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Por Antonio José Parafita Fraga, escritor y comentarista de temas sociales y políticos.

Del Blog VERBO SUELTO del autor, cuyo enlace es verbosuelto.blogspot.com.

España es el único país que se acuesta monárquico y se levanta republicano. Fueron las palabras que pronunció, en la madrugada del 13 de abril de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar Cabanas, jefe del Gobierno de la Monarquía, con cuyo histórico titular ha quedado  proclamada la II República. Y este fue, sin duda, uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX, especialmente porque las expectativas de modernidad generadas en torno al régimen republicano, se frustraron con un trágico final y un estrepitoso fracaso, que más tarde serviría de punto de partida y apoyo para impulsar una posterior  transición pacífica a la democracia.

Tal hecho histórico, se trae a colación no porque en la actualidad haya sucedido o  esté a punto de suceder algo similar, al menos de momento, en cuanto a que la sociedad española haya pasado sin preámbulos de tener un gobierno de centro derecha a otro frentista de izquierdas, republicano y laicista, sino más bien debido a que las elecciones  municipales, autonómicas y generales celebradas a lo largo del 2015, supusieron un anticipo de cambios en el modo de hacer política y gobernar en este país, más allá de las formas tradicionales que imponían las alternancias bipartidistas. Dicho lo anterior a modo de simple y mera introducción, este comentarista de temas políticos quiere centrar su reflexión y análisis en el contenido que sugiere el propio título del artículo publicado. A propósito de la corrupción, los lectores de este prestigioso diario deben saber que el tema de las abominables y sistémicas trapacerías políticas, es una constante en las democracias jóvenes y debilitadas por conductas irregulares que limitaron la consolidación del sistema político consagrado en España por la Constitución de 1978, practicadas por algunos cargos públicos poco dados a ejercerlos con criterios de honradez personal y dignidad política.

De ahí que las prácticas de corrupción, vienen estando presentes en el escenario español, público y privado, prácticamente desde los inicios de la democracia hace varios lustros, habiéndose extendido, en mayor o menor grado e intensidad, como una lacra infecta y dañina, por casi todas y cada una de las regiones o autonomías del Estado, en razón no sólo de su magnitud sino también de la resonancia mediática de las actuaciones presuntamente delictivas de los corruptos y corruptores.

Los lectores también deben percatarse de que, según la última encuesta del CIS, decrece la preocupación por el paro y aumenta por la corrupción. Por eso, es importante y de máxima urgencia que los actuales actores políticos y sociales, sin excepción alguna, acuerden y pongan en marcha planes de regeneración política y democrática.

Por tal motivo, en este artículo de opinión se mencionan, de manera un tanto aleatoria, pero siempre respetando la presunción de inocencia y a la espera de las correspondientes resoluciones judiciales, las conocidas y específicas operaciones sobre diversos entramados de corrupción, llevadas a cabo por la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, y la UCO, Unidad Central Opertativa de la guardia civil, en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Valencia, entre otras. Salta a la vista que estos desafueros políticos y administrativos, fueron erosionando poco a poco la propia democracia, causándole un deterioro de difícil reparación y escasas posibilidades  regeneradoras del dañado sistema político español, al menos a corto plazo.

Asimismo, tales prácticas execrables generaron gran descontento ciudadano y contribuyeron decididamente al descrédito de la política- clase política- y de las instituciones del Estado. En consecuencia, se puede afirmar que la corrupción no es un fenómeno de reciente aparición, sino que se remonta a los comienzos de la misma etapa democrática. Hay que reparar en que dentro de los gobiernos de signo dictatorial o totalitario no proliferan, por motivos obvios, estas conductas corruptas de manera tan generalizada.

El hastío del pueblo, es directamente proporcional a la propagación generalizada de los casos de corruptelas y felonías. Por su parte, los medios de comunicación vienen ofreciendo como una realidad palmaria que la política y el sindicalismo en España no gozan en la actualidad de la simpatía ni aceptación de una considerable parte de la sociedad, motivo por el que ésta manifiesta y muestra cada vez con menos ambigüedad, mayor contundencia y de manera más radical su escepticismo, desconfianza y rechazo hacia los partidos políticos y las organizaciones sindicales.

Por otra parte, no son pocos los ciudadanos que perciben que la actitud de determinados dirigentes de los nuevos partidos políticos, no se significa precisamente por luchar contra las dictaduras totalitarias sino por recibir de ellas ayudas y subvenciones. Se pone sólo un ejemplo de sus muchas incoherencias y contradicciones. Es aventurado y gratuito afirmar que  estas formaciones políticas emergidas sean o vayan a ser realmente reformistas y regeneracionistas. También se está propalando la idea de que la regeneración democrática y la dignificación de la vida pública, deben comenzar por elegir a los jóvenes y eliminar a los mayores en el ejercicio de la política, lo que equivaldría a hacer gobiernos preferentemente de jóvenes o efebocráticos frente a gobiernos de hombres probos o mayores honorables y experimentados o gerontocráticos. Y, justamente, a propósito de la efebocracia, debe tenerse en cuenta que el joven puede llegar a ser viejo, pero el viejo ya no puede volver a ser joven.

