Rafael Fernandez Valverde TINIMA20131126 0626 1Es el momento de que las administraciones públicas vuelvan a acercarse a la sociedad civil", afirma el presidente del Parlamento de Canarias

X Foro de la Justicia: El consumidor financiero en el contexto actual

La sede del Parlamento de Canarias acoge este jueves la inauguración del X Foro de la Justicia organizado por Ausbanc. El Foro se desarrollará durante la jornada de hoy y de mañana y en él se analizarán los problemas que afectan al consumidor financiero.

Esta segunda jornada se centró en la protección judicial del consumidor financiero en la que participó   Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Rafael Fernández Valverde, habló del novedoso tema de las ventas extrajudiciales (subastas) ante notario.

Comenzó hablando con especial cariño sobre su paso por Canarias y agradeció a Ausbanc su invitación, organización a la que consideró comouna buena amiga”. 

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Confesó tener la intuición que la mediación, los notarios… pueden ser la solución a muchos de los problemas de la justicia que aquí se plantean y que no siempre todo tiene que ser dirimido en los juzgados. “A nivel teórico está muy bien pero en la práctica no es eficaz”.

Una de las fórmulas es que el notariado puede colaborar con la administración de justicia es el tema que nos ocupa, los casos de ejecuciones hipotecarias. Esta técnica ya está rodada legal e históricamente y creo que debe ser impulsada desde distintos foros.

Para Fernández Valverde “la venta de bienes ante notario tiene ventajas, es constitucional, perfectamente viable, asequible para los ciudadanos y una buena alternativa a la deficiente y lenta actuación de los juzgados –por su saturación-”. Y su coste es 10 veces más barato y 4 veces más rápido que el judicial.

Estamos en presencia de una forma alternativa al ejercicio de la acción hipotecaria. Con alternativa queda claro que no es secundaria, sino “que es otra forma de hacer las cosas”. Es también una fórmula pactada que no se impone a nadie. Se trata en la práctica de llevar a cabo la venta del bien hipotecado del que no puede pagar ese bien ante un notario en vez de ante un juez.

Valverde se refirió del Decreto Ley y de la posterior Ley Antidesahucios, que calificó de “la típica reacción del Gobierno a la calle” pero en la se introduce la novedad de que la venta extrajudicial –la realizada ante notario- se podría suspender la venta si en el contrato hay alguna cláusula abusiva con lo que se le encomienda al notario una misión de control.

Cuando llegó la crisis económica, esta afectó en gran medida al mundo de las ejecuciones hipotecarias. En el segundo trimestre de 2014 éstas subieron un 4%.  Pero el número de mediaciones subieron un 30%. Casi todas en el ámbito familiar y penal, pero también ha habido muchas en lo civil. Por tanto aunque estamos en sus inicios,  estamos en tendencia al alza.

Publicidad financiera engañosa

A este tema que nos afecta a todos y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, la organización del X Foro de la Justicia quiso dedicar un apartado especial. María Mateos, directora de Servicios Jurídicos realizó una introducción didáctica sobre la publicidad, poniendo como ejemplos los anuncios de coches o entidades financieras en los que las condiciones especiales en letra pequeña son imposibles de leer. Mateos avanzó que Ausbanc está trabajando en este haciendo estudios concretos sobre los anuncios que se emiten en la actualidad en las televisiones, y no le temblará el pulso si tiene que denunciarlos ante los organismos que correspondan.

Tomó de nuevo la palabra Alfonso Cavallé para profundizar en este tema. Matizó que la publicidad debe ir unida a la buena fe. También recordó a los consumidores que la publicidad va unida intrínsecamente al contrato y por tanto puede ser un mecanismo de defensa. Los consumidores tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo que se les ofrece

"La Administración de Justicia debe modificarse para dar ...

www.ausbanc.com/web/_20141031151349.asp
31 oct. 2014 - Rafael Fernández Valverde, habló del novedoso tema de las ventas ... Para Fernández Valverde “la venta de bienes ante notario tiene ...

"Bankia facilitó, en 2011, a sus potenciales inversores una ...

www.ausbanc.com/.../Bankia_facilito,_en_2001,_a_sus_potenciales_inve...
30 oct. 2014 - ... presidente del Órgano de Control de Cláusula Abusivas y Decano del Ilustre Colegio Notarial de Canarias y Rafael Fernández Valverde, ...

Ausbanc continua trabajando en la defensa de los ...

internacional.ausbanc.com/Ausbanc_continua_trabajando_en_la_defensa_d...
26 nov. 2014 - ... presidente del Órgano de Control de Cláusula Abusivas y Decano del Ilustre Colegio Notarial de Canarias y Rafael Fernández Valverde, ...

"Es el momento de que las administraciones públicas ...

www.ausbanc.com/.../“Es_el_momento_de_que_las_administraciones_p...
30 oct. 2014 - ... presidente del Órgano de Control de Cláusula Abusivas y Decano del Ilustre Colegio Notarial de Canarias y Rafael Fernández Valverde, ...

[PDF]El consumidor financiero en el contexto actual - Ausbanc

forodelajusticia.ausbanc.com/PDF/Documentos/Documento_887.pdf
30 oct. 2014 - D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal. Supremo y Vocal del CGPJ. 12:45 a 13:30 Publicidad financiera ...
 

Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo General del ...

xornaldegalicia.es › Especiales + › Corrupción
5 sept. 2015 - Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo General del Poder .... www.cita.es/torralba-udimaywww.miguelgallardo.es/torralba-udima.pdf.

Rafael Fernández Valverde | UDIMA

www.udima.es/es/profesor/rafael-fernandez-valverde.html
Titulacion: Magistrado del Tribunal Supremo. email: rafaelEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Mis webs: Teléfono: 902 02 00 03. Idiomas: Inglés, francés. Dedicación: Tiempo ...
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Rafael Fernández Valverde, un cordobés con lazos en ...

www.teinteresa.es/.../Rafael-Fernandez-Valverde-Islas-Canarias-CGPJ_0_...
26 nov. 2013 - Rafael Fernández Valverde, uno de los vocales nombrado a propuesta del PP, nació en Córdoba el día 5 de Marzo de 1950. Licenciado en ...
Falta: cita

El Supremo resolverá en septiembre con cuatro sentencias ...

www.elmundo.es › España › Andalucía
6 jun. 2015 - El magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde ha informado de que dos de los cuatro procesos ya están resueltos y con ...

Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo ... - Docs

https://docs.google.com/document/d/.../edit
Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo General del Poder Judicial, .... en www.cita.es/torralba-udima y www.miguelgallardo.es/torralba-udima.pdf.

El vocal del CGPJ Rafael Fernández dice que siempre se ...

www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2014/.../15395.htm...
25 sept. 2014 - Rafael Fernández Valverde (Foto Canarias Ahora) ... trama de corrupción política en Telde, y que se prevé comience tras la cita con las urnas, ...

Derecho ambiental administrativo

https://books.google.es/books?isbn=8415455615
Blanca Lozano Cutanda - 2012 - ?Law
... nuestra propia jurisprudencia (STS de 17 de febrero de 2004, recurso no 3457/2000, ponente Rafael FERNÁNDEZ VALVERDE que cita la doctrina europea).

[PDF]TS Cont 01-04-2015Abre en nueva ventana - Poder Judicial

www.poderjudicial.es/stfls/.../TS%20Cont%2001-04-2015.pdf
1 abr. 2015 - Sr. D. Rafael Fernández Valverde Procedencia: T.S.J. .... Efectivamente, tras llevar a cabo una serie de consideraciones jurídicas, con cita de.

[PDF]tribunalsupremo - Canarias7

www.canarias7.es/pdf/docs/sentencialineas.pdf
16 jun. 2008 - Sr. D. Rafael Fernández Valverde. Procedencia: .... naturales que se produce en las instalaciones petrolíferas, que cita la resolución de 27 de ...

[PDF]Centro de Documentación Judicial 1 - unece

Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala ... a) Con cita de la doctrina contenida en la STS de 1 de octubre de 1997 , se señala que "resulta.
 

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DICTAMEN PERICIAL solicitado por Francisco Javier López Pérez

A PETICIÓN DE DON FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PÉREZ

y a los efectos de

lo dispuesto en la SECCIÓN V. DEL DICTAMEN DE PERITOS, Artículo 335 y

siguientes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, se emite este

DICTAMEN PERICIAL

Considerando:

PRIMERO

.- La demanda de juicio ordinario formulada por D. Jesús de Lara

Cidoncha, Procurador de los Tribunales de Barcelona, en nombre y representación de

D. Luis Pineda Salido y de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros,

AUSBANC (EMPRESAS y CONSUMO), contra CREDITSERVICES, SA y contra

D. Francisco Javier López Pérez, para cuya contestación se ofrece este dictamen.

SEGUNDO

.- Dos archivos de audio y sus transcripciones certificadas por mí.

TERCERO

.- Registros públicos especialmente mercantiles, artículos de prensa y

diversa documentación electrónica publicada en Internet

1.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA DEMANDA

Un primer análisis crítico de la abundantísima documentación aportada con la

demanda permite afirmar, sin ningún género de dudas, que más del 90% de los textos

son absoluta y completamente irrelevantes e incluso, si el juzgador lo comparte,

descaradamente impertinentes, porque no aclaran, sino que abruman y confunden al

lector. La pregunta que hay que hacerse al considerar una demanda por el Derecho al

Honor y a la intimidad Personal y Familiar, no es otra que la siguiente:

¿Qué es lo que ha dicho, escrito o publicado el demandado que no puede ser

dicho, escrito o publicado según la legislación y la jurisprudencia aplicable?

Esta pregunta debería de estar claramente contestada en la misma demanda con

inequívoca precisión, y sin embargo, tras una detenida lectura de las primeras 56

páginas de la demanda, solamente es posible encontrar citas de manifestaciones del

demandado en el apartado “SEXTO.- Supuesto planteado por la presente demanda”

(páginas 43 a 45), siendo el resto intrascendentes a los efectos de honor, intimidad o

imagen. Es más, resulta muy sospechosa la vehemencia con la que se reivindican

méritos muy discutibles que nada tienen que ver con las relaciones entre las partes, o

con lo que se atribuye al demandado, ni con honor, intimidad o imagen alguna.

Entre la honorabilidad de las personas jurídicas y la intimidad de las personas físicas,

existe un amplio abanico de opiniones, y de opiniones sobre opiniones, pero en esta

demanda existe una cuestión principal, y ciertos antecedentes, muy preocupantes.

