El Centro de Investigaciones Sociológicas destaca que, a la hora de identificar los tres principales problemas que existen actualmente en España, la ciudadanía señala de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.

 

Por su parte, la Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE. España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como "mala" (39%) o "muy mala" (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

El cuarto ciclo de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea (GRECO) del pasado mes de julio de 2016 recuerda que el 75 % de los jueces y juezas considera que el Consejo General del Poder Judicial no protege suficientemente el principio de independencia judicial, y que las autoridades políticas no deben intervenir en un ningún estadio de designación de la magistratura ni de la fiscalía.

No son datos desconectados con la realidad. Son innumerables los casos de corrupción de los que se han hecho especial eco los medios de comunicación social lo que ha influido intensamente en la percepción ciudadana, generando en la sociedad española un estado general de indignación. A raíz de investigaciones en curso son constantes las noticias donde aparecen los representantes del poder político maniobrando para que se designe o aparte a un juez o a un determinado fiscal de investigar delitos de corrupción política, o nombramientos en puestos claves de la Fiscalía que parecen no responder a los principios de mérito y capacidad sino a la mayor conexión y apego al poder político.

Junto a ello, las inopinadas declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. Català, tomando partido en procesos penales en curso o calificando de “anomalías” procesos de decisión de la Fiscalía, perfectamente reglados y regulados por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Poniendo de manifiesto, una vez más, su férrea concepción jerarquizada y dependiente del Ministerio público.

Estas injerencias, no conviene olvidarlo, socavan la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y lastran la credibilidad de actividad diaria de jueces y fiscales en la persecución de los delitos.

Ante las inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces.

Junto a esas presiones e injerencias resulta obligado asimismo denunciar la falta de medios personales y materiales en nuestra Administración de Justicia para combatir la corrupción. A la reiteradas veces denunciada falta de jueces y fiscales, llamar la atención sobre las recientes declaraciones de un jefe de la UCO quien aseguró en una entrevista a un medio de comunicación que se veían obligados a rechazar casos por falta de medios.

En tales condiciones, Jueces para la Democracia reafirma una vez más su compromiso por la independencia Judicial y su respeto por la labor diaria, discreta y dejándose en muchos casos la salud por la acumulación de trabajo de jueces y fiscales en la lucha contra la criminalidad, incluida esa lacra que es la corrupción política.

Resulta imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente y una fiscalía dotada de una autonomía funcional y sin dependencias externas que les haga inmunes a las injerencias y presiones del Gobierno o de los partidos políticos. Reivindicamos por ello algo más que explicaciones de los responsables ministeriales, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado sobre estas injerencias en el trabajo de la Judicatura y la Fiscalía.

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