Tras dos meses de la presidencia de Pedro Sánchez, los ciudadanos siguen sin saber cuál es el rumbo de su Gobierno, salvo que quiere aumentar el gasto presupuestario (sin conseguirlo) y sacar a Franco del Valle de los Caídos (mucho más fácil) como principales prioridades de su acción política.

 

Magro bagaje, pues, en un momento en el que se cuestionan todas las instituciones del Estado, desde la Monarquía hasta los jueces, e incluso la existencia misma de ese Estado, con el reiterado intento de secesión de Cataluña.

Está visto, una vez más, que es más fácil tomar el poder (al margen de las urnas, en esta ocasión) que saber luego qué hacer con él cuando se tienen solo 84 diputados y lo único que se pretende es que no lo ocupen otros, mientras se deshace todo lo que ellos hicieron.

Porque ésa es otra: quienes mejor conocen la debilidad del Gobierno son quienes auparon a Pedro Sánchez al poder sólo para que fuese preso de ellos y de su afán destructivo de la legalidad institucional al haber llegado al Gobierno como llegó y al carecer de la fuerza que evidentemente no tiene.

Por eso ahora, como nunca, son atacadas las decisiones judiciales cuando no nos gustan, ya sean el caso de la podre Juana Rivas, en el de los bestias de La Manada, en las resoluciones del juez Llarena o en el auto de un tribunal relativo a las licencias de los vehículos con conductor. En este momento, el poder está en la calle, lo tengan ya los separatistas catalanes, los taxistas más radicales o quienes deciden hacer ellos mismos la justicia por su cuenta digan lo que digan por su parte los tribunales.

La acción más expeditiva del Gobierno ante todo esto consiste por ahora en decir que aquí no pasa nada, que está todo bajo control, aunque sean los inmigrantes ilegales los que agredan a la Policía y no al revés y aunque Joaquim Torra y compañía delincan cada vez que abren la boca y ahonden cada vez más la división entre españoles.

De lo que se trata, simplemente, es de ganar tiempo, creando presuntas comisiones de diálogo, tratando de desviar el marrón hacia otro lado, como en el caso de los taxistas, pidiendo árnica a la Unión Europea, cediendo a la demagogia de unos y de otros, desde obligar a dar clases de Islam hasta la permanente pasividad policial.

Eso, en principio, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, según la óptica de cada cual. Pero sí que todos convendrán, en cambio, que sea eso lo que fuere, resulta cualquier cosa menos gobernar de verdad un país.

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