De suerte que la lucha política que se está librando en la sociedad española, más que ideológica es generacional. El inmovilismo ya no renta, se dice como estrategia. La comunicación política exige un plus de celeridad, imaginación y perspicacia, ya que además de marketing político hay que tener un buen programa para la gestión de las cuestiones que atañen a los intereses de todos los ciudadanos. La falta de adaptación de los partidos políticos tradicionales a los nuevos tiempos y formas de comunicación y expresión de sus ideas y proyectos, se ha convertido en un defecto endémico y un mal crónico de muy difícil encaje en la mentalidad de las nuevas generaciones. Este profundo convencimiento produce  a en los ciudadanos apatía, indiferencia y aversión hacia los gestores públicos. Y, por lo demás, el gran problema de la nueva izquierda fue y es su sentido de la superioridad moral sobre una derecha modernizada, comedida y dialogante, como es actualmente la española.    Los habituales lectores de las publicaciones de este comentarista, recordarán que en el artículo anterior, de fecha 14 de enero de 2016, se aseveraba que en España existe una profunda CRISIS DE LIDERAZGOS POLÍTICOS Y SOCIALES. Y esta ausencia de líderes con altura de miras y visión política de hombres de estado, sigue condicionando el desbloqueo de la situación creada tras las elecciones del 20D de 2015 en cuanto al nombramiento del Presidente del Gobierno de España y a la consecución de la estabilidad política. Por otra parte, la desmesurada ambición política y los intereses personales, antepuestos al bien común de todos los ciudadanos, están impidiendo tomar los acuerdos necesarios para  constituir un gobierno estable y lograr el buen funcionamiento de las instituciones del Estado.   Al efecto, este comentarista sostiene que no siempre los electores aciertan al emitir su voto ni los candidatos presentados por los diferentes partidos políticos son los mejores, como probablemente haya ocurrido en las elecciones del pasado 20 de Diciembre. Cuestión ésta que puede poner de manifiesto que también en democracia el pueblo sí se puede equivocar y que los partidos políticos actúan, en ocasiones, al confeccionar las listas de candidatos, por intereses bastardos y criterios espurios. Son conocidos los clásicos tiberios que se arman en los partidos con motivo de la confección de las listas electorales.

Resulta fácilmente constatable que los ciudadanos llegaron al máximo grado de hartazgo por la sórdida actuación de la clase política, siendo, por ello, cierto que cada vez toleran peor y soportan menos las canallescas tropelías que se cometen a la sombra de los poderes públicos, partidos políticos, sindicatos y demás organizaciones sociales. Pero el caso es que el pueblo contempla atónito y sin resuello cómo la clase o casta política subvierte los valores y principios del menos malo de los sistemas o regímenes, la democracia. Por otra parte, es incuestionable que la corrupción fue, en cierto modo, responsable del finiquito del bipartidismo político tradicional y también de la aparición y auge de los populismos emergentes en España, pero, sobre todo, estuvo en el origen de la destrucción del tejido empresarial y, por ende, en la perturbación de la creación de empleo y el crecimiento del paro.

Las grandes tramas corruptas de los últimos tiempos, asfixiaron a un bipartidismo acechado por las nuevas formaciones políticas. Y, de modo parecido, contribuyeron a acentuar  las desigualdades sociales y el incremento de la pobreza de muchos ciudadanos a costa del enriquecimiento de tan sólo unos pocos. ¡Gran injusticia social, como ponen de relieve los datos aportados, y otros, que, al analizarlos con detenimiento, inducen a las personas sensibles y de buena voluntad a clamar a todos los cielos y dioses por un reparto más equitativo de los bienes que son comunes entre todos los ciudadanos!. Lo que precede, equivale a elevar a categoría de verdad incontrovertible el espeluznante aserto de que en la última década en este país se posibilitó el que toda la riqueza se acumulara en tan sólo unos pocos, razón por la que, al desaparecer la clase media, el resto de ciudadanía quedó reducida a los espacios de umbrales de pobreza y miseria, y a las sombrías zonas de la indecencia cívico/social, política y moral.

Toda esta fenomenología de la corrupción en la mayoría de las instituciones del Estado, dio paso a la formación de un más que censurable biculturalismo social, político y sindical, por la primacía de un deliberado bipartidismo imperfecto y un bisindicalismo amortizado, en detrimento de la necesaria y positiva diversidad, así como en perjuicio de la existencia de unas formas plurales de expresión, indispensables en una sociedad que se precie de ser abierta, democrática y libre, como teóricamente es la española.

