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clinicadelsuenoespanol fornterademelillaEl PP da cuenta documentada de ello a través de un comunicado que dice asi; Sarabia pide al Ejecutivo central que parte de los más de treinta millones liberados por la UE vayan destinados a mejorar las medidas de acogida de los migrantes. Advierte al Gobierno andaluz de que los menores sin acompañantes “no pueden estar durmiendo en pasillos”, lo que no dice el comunicado es que con el Gobierno de Rajoy no tenían ni pasillos...Millones que se suman a los miles de millones que se utilizan en sistemas como el Frontex cuyas empresas estan registradas a nombre de sociedades donde tienen intereses los mismos que deben vigilar.

A ello hay que sumar España recibe 506,7 millones de euros de la UE hasta 2020 que se los "ventilan" Cuatro empresas españolas, entre las que controlan el negocio de la seguridad en las fronteras

 

Málaga, 10 de agosto de 2018.- La vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia, ha exigido hoy al Gobierno central y a la Junta de Andalucía mayor implicación con los ayuntamientos en la gestión de la crisis migratoria que está suponiendo la llegada de miles de personas a las costas andaluzas en las últimas semanas.

“Para los ayuntamiento está siendo muy complicado articular la acogida y llegada de todos estos migrantes, que merecen ser atendidos en condiciones”, ha apuntado la dirigente popular durante una rueda de prensa en Málaga en la que ha especificado que la incidencia de esta crisis se está notando especialmente en las costas gaditana, malagueña y granadina.

Ante esta circunstancia, Sarabia ha solicitado al Gobierno un plan real “que esté dotado de un importe económico suficiente para que los ayuntamientos no tengan que afrontar casi en solitario la llegada de los migrantes”. En este sentido, ha apuntado que, con el objetivo de paliar la situación, la Unión Europa ha liberado una partida de más de treinta millones de euros, de los cuales “una parte puede ir destinada a mejorar las medidas de acogida”.

Igualmente, ha solicitado a la Junta de Andalucía más recursos para atender a los menores no acompañados, “que merecen una atención digna y adecuada a sus circunstancias”. “Lo que no puede ser es que haya menores durmiendo en pasillos por falta de recursos”, ha advertido la vicesecretaria popular.

Al respecto, ha recomendado al Gobierno andaluz  que refuerce la red de plazas con otros centros y entidades especializadas, a las que si se le dan los recursos suficientes “pueden llevar  a cabo una excelente acogida y atención”.

Por último, Sarabia ha lamentado que la llegada de migrantes “esté siendo atendida casi en solitario por los ayuntamientos, cuando es una cuestión que requiere, por pura solidaridad y humanidad, la implicación de todas las administraciones, y no la improvisación de la que hasta ahora han hecho gala tanto el Gobierno como la Junta”.

Indra, Mora Salazar, GMV y Atos componen la cabeza nacional de la seguridad fronteriza en la Unión Europea, un sector en pleno auge por el robustecimiento del proyecto 'smart borders', fronteras inteligentes, de la Unión Europea al calor de la lucha contra la inmigración irregular, la crisis de refugiados, el terrorismo yihadista y, sobre todo, del poderoso lobby de la industria de seguridad y defensa en Europa.

El mercado de la seguridad fronteriza atraviesa una época de bonanza. En 2015, hizo circular 15.000 millones de euros en territorio comunitario, una cantidad que doblará hasta los 29.000 millones en 2022.

A juicio de las organizaciones pacifistas y de derechos humanos, la UE militariza sus fronteras en respuesta a la inmigración irregular y la amenaza del terrorismo yihadista, pero también para contener la crisis de refugiados y corresponder a las presiones del poderoso lobby de la industria de seguridad y defensa. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, les pone voz desde Hiroshima (Japón), donde acaba de participar en la Conferencia contra armas nucleares, y atribuye la militarización de los pasos europeos a “un logro de las empresas de seguridad y defensa que accederán a enormes presupuestos en los próximos años”.

