted, a quien ofrezco la documentación adjunta y todo mi tiempo disponible para explicarla.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Se adjuntan 2 denuncias con sus respectivos hiperenlaces en Internet

Ilmo. Sr. D. (Prof. Dr.) José Manuel Torralba Castelló, Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid por hiperenlaces publicados en www.cita.es/torralba-udimaywww.miguelgallardo.es/torralba-udima.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. como mejor proceda presenta DENUNCIA PÚBLICA por los siguientes HECHOS:

1º Con fecha 1.5.13 el periodista Aníbal Malvar publicó que “En la Universidad a Distancia de Madrid no existe el suspenso“ como puede verse en Internet

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-06-08/en-la-universidad-a-distancia-de-madrid-no-existe-el-suspenso_196016/

En el texto pueden leerse hechos, datos y manifestaciones extremadamente graves para cualquier universitario que se precie de serlo con una mínima dignidad. Esas noticias deberían haber obligado a la Administración a actuar de oficio, pero quien aquí denuncia desconoce si se ha abierto algún expediente a UDIMA alguna vez.

2º Con fecha 26.6.13 el mismo periodista amplía esa noticia y los datos con el titular “La 'universidad sin suspensos' tampoco tiene comité de empresa “ni elecciones a claustro”. En su texto puede leerse: El Confidencial tras recibir varias denuncias, a este respecto, procedentes tanto de exprofesores como de docentes en ejercicio y otro personal de esta institución privada. "Nunca voté en Udima para claustro o junta de facultad porque no existe ni lo uno ni lo otro. Cualquier comportamiento dirigido a establecer reuniones y a cumplir la legalidad vigente, marcada por el Convenio de Universidades Privadas, era mal visto y castigado". Denuncias como la que sigue: “Toda actividad sindical en la empresa es perseguida sistemáticamente. Los derechos de los trabajadores son ignorados siempre y la palabra sindicatos está prohibida. En cuanto se enteran de que alguien inicia alguna actividad de asociación de trabajadores para constituir un comité de empresa, van a por él o a por ella”, asegura un exprofesor que prefiere mantenerse en el anonimato porque continua vinculado a la docencia en universidades privadas. No es el único. Su versión ha sido corroborada por escrito por varios docentes a este periódico. En 2012, un miembro electo de la ejecutiva nacional de universidades de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF, mayoritaria en el sector) elaboró un informe en el que denunciaba no solo inexistencia de representación sindical, sino también explotación laboral (profesores con más de 2.000 alumnos impartiendo más de cien asignaturas), presiones a los docentes para aprobar a todos los alumnos y garantizar su continuidad, e inexistencia de claustro y junta de gobierno elegidos democráticamente. Todos los profesores con los que se ha puesto en contacto El Confidencial ratifican el contenido de este informe: “Nunca voté en Udima para claustro o junta de facultad porque no existe ni lo uno ni lo otro. Cualquier comportamiento dirigido a establecer reuniones y a cumplir la legalidad vigente, marcada por el Convenio de Universidades Privadas, era mal visto y castigado. En una ocasión, a los tres meses de entrar, la dirección me solicitó mi opinión sobre cómo veía yo la situación de la empresa, ya que mi especialidad es la Dirección de Recursos Humanos. Yo les di mi opinión sobre la necesidad de cumplir la ley en materia laboral, es decir, el Convenio de Universidades Privadas: constitución de la Junta de Gobierno,constitución del claustro, reuniones de departamento, junta de personal y, lo más importante, el comité de empresa. Es curioso que después de darles mi opinión me dijeran que, a partir de ese momento, me dedicara a la docencia y que no me metiera donde no me llaman. Desde entonces comenzó el proceso de acoso laboral, con cientos de aulas y casi 2.000 alumnos. Un infierno para mí”, relata uno de los profesores.

