Más del 60 por ciento opinan que el gobierno tuvo razón al efectuar los cambios. Sin embargo, consideran que las modificaciones representan pequeños ajustes y no alteran fundamentalmente el espíritu general de la ley, según una encuesta Odoxa realizada para medios locales de prensa.

Enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden ocurrieron el jueves último durante las marchas contra dicho proyecto.

En París y Nantes (oeste), mientras miles de personas se movilizaron para demandar la retirada definitiva de ese plan, apoyado por el Ejecutivo, sucedieron choques entre manifestantes y miembros fuerzas del orden, que usaron gases lacrimógenos.

Al llamado de organizaciones juveniles y de sindicatos de trabajadores, los inconformes alzaron pancartas en las que pidieron la eliminación del texto, presentado en el Consejo de Ministros.

Dos vehículos fueron incendiados y 15 personas detenidas en la capital gala, según fuentes policiales.

El gobierno presentó el 14 de marzo una nueva versión del proyecto que elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por "un baremo indicativo" que servirá de referencia.

También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiere despedir a trabajadores. El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.

Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro Manuel Valls.

Tras la presentación, los dos principales sindicatos del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirarlo.

En tal sentido, argumentaron que el texto conserva la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.

También las organizaciones estudiantiles defendieron sus planes de movilizaciones en las próximas semanas.

Por su parte, los sindicatos llamados "reformistas" opinaron que "los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido".

El 31 de marzo se esperan huelgas y manifestaciones en todo el país para oponerse al proyecto, cuyo examen en el Parlamento debe comenzar en abril.

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