Hablan las cifras. Desde 2011, Frontex tiene presupuesto y capacidad para adquirir sus propios equipamientos, lo que le ha dado alas a la hora de contratar a empresas privadas. Los fondos destinados a la agencia se han incrementado un 67,3% en un solo año, de los 142,6 millones de euros con los que contó en 2015 a los 238,7 millones presupuestados para 2016. La inyección es aún más significativa, un 6.388%, si lo comparamos con los 6,3 millones con que arrancó en 2005. En total: 4.500 millones hasta 2020. Con la puesta en funcionamiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que asumirá sus funciones en otoño, este paquete aumentará hasta los 281 millones de euros en 2017, 298 millones en 2018, 310 millones en 2019 y 322 millones en 2020. “El nuevo organismo podrá obligar a los Estados miembros a reforzar sus pasos limítrofes, lo que con toda probabilidad supondrá un gasto extra”, detalla Mark Akkerman, autor del informe Guerras de fronteras, elaborado por la ONG holandesa Stop Wapen Handel en colaboración con el Transnational Institute. 

España: 484,4 millones de euros

España recibe la más alta financiación de la UE en materia de defensa y seguridad, hasta 484,4 millones de euros, seguido de Rumanía (421,9), Italia (406,5)  y Grecia (374,6). Casi 500 millones repartidos con destino a la protección de las fronteras exteriores (289,4 millones) e interiores (195,4), en datos de la Comisión Europea.

“Pionero en la puesta en marcha de un sistema de vigilancia de fronteras, el SIVE patentado por Indra, España es ejemplo para el resto de Estados miembros”, reconoce al teléfono Maria Gabrielsen, investigadora del Peace Research Institute Oslo. A su juicio, la crisis de refugiados es la excusa perfecta para el fortalecimiento de Frontex bajo la batuta de la industria armamentística. “Los políticos”, dice, “tienen que demostrar a su ciudadanía que hacen lo suficiente para controlar la inmigración y el terrorismo, anteponen las necesidades de la industria a las de los seres humanos”.

Según los datos hechos públicos por Amnistía Internacional en su informe El coste humano de la fortaleza Europa, durante el período 2007-2013, España destinó 290 millones de euros al control de las fronteras exteriores, cantidad superior a las de Italia (250) y Grecia (207). “Una cifra que contrasta con lo que aporta al Fondo para los Refugiados, que se quedó en nueve millones de euros”, compara crítica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en su último informe.

Hay que preguntarse por el porqué de aumentar las inversiones, ya que uno de sus resultados ha sido el desplazamiento de las rutas hasta las costas de Libia

“Hay que preguntarse por el porqué de aumentar las inversiones, ya que uno de sus resultados principales ha sido el desplazamiento de las rutas hasta las costas de Libia, rutas mucho más peligrosas, con muchas más muertes y con ganancias más grandes para los pasadores”, objeta Ruben Andersson, profesor de la Universidad de Oxford y autor de Illegality, Inc (UCP, 2014), sobre la lucha contra la inmigración irregular en costas y fronteras de España.

Indra, el gigante tecnológico

En España existe una próspera industria de armamento y de defensa liderada por Indra y seguida por otras tecnológicas. “Todas ellas han sacado gran tajada del presupuesto de Fronteras”, incide crítico Mark Akkerman, de Stop Wapen Handel.

Indra es una de las grandes beneficiarias de las licitaciones de Frontex. La multinacional facturó en 2015 540 millones de euros relacionados con la defensa, el 19% de sus ingresos totales. A la cabeza de una unión temporal de empresas, en 2015 se hizo con el contrato marco para desarrollar el equipo técnico en los vuelos de vigilancia por valor de 10 millones de euros. En abril del mismo año, ganó un nuevo contrato para la mejora de las comunicaciones por satélite, como parte del programa Copérnico, por 48.179 euros.