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2.

CUESTIÓN PRINCIPAL: LA PRESUNTA EXTORSIÓN O CHANTAJE

La principal cuestión relevante y pertinente, por lo tanto, es si D. Francisco Javier

López Pérez puede sentirse extorsionado (sensación subjetiva donde las haya, que

forma parte de la terminología económica, política, social y jurídica desde tiempos

inmemoriales), y si puede manifestarse tan verazmente como lo ha hecho al amparo

del artículo 20 de la Constitución Española, y considerando la Ley Orgánica 1/1982.

Siendo la veracidad (no necesariamente la verdad objetiva, que no siempre es

comprobable) el requisito constitucional para poder ejercer el derecho a dar y recibir

información veraz, es necesario valorar la sensación subjetiva del demandado ante las

proposiciones, supuestamente comerciales, del demandante. Aunque corresponde a los

juristas la interpretación, presumiblemente contradictoria, de las leyes y su

jurisprudencia, la exposición de hechos relevantes y sus medios de prueba puede

ocupar y preocupar a un perito criminólogo con cierta formación, algunas experiencias

y muchas más inquietudes vocacionales en la investigación de la siempre difícil

evidencia pericial de la amenaza, que no es sino el

delito consistente en intimidar a

alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia

, según

el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (edición vigésima segunda

del RAE), que a su vez, define así la

extorsión (Del lat. extors?o, -?nis)

1. f. Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de

obtener de él dinero u otro provecho.

2. f. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en

determinado sentido.

¿Puede considerarse extorsionado el demandado, o no? Ésa, y no otra, es la cuestión.

3.

OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES

Para comprender la realidad objetiva y la vivencia subjetiva del demandado, además

de escuchar atentamente las dos (auto)grabaciones que constan, con sus

correspondientes transcripciones, hay que tener en cuenta que en la demanda no se

aportan dos tipos de evidencias que sí que son relevantes y pertinentes, y que, en mi

opinión, pueden ser categorizadas así:

A) Textos publicados, al menos, por AUSBANC y Mercado de Dinero, así como por

otras publicaciones controladas o influidas por D. Luis Pineda Salido, que contengan

afirmaciones contra la imagen, fondo de comercio e intereses de CREDITSERVICES,

SA y ofensivas personalmente contra D. Francisco Javier López Pérez, porque sin ellas

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no puede comprenderse este conflicto. Sería una imperdonable ingenuidad considerar

únicamente lo que contienen correos electrónicos enviados por quien antes ha sido

objeto de una campaña orquestada contra él por D. Luis Pineda Salido. En Internet

resulta especialmente fácil e inmediato porque, aunque las publicaciones controladas

por D. Luis Pineda Salido ofrecen poca información en relación a la que imprime en

papel para sus suscriptores, basta con poner en la búsqueda de Google "

Javier López"

site:ausbanc.es

y "Javier López" site:mercado-dinero.es (y tener en cuenta que los

demandantes publican en Internet una pequeña parte de lo que envía impreso a

suscriptores) para comprender que las manifestaciones en correos electrónicos que se

le atribuyen al demandado no son sino respuestas a publicaciones, intencionadamente

provocadoras, de las que son responsables los demandantes. Un correo electrónico no

puede ser comparable a lo que se publica en un entramado mediático y asociacionista

con demostrada capacidad de influir, muy efectivamente, en el sector en el empresario

demandado ejerce su actividad. El mismo demandante aporta algunas fotocopias poco

legibles de artículos publicados en sus propios medios en los documentos 25 al 33,

pero nadie mejor que el demandado para destacar los que considere más oportunos.

B) Son muy numerosas las publicaciones de medios independientes, mucho menos

sospechosas de parcialidad, y mucho más respetuosas con la deontología periodística,

en las que se encuentran durísimos titulares, con datos y afirmaciones sobre D. Luis

Pineda Salido bastante más graves que las que se citan de correos electrónicos

atribuidos al demandado. Sin embargo, a mí no me consta ninguna demanda de los

demandantes contra ninguno de los numerosos medios de comunicación responsables

de noticias, artículos y reportajes sobre AUSBANC, y eso resulta especialmente

curioso considerando la gran cantidad de documentación aportada por la parte

demandante. Si alguna vez el demandante ha conseguido una condena por su derecho

al honor contra alguno de los numerosos medios que han sido críticos (tal vez

pusilánimes frente al entramado, pero objetivamente críticos) con la parte demandante,

sería clarificador conocer demandas y sentencias. Entre esos medios objetivamente

críticos con el demandante y las entidades controladas por él están, entre otros

fácilmente documentables, EL PAÍS, EL MUNDO, LA RAZÓN, EL ECONOMISTA,

INTERVIÚ, etc. Llama la atención que no exista ninguna discrepancia en el seno de

AUSBANC sobre el cúmulo de acusaciones de inmoralidad ya publicadas en prensa.

4.

EVIDENCIA GRABADA INTERPRETADA CRIMINOLÓGICAMENTE

A la vista de A) y B) se comprende que los antecedentes de una y otra parte,

demandante y demandada, y especialmente las noticias y opiniones publicadas sobre

ambos, así como las manifestaciones de uno respecto del otro, son relevantes, y no

pueden ignorarse, ni obviarse, ni ningunearse, si realmente se desea comprender lo que

una y otra parte pretenden defender y criticar con sus palabras, bien en correos

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electrónicos, o bien en publicaciones cuyas suscripciones y publicidad se han

negociado coactivamente como queda claro en la última parte de las conversaciones

(auto)grabadas por D. Francisco Javier López Pérez, y transcritas por mí.

