Corrupción

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Lo que el Ministerio de Hacienda está haciendo con las ONG de Acción Social no tiene nombre. Nos vapulea con normas y “Manuales de Instrucciones” donde se nos obliga a cumplir algunos requisitos que claman al cielo por arbitrarios e injustificados. Hace interpretaciones de sus propias normas que siempre nos quitan la razón, aunque nuestros argumentos para discrepar sean tan evidentes que los vería hasta un ciego. Para el ministro Montoro y sus edecanes las ONG de Acción Social deben ser un nido de delincuentes en potencia a los que hay que vigilar muy de cerca no sea cosa que sus dirigentes se hagan millonarios quedándose el dinero que se les concede para atender a los marginados, a los discapacitados, a la infancia, a los ancianos, a los enfermos, en definitiva, a aquellos a los que los poderes públicos no atienden como Dios manda y que, sin embargo, encuentran un camino de esperanza entre nosotros.

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El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del “Caso Cooperación”, en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un hospital en Haití.

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado a Mariano Rajoy para que declare como testigo el próximo 26 de julio a las 9:30 horas en la vista oral del “caso Gürtel”. El presidente del Gobienro deberá comparecer físicamente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del llamado "caso Bankia” y transforma las diligencias en procedimiento abreviado para proceder contra 34 personas físicas y jurídicas como Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA), el expresidente Rodrigo Rato, el exconsejero delegado, Francisco Verdú, los consejeros Jose Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y otros tantos vocales, administradores o consejeros de la entidad en los años 2010 y 2011. Se les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art 282 y 288 del CP) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.

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La independencia y autonomía de los fiscales exigía una acción inmediata, contundente y firme del Fiscal General del Estado para recuperar la credibilidad perdida por la institución. Requería fundadas explicaciones del Fiscal General tanto a la opinión pública, como al conjunto de los fiscales que, atónitos, asistimos a un serial informativo que desprestigia nuestro trabajo.
 
COMUNICADO CONSEJEROS UPF TRAS EL CONSEJO FISCAL 4/05/17
Comunicado suscrito por los vocales electos Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodriguez Rey

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que enjuicia el caso conocido como “Gürtel Época 1”, ha notificado este lunes un auto en el que motiva el acuerdo por el que se llama a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El auto incluye un voto particular del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, contrario a la práctica de esta prueba testifical.

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“Las contradicciones en las declaraciones de González y Cobo ponen en evidencia el espionaje en la Comunidad de Madrid”. Así lo ha asegurado el portavoz adjunto de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha durante en la quinta sesión del ‘Caso de los Espías’ en la Comisión de Investigación por Corrupción en la Asamblea de Madrid, que aborda el caso de supuesto espionaje a cargos políticos del PP regional durante los años 2008 y 2009.

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Según los documentos, la agencia norteamericana puede intervenir teléfonos inteligentes, ordenadores e incluso televisores y robar datos, saltarse el cifrado de WhatsApp o convertir los dispositivos móviles en «micrófonos y cámaras encubiertos».

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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha imputado un delito de extorsión en el seno de una organización criminal a tres investigados de nacionalidad rumana, todos ellos integrantes de la misma familia, que logaron 39.000 euros del párroco de Tajonar tras amenazarle reiteradamente con la publicación de una fotografía supuestamente comprometedora con un menor de 17 años familiar de los anteriores.

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La Junta de Andalucía tiene una agujero de 3.385,81 millones de euros en sus cuentas correspondientes a fondos públicos que se han gastado pero que no están justificados ( Han VOLADO ). Un agujero que se arrastra desde hace años que no para de crecer desde el Gobierno de Felipe González. Los últimos casi 3.400 millones sin justificar corresponden al ejercicio de 2015 y suponen casi mil millones más de los que había tres años antes, en 2012.

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Están facilitando que grandes empresas limiten a los países en los que operan de miles de millones de dólares al año en ingresos tributarios, apunta Esme Berkhout, asesora sobre políticas fiscales de esa entidad, citada en un informe publicado este lunes.

A juicio de Berkhout, se fomenta un sistema económico peligrosamente desigual que arrebata a millones de personas la posibilidad de aspirar a una vida mejor.

En el mencionado informe, Oxfam da a conocer lo que considera son los paraísos fiscales más agresivos del mundo: Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, Mauricio e Islas Vírgenes Británicas.

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@XulioFerreiro también recibibe regalos del Grupo FCC investigado por la justicia. La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de cohecho pasivo al exalcalde de Lloret de Mar (Girona), y exdiputado autonómico catalán por CiU, Xavier Crespo Llobet, por los regalos que recibió de un empresario ruso que impulsaba un proyecto urbanístico en la localidad, pero anula la de prevaricación impuesta a la misma persona al considerar que no hay prueba suficiente de la comisión de ese delito, ya que no está acreditado que presionara a los técnicos municipales, secretario e interventor del Ayuntamiento para lograr que saliera adelante la bonificación fiscal del impuesto de la construcción a la empresa del ciudadano ruso citado, que fue aprobada por el Pleno de la Corporación.

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