3º En la universidad privada UDIMA trabajan desde hace muchos años, al menos, tres secretarios judiciales, Raquel Resa Carretero, Alfredo Alcañiz Rodríguez y José Ignacio Atienza López. Este último ha sido denunciado a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas según escrito que se acompaña y está en Internet www.miguelgallardo.es/oci-secretario.pdf

En esa denuncia contra José Ignacio Atienza López se dice textualmente: “El denunciado, antes de su actual destino, estuvo en el Juzgado de lo Social 9 de Madrid y a la vista de su trayectoria pública y privada, pero publicada en Internet www.cef.es y www.udima.es así como por las actitudes y manifestaciones que este denunciante ha conocido, puede ser determinante en cuanto afecte a la conflictividad de las entidades privadas para las que trabaja. Por ejemplo, es muy sospechoso su acceso al Punto Neutro Judicial por medio del cual puede obtener información muy relevante para beneficiar a las entidades privadas de las que cobra con regularidad sueldos desde hace muchos años”.

La Función Pública que se simultanéa con actividades privadas acaban por ser deteriorada, tanto en atención y dedicación, como por contaminarse en conflictos de Intereses. En las universidades de Madrid hay dos tipos de perversiones duales. En las públicas, funcionarios investigadores y docentes administran complejos entramados empresariales a los que dedican mucho más tiempo y esfuerzo que a la Función Pública universitaria. Pero en el caso de la universidad privada UDIMA, por cierto, en permanente conflicto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la perversión se observa claramente, al menos, en el caso de los secretarios judiciales que desde hace muchos años compatibilizan (legalmente, o puede que ilegalmente, y en todo caso, siempre es revisable y anulable) pueden cometer graves errores e ignorar, más o menos deliberadamente, derechos de quienes son víctimas de una dedicación privada múltiple sin límite ni control alguno.

Por lo expuesto, solicito que se abra un expediente sobre lo publicado de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y, como perjudicado por uno de los secretarios judiciales que parece que se dedica más a la actividad privada que a su función pública, se me tenga por personado, y en todo caso, que se me proporcione toda la información que yo pueda aportar a la Oficina de Conflictos de Intereses.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Otras referencias de relevancia en www.cita.es/upm.pdfwww.cita.es/moix-upmwww.cita.es/querella-upm  www.miguelgallardo.es/lucia-figar.pdf

www.miguelgallardo.es/consejera-figar.pdf  www.miguelgallardo.es/ministro-wert.pdf

Se adjunta la mencionada denuncia ya enviada a la Oficina Conflictos de Intereses

Oficina de Conflictos de Intereses por DENUNCIA contra secretario judicial

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (solicitando acuse de recibo) con hiperenlaces en www.miguelgallardo.es/oci-secretario.pdf

Considerando sus competencias, como mejor proceda se presenta DENUNCIA contra el secretario judicial José Ignacio Atienza López, actualmente en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, por los siguientes HECHOS:

1º Es público y notorio que el denunciado trabaja, al menos, tanto en el Centro de Estudios Financieros www.cef.es como en la Universidad a Distancia de Madrid www.udima.es como puede comprobarse muy fácilmente poniendo su nombre en Google. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Jefa del Área de Secretarios Judiciales de la Secretaría General de Administración de Justicia, Marcela Rodríguez, y de la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, Ministerio de Justicia con fecha 20.4.05 sin que hasta la fecha este denunciante haya recibido más que un mínimo acuse de recibo que referencia el expediente D­00073/2015. No se trata aquí solamente de una presunta incompatibilidad, sino también de un obvio conflicto de intereses que se evidencia en los procedimientos judiciales que dependen de él, en claro perjuicio del aquí denunciante.

2º Incluso si tuviera concedida la compatibilidad desde hace ya muchos años, la dedicación del secretario judicial denunciado a www.cef.es y www.udima.es resulta desproporcionada, y puede afectar (este denunciante tiene la seguridad de que afecta) a su dedicación a su función pública tanto por falta de atención como por conflicto de intereses relacionables con sus ocupaciones privadas. Por ejemplo, José Ignacio Atienza López ignora, tal vez muy deliberadamente, una tasación de costas por la que fue condenada la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y dos de sus funcionarios para beneficiar a dos abogados de oficio que pretenden cobrar el triple de esa tasación ignorada por el denunciado, ocasionando un perjuicio muy grave al aquí denunciante. Es fácil comprobar también la relación de varios funcionarios de la UPM con www.udima.es y también que las resoluciones injustas del aquí denunciado son conocidas y parece que toleradas por otros funcionarios. Se ha presentado queja a la Defensora del Pueblo incluyendo documentación relevante que yo mismo publico en www.miguelgallardo.es/defensora-factura.pdf

