Entre los montones de políticos de todos los colores que están saliendo a la palestra para celebrar el final de ETA me llama la atención, más que por el contenido de sus declaraciones, el tono manifiestamente enfadado de los del PP. Acabo de escuchar en la SER a Alfonso Alonso, el del País Vasco, y si fuera un caso aislado no me hubiera puesto a escribir esto.

Pero es uno más, y así todos y desde el alto el fuego de 2011. Alguien que no supiera de qué va la cosa pensaría que, en lugar de la natural satisfacción por el final del terrorismo español, se trataría de respuestas ante la desgracia de un nuevo atentado. Los peor pensados imaginan que los de Rajoy, además de los desgarros en vivo y en directo que están sufriendo por sus conflictos internos y por el miedo a que sus cientos de imputados por corrupción comiencen a colaborar de verdad con la Justicia, añaden ahora la pérdida del comodín ETA, que mucho les ha servido para autoproclamarse únicos abanderados de las víctimas. Y hasta para inventarse culpables de atentados yihadistas, quien no recuerda el 11M de 2004.

Muchos y distintos serán los focos en los que los partidos políticos y sus altavoces mediáticos se centrarán, a partir de la disolución de ETA, con la intención de conseguir cada uno “el suyo, beneficio político”, para no olvidar otro de los momentos gloriosos que nos ha regalado el presidente, aquella vez en sede parlamentaria y haciéndose un lío indescifrable para provocar a Pablo Iglesias. Sin abandonar la emisora de PRISA, Esther Palomera, a quien se le nota más libre tras alcanzar la doble condición de “ex” de ABC y La Razón, ponía el dedo en la llaga sobre el doble juego del PP durante la época de Zapatero pues, mientras Rajoy era puntualmente informado, vía Rubalcaba, de unas conversaciones con ETA como las que antes había protagonizado Aznar cuando presidía el gobierno, se manifestaba en las calles, y al frente de sus “masas”, contra esas conversaciones. Eran los tiempos, y no puede ser casualidad, durante los que este mismo Partido Popular enardecía entre sus filas el odio hacia Catalunya por un nuevo Estatut, nada independentista, que había sido aprobado hasta por el Congreso de los Diputados. El de España.

Haremos un inciso para destacar que no es de menor importancia el hecho, destacado por Palomera, de que ese gobierno socialista fuera el único que informó al Congreso de los Diputados sobre sus contactos con aquel “Movimiento Vasco de Liberación”, según histórica definición de Aznar en 1998, y no está de más preguntarse ahora cuantos años más de vida le habrá concedido a ETA la estrategia que se ocultaba en un político capaz de tergiversar los conceptos por pura conveniencia, con tal de seguir en La Moncloa. Pero su partido también fue el que, con mayoría absoluta años después y por citar un ejemplo, se atrevió a ordenar legalmente la eliminación del término “imputado”, tan preciso y adecuado, pero quizás molesto, y su sustitución por el más genérico de “investigado”, con tal de introducir confusión sobre la catadura de los miles de delincuentes, no todos aún presuntos, que pueblan sus filas.

Si, acabada ETA lo que procede es desclasificar todos los documentos relacionados y facilitar, a la mayor brevedad, la labor de los investigadores y el legítimo interés de los españoles por conocer todos los detalles de esta etapa reciente de nuestra historia. Será la única forma de “no olvidar” correctamente. Y, de paso, si un viento de libertad y otro de transparencia gobernaran de repente las voluntades de una mayoría suficiente de nuestra clase política, podrían abrir también, de una vez y para siempre, todos los archivos de la dictadura y del periodo, que quizás estamos prontos a superar, de esta monarquía heredada, por solo citar uno de sus defectos. Un tiempo de España al que únicamente un futuro suficientemente lejano será capaz de ponerle el título adecuado, de lo que ha sido y dejado de ser, por comparación con las democracias generalmente aceptadas como tales.

Mientras tanto, seguiremos haciendo el ridículo, otro, cada vez que un historiador español tenga que acudir a los archivos de otros gobiernos e instituciones del extranjero para consultar las verdades del país donde paga sus impuestos.

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