Antonio José Parafita Fraga, escritor y comentarista de temas sociales y políticos, hace suyas las demandas y reivindicaciones que distintos sectores sociales y políticos vienen haciendo de un tiempo a esta parte y las que vienen realizando actualmente colectivos, especialmente afectados, como el de los profesores de religión en favor de un PACTO EDUCATIVO DE ESTADO, que subsane los desaguisados de la LOMCE- Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa- tanto en lo concerniente a las materias curriculares como al profesorado que las imparte. Este comentarista entiende que al ex Ministro Wert le faltó coraje político y capacidad negociadora para lograr un amplio consenso entre las partes implicadas en el proceso educativo y al Presidente del Gobierno le sobraron complicidad y cobardía moral.

Por lo demás, tampoco debe pasarse por alto el silencio complaciente y la pasividad de algunos sindicatos, especialmente de los denominados de clase, que no se singularizaron ni distinguieron por una especial sensibilidad hacia la mejora de la calidad del sistema educativo español. Más bien todo lo contrario, ya que sus aportaciones al tema fueron escasas y estuvieron totalmente  politizadas.

En cambio, algunas otras organizaciones sindicales y asociaciones, no de clase, pero sí con clase, fueron muy críticas con determinados aspectos de esta ley educativa del ex Ministro Wert e hicieron sus aportaciones y sugerencias para contribuir efectivamente a mejorar el texto de la nueva norma educativa, que luego se publicaría con el nombre de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE. Por cierto, fue una ley bastante más perjudicial para la asignatura de religión y su profesorado que las anteriores  leyes educativas de la democracia, habida cuenta de que permite desdeñar a estos trabajadores especializados,  por la maquiavélica vía de reducir a mínimos el horario de su materia.

Como las pretensiones de este articulista van orientadas a que el lector en particular y la sociedad en general tengan un mayor conocimiento de la situación real del profesorado encargado de la enseñanza religiosa en el marco escolar en España, a diferencia de lo que ocurre en Europa, incluso en Rusia, es preciso señalar que estos profesores estuvieron y siguen estando limitados y, aún más, condicionados, a la hora de defender la presencia de la religión-religiones- en el sistema educativo público español, en condiciones dignas y equiparables al resto de asignaturas del currículo,  tanto en  lo que se refiere  a la carga horaria o lectiva como a la obligatoriedad de que los centros educativos la oferten, debido a las  anticuadas y rancias concepciones ideológicas, de claro signo anticlerical y laicista, de las cúpulas de estos sindicatos y de los  partidos políticos afines, en cuanto al carácter y  naturaleza de  la  educación, expuestas por los  máximos  representantes de unos y otros en los distintos foros de debate,  publicadas, en ocasiones, mediante comunicados conjuntos  en los medios de comunicación. Por otra parte, es público que ciertas  organizaciones sindicales rinden pleitesía a los partidos políticos de los que dependen, convirtiéndose en sus cautivos, servidores incondicionales y fieles colaboradores.

Y todo ello, para bochorno del propio Gobierno del PP, sonrojo de la mayoría de los sindicatos y vergüenza política del partido que sustenta al actual Gobierno de la Nación española. A mayor abundamiento, es de señalar y poner de manifiesto ante la opinión pública lo sorprendente que resulta para muchos ciudadanos de este país- en torno a un 70%, demandantes de esta enseñanza religiosa- observar que en la LOMCE, desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de un Gobierno de centro derecha, la asignatura de religión y este colectivo de cualificados docentes de religión, queda peor parado  que en la LOE del PSOE.

Si inconcebible fue la reducción de la carga horaria de esta área/asignatura, no lo fue menos que en Bachillerato el Ministerio de Educación, al regular esta materia, lo ha hecho al margen de la legalidad Constitucional, de los Acuerdo Iglesia- Estado y de la Jurisprudencia de los Altos  Tribunales, españoles y europeos, por cuanto que deja prácticamente eliminado su carácter de opcionalidad, al no contemplar y tener en cuenta que la religión es una asignatura opcional también en Bachillerato y con alternativa.  Por lo demás,  para que los padres y/o alumnos puedan ejercitar tal opción, los centros educativos deben de ofertarla obligatoriamente de manera clara y efectiva, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.

El caso es que, de momento, se constata con frustrante preocupación que la cobardía moral y los complejos políticos de los actuales gobernantes españoles, impidieron que la asignatura de religión esté en nuestro sistema educativo y en la escuela de modo parecido a como lo está en la mayoría de los países europeos. De suerte que al respecto,  los gobernantes y responsables públicos deben de saber que en política las actuaciones torpes y cobardes, así como el incumplimiento de la ley tienen un precio sociopolítico en términos de coste electoral y que siempre se termina pagando.

Finalmente, hay que advertir que, de no ponerse remedio por parte de las administraciones educativas a esta situación de precariedad académica, económica y laboral, muchos miles de profesores de religión se pueden quedar en la calle y sus familias e hijos sin el sustento o pan de cada día. Asimismo, y a mayor abundamiento, hay que resaltar que los tiempos, no están, precisamente, para generar más paro, sino para contener o detener la dramática sangría de la destrucción de puestos de trabajo.

En consecuencia, al Gobierno Central y a los Autonómicos se les insta a que cumplan la Ley y respeten los derechos de los ciudadanos en general y el de los padres de alumnos en particular en materia educativa, tal y como se establece en la Constitución Española, 1978, los Acuerdos  Iglesia- Estado, 1979, la Ley de Libertad Religiosa, 1985 y la reiterada Jurisprudencia de los Tribunales españoles y europeos en cuanto a que aquellos puedan elegir para sus hijos la educación que esté en consonancia con sus creencias religiosas y morales. Los responsables educativos  de la  LOMCE, no actuaron con la  suficiente sensatez y racionalidad al regular en dicha Ley la enseñanza de la religión. En opinión del este comentarista, el esperado PACTO EDUCATIVO puede ser el momento adecuado para acometer una reforma a fondo de la enseñanza de la religión en la escuela, pero que incluya el cambio de la actual denominación de la asignatura por un nombre más genérico e integrador, como, por ejemplo, el de Historia de las Religiones o El Hecho Religioso Universal.

Y, sin lugar a dudas, les hubiese sido de mucha utilidad, el que antes de poner en marcha esta Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, se detuvieran a analizar o estudiar  los sistemas educativos de los países de Europa, incluido el de Rusia, para ver el tratamiento dado en ellos a esta asignatura y al profesorado que la imparte, a los efectos de evitar que en el sistema educativo de España se produjesen anomalías rayanas en la ilegalidad,  por  el lamentable hecho de que  el correspondiente ordenamiento jurídico, en unos casos, no se aplicó debidamente, y en otros,  se hizo de un modo muy tímido, lo que supuso y supondrá en el futuro un  grave  perjuicio no sólo para el área  de la  religión sino también para su profesorado.

La cuestión es que de las administraciones educativas, central y autonómicas, y de algunos  agentes sociales intervinientes en el proceso de elaboración de la LOMCE,  fue, es y será la responsabilidad teórica de este desaguisado, pero la triste realidad debe centrarse en que sólo corresponde al colectivo de profesores de religión, verdaderos especialistas en este materia, y a sus familias, soportar las consecuencias que se derivan de semejante desatino legal y torpeza política.

Por Antonio José Parafita Fraga, escritor y comentarista de temas sociales y políticos.

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