SEENTENCIA DEL TJUE CONTRA EL ABUSO DE LA BANCA ESPAÑOLA

Xornal de Galicia  27 Enero 2017 91 votos

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sentencia en el Asunto C-421/14, ante siete cuestiones prejudiciales planteadas por el Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander.

Lo más destacable de dicha resolución es

-          Considerar como opuesto a la Directiva 93/13 el plazo preclusivo de un mes que concede la Ley 1/2013, desde su publicación en el BOE, para ejercer el derecho a formular oposición a la ejecución, para todos aquellos que tuvieran iniciado un procedimiento que no había concluido con la puesta en posesión del inmueble subastado al adquiriente, antes de la entrada en vigor de dicha Ley.

Aunque no se nombran, dicho pronunciamiento es extrapolable al mes preclusivo, desde su publicación en el BOE, que concedió el Real Decreto-ley 11/2014 y los dos meses preclusivos contemplados en la Ley 9/2015, igualmente notificado a través del Boletín Oficial del Estado.

-          El examen del posible carácter abusivo de una cláusula dispuesta en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si dicha estipulación causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Y ese examen debe realizarse, sobre todo, teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes.

Ésta cuestión es fundamental para analizar la cláusula del vencimiento anticipado, dado que si tenemos en cuenta la legislación aplicable cuando no existe un acuerdo entre las partes, tenemos qué el apartado 1 del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reclamar exclusivamente la cantidad que está en impago, es mucho menos oneroso para el consumidor que la aplicación del apartado 2 de dicho artículo, el vencimiento anticipado de toda la deuda vencida y por vencer a lo largo del plazo contratado, contemplándose en la Ley, además, que para activar dicha amortización es necesario exista un acuerdo, convenio o pacto previo entre las partes qué, realmente, en un contrato de adhesión en el que una de las partes –la entidad financiera- impone a la otra –el consumidor- las condiciones del contrato, es imposible que ocurra

Y por último, distinguiéndose sobremanera sobre las demás

-          Qué en cualquier fase del procedimiento, el juez debe examinar toda cláusula del título ejecutivo que pueda considerarse abusiva, de oficio o a solicitud de parte, hasta el mismo momento en el que el procedimiento ejecutivo culmine con la puesta en posesión del inmueble subastado al adquiriente, siempre y cuando dicho pacto no haya sido analizado y resuelto en un momento anterior del proceso, considerándose con fuerza de cosa juzgada.

Ante ésta última situación, cabe hacernos un par de preguntas

-           ¿Qué sucede con los afectados que en auto tienen declarado por el Titular del Órgano judicial que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva y, sin embargo, decidió –por disposición de Derecho nacional- terminar acordando que la entidad ejecutante había esperado a que se produjera el impago de más de tres mensualidades para declarar el vencimiento anticipado-, resolviendo no declararla nula, aún a sabiendas de lo dispuesto por la Directiva 93/13 y jurisprudencia europea?.

-           ¿Este tipo de arbitrariedad judicial ha de soportarlo estoicamente el ejecutado, o le asiste el derecho a reclamar que la cláusula sea declarada abusiva y nula, aunque haya adquirido fuerza de cosa juzgada, si se ha producido infracción de normas legales que rigen  las garantías necesarias del proceso, produciendo indefensión o vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 24 de la Constitución e, inclusive infracción que determinare nulidad?.

Evidentemente, todo afectado en esta situación debe reclamar se restituya su procedimiento al momento inmediatamente anterior a la corrección del fraude procesal que constituye “pasar” deliberadamente de la directiva y jurisprudencia europea para, de alguna forma, favorecer a la ejecutante, en detrimento del ejecutado.

De hecho, lo que PAH MADRID considera se debiera de hacer, en estos momentos, es paralizar todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso, analizando el momento procesal en el que se encuentran, y adecuar dichos procesos a lo dictado por ésta sentencia del Tribunal de Justicia europeo, de 26 de enero de 2017. Ya qué, de lo contrario, estaríamos una y otra vez, como en el día de la marmota, introduciendo mil parches al tema hipotecario, según las resoluciones que nos vienen de Europa, dado que lamentablemente nuestros legisladores y miembros de la judicatura no han tenido la más mínima intención de adecuar, de una vez por todas, la legislación y jurisprudencia autóctona a la europea.

Eso sí, poniendo siempre a salvo a todos aquellos jueces que, en un momento determinado, decidieron con valentía plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia europeo, lo que ha sido el germen de un nuevo momento en las ejecuciones hipotecarias, y a todos aquellos Titulares de órganos judiciales que han decidido aplicar con decisión la legislación vigente que trata de manera leal y equitativa al consumidor; no siendo, por desgracia, la actitud más común en nuestro sistema judicial.

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