La empresa española ha gastado cerca de un millón y medio de euros en intentar influir en las políticas de defensa de las fronteras europeas, según el Registro de Transparencia de los grupos de presión de la UE, en datos recogidos por Stop Wapen Handel. “Indra no sólo ha vendido sistemas de seguridad en las fronteras de España, sino que también tiene Rumanía y Portugal como clientes importantes en este campo”, agrega Mark Akkerman.

La compañía presidida por Fernando Abril-Martorell es una de las frecuentes agraciadas por los proyectos de I+D de la UE. Desde 2002, ha recibido más de ocho millones de euros en los siete programas en que ha participado. “Las empresas han contribuido a formular prioridades para investigación y desarrollo en el campo de la seguridad, incluyendo la seguridad fronteriza, y las fronteras europeas han constituido un gran laboratorio para nuevas tecnologías e inversiones”, señala Ruben Andersson.

Isdefe

La estatal Isdefe también superó los ocho millones de euros en financiación en seis proyectos europeos. La empresa del Ministerio de Defensa recibió en 2012 75.000 euros para el estudio del potencial uso del dron Male Uav en vigilancia de fronteras y 134.400 euros en 2014 para el desarrollo de tecnología especializada.

La compañía tiene presencia en Arabia Saudí, a cuya Corporación de Industrias Militares (MIC) presta servicio. El país petrolero es el segundo receptor de armas de la UE, cuyas licencias de venta con destino a la península arábiga van en aumento. “Grupos comerciales antiarmas han estado presionando por que se imponga un embargo a Arabia Saudí, citando declaraciones de la ONU sobre los crímenes de guerra perpetrados por la coalición liderada por dicho país en la guerra de Yemen”, informa Mark Akkerman de Stop Wapen Handel. La última actuación de la coalición militar que dirige Arabia Saudí causó al menos siete muertos y 13 heridos en un bombardeo contra un hospital de campaña apoyado por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), en el mediodía del lunes 15, informa Europa Press.

GMV Aerospace and Defense, otra de las grandes beneficiarias españolas, fue adjudicataria en 2012 de un contrato de dos millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de Eurosur, el sistema europeo de vigilancia de fronteras. En 2014 se hizo con el mantenimiento de esa misma red por más de un millón de euros y entre 2011 y 2012 proporcionó sistemas de vigilancia por valor de casi un millón y medio de euros. Un año después y en el mismo marco, obtuvo contratos por casi 12 millones de euros. Y en 2015 ganó el mantenimiento de la red por algo más de dos millones, más 243.000 euros para el desarrollo del nuevo software, enumeran Yago Álvarez y Genoveva López en una investigación para el blog de economía crítica El salmón contra corriente.

La división española de la tecnológica francesa Atos también figura en este listado. La empresa fue la encargada de diseñar y poner en marcha el sistema de posicionamiento de Frontex, un modelo único, automatizado e integrado para seguir activos desplegados en operaciones conjuntas, que le repercutió 578.378 euros.

El filón de la frontera sur

Al menos 131 personas perdieron la vida al intentar acceder a Europa a través de España en en 2015, según datos de la APDHA. Las cifras se quedan cortas. La Organización Internacional de las Migraciones sugiere que muchos más migrantes mueren por el propio control en las fronteras que a causa del mar. “De ahí que a los gobiernos no le interese investigar sobre estos temas, ni cuantificar el número de personas que pierden la vida año tras año intentando saltar los muros de la fortaleza europea”, explica la organización andaluza.

En Melilla, donde domina una doble alambrada de seis metros de altura y 12 kilómetros de largo, cortante en sus extremos, retráctil en su parte final y uno de los 14 muros del mundo, la crisis de refugiados ha duplicado el número de entradas en 2014. De acuerdo a los datos de la APDHA, se han producido casi 20.000 intentos de salto a la valla: más de 2.400 subsaharianos y no menos de 2.400 sirios lo consiguieron,  “pese a la espectacularidad y el drama de la valla”.

