Mucho ha llovido desde la primera vez que este tema tomó los medios de comunicación, hace al menos una década. Los retos son prácticamente los mismos.

 

Los retos que enfrenta España para la legalización del sector de la prostitución son diversos, y por muchos frentes distintos. Emular los éxitos de otras naciones de la Unión Europea, como Alemania o el particular caso de Holanda, pareciera ser el objetivo de España -al menos desde la propuesta-.

Desde el año 2005, al menos, las palabras legalización y prostitución hacían algo más que rimar. Se buscaban, parecía. ¿Qué ha pasado desde entonces?

 

Respetar los derechos y conocer los deberes

El principal reto de España es el reconocimiento de las personas. Reconocerse los unos a los otros y aceptarse como miembros de un gremio que hasta ahora no existe y donde todos son trabajadores en negro, sin seguridad social o bajo otra denominación.

La mayoría de los sitios que ofrecen este tipo de servicios en España (que no son ni legales ni ilegales de acuerdo a la legislación española) no se gestionan ni se presentan como tales, sino como negocios de hostelería, como una posada de fin de semana en un pueblo turístico o como una agencia de viajes por las Baleares. Y no es realmente así,

razón suficiente para conocer la magnitud del problema. Por un lado los que hacen las cosas mal. Por otro lado, servicios como Le privee en Barcelona, que desde la legalidad y desde el respeto de cada uno de los involucrados, intentan desde su trinchera mejorar y lavar la cara de un sector que es reconocido y aplaudido por los defensores del PIB, pero acusado y juzgado por esos mismos.

Y aunque el servicio anterior no tiene relación directa con este sector, sí nos muestra la luz de hacia dónde se debería ir, pero no se está yendo.

Desconocimiento de los datos reales

Podemos señalar como una razón de peso en la (todavía) no legalización de este controvertido sector al desconocimiento de los datos reales, por ausencia de una investigación concienzuda de lo que ocurre con la prostitución en España.

Todos han visto y muchos conocen. Algunos estudios señalan que el 20% de los hombres españoles, mayores de edad, han pagado por esta clase de servicios. Realmente, no se mide, no se proyecta, y por ende, no se regula.

Actualmente muchos diarios reportan la disminución de la edad de los “clientes tipo” de estos servicios. Anteriormente se señalaba a un hombre de entre 40 y 45 años, con traje y maletín, que buscaba servicios del sector. Ahora se muestra un crescendo sorpresivo de usuarios de entre 18 y 25 años.

Problema o no, cubrir con el manto de la invisibilidad al sector que aporta un 0,38% al PIB nacional en lugar de reconocer sus derechos –por más que todos pensemos distinto sobre esto- es uno de los errores de gestión política que se pueden estar cometiendo. ¿Cómo determinarlo? El tiempo lo dirá. Así como lo ha dicho desde que, en el 2005 o antes, las palabras legalización y prostitución aparecieran en los medios.

Los retos de organización

Fue en 1973 cuando se formó la primera organización de pro-prostitución en Estados Unidos. Su finalidad era reclamar los derechos y el estatus legal y moral de las mujeres que trabajaban en la industria.

Años más tarde se comprobó que de los 30.000 miembros de aquella organización sólo un 3% eran prostitutas. El resto de personas eran políticos, proxenetas y clientes, a quienes poco les interesaban los derechos de las mujeres que dieron nombre a su lucha.

En España, cuatro décadas después, los retos de organización pueden ser los mismos. Instituciones ministeriales con el poder para cambiar un poco las cosas, desde el punto de vista legal, pero que tardan mucho en dar respuestas; organizaciones defensoras que se enfrascan en combatir en las luchas incorrectas, y el tiempo que sigue su curso mientras las protagonistas de la escena siguen padeciendo.

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