Escuchándolas atentamente, y conociendo mínimamente los antecedentes, puede

concluirse que varias de las manifestaciones atribuidas a D. Luis Pineda Salido

dirigidas a D. Francisco Javier López Pérez, sí pueden estar presuntamente tipificadas

en el artículo 171 del Código Penal, y D. Luis Pineda Salido es plenamente consciente

de ello, porque tras escuchar los dos archivos de audio, y prestando especial atención a

la última parte (minutos 70 en adelante) de la primera grabación, se aprecia que el

demandante prefiere dar a entender (sin reconocer nunca lo que sabe que es delictivo),

que llevarse bien con él puede costarle al demandado un mínimo de 150.000 euros al

año (el objetivo reconocido en las conversaciones era llegar facturarle 300.000 euros al

año por suscripciones y publicidad no deseada por el demandado), si bien es verdad

que también plantea la posibilidad de llevar al demandado 1.000 clientes (curiosa

propuesta a la vista de lo que puede leerse como supuestamente meritorio en la

demanda presentada), según puede escucharse en el minuto 99 del audio transcrito.

Los primeros minutos de las grabaciones son, en mi opinión, completamente

irrelevantes (obviamente, quien graba a quien cree que le pretende extorsionar siempre

tiene que intentar hacer concretar al extorsionador la amenaza condicionada mientras

éste trata de evitar que quede demasiado clara una frase coactiva y eso es lo que

pretende el demandado al principio), pero los minutos finales evidencian que ésta no

es, porque no puede ser, considerando sutilezas y costumbre u oficio que demuestra, la

primera vez que D. Luis Pineda Salido propone acuerdos “`para llevarse bien”

mientras sus medios de comunicación acosan a una entidad mercantil y a sus

directivos, y por ello se recomienda investigar la publicidad contratada después de

haber publicado artículos no solamente críticos, sino innecesaria e intencionadamente

ofensivos con titulares que pueden deteriorar el fondo de comercio de quien recibe una

oferta publicitaria tan inmoral, y posiblemente, también delictiva, como la que hace el

demandante. Otra cosa es que el problema de la prueba sea especialmente difícil

cuando se trata de evidenciar sutiles y veladas amenazas condicionadas o extorsiones y

por ello las (auto)grabaciones están justificadas por ser necesarias, aunque para ser

pruebas suficientes, deban ser consideradas con otros documentos, algunos testimonios

y pericias capaces de percibir las sutilezas y desvelar las auténticas intenciones del

demandante, así como la percepción subjetiva del demandado. En las extorsiones,

presuntas o probadas con condenas firmes, no pueden encontrarse pistolas humeantes

o cuchillos ensangrentados con las huellas del autor de una extorsión, porque la

extorsión siempre se realiza con inteligencia y conciencia de la seguridad y los riesgos

que asume el extorsionador cuando negocia con el extorsionado.

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El artículo 171 del Código Penal, que hasta los más consagrados fiscales, los más finos

catedráticos de Derecho Penal, o los magistrados más experimentados en el sutil

enjuiciamiento de presuntas extorsiones, reconocerán que no es nada pacífico

doctrinalmente, porque tipifica las amenazas condicionadas que se realizan utilizando

el conocimiento de lo que no es constitutivo de delito, para forzar una transacción que

no se haría de no poder hacer efectiva la amenaza, y éste es el caso de D. Luis Pineda

Salido con las publicaciones de AUSBANC, porque salvo que se pruebe lo contrario,

no ha acusado de ningún delito a D. Francisco Javier López Pérez, hasta ahora. Sin

embargo, sí que le ha acusado públicamente de todo tipo de irregularidades, y también,

con maliciosa irresponsabilidad, se ha hecho eco de gravísimas acusaciones,

presuntamente calumniosas, de terceros (que reconoce no haber contrastado pero le ha

bastado con haberlas escuchado a alguien que sale por televisión) a las que ha dado

toda la publicidad a su alcance, siendo plenamente consciente del perjuicio que con tal

publicidad supuestamente informativa, causa al negocio, en su fondo de comercio, y a

la imagen personal, de D. Francisco Javier López Pérez y CREDITSERVICES. Es

más, la capacidad que, efectivamente, tiene D. Luis Pineda Salido de publicar y

difundir informaciones perjudiciales, sean o no ciertas, y sin ser contrastadas, filtradas,

supervisadas, editadas o desestimadas por nadie más (como pueden acreditar varios

periodistas), es la principal base para negociar su publicidad y sus suscripciones, y al

no haber conseguido sus propósitos con el demandado, las páginas que le ha dedicado

en las publicaciones que controla son la mejor prueba de su forma de reaccionar ante

las negativas de quienes, con toda razón, pueden sentirse extorsionados por él.

