Me dicen que una cosa es el apoyo incondicional, sin fisuras, de la Unión Europea contra el desafío secesionista catalán, manifestado públicamente el viernes por sus tres principales dignatarios, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk y Antonio Tajani, y otra muy distinta su enfado personal con Mariano Rajoy por haber permitido que el separatismo haya llegado tan lejos sin habérselo advertido a lo largo de estos años.

 

 

Su descontento no es sólo con el presidente español, por su puesto. Al parecer, en privado se quejarían de que ni la diplomacia de nuestro país, ni los cargos públicos que han acudido a encuentros internacionales y ni siquiera los europarlamentarios les hayan prevenido de lo grave en que iba derivando la situación.

 

Ahora, al parecer, ellos se ven obligados a echar el resto para evitar el desastre, o sea, el desgajamiento de parte de un Estado miembro a la que la UE, si llegara el caso, mantendría en el más absoluto ostracismo, como a la paupérrima república turcochipriota, frente al Chipre libre, el cual es miembro de todas las instituciones europeas y goza de todos los derechos como Estado miembro.

 

No resulta baladí, tampoco, que sea en Bruselas donde Pedro Sánchez haya mostrado más apoyo al Gobierno español en su intento de devolver la legalidad a Cataluña. La UE ha tenido que urgirle a que lo haga, lo mismo que en 2011 impuso a Rodríguez Zapatero la modificación del artículo 135 de nuestra Constitución, incorporando en el texto el concepto de “estabilidad presupuestaria”. La UE no admite bromas con las cosas de comer: es decir, el bienestar económico, los derechos de los ciudadanos, la libertad y la democracia.

 

Fuentes consultadas admiten un dato de más difícil comprobación: el que los dirigentes europeos creen que, incluso en la mejor hipótesis de restauración institucional en Cataluña, el descalabro económico que eso va a suponer para España será mayúsculo y no sólo del modesto uno y pico del PIB que pregonan, sino incluso de hasta dos cifras, con una larga y difícil recuperación.

 

Por ello, el precio a pagar sería la probable la intervención de la troika en España y, por ende, en Cataluña. O sea, que las cuentas de la Generalitat y el desenvolvimiento económico de su autonomía no serían intervenidas exclusivamente por Cristóbal Montoro, sino por los hombres de negro de las finanzas públicas internacionales.

 

Eso, o convertirse en el irrelevante Chipre del Norte, al cual sólo reconocen Turquía y desde hace poco la inoperante Organización de la Conferencia Islámica.

 

Cualquiera de ambas hipótesis, claro, sería la peor pesadilla para un independentista radical.

 

 

 

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