Alambradas, radares térmicos, sensores de movimientos, helicópteros, infrarrojos… Entre la Jefatura de la Guardia Civil y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial repartieron 6.340.0000 euros contratos para la adquisición de material. El grueso fue a parar a los astilleros Godan y Auxiliar Naval del Principado para la construcción de buques, pero también se compró a Prosescan un equipo de detección de latidos para la Guardia Civil de Granada por 72.500 euros y cámaras térmicas portátiles para Algeciras, Almería y Granada por más de 50.000 euros a Saborit, en datos recogidos por Yago Álvarez y Genoveva López.

Entre 2007 y 2015, el Gobierno español gastó en control fronterizo más de 155 millones de euros, que repartió en contratos a empresas en su mayoría privadas

Entre 2007 y 2015, el Gobierno español gastó en control fronterizo más de 155 millones de euros, que repartió en contratos a empresas en su mayoría privadas, según denuncian Yago Álvarez y Genoveva López. En el mismo periodo, Indra se llevó contratos por valor de más de 34 millones en gran medida por la instalación y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia (SIVE) para la localización de pateras y sus tripulantes. La tecnológica y la consultora Amper obtuvieron en 2012 otros contratos de más de 13 millones.

Pero la empresa que más ha ganado en el mercado español de la defensa de fronteras, de acuerdo a la investigación de Yago Álvarez y Genoveva López, es Airbus. Entre Eurocopter España (helicópteros) y EADS Construcciones Aeronáuticas (Airbus Military) facturó 252 millones de euros entre 2009 y 2012, 186 millones por la venta y mantenimiento de 23 helicópteros para el control fronterizo. Solo en 2012 vendió dos aviones a la Guardia Civil por 50 millones y hasta 2012 ingresó en mantenimiento y equipamiento de tierra y un millón más. La compañía acaba de adjudicarse un contrato por valor de 35 millones de euros hasta 2019 por el mantenimiento de los UH72-A Lakota de control fronterizo, de los que ya ha vendido 350 a Estados Unidos para su uso en el límite con México.

Atos también ha hecho su particular agosto en las fronteras españolas. En 2011 y 2012, ingresó 21 millones de euros por implementar y mantener el SIVE. Entre 2014 y 2015, obtuvo casi diez millones de euros, ocho en relación a este sistema de vigilancia y casi dos en otros, como equipamiento para buques.

La valla que separa Ceuta de Marruecos fue levantada en 2005 por Dragados, cinco millones de euros por la construcción y 13 millones por el mantenimiento y reparación. Desde 2010, Ferrovial se encarga del mantenimiento y reparación. Solo hasta 2014, ingresó ocho millones de euros extras por mejoras en la alambrada.

Las cuchillas de las alambradas fronterizas. /José Palazón, Prodein
Indra ingresa entre 2005 y 2006 casi 21 millones de euros por la construcción e instalación de 7.600 metros de barrera en Melilla. Es la crisis en la que muere un camerunés y en la que el Ministerio de Interior, alegando que la situación de la ciudad es un problema de Estado, responde duplicando la altura de la valla. Los trabajos fueron adjudicados a Necso por 1.134.066 euros. Pero Indra retoma el control y entre 2007 y 2009 cobra 6,3 millones por mantenimiento y reparación. En 2011, estas tareas las realiza ya en colaboración con Sallen. Solo en 2014, Eulen se llevó cinco millones por el mismo trabajo, un año después gana la gestión de la limpieza del puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, por 300.000 euros.

El Gobierno local recorta en atención para crear alarma

José Palazón

Prodein

José Palazón, defensor de los derechos de los migrantes con 30 años de activismo en Melilla que le han valido el sobrenombre de Quijote melillense, pide además poner el foco en los fondos con destino a las administraciones locales y regionales y controlar su gasto. “El Gobierno local recorta en atención para crear alarma en la Península y demandar mayores ayudas pero no las emplea en asistir a los inmigrantes, y sobre todo a los menores, cada vez más abandonados”, denuncia desde la ciudad autónoma.