3º Más allá de los hechos que evidencian la ignorancia, tal vez deliberada, del denunciado en perjuicio del aquí denunciante, es muy relevante que la universidad privada en la que trabaja, con o sin compatibilidad concedida, sea objeto de noticias como ésta:

La 'universidad sin suspensos' tampoco tiene comité de empresa...

www.elconfidencial.com/.../la-lsquo-universidad-sin-suspensos-rsquo-ta...

23 jun. 2013 - La 'universidad sin suspensos' tampoco tiene comité de empresa ni elecciones a claustro. En la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) .

El denunciado, antes de su actual destino, estuvo en el Juzgado de lo Social 9 de Madrid y a la vista de su trayectoria pública y privada, pero publicada en Internet www.cef.es y www.udima.es así como por las actitudes y manifestaciones que este denunciante ha conocido, puede ser determinante en cuanto afecte a la conflictividad de las entidades privadas para las que trabaja. Por ejemplo, es muy sospechoso su acceso al Punto Neutro Judicial por medio del cual puede obtener información muy relevante para beneficiar a las entidades privadas de las que cobra con regularidad sueldos desde hace muchos años.

Esta Oficina de Conflictos de Intereses, y en especial, Flor María López Laguna y Pablo Juan Sanz conocen, al menos desde 2008, docenas de actividades privadas de funcionarios de universidades públicas, con consecuencias gravísimas. En esta denuncia, el problema es el dual, porque una universidad privada parece depender del trabajo y la condición de funcionarios públicos, como es el caso del secretario judicial José Ignacio Atienza López, actualmente en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, según puede verse, entre otras muchas páginas de Internet, en

José Ignacio Atienza López | UDIMA

www.udima.es/es/profesor/jose-ignacio-atienza-lopez.html

Formación de Grado y especialización. Licenciado en Derecho. Secretario Judicial en activo desde abril de 1991. Experiencia docente. Profesor del Centro de Estudios Financieros desde Mayo de 1993.

No es el único secretario judicial que aparece vinculado a www.udima.es pero es el que me ha perjudiciado más por incompatibilidad y conflictos de intereses, lo que me legitima especialmente para agotar todas las posibilidades y recursos para que sus actividades privadas no le impidan comprobar lo que ignora, presuntamente de manera deliberada, y que no puedan existir conflictos de intereses, por indirectos o eventuales que sean, en su función pública. Las incompatibilidades y los conflictos de intereses tienen víctimas, porque el funcionario que se dedica mucho a lo que no debiera acaba por dedicarse poco a su función pública, y cuando lo hace, está contaminado por quien paga sus remuneraciones privadas. En este caso, desde 1993 forma parte del entramado docente de www.cef.es y www.udima.es un secretario judicial capaz de ignorar lo más obvio y ejecutar lo más injusto.

Por lo expuesto, se SOLICITA que a la mayor brevedad posible que se comprueben las actividades privadas del secretario judicial José Ignacio Atienza López y cualquier compatibilidad que se le haya concedido, requiriendo a la Jefa del Área de Secretarios Judiciales del Ministerio de Justicia copia del expediente D­00073/2015 por lo dispuesto en el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, y que se me tenga por personado como denunciante interesado legítimo y perjudicado que queda a la disposición de todos los funcionarios competentes o interesables por los hechos aquí denunciados para cualquier aclaración o documentación a mi alcance, sin perjuicio de cualquier otra acción que yo pueda ejercer para defender mis intereses, insisto, muy gravemente perjudicados por el aquí denunciado.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 to=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Otras referencias de posible relevancia en www.cita.es/demanda-malversada

www.miguelgallardo.es/compatibilidad-secretario.pdf

www.miguelgallardo.es/secretario-interfiere.pdf

Y esta denuncia que queda publicada en www.miguelgallardo.es/oci-secretario.pdf  {jcomments on}

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