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Los participantes en la protesta, iniciada horas antes que el Congreso retome el debate punto a punto de la iniciativa de ley 5179, mantienen controlado el tránsito a partir del kilómetro 519, en las zonas de entrada a Playa Grande, cabecera municipal de Ixcán, en el departamento norteño de Quiché.

Los manifestantes provienen de 36 comunidades de los Copones, de Primavera del Ixcán, de Santa María Tzejá, de Mayaland, de Victoria 20 de Enero, de Pueblo Nuevo, de Cuarto Pueblo, y otras de la región.

Autoridades indígenas puntualizaron que el movimiento busca que los diputados aprueben los cambios a la carta magna propuestos por la Mesa Técnica, integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad.

En se sentido exigen mantener en el análisis la reforma al Artículo 203 de la Constitución, Capítulo IV Organismo Judicial, Sección primera, que reconocerá formalmente a las autoridades ancestrales y su potestad para resolver conflictos en sus territorio, como lo han hecho a lo largo de la historia en Guatemala.

Pero la perspectiva también es lograr acciones del Gobierno con vista a erradicar la impunidad y castigar la corrupción en este país, donde están en espera de resolución varios procesos penales iniciados al calor de las protestas masivas contra esos flagelos desatadas en la primavera de 2015.

Los jefes de bloques acordaron el lunes que el plenario reiniciara este miércoles el debate en torno al proyecto 5179, aprobado en su totalidad en tres lecturas, sin debate, pero pendiente de ratificación por la controversia alrededor de los cambios sugeridos al Artículo 203 de Constitución.

El mismo establece que los tribunales de justicia son los únicos con capacidad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; y que la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

'Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia', precisa, pese a que en este país existen 23 naciones originarias, con autoridades ancestrales reconocidas y estilos particulares de impartir justicia.

Por esa razón, la propuesta elaborada a partir de un diálogo nacional por la Mesa Técnica sugirió introducir que 'las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres'.

Ello 'siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos', para lo cual 'deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas'.

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