Por una parte, vender publicidad y suscripciones a publicaciones a cambio de “llevarse

bien”, desde el punto de vista de la deontología informativa, es uno de los

planteamientos más repugnantes, probablemente el más repugnante, de cuantos puedan

ser planteados por un editor. Pero esta proposición doble (si se lleva bien ayuda hasta a

conseguir nuevos clientes, pero si no se lleva bien puede publicar incluso

informaciones que no están contrastadas y que pueden considerarse como libelos) es

mucho más condenable si, cuando quien la recibe se niega a pagar, se cumplen las

amenazas, entre otras, la de un editor que, al mismo tiempo, es abogado colegiado y en

ejercicio profesional acostumbrado a litigar contra quien puede salir siempre muy

perjudicado en cualquier procedimiento judicial porque su negocio inevitablemente

pierde fondo de comercio si pleitea, incluso cuando gane el pleito, y en todo caso, la

ocupación y el desgaste empresarial es mucho mayor que el del contrario. En mi

opinión, además de constituir una amenaza, estos planteamientos (auto)grabados por

D. Francisco Javier López Pérez y escuchados por mí a D. Luis Pineda Salido y

comprobados en numerosas noticias y comunicados de AUSBANC, son también faltas

de deontología siempre que el letrado D. Luis Pineda Salido no tenga un encargo de un

afectado o perjudicado con legitimación suficiente. La querulancia por parte de

letrados sin clientes contra empresarios de los que dependen puestos de trabajo,

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merecería especial atención por parte de la Fiscalía, y del Colegio de Abogados al que

el letrado, presuntamente querulante, pertenece. Por tanto, también se recomienda una

denuncia deontológica al Colegio de Abogados correspondiente, responsablemente.

Por otra parte, la representatividad de consumidores y usuarios que tan retóricamente

reivindica D. Luis Pineda Salido (sería muy interesante para entender este conflicto

saber con exactitud cuántos asociados tiene AUSBANC), es también moralmente

incompatible con el entramado societario y mediático que controla. Puede

comprobarse en el Registro Mercantil de Madrid, que su nombre consta, al menos, en

las siguientes entidades mercantiles, con su respectivo CIF:

SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 2 FONDO DE PENSIONES, G79206678

FOMENTO INMOBILIARIO Y URBANIZACION SA, A28177095

FUENTES MARTOS SA, A80202401

SANTIAGO Y CARMEN SL, B80407364

AUSPROM SL, B80541519

AGROEDITORA SL, B80912207

ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, B82496019

BUENAS MANERAS SL, B82541228

FISCON DE ASESORAMIENTO SL, B79945960

DINERO Y SALUD SL, B81752396

De este entramado societario, con independencia de que en él se cumplan todas las

normativas existentes y no se infrinja ley alguna, puede afirmarse que no solamente

son moralmente incompatibles algunas de sus actividades mercantiles, así

evidenciadas, con la defensa de los intereses de consumidores y usuarios de servicios

bancarios, sino que, en algún caso, podrían ir contra el espíritu, y también contra la

letra, de la normativa en defensa de la competencia en el sector financiero,

extremadamente sensible a las difamaciones, y cuya influencia en otros sectores en los

que el demandante tiene intereses puede cambiar el precio de las cosas, especialmente

de los valores y sus cotizaciones. Sería muy recomendable que la Comisión Nacional

del Mercado de Valores (CNMV) abriera un expediente sobre estos descarados

conflictos de intereses, que no por conocidos y asumidos en sospechoso silencio por el

sector financiero, dejan de afectar al interés general.

5. SUPUESTA HONORABILIDAD DE UN PRESUNTO EXTORSIONADOR

En mi opinión, la honorabilidad de los profesionales, y no puede ser una excepción la

del demandante, depende mucho más de sus propias actuaciones, y de sus intenciones

o propósitos, que de las opiniones que sobre ellas tengan los demás, con independencia

del medio por el que se expresen, o las circunstancias en las que se emitan.

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los

Ayuntamientos conocen y resuelven procedimientos en los que consumidores y

usuarios denuncian a todo tipo de empresarios, y por lo tanto, dispone de funcionarios

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expertos en lo que AUSBANC presume de reivindicar. En este sentido, funcionarios

del Banco de España, Ministerio de Economía, Agencia Tributaria, Instituto Nacional

de Estadística, Ministerio de Sanidad y Consumo y especialmente el Consejo General

de Consumidores y Usuarios, pueden, y en mi opinión, también deberían opinar sobre

los planteamientos reivindicativos de quien no acredita una representación de algún

consumidor o usuario perjudicado por quien tanta atención merece a una asociación

“sin ánimo de lucro”. ¿Qué clientes de CREDITSERVICES han dado algún tipo de

poder a AUSBANC, aunque sea únicamente de representación ante la administración,

para denunciar, reclamar o negociar en su nombre, como perjudiciados?

Por el contrario, se han podido conocer varias actuaciones judiciales de AUSBANC

que han merecido durísimas críticas. Entre ellas, debe destacarse el fraudulento

ejercicio de la acción popular, del que el editorial de EL PAÍS de fecha 20/05/2007,

con el titular “EL COLMO”, dice, literalmente, lo siguiente:

El colmo del despropósito es que una asociación de consumidores, cuya razón de ser es la defensa

de los derechos de sus asociados, se pase al bando de los acusados de conculcarlos. No otra cosa ha

hecho Ausbanc, una de las asociaciones de consumidores personadas como acusación popular en

los sumarios por estafa que la Audiencia Nacional tiene abiertos contra Afinsa y Fórum Filatélico.