De este modo, se ha conformado una población integrada por muchos pobres, que cada vez son más pobres, y pocos ricos, que cada vez son más ricos. Y así, ha aumentado hasta límites infames la ominosa desigualdad y la funesta fractura social en España.

Convendría recordar lo dicho recientemente por un alto cargo de la Generalidad de Cataluña: arreglaremos en los despachos lo que nos nieguen las urnas y que los pactos que se están planteando son en realidad de perdedores, aparte de fraudulentos y antagónicos en puridad democrática,  porque no gobierna quien obtiene mayor número de votos e incluso de escaños, sino quien o quienes, mediante argucias y tretas astutas, pretenden hacer valer el criterio de las mayorías parlamentarias, constituidas por formaciones políticas heterogéneas e ideológicamente opuestas, en lugar de que prevalezcan las mayorías democráticas basadas en los resultados electorales y los votos  de los ciudadanos.  Lo demás, son chanchullos, componendas y artificios de naturaleza claramente antidemocrática. Y, en todo caso, bajo ningún concepto son admisibles en una democracia moralmente seria y solvente pactos excluyentes.

Hay que señalar que los gobernados suelen disculpar la mediocridad e idiocia de los gobernantes, pero no perdonan su colaboración, por acción, complicidad u omisión, al desarrollo y mantenimiento de un régimen cleptocrático, basado en la institucionalización sistémica de las corruptelas, cuyos principales exponentes actuales, dentro de la amplia gama de casos publicados por los medios de comunicación, son el nepotismo de nuevo cuño, el clientelismo de la progresía o clientelismo progresista, el despilfarro y desfalco pretextados como benéficos, la estafa y malversación de fondos públicos con fines supuestamente  sociales. Es preocupante que algunas de estas acciones, presuntamente delictivas, quedan impunes, debido a que, en muchos ámbitos del poder y en determinados sectores de la sociedad, ciertas prácticas corruptas se han generalizado tanto que la ciudadanía tuvo y todavía sigue teniendo la percepción de que son normales,  por el hecho de estar afectado todo el sistema político y económico español.    En otro orden de cosas, y a la hora de formalizar estos pactos postelectorales, de dudosa legitimidad democrática, orientados a conformar un gobierno estable, fuerte y lo más homgéneo posible, se subraya que la versatilidad y el vértigo de la incertidumbre política, así como el temor fundado o la sospecha razonable de quiebra de la estabilidad  del sistema político español, debido a los vetos, reticencias, política de bandos y actitudes sectarias. Pactos, que debieran llevarse a cabo para defender con firmeza la unidad y cohesión territorial del Estado, la indivisible soberanía nacional, la igualdad de oportunidades de todos los españoles, la creación de empleo y la mejora del  estado del bienestar.

Y, en opinión de  este analista político, las posibilidades de que los actuales cuatro dirigentes políticos puedan formar un gobierno estable y capaz de acometer las reformas pendientes y necesarias para consolidar la plena recuperación económica, son más bien escasas. Sería muy lamentable que estos dirigentes antepusieran sus intereses personales o/y los del partido, como lo están haciendo, a los generales de todos los españoles. A tales efectos, se echan en falta políticos capaces de vertebrar y cohesionar esta España del primer tercio del siglo XXI.

Los ciudadanos y la historia pedirán cuentas a estos dirigentes del logro de los objetivos marcados por los electores y esperados por la ciudadanía en general.

Sobre todo, se las demandarán si, a causa de su torpeza, poca generosidad y escaso sentido de estado, no son capaces de dialogar, negociar y alcanzar unos acuerdos de gobernabilidad, que favorezcan la reactivación de la economía, la creación de empleo, la regeneración política y democrática, así como que, en modo alguno, perjudiquen ni paralicen las inversiones. Además, se les exige que estos pactos postelectorales, que, por cierto, debieran anunciarse  que, en modo alguno, perjudiquen ni paralicen las inversiones. Asimismo, se les exige que estos pactos postelectorales, que, por cierto, debieran anunciarse antes de la elecciones y no negociarse a posteriori en los despachos, no sitúen a este país en los comienzos de un inconsistente nuevo orden social, económico, cultural y político y que, en cualquier caso, eviten la zozobra de otra temida crisis política y económica de muy difícil solución y de consecuencias futuras inciertas.

