Una vez finalizada la conocida actualmente como Guerra de la Independencia, con el regreso de Fernando VII Borbón se deroga la Constitución de 1812 y desaparece la libertad de prensa en España, generándose situaciones en aquellos momentos que recuerdan sucesos posteriores que se deberían de tener en cuenta, ya que una prensa plural e independiente en un marco constitucional es el mayor garante para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La prensa como tal, que había alcanzado un auge sin precedentes durante la contienda contra las tropas napoleónicas, prácticamente desaparece con la restauración del absolutismo a excepción de los medios oficialistas, al igual que en dictaduras posteriores; sin embargo, serían los redactores de los periódicos los que sufrirían las perores consecuencias. En este sentido, el ex-agustino e ilustre periodista de Oleiros, A Coruña, Manuel Pardo de Andrade constituye un ejemplo de lo que sucedió a otros muchos compatriotas ilustrados, ya que logra salvarse de la horca por sus posiciones liberales y constitucionalistas y se tiene que exiliar en Londres.

Manuel Pardo de Andrade, que ya había dirigido el "Diario de la Coruña" creado por la Junta Superior de la ciudad el día 22 de junio de 1808 y el "Semanario político, histórico y literario de la Coruña" a partir de primeros de septiembre de 1809, colaboraría posteriormente en "El Ciudadano por la Constitución", periódico liberal y constitucionalista que saldría a luz pública en septiembre de 1812 en Coruña, y que, junto con otros periódicos, como la "Gazeta político-militar de la Coruña", "Diario cívico patriótico de Santiago" o la "Gázeta marcial de Santiago", sería prohibido y retirado cuando se instauró el absolutismo tras el regreso de Fernando VII al trono de las Españas.

 

Haciendo un repaso de la Historia de España, tan necesario en estos momentos en los que algunos se quejan de manipulaciones, especialmente en determinadas regiones, se puede apreciar que, una vez finalizada la conocida como Guerra de la Independencia, la "Gazeta de Madrid" lanzó un ejemplar extraordinario el 12 de mayo de 1814 para incluir un Artículo de Oficio de Fernando VII por el que se declaraban nulas la Constitución y las disposiciones aprobadas por las Cortes.

Es de resaltar que los periódicos durante la contienda contra los franceses habían constituido un factor clave de apoyo al monarca español; sin embargo, dos días después de declararse nulas la Constitución y las disposiciones aprobadas por las Cortes, la gaceta oficial española difundiría una Real Orden Circular sobre el abuso de la libertad de la imprenta y la inmediata instauración de la censura previa para todo tipo de publicaciones, incluidos los anuncios.

El 25 de julio de 1815 se dio otro pisotón a la prensa al promulgar la Inquisición, que ya había tomado las riendas del país, un Edicto por el que se prohibían 17 obras, incluso para los que tenían licencia, y se mandaba recoger otras 173 publicaciones que se habían editado durante la contienda contra las tropas napoleónicas y que afectaron a una gran mayoría de los periódicos de entonces, tanto de opinión o constitucionalistas, como otros que habían sido creados para informar de la guerra y defender la causa de Fernando VII, como las publicaciones gallegas indicadas.

Esta disposición se difundiría en el "Diario de Madrid" del 28 al 31 de julio de 1815, y en ella se decía que no había sido menor la libertad de pensar y de escribir que los males de la invasión de España y el cautiverio del monarca, a pesar de que vivió cómodamente en Francia mientras su pueblo se desangraba disfrutando de la cuantiosa pensión que Napoleón dio a la familia real española a cambio de la corona española. El Santo Oficio precisaba igualmente en su Edicto que cuando fue abolida la Inquisición en España no hubo ya dique que represara a los ingenios libres y amantes de lo que estimaba como las novedades de entonces, así como al desenfreno de escribir al estar posibilitado por la libertad de imprenta, por lo que, a su juicio, se publicaron escritos claramente considerados como perniciosos y se reimprimieron obras que habían estado prohibidas con anterioridad.

El Santo Oficio regresó a España una vez implantado el absolutismo, esgrimiendo en 1815 las mismas razones y motivos para destruir los periódicos que las que había expresado en el Edicto de 13 de diciembre de 1789 para que se recogiera y entregara todo papel que viniera de Francia y poder así evitar que entrasen en el país las ideas de la Revolución Francesa.

A continuación, la Inquisición después de prohibir los periódicos liberales y constitucionalista señalaba que se mandaba hacer lo mismo con respecto a todas las publicaciones que hubiesen podido venir hasta 1815 o que en adelante vinieren, con tal que en ellas se vertiesen especies de cualquier modo injuriosas a nuestro gobierno o que autorizasen la intrusión y la tiranía de los usurpadores de los tronos y enemigos del altar.

Sin entrar en teorías conspiratorias ni en conjuros de meigas y desde un punto de vista tan solo de investigación, parece como si la Historia se repitiera y que las finalidades de la Inquisición se perpetuasen con posterioridad a través de impulsos legislativos, especialmente en las dictaduras, destacando la Ley de Prensa franquista, que no se debe olvidar que hasta primeros de abril de 1977 no se derogó su artículo segundo por el que se sometía la libertad de expresión a los Principios del Movimiento Nacional.

En etapas constitucionales, la libertad de expresión también se ha visto afectada por motivos diversos, como sucedió al final de la Década Moderada a mediados del siglo XIX y que dio lugar a un manifiesto suscrito por los principales escritores españoles de entonces amantes de la independencia y del decoro de la libertad de imprenta, entre ellos el ilustre vivariense Nicomedes-Pastor Diaz, apoyando a los periódicos reprimidos y protestando contra las ilegalidades del Gobierno que quería tapar con la censura la corrupción existente.

En la actualidad y sin pretender establecer paralelismos, profesionales del sector han señalado en diversos medios de comunicación que la libertad de expresión en España puede que no sea una realidad con motivo de la conocida como la Ley Mordaza. De esta última cuestión hay abundantes informaciones al respecto, junto con otras relativas a denuncias sobre medidas más sutiles tendentes al control de los medios, con nombramientos de cargos de dirección incluidos, especialmente en ciertas televisiones públicas, o con subvenciones y financiaciones encubiertas para regular y dirigir la información de las publicaciones, cuestiones que no son el objeto de este artículo y de las que imagino que el sufrido lector tendrá una opinión ya fundada al existir numerosas noticias publicadas sobre este tema.

Por último, cabe destacar que los fundamentos que dio la Inquisición en 1815 para recoger y destruir los periódicos que no interesaban en aquellos momentos recuerdan, en cierta medida, a otros similares que se han esgrimido igualmente en ocasiones posteriores a lo largo de la Historia de este país. La Inquisición señalaría como textos a prohibir los siguientes: todos los calumniosos, detractorios de la buena fama del prójimo, los injuriosos a personas constituidas en dignidad, a instituciones o corporaciones eclesiásticas y al Santo Oficio, junto con los que de cualquier modo fomentasen las ideas republicanas y sediciosas, así como los capaces de perturbar el orden público establecido por ellos mismos para tratar de evitar cualquier mínima protesta ante las evidentes injusticias que se produjeron.

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