Los jueces Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, que investigan los hechos, han decidido apartar a

esta asociación del proceso por uso fraudulento del ejercicio de la acción popular, tras haber

defendido públicamente la legalidad de la actuación de las dos empresas filatélicas.

...

En el caso de Ausbanc, además de una actuación que no se corresponde con 'el contenido y la

finalidad propios de una acusación en el proceso penal', se añade un hecho quizás más grave: haber

percibido 1,2 millones de euros provenientes de las dos empresas filatélicas intervenidas

judicialmente. Garzón y Pedraz, además de expulsar a Ausbanc del proceso, han decidido investigar

esos pagos y su posible relación con la defensa pública de Afinsa y Fórum Filatélico por parte de

Ausbanc y su actuación fraudulenta en el proceso. No estaría mal que el ejemplo de Garzón y

Pedraz cundiera y que los jueces fueran estrictos frente a quienes utilizan la acción popular con

fines espurios o con indicios fundados de instrumentalizar a la justicia.

Dos juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional parecen conocer bien

el precio que pone AUSBANC para intentar defender desde la acusación popular, y

cabe pensar aquí, con seria preocupación, cuál debe de ser el precio que debe de pagar

el que no hace lo que el demandante pide para “llevarse bien” con él.

Respecto al entramado mediático controlado por D. Luis Pineda Salido, basta visitar el

dominio de Internet

www.ausbanc.com y especialmente las publicaciones y tarifas

etiquetadas como “MEDIAPINC Publicaciones de Interés y Calidad” para tener la

fundada sospecha de que existen gravísimos conflictos de intereses editoriales que

atentan contra la más elemental deontología periodística. Estos conflictos han sido

bien explicitados y evidenciados por numerosos artículos, y con una perspectiva muy

general, en las 2 páginas (66 y 67) que EL PAÍS de fecha 15 de julio de 2007 le dedica

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a D. Luis Pineda Salido, y a AUSBANC, un amplio reportaje en el que se denuncian

alguna de las prácticas comerciales-publicitarias que solo pueden conocer bien quienes

las han sufrido, pero sobre las que Íñigo de Barrón y Luis Doncel, escribieron esto:

Los ejecutivos de la banca se quejan de las enormes cantidades de dinero que se ven “obligados” a

destinar a las publicaciones de Ausbanc. Se habla de cifras que van desde los 400.000 euros hasta

los 60.000, dependiendo del tamaño. Dicen que lo hacen bajo la presión del poder de Pineda. Sin

embargo, nadie (excepto Credit Services) lo denuncia porque dicen dudar de que sea ilícito. “La

banca ha creado este monstruo y ahora no sabemos cómo acabar con él”, confiesa un alto ejecutivo

bancario. Tampoco goza de la simpatía de los medios de comunicación, que le consideran un

intruso. Hasta tal punto que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) solicitó

a las entidades que no invitara a Ausbanc a las conferencias de prensa, algo que han cumplido.

Pese al velo que le rodea, la semana pasada cayeron algunos muros. El Santander, con 208.000

euros y cinco entidades más (Caja Duero; Banco Pastor; Ibercaja; Caixa Galicia y Caja Murcia)

confesaron ante un juez que pagaron 347.000 euros a Ausbanc para participar en unos actos en

Salamanca, donde se presentó la Declaración Universal de los Derechos de los Servicios Bancarios.

La Caixa, Cajamar y Bancaja también pagaron, pero no han dicho cuánto. Pineda dice que el acto

fue transparente y que le costó 600.000 euros, una cifra que parece claramente exagerada a otras

entidades acostumbradas a financiar eventos.

En octubre de 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Ausbanc del registro de asociaciones de

consumidores. El motivo, un pequeño anuncio que apareció en Justicia y Derecho, una revista

rudimentaria editada por Ausbanc en blanco y negro.

Consumo dice que incumple la legislacion

por incluir publicidad comercial, y no meramente informativa

.

Aunque la decisión está suspendida cautelarmente, supone el primer paso para alejar a Ausbanc de

las asociaciones de consumidores bendecidas —y, sobre todo, subvencionadas— por el Estado.

En

el Instituto Nacional de Consumo creen que Pineda juega con sus dos buques (Ausbanc Empresas

y Consumo) indistintamente segun sus necesidades. “Una le sirve de tapadera para la otra”,

afirman.

Mas contundente, claro y directo aún es el artículo titulado “AUSBANCADAS”,

publicado con la firma de Pedro Aparicio en LA RAZÓN de fecha 8 de noviembre de

2007, en el que puede leerse (destacando solo con subrayado y negrita):

Esto de erigirse en el representante de los consumidores es lo que tiene. En Andalucía, un padre y su

hijo, se montan un chiringuito en el que tratan de ayudar a los pobres consumidores. Estos últimos,

son/somos seres incapaces de organizarnos y necesitados de alguien que recoja nuestra bandera de

quejas y sinsabores y la lleve ante la Justicia. La trampa, es que la ley reconoce estos extremos y

‘cualquiera’ se puede convertir en nuestro representante, aunque no sea capaz ni de representarse

así mismo. La respuesta es la solución de los problemas e inquietudes de los plataformerosasociacionistas…

pero de los Consumidores se habla más bien poquito. Esta semana nos

enterábamos de que una de las ‘asociaciones de usuarios’, en este caso de banca (AUSBANC), va a

demandar a telefónica, con el fin de repartir entre los usuarios de ADSL de la Compañía, la nada

despreciable cantidad de 458 millones de euros, que pretenden ganar en la vía judicial. El caso es

de libro. Estas situaciones vienen produciéndose desde que las grandes empresas empezaron a

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buscar asesores de todo tipo y condición.

Hoy, son asesores, manana son extorsionadores (asi les

llaman en las denuncias ante los juzgados)

. Y la pena, es que se apoyan en aparatos mediaticos,

que son concebidos como armas de

destruccion y chantaje. Siempre es la misma canción: Se

interponen costosas demandas y después se negocia con las compañías...

Es también obvio para quien estudia con un mínimo de rigor extorsiones o chantajes,

que rara vez se denuncian (desde una perspectiva puramente criminológica, el delito

del 171 del Código Penal es, con gran diferencia, el que tiene una mayor “cifra negra”

que no es sino la estimación de los crímenes efectivamente consumados pero nunca

denunciados), y es más comprensible en el caso de que los interlocutores de los

anunciantes en las publicaciones controladas por D. Luis Pineda Salido que sean

empleados, ejecutivos o responsables de entidades supervisadas por el Banco de

España, o que cotizan en bolsa supervisadas por la CNMV como son los bancos,

fondos de inversión, intermediarios financieros, o controladas por otras instancias

como son las Cajas de Ahorros, siempre prefieren evitar escándalos, complicaciones y

maledicencias. No es difícil encontrar analogías con otras víctimas que prefieren no

denunciar y pagar anuncios y suscripciones antes de sufrir lo que en criminología se

conoce como victimización secundaria, inevitable en todo procedimiento judicial, y

muy especialmente, en los que la imagen de la víctima es la más frágil (y la fragilidad

puede encontrarse más fácilmente entre quienes necesitan cuidar su reputación y buen

nombre). Precisamente, por esa triste realidad victimológica, existe el apartado 3 del

artículo 171 del Código Penal al que, en mi opinión, como perito con titulación

universitaria en criminología, hace tiempo que hubiera debido recurrir D. Francisco

Javier López Pérez, instando al Ministerio Público a proteger no solamente a su

persona y a su empresa, sino también, a todos sus empleados, sin que esa acción

supusiera el reconocimiento o confesión de nada que no fuera la presión a la que se ha

sentido sometido. La protección de los puestos de trabajo es una de las mayores

responsabilidades sociales de la Fiscalía, incluso cuando las empresas son propiedad

de auténticos criminales, y no es éste el caso que se ventila con esta demanda. El

Fiscal que no entienda este argumento, me tiene a su disposición para explicárselo con

varios ejemplos y valoraciones profesionales pertinentes, más allá de lo que pueda

juzgarse en este procedimiento de juicio ordinario, por puros principios criminológicos

irrenunciables, pese a que se ignoren habitualmente.

La criminalística económica para evidenciar estas prácticas pasa por investigar los

ingresos más dudosos. El Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid requirió a

varias entidades financieras facturas emitidas por AUSBANC. Un documento que

ofrecería importantes elementos de juicio sobre la honorabilidad de personas jurídicas,

supuestamente sin ánimo de lucro, sería el modelo 347 para la DECLARACIÓN

ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS. El demandante estará

en su derecho de negarse a proporcionar esta documentación, y el demandado, de

solicitarla y hacer cuanto le sea posible para que jueces y fiscales la requieran.

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6.-

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA Y PUBLICITARIA

Este perito, que aquí lo es de una parte, no es periodista (aunque modestamente haya

publicado con su propia firma más de 100 artículos o colaboraciones), pero no hace

falta serlo para conocer la opinión que merece entre los profesionales de la

información el entramado mediático, societario y asociacionista de D. Luis Pineda

Salido en AUSBANC, mucho más allá de cuanto se ha publicado. Por ello, para

valorar el honor e imagen que auténticamente merecen sus actividades lo que, a mi leal

saber y entender procedería, es proponer, como peritos independientes e imparciales, a

miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), o bien, de la Asociación de

Periodistas de Información Económica (APIE) para que al menos fuera designado uno

de ellos con absoluta independencia de las partes demandantes y demandadas

respondiendo a las preguntas que se consideren pertinentes y oportunas para clarificar

derechos y deberes, méritos y deméritos, de los que pretenden importantes

compensaciones económicas por informar u opinar. La ética y la deontología de la

información, a la que, pese a no ser periodista, no puede sustraerse el demandante en

su calidad de editor y máximo responsable de varias publicaciones, enjuicia duramente

muchas de las actuaciones y manifestaciones, desde la moralidad profesional

periodística, sin perjuicio de que algunas puedan ser faltas deontológicas o

administrativas, e incluso presuntos delitos como el tipificado por el artículo 171 del

Código Penal. El Código deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa

de España (Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de

Noviembre de 1993) propone los siguientes PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:

13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de

los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no

publicar material informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia:

a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber que contrastar las fuentes y el de

dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos

.

b) Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a

corregir el error sufrido

con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo

difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda.

c) Asimismo, y

sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas

físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes

de forma análoga a la indicada

en el párrafo anterior.

14. En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar métodos dignos para

obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos.