Por cuestiones varias, que incluyen la corrupción y el grave problema de la política migratoria, la Unión Europea está también a punto del colapso social y político. De ahí que tanto en la mayoría de los países de la UE como en España, faltan todavía por acometer muchas reformas y ajustes que entusiasmen de nuevo a la ciudadanía y frenen tanto el escepticismo como la caída libre en el desaliento individual y el desánimo colectivo. La solución no depende sólo de que los nuevos partidos pongan su especial acento, por ejemplo, en la necesidad de celebrar elecciones primarias para la elección de candidatos, sino en primar y defender criterios firmes, valores permanentes y principios sólidos que fortalezcan la periclitada democracia y la estabilidad del sistema político, español y europeo.

Además, es necesario romper cadenas y círculos viciosos para salir del maniqueísmo bueno-malo, blanco-negro, guapo-feo en el que estamos permanentemente sumergidos y de los postulados absurdos y contradictorios de los populistas y tiranos horteras. Y  como final del contenido de este párrafo, cabe resaltar en el contexto actual de la incipiente salida de la crisis, a juzgar por los claros indicios de recuperación de la economía, que las propuestas de gobernabilidad que propone la izquierda para este país, más que un pacto de progreso habría que llamarlo de retroceso, y ello, porque este país ya viene  progresando económica,  laboral y socialmente desde el año 2012.

En el proceso de negociación que se está llevando a cabo, deben evitarse algunas falacias que se camuflan bajo expresiones en apariencia inofensivas, tales como llamar laicidad extrema a lo que equivale a laicismo puro y duro, y esto, conviene aclararlo para no confundir a la ciudadanía. Pero otra falsedad denunciable fue presentar al centro derecha como el enemigo acérrimo e irreconciliable del centro izquierda, cuando la realidad es que sólo son adversarios políticos, y que, en cambio, el verdadero enemigo, que no adversario, del centro izquierda es la extrema izquierda, radical, intolerante, totalitaria y muy poco o nada dialogante.

Craso error democrático y engañosa mendacidad fue y es también crear cordones sanitarios, nuevos pactos del Tinell y negar el pan y la sal del diálogo a los dirigentes de un partido político al que votaron mayoritariamente los electores españoles y que, consecuentemente, ganó las elecciones, debiendo, por tal motivo, ser éste el que gobernase con la colaboración del resto de contendientes políticos, y no una  amoldada alianza postelectoral de perdedores. Es, además, falaz y absurdo que con sólo 90 diputados se pretenda presidir el gobierno de este país y gobernarlo con el apoyo de organizaciones políticas dispuestas a romper la constitucional unidad territorial, acabar con la soberanía del conjunto de todos los ciudadanos españoles, entorpecer la convivencia pacífica entre  los ciudadanos y dejando inoculado el veneno de la inquina, el odio y los revanchismos que conducirán a la división confrontada entre las tristemente históricas dos Españas.

A la luz de la interpretación en sentido metafórico de la sentencia por la boca muere el pez, y, como diría el académico Julián Marías, por la palabra y sus acciones, muere el hombre, se puede deducir que la caída en picado del crédito, credibilidad y autoridad moral de los políticos y de los sindicatos en este país, tuvo, y sigue teniendo, causa y origen en deméritos propios, motivados por perversos comportamientos, que, por lo demás, merecieron la censura y reprobación de la misma sociedad. No debe olvidarse que están siendo los jueces y magistrados, quienes desaprueban, con sus resoluciones y sentencias judiciales, las prácticas éticamente indecorosas, reprobables y supuestamente delictivas de destacados miembros de algunas organizaciones políticas y sociales.

Con relación a esta particular cuestión del desprestigio político y sindical en este país, procede advertir que nadie debiera de rasgarse las vestiduras, dado que el espectacular hundimiento de los denominados entes sociales, no sobrevino de golpe y por sorpresa sino como consecuencia de los innumerables excesos en el ejercicio del poder político y/o sindical y de las bochornosas y sistemáticas acciones corruptas, llevadas a cabo por una parte de la instalada casta política y por algunas de las trasnochadas y caducas organizaciones sindicales, renuentes a llevar a cabo su particular transición hacia nuevas y diferentes formas de ejercer el sindicalismo.

Es ciertamente triste y lamentable poder constatar fehacientemente que la sociedad española quedó no sólo hipotecada por años sin término o tiempo indefinido, sino, y lo que es peor todavía, arruinada hasta la mendicidad, por culpa de los despilfarros, latrocinios, saqueos, apropiaciones indebidas y uso incorrecto de fondos públicos, así como por los enriquecimientos de unos pocos a costa del empobrecimiento de otros muchos, con el agravante de que estos últimos ciudadanos esquilmados ya pertenecían a una clase social media baja. Por lo que la indecencia conductual de los primeros se hace merecedora del más absoluto rechazo social.

Del Blog VERBO SUELTO del autor de este artículo, cuyo enlace o link es:

 verbosuelto.blogspot.com

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