European Security Fencig, del grupo Mora Salazar, que asegura ser la mayor empresa de venta de este tipo de alambre con cuchillas de toda Europa, se adjudicó la instalación de las concertinas en las dos vallas españolas. Sus cuchillas, cuestionadas por distintas ong y por la propia Comisión Europea, han sido colocadas en Hungría, Grecia, Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos, Argelia,  Túnez y Turquía. “Todo un orgullo de la Marca España”, ironiza Mark Akkerman, de  Stop Wapen Handel. Las concertinas de Melilla costaron 700.000 euros; las de Ceuta 405.000 euros.


“La utilización de elementos punzantes capaces de herir gravemente, siendo conocedores del drama y desesperación que viven las personas migrantes que pretenden acceder a Europa a través de Ceuta y Melilla es inhumano, irrespetuoso con el derecho internacional humanitario y digno de una dictadura militar”, juzga Jordi Calvo, de Centre Delàs. “Las empresas que fabrican y venden las concertinas son corresponsables de esta inhumanidad, de la falta de respeto por los derechos humanos y la violencia y sufrimiento que  generan”, acusa. “Quiero pensar que hay trabajadores en estas empresas que quisieran negarse a fabricarlas aludiendo a la objeción de conciencia”, confía.

“Todo indica que la estrategia de gestión de las migraciones basada en la construcción de una Europa fortaleza será la que predomine los próximos años”, se lamenta Jordi Calvo, de Centre Delàs. “Con toda seguridad, los presupuestos destinados a la gestión de las fronteras y a profundizar en las fronteras avanzadas, las llamadas fronteras inteligentes o smart borders, aumentarán considerablemente”, agrega.

“Más inversiones es igual a más caos y miseria en las fronteras, lo que deriva en más pánico y ansiedad en los medios de comunicación, lo que a su vez justifica más inversiones”, relaciona Ruben Andersson, de la Universidad de Oxford. “Tenemos que romper ese círculo vicioso”, alienta, “pero tendrá que ser a largo plazo y  con otra conversación sobre nuestras fracasadas políticas migratorias”.

Es por todos sabido que las empresas europeas suministran armas a países en los que estallan conflictos

“Lo deseable sería que en la UE se tomara en serio su responsabilidad en el hecho de que millones de personas decidan cada año escapar de la guerra o de la miseria”, continúa Jordi Calvo. “Es por todos sabido que las empresas europeas suministran armas a países en los que estallan conflictos o donde se vive en míseras condiciones”, recuerda. “Limitar la realidad migratoria a la gestión de las fronteras es inútil e irresponsable, dice, “las personas seguirán buscando un futuro mejor y la  militarización en la frontera solo aumentará la nómina de muertes por negligencia de la UE”.

Críticas con las que coinciden Charles Heller y Lorenzo Pezzani, investigadores de las universidades de Londres y Nueva York y autores del documento  Muerte por rescate. Los efectos letales de las políticas de la UE de no asistencia en el mar, quienes tampoco tienen ningún reparo en acusar a la UE de “homicidio por negligencia”.

Air Europa y Switfair prestan los vuelos de deportación de inmigrantes en Europa. En 2012 ingresaron casi 12 millones de euros de manera negociada. Y en 2015, otros 12, aunque esa vez de manera pública. De acuerdo a Stop , las compañías cobran entre 8.750 y 20.300 euros por vuelo, dependiendo de su capacidad, y entre 1.500 y 2.750 por hora en tierra. En 2016 hicieron una caja de 660.000 euros mensuales en concepto de estos vuelos. En total, estas empresas han ganado 36 millones de euros de dinero público para realizar los vuelos de la vergüenza, denuncia la ONG Ferrocarril Clandestino.

Referencia; https://www.bez.es/60147995/El-negocio-de-las-fronteras-cuatro-empresas-espanolas-entre-las-principales-beneficiarias-de-la-UE.html

https://www.google.es/search?q=negocio+frontex+políticos+en+entidades+vigilancia+inmigracion

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