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La medida que trascendió en la víspera, aunque fue establecida el martes pasado, pretendía limitar al mínimo el acceso a datos relacionados con incidentes ordinarios con los cuales intervienen los agentes del cuerpo armado.

'El gobernador Rosselló Nevares se comunicó con la superintendente de la Policía y se dejó sin efecto de inmediato la Orden General sobre Estructura Organizacional y Funcional de la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico', reveló el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario.

El mandatario, quien se encuentra en Estados Unidos en asuntos relacionados con la deuda pública de Puerto Rico y la toma de posesión mañana del presidente Donald Trump, a la que asistirá, indicó a Hernández, una coronela del ejército norteamericano, que 'se estará discutiendo la orden con los asesores legales y los gremios periodísticos y de interés para garantizar la política de transparencia que promueve su administración', anotó Rosario.

En tal sentido, dijo Rosario, no se adoptará ninguna regla que limite el derecho constitucional del pueblo a estar informado.

La directriz emitida por Hernández ordena proteger, sin excepciones, la identidad de sospechosos antes de la presentación de cargos.

Además impide divulgar información que revele el lugar de un incidente o la identificación del personal que hace un arresto con el alegado propósito de 'no afectar los procesos criminales'.

Esto se hace extensivo a miembros de la Policía de Puerto Rico por conducta inapropiada o la comisión de excesos o delitos.

Bajo el criterio de la oficial policial tampoco se deben divulgar teorías sobre el móvil de un crimen, el número de casquillos, la cantidad de droga en peso o la cantidad de dinero robado.

La orden de 19 páginas considera material confidencial el récord delictivo de un sospechoso, si se han hecho admisiones o detallar hechos que denoten elementos de culpabilidad.

Prohíbe, igualmente, la divulgación de imágenes de personas que son sospechosas de delito, práctica usual cuando la Policía trata de identificar sujetos captados en cámaras de seguridad y solicita ayuda a los ciudadanos para detenerlos.

La directriz autoriza al director de la oficina de Prensa de la Policía solicitar la cancelación de una transmisión en vivo si se entendía que afectaba el resultado de una operación policiaca.

La coronela Hernández indicó que en la mañana había recibido instrucciones del gobernante puertorriqueño, por lo que la dejó sin efecto.

Aclaró que la directriz responde a la reorganización de la Policía de Puerto Rico ante abusos cometidos, por lo que informó de la situación surgida al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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