15. El periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y jurídicas su

derecho a no proporcionar

información, ni a responder a las preguntas que se les formulen

, sin perjuicio del deber profesional de

atender el derecho de los ciudadanos a la información.

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16. Con las mismas excepciones previstas para el secreto profesional, el periodista respetará el off the record

cuando haya sido expresamente invocado o se deduzca que tal fue la voluntad del informante.

17. El periodista establecerá siempre una

clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que

puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas

, aunque en el ejercicio de su actividad profesional no

está obligado a ser neutral.

18. A fin de no inducir a error o confusión de los usuarios, el periodista está obligado a realizar una

distinción

formal y rigurosa entre la información y la publicidad

.

Por ello,

se entiende éticamente incompatible el ejercicio simultaneo de las profesiones periodísticas y

publicitarias

.

Igualmente, esta incompatibilidad se extenderá a todas aquellas actividades relativas a la comunicación social

que supongan un

conflicto de intereses con el ejercicio de la profesión periodísticas y sus principios y normas

deontológicas.

19.

El periodista no aceptará, ni directa ni indirectamente, retribuciones o gratificaciones de terceros,

por promover, orientar, influir o haber publicado informaciones u opiniones de cualquier naturaleza

.

20. El periodista no utilizará nunca en beneficio propio las informaciones privilegiadas de las que haya tenido

conocimiento como consecuencia del ejercicio profesional. En particular, el periodista que habitual u

ocasionalmente informado sobre asuntos financieros estará sujeto a las siguientes limitaciones:

a) No podrá utilizar en su propio beneficio económico datos financieros de los que tenga conocimiento antes de

su difusión general, ni podrá tampoco transmitir tales datos a terceros.

b) No podrá escribir sobre acciones o valores en los que tenga un interés financiero significativo propio o de sus

familiares.

c) No podrá negociar de ningún modo acciones o valores, sobre los que tenga intención de escribir en un futuro

próximo.

Basta leer distintos ejemplares de cualquiera de las publicaciones de AUSBANC, y

después escuchar las conversaciones (auto)grabadas por el demandado al demandante,

para notar su descarado desprecio hacia los anteriores principios de actuación en

conflictos de intereses entre informadores, editores, y vendedores de publicidad, como

pretende serlo el demandante. Por este motivo, sería muy recomendable solicitar

opinión sobre el fondo de la cuestión a la Comisión de Quejas y Deontología de la

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), precisamente, porque

tiene como misión:

Informar y dictaminar sobre cuestiones de Deontología

profesional periodística que le sean remitidas por la Comisión de Garantías y Asuntos

Profesionales de la FAPE, por su iniciativa o a solicitud de cualquier asociación de la

prensa federada u otras agrupaciones de periodistas o medios de comunicación.

Podrá, asimismo, emitir informes y dictámenes cuando sean requeridos por las

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autoridades públicas e institucionales, así como por propio acuerdo en cuestiones

urgentes y de alarma social

.

En este mismo sentido, pero desde la perspectiva de la deontología publicitaria,

también se hace notar que existen importantes asociaciones patronales formadas por

empresas de publicidad que incluso publican su propio “Código de Conducta

Comercial del Sector Publicitario Español”, presentado por el entonces Secretario de

Estado de Comunicación, D. Fernando Moraleda, el 12 de noviembre de 2007

contando con la adhesión de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), la

Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP), la Asociación de Agencias

de Marketing Promocional (AEMP), la Asociación de Agencias de Marketing Directo

e Interactivo (AGEMDI), la Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP),

la Asociación de Agencias de Medios (AM), la Asociación de Medios Publicitarios de

España (AMPE), la Associació Empresarial de Publicitat (ACEP), la Federación

Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP) y el Interactive Advertising Bureau Spain

(IAB Spain) bajo la coordinación del Capítulo Español de la International Advertising

Association (IAA), que en su artículo 16 y último, declara que está abierto a la

adhesión de cuantas empresas del sector de las comunicaciones comerciales

(esencialmente, anunciantes, agencias de marketing, medios y publicidad, y medios y

soportes publicitarios) así lo deseen. En mi opinión, nadie mejor que quien sea

designado por estas asociaciones para, después de conocer los hechos documentados y

testimoniados, emita una opinión sobre las prácticas de comercialización publicitaria

de D. Luis Pineda Salido y AUSBANC, o bien, que propongan posibles peritos en

comercialización publicitaria (mejor si conocen las campañas del sector financiero)

dispuestos a aceptar el cargo y la responsabilidad en este procedimiento judicial, con

plenas garantías de capacidad, presunción de veracidad, independencia e

imparcialidad, si fueran cuidadosamente seleccionados y nombrados por el juzgado.

Así, testigos y peritos pueden, y en mi opinión, también deben ser propuestos por las

partes y, mejor aún, si se considera procedente, por el Juzgado, por su acreditable

conocimiento, mayor representatividad y mejor criterio profesional, para este asunto.

Éste es mi leal saber y entender que respetuosamente someto al que esté mejor

fundado, en Madrid, a 14 de julio de 2008.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero (UPM) y criminólogo (UCM) con

suficiencia investigadora (DEA) en Informática (UPM) y Filosofía (programa de

doctorado en “Éticas Aplicadas”) con DNI: 7212602-D y domicilio para notificaciones

en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid. Teléfono móvil 619776475.

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