Más allá del escándalo político y académico que ha acabado, probablemente, con la carrera de Cristina Cifuentes, la mayoría de españoles son conscientes de dos cosas: de que el prestigio de la Universidad Juan Carlos I está por los suelos —¿quién presumirá, a partir de ahora, de haberse titulado allí?— y que toda la Universidad española se encuentra bajo sospecha, tanto, al menos, como nuestra clase política.

 

Los docentes son tan funcionarios públicos como los políticos y ambos cobran de nuestros impuestos. Mientras que a los segundos llevamos años mirándolos con lupa, escandalizados de su corrupción, hemos dejado actuar impunemente a los primeros, basándonos en su autonomía universitaria. Pero, ¿cuánta corrupción no existe en nuestra Universidad?

Episódicamente nos enteramos de profesores que copian sus tesis doctorales, falsean sus actas académicas o se apropian del trabajo de sus subordinados sin que esas noticias tengan mayor trascendencia didáctica y mucho menos repercusión penal. ¿A qué se debe tanta impunidad?

A la endogamia de la profesión, en primer lugar. A medida que se ha ido generalizando la enseñanza y se han creado centros universitarios en cada pueblo —para que los pobres chicos no tengan necesidad de salir de casa de sus papás ni hacer otros esfuerzos—, los claustros de docentes se han convertido en cotos cerrados, en los que la fidelidad al grupo prima sobre el mérito curricular; por eso, nadie se atreve a denunciar las malas prácticas, a fin de no ser excluido de la casta o hundir así su carrera profesional.

A falta, pues, de un auténtico reconocimiento del mérito, de la sana competencia de unas universidades con otras y de la existencia de una verdad curricular —¿a quiénes no nos han propuesto compartir nuestros trabajos, vendernos unas tesis académicas, fusilar Internet o atribuirnos el esfuerzo de quienes por su condición no tienen otro remedio que agachar la cabeza?—, habrá, pues, qué investigar qué sucede con la Universidad española con la misma pasión y el detenimiento con el que enjuiciamos a unos políticos cuyos sueldos salen del mismo Presupuesto